El Constitucional admite el recurso del Gobierno contra la ley de Ayuso para perseguir en los tribunales protestas como la de La Vuelta

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la Ley 1/2026, de 15 de abril, por la que se habilita a la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular en determinados ámbitos. Esta ley, anunciada por el Gobierno de Ayuso el pasado mes de enero, buscaba perseguir judicialmente protestas como la que se organizó contra el genocidio en Israel en Madrid y que obligó a terminar la última etapa de la Vuelta Ciclista a España antes de tiempo.

En concreto, la normativa habilita a la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular en procesos penales por delitos de especial gravedad en tres ámbitos específicos: medio ambiente e incendios, patrimonio histórico-artístico y desórdenes públicos que afecten a espectáculo.

Según informa el TC en un comunicado, ha acordado además suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, después de que el Gobierno invocara en su demanda el artículo 161.2 de la Constitución. La suspensión tiene efectos desde el 16 de julio de 2026, fecha en la que se interpuso el recurso, para las partes del proceso, mientras que para terceros surtirá efecto desde el día en que se publique la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El recurso plantea que la norma madrileña podría vulnerar el artículo 149.1.6ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación procesal. La admisión a trámite del recurso no supone un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, que deberá ser resuelto posteriormente por el Pleno del Tribunal Constitucional.

La ley madrileña regula la habilitación de la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular en determinados ámbitos, una cuestión cuya constitucionalidad deberá determinar ahora el Tribunal Constitucional. La admisión a trámite del recurso no supone un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, que deberá ser resuelta por el Pleno del Tribunal Constitucional.

La Comunidad de Madrid defiende que que quiere ejercer la acusación “contra pirómanos”

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que la Comunidad de Madrid seguirá defendiendo su intención de ejercer la acción popular en determinados procedimientos y ha asegurado que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) al respecto es “un puro trámite”.

El consejero ha insistido en que la Comunidad ya ejerce como acusación popular en casos de violencia contra la mujer y ahora quería hacerlo también “contra pirómanos que provocan fuegos en los bosques”, aquellos que atentan contra el patrimonio o que causan incidentes como los de La Vuelta.

“Tendrá que explicar el señor Sánchez por qué no quiere que las comunidades autónomas protejamos a las mujeres o por qué no quiere que las comunidades autónomas podamos proteger el patrimonio natural o también el patrimonio histórico-artístico que es lo que habilita esa ley. En cualquier caso la admisión a trámite es un acto de puro trámite”, ha indicado.