El Gobierno incluye en el decreto de vivienda la fallida reforma de la ley del suelo que rechaza Podemos
El nuevo decreto para aliviar la crisis de acceso a la vivienda es, por ahora, tan solo un borrador recién salido del horno tras el pacto entre PSOE y Sumar en el seno del Gobierno, pero los socios —que recibieron el texto este miércoles— ya han comenzado a tomar posiciones... y, en algunos casos, a expresar sus desavenencias. Ese es el caso de Podemos, que denuncia que el Ejecutivo está intentando “colar” en el paquete de medidas una parte de la reforma de la ley del suelo que el Ministerio de Vivienda lleva intentando aprobar sin éxito desde 2024. En efecto, el borrador —tal y como ha podido comprobar elDiario.es— incluye modificaciones en más de una decena de artículos de la norma.
Fuentes de la formación morada aseguran que, para ellos, que el decreto incluya disposiciones sobre la ley del suelo es una “línea roja”, y aseguran que solo van a “sentarse a negociar” su apoyo al texto si se retiran esos artículos. “La eliminación de los artículos que afectan a la ley del suelo es una condición ineludible para poder negociar el resto del texto”, espetan fuentes de Podemos, que sostienen que el borrador del decreto que han recibido modifica “dos elementos relevantes” de la norma: “El sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados”. La ley del suelo es una normativa clave en materia de urbanismo porque regula el desarrollo de los planeamientos, la puesta en marcha de nuevos desarrollos inmobiliarios o la construcción de nueva vivienda.
“El primero de los cambios implicaría legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros”, y “también limitaría la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas”, denuncian estas fuentes de Podemos, que afirman que la segunda de las modificaciones legales incluidas en el borrador del decreto “eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin”. “Se trata de una reforma hecha a la medida de los intereses de BBVA, la constructora San José y Merlin Properties en la Operación Chamartín”, espetan.
Podemos se muestra muy crítico con estos artículos porque, sostienen, su redacción “es prácticamente igual a la presentada por el PP en 2018, a la planteada por el PSOE en 2024, que rechazaron no sólo Podemos, sino también Sumar, ERC y Junts y a la que los socialistas llevaron al Congreso en 2025 junto con el PNV, que también contó con el rechazo mayoritario de la Cámara Baja”.
Las modificaciones
En concreto, el borrador del decreto introduce cambios en varios de los artículos clave de la ley del suelo. Uno de los más importantes es el relativo al artículo 55, el que establece la “nulidad y anulabilidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística”. Con su nueva redacción, el Gobierno busca que un plan urbanístico solo pueda declararse nulo si se detectan un cierto número de defectos especialmente graves, como la incompetencia manifiesta del órgano que aprueba el plan, la omisión total del procedimiento, la falta de evaluación ambiental, la ausencia de información pública, la omisión de informes esenciales o la inexistencia de una memoria justificativa suficiente. Con el resto de defectos, el decreto permitiría a las administraciones revertir los mismos antes de tumbar todo el plan, incluso aunque un tribunal haya determinado la ilegalidad de la actuación urbanística.
La segunda de las críticas de Podemos, la relativa a las expropiaciones, se trata en el artículo 47 de la ley del suelo, que también se modifica. El borrador de decreto elaborado por el Gobierno reduciría las posibilidades de cuestionar un plan urbanístico a partir de los cuatro años posteriores a su aprobación, y además solo permitiría pedir la impugnación por defectos materiales, no procedimentales, lo cual limita la acción de grupos que pudieran protestar contra eventuales ilegalidades.