La defensa del padre y hermano de Macri pide suspender su comparecencia judicial

La defensa de los empresarios Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano, respectivamente, del presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidieron hoy suspender la declaración judicial del primero y postergar la del segundo, previstas para este jueves por presunta corrupción durante el kirchnerismo (2003-2015).

En concreto, y según informó la agencia estatal de noticias Télam, los abogados pidieron al juez federal Claudio Bonadio, encargado de la causa, suspender la citación a Franco Macri, de 88 años de edad, por cuestiones de salud, y postergar la de Gianfranco, porque se encuentra fuera del país y no le da tiempo a presentarse en los tribunales.

Ambos fueron citados el pasado lunes a declarar como investigados en un tramo de la conocida como “causa de los cuadernos”, en la que están imputados exfuncionarios y algunos de los empresarios más importantes del país por supuestamente haber pagado millonarios sobornos a ex altos cargos de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

En el caso de Franco Macri, el juez Bonadio deberá evaluar si envía peritos del Cuerpo Médico Forense para una evaluación de salud debido a su edad y que según su defensa “no está” en condiciones de afrontar el trámite judicial.

Sobre Gianfranco Macri, se informó que está en el exterior y regresa el jueves, pero no llegaría al horario fijado para el trámite.

El padre y el hermano de Macri están investigados por el presunto pago de sobornos en la concesión vial del Acceso Norte y Autopistas del Sol, dos de las principales carreteras por peaje de acceso a Buenos Aires.

El juez también citó el lunes a prestar declaración indagatoria a, entre otros, directivos de Autopista del Oeste, otra de las vías por peaje de acceso a la capital, quienes deberán presentarse ante el magistrado el próximo viernes.

Entre los imputados en el caso, que se abrió a principios de agosto pasado, ya se encuentra Ángelo Calcaterra, primo de Macri y dueño hasta 2017 de la constructora Iecsa, una de las más beneficiadas con licitaciones durante los mandatos kirchneristas.