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CyL y Gobierno avanzan su colaboración para que la política migratoria sea una “solución real” para la despoblación

EP

VALLADOLID —

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VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea y los directores generales de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge, y Acción Exterior, Carlos Aguilar, se han reunido este lunes por videoconferencia con el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, para avanzar propuestas y cooperar en el objetivo de que la política migratoria sea en la práctica “una ayuda para combatir la despoblación”.

La reunión institucional se ha producido tras la remisión desde la Junta al Gobierno de España de una serie de peticiones expresas en materia de política migratoria.

Para la Junta de Castilla y León, esta “no debe ser solamente una política pública dirigida a la garantía de derechos y libertades de las personas migrantes”, sino que además constituye “una solución necesaria dentro de las respuestas ante los retos demográficos de territorios como Castilla y León”, tal como ha señalado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado remitido a Europa Press.

A este respecto, la Junta ha recordado que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá los ha valorado para señalar a continuación que el Plan de Recuperación y Resiliencia contempla “una cantidad significativa de fondos para poder desarrollar centros propios de la Administración General del Estado para que incidan en esa distribución de los inmigrantes por todo el territorio, teniendo en cuenta las situaciones en la España despoblada”.

Algunas cuestiones abordadas en la reunión y expuestas por Francisco Igea han sido la financiación de políticas activas de empleo, la eliminación de trabas administrativas que impiden que profesionales cualificados no pueden ejercer sus capacidades, evitar la creación de guetos o la contribución del Gobierno de España a campañas de comunicación semejantes a la ya iniciada por la Junta, con el propósito de posicionar la comunidad como una tierra de acogida de personas inmigrantes, refugiadas o asiladas.

El proceso de modificación del Reglamento de Extranjería o la petición de aplicación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo acerca del arraigo laboral de las personas inmigrantes también han tenido cabida en esta cita institucional.

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