El Congreso prevé retirar este miércoles la acreditación de prensa por hasta tres meses a Vito Quiles y Bertrand Ndongo
Todo listo para que esta misma semana los agitadores de extrema derecha Vito Quiles y Bertrand Ndongo reciban su primera sanción por su conducta en el Congreso. Fuentes parlamentarias dan por hecho que la Mesa de la Cámara Baja aprobará este miércoles retirar la acreditación de prensa a ambos activistas —que representan a los pseudomedios Periodista Digital y EDA TV— por un periodo máximo de tres meses, al haber quedado demostrados los hechos relatados en las dos primeras denuncias que se han instruido contra ellos. En concreto, la Mesa plantea sancionar a Quiles por haber grabado con su teléfono móvil en dos ocasiones en lugares en los que no está permitido y a Ndongo por torpedear a gritos una rueda de prensa de Sumar.
Diferentes fuentes explican que está previsto que el letrado del Congreso que ha instruido las investigaciones sobre los dos agitadores entregue esta semana a la Mesa —el órgano de gobierno de la Cámara— su informe jurídico. En dicho documento, el instructor señalará que, a su juicio, las conductas de Quiles y Ndongo que ha investigado son constitutivas de sendas infracciones graves del reglamento, penadas con la retirada de la acreditación por un periodo de entre 11 días y tres meses. Esa conclusión coincide con la que emitió en enero el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, un órgano que cuenta con representación de todos los grupos políticos y también de asociaciones de periodistas y de la dirección de comunicación del Congreso. De ser finalmente castigados, EDA TV y Periodista Digital no podrán enviar a otros activistas a sustituir a los sancionados.
En concreto, a Quiles se le ha investigado por dos denuncias presentadas por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) a finales de 2025, cuando el agitador grabó sin permiso tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en dependencias del Congreso de acceso restringido, ignorando su negativa a responder a sus argumentarios de extrema derecha disfrazados de preguntas. Posteriormente, el activista difundió estas grabaciones en sus redes sociales. Desde que se reformó en julio del año pasado —con el voto en contra de PP y Vox—, el reglamento del Congreso prohíbe expresamente “la grabación de imágenes o audios fuera de los espacios habilitados para ello o sin la preceptiva autorización o credencial” y “la publicación en medios y redes sociales de imágenes o audios obtenidos vulnerando lo dispuesto” en la normativa.
Por su parte, la denuncia que se ha instruido contra Ndongo la presentó Sumar en diciembre, unos días después de que el agitador interrumpiera una rueda de prensa de la portavoz parlamentaria de la formación, Verónica Martínez, y se enfrentara a gritos tanto con ella como con las responsables de prensa y varios periodistas que le recriminaron su actitud. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria estimó hace unos meses que la conducta de Ndongo, además de haber obstaculizado el desarrollo de la comparecencia, había implicado “una visible violencia verbal” sobre Martínez y también sobre la periodista a la que Ndongo no permitió hacer uso de la palabra que tenía concedida, “que fueron interpeladas de manera completamente inapropiada”.
Las fuentes consultadas explican que ambos procedimientos se han alargado tanto (cinco meses desde que fueron registradas las denuncias) porque el procedimiento que se estableció tras la reforma del reglamento del año pasado es muy garantista y se ha seguido con mucho celo. Tras registrarse las denuncias, la Mesa incoó los expedientes y dio traslado de los mismos al Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria para que emitiera su informe. Después comenzó la fase de instrucción, que es la que más se ha extendido: el letrado de las Cortes designado para llevarla ha dado amplios plazos de alegaciones a Quiles y Ndongo y, además, ha tenido que acreditar la existencia de pruebas suficientes para sancionar a los dos agitadores.
El objetivo, explican las fuentes consultadas, ha sido que el procedimiento sea impecablemente escrupuloso para evitar que, en el futuro, pueda ser tumbado por el Tribunal Supremo. Así ocurrió en 2019, cuando el Alto Tribunal anuló la expulsión temporal de un redactor de OK Diario que se coló sin permiso en el despacho de Irene Montero en el Congreso y publicó fotografías realizadas en el mismo. Entonces, el Supremo estimó su recurso ante la decisión de la Mesa de retirarle la acreditación por entender que esa actitud no estaba tipificada como infracción en el reglamento de la Cámara Baja, algo que no ocurre en esta ocasión, puesto que la reforma de la normativa el año pasado ya especificó tanto una serie de conductas prohibidas como un catálogo de sanciones para castigar su incumplimiento.
11 denuncias contra los ultras
Los dos expedientes sobre los que la Mesa emitirá un veredicto el próximo miércoles son tan solo una pequeña fracción de las denuncias que tienen pendientes los agitadores de extrema derecha. Desde que se aprobó la reforma del reglamento en julio, se ha dado trámite a un total de ocho denuncias contra Quiles y otras tres contra Ndongo, la última de ellas cursada esta misma semana por Sumar después de que el segundo llamara “idiota” a la portavoz adjunta de la formación, Aina Vidal, y la abordara a la salida del Congreso para impedirle acceder a un taxi.
Fuentes parlamentarias, de hecho, no descartan que lo garantista del procedimiento que se ha diseñado para castigar este tipo de infracciones provoque la exoneración de los dos activistas en alguno de los procesos que tienen pendientes si no se puede acreditar la existencia de suficientes pruebas para castigarlos. Pero también señalan que ese supuesto, de producirse, únicamente revelaría la escrupulosidad con la que se ha diseñado el reglamento para no interferir con el derecho a la libertad de prensa.
En cualquier caso, la reiteración de estas conductas por parte de Quiles y Ndongo —que se juzgará en los próximos meses, a medida que vaya avanzando la instrucción del resto de los expedientes que tienen abiertos— es muy clara, y el reglamento establece que la comisión de tres o más infracciones graves en el periodo de un año se considerará una falta muy grave. Estas infracciones están castigadas con “una suspensión de la credencial de entre tres meses y un día a tres años o, en su caso, con la revocación definitiva de la credencial”.
La decisión que, con toda probabilidad, adoptará este miércoles la Mesa en base al informe del instructor también revelará la división política que provoca este asunto. PSOE y Sumar, víctimas directas del hostigamiento de Ndongo y Quiles —al igual que dirigentes de partidos como Podemos, ERC o EH Bildu—, tienen mayoría en el órgano que debe tomar la decisión sobre la sanción a los activistas ultras. Pero el PP, que está en minoría en la Mesa, lleva meses apoyando y financiando las prácticas de los agitadores, y parece muy complicado que vaya a votar a favor de su sanción.
La dirección popular no solo se ha negado a condenar el último episodio de acoso de Quiles contra Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, sino que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, se preguntó “quiénes son los que han tenido algún tipo de actitud violenta”. El propio Quiles, al día siguiente del episodio, utilizó el despacho de una diputada del PP para grabar un vídeo contra Sánchez y Gómez, un episodio denunciado ya por el PSOE. Además, el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, invitó a Quiles a participar en su acto de cierre de campaña en las elecciones autonómicas del pasado febrero.