Claves de la fallida Ley del Suelo: en qué consiste, quién la ha respaldado y por qué ha caído

Evitar la segunda derrota parlamentaria del Partido Socialista en una misma semana. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha decidido retirar este jueves el proyecto para modificar la Ley del Suelo. Lo ha hecho solo unos minutos antes de que tuviera que discutirse en el Pleno del Congreso de los Diputados, con el rechazo explícito de Sumar y de los socios del Gobierno de coalición, Esquerra, Junts, Bildu y Podemos. Tampoco contaba con el apoyo del Partido Popular, a pesar de que Vivienda ha tratado de buscar el respaldo del principal partido de la oposición asegurando que era una ley que pedían ayuntamientos y comunidades autónomas gobernados por las derechas.  

“Es una norma que se había trabajado con el PP en su vertiente institucional, contábamos con ese apoyo para sacarla adelante”, ha reconocido la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, a las puertas del Congreso de los Diputados, aunque el PP niega esas negociaciones. “Una parte de los socios no tienen esa implicación en el municipalismo, como tenemos los dos grandes partidos de este país, el PSOE y el PP”, ha asumido Isabel Rodríguez. 

Analizamos en qué consiste la fallida Ley del Suelo, quién la respaldaba y quién la rechazaba y qué puede pasar a partir de ahora. 

¿Qué es la Ley del Suelo?

Lo que buscaba el Ministerio de Vivienda era modificar la Ley del Suelo en vigor, que data de 2008. Es decir, quería cambiar la legislación que permite el desarrollo de los planeamientos urbanísticos, que se pongan en marcha nuevos desarrollos inmobiliarios, se construyan más viviendas o se creen nuevos barrios.

El argumento para cambiar la ley es que la actual daba inseguridad jurídica a ayuntamientos y comunidades autónomas porque, si una sentencia amparaba un recurso en contra algún aspecto de un plan general de ordenación urbana, con la regulación actual, decaía todo el plan. Actualmente, según el Ministerio, hay cerca de un centenar de planes urbanísticos paralizados. “Esta norma trata de evitar lo que se ha producido durante décadas, que tras un largo trabajo, con una gran participación social, [los planes] se echen a la borda por errores subsanables”, argumentaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a las puertas del Congreso de los Diputados. 

El cambio legal tampoco es nuevo, lleva tiempo sobre la mesa. Vivienda y Agenda Urbana –entonces bajo el paraguas del Ministerio de Transportes– ya lo intentó en la anterior legislatura, pero el adelanto electoral de hace un año impidió que el cambio legal llegara a tramitarse en el Congreso de los Diputados.

Además, el Partido Socialista ya sabía que iba a tener difícil contar con apoyos parlamentarios a un texto del que Sumar manifestó sus dudas, aunque se aprobó en el Consejo de Ministros. Vivienda se abrazaba a que era una petición del sector y de las administraciones locales y autonómicas. “La vocación de este Gobierno es contar con un amplio consenso”, aseguró la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras la aprobación del texto en Moncloa, en el mes de marzo.

¿Qué respaldos tenía?

El único grupo político que se había posicionado a favor del cambio de esta ley era el socialista; y por eso ha decaído, para evitar una derrota del principal partido en el Gobierno. La ministra Isabel Rodríguez ha reconocido a los medios de comunicación que han estado buscando el apoyo de los populares “por sentido de Estado”. “El partido de la oposición sabe que es una buena ley, necesaria y que hace un roto a comunidades y ayuntamientos. Han aprovechado para hacer una zancadilla al Gobierno”, ha recalcado, aunque el PP niega estas negociaciones. “Nos llamaron el martes para preguntar por el voto”, han asegurado a elDiario.es fuentes de esta formación.

Vivienda contaba con que la baza del PP era factible porque la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) –que ahora preside– ha reclamado en varias ocasiones cambios legales que van en la dirección que promovía el texto, es decir, en evitar que un recurso que puede subsanarse paralice todo un desarrollo urbanístico. También, porque la Xunta de Galicia presidida por Alberto Núñez Feijóo reclamó hace un par de años una modificación similar. 

Quien tenía claro el respaldo al cambio de la ley era el sector promotor e inmobiliario. La Ley del Suelo tenía que discutirse en el Congreso al mismo tiempo que se celebra en Madrid el congreso inmobiliario Sima. Y este miércoles los promotores pedían que se aprobase el cambio legal. “Se necesita que salga adelante la Ley del Suelo para que salgan muchos planeamientos que están parados”, aseguró la directora general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Beatriz Toribio.

También la presidenta de los promotores inmobiliarios de Madrid (Asprima), Carolina Roca, pedía consenso. “Mañana es un día importante”, aseguró Roca en referencia al Pleno del Congreso de hoy. “Es una ley imprescindible para acabar la judicialización del urbanismo. Pedimos altura de miras al legislador, que dote de seguridad jurídica a la normativa urbanística”.

¿Quién la rechaza?

Contaba con el rechazo del socio en el Gobierno de coalición, Sumar; y los del Ejecutivo, como Esquerra, Junts y Podemos. Estos tres habían presentado enmiendas a la totalidad del proyecto, que era lo que hoy tenía que votarse en el Congreso de los Diputados. También EH Bildu estaba en contra del cambio legal que promovía Vivienda. Y el PP.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha criticado en los pasillos de la Cámara Baja que la propuesta de Vivienda era “una ley del pelotazo más propia de la senda que marcó Aznar” y que por eso el PSOE ha abierto la puerta a la negociación con el PP. “Sabían que no contaban ni con nosotros ni con los socios de investidura”, ha asegurado. Entre estos, Esquerra. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha asegurado que Vivienda lo ha planteado como “lentejas” y que “no ha seguido el camino del diálogo” y Podemos ha recordado que es la tercera vez que se opone a esta ley, dos de ellas, en el Gobierno. 

El texto sí salió adelante en el Consejo de Ministros, pero Sumar requirió cambios, que no han llegado. Por ejemplo, que se eliminase la restricción a la acción pública para frenar los planes urbanísticos, es decir, que cualquier particular pueda presentar recursos a los planes urbanísticos, incluso si no están afectados directamente. “No se comparte la necesidad de restringir el acceso a la acción pública y se considera más adecuado mantenerla en sus actuales términos y no limitar la posibilidad que en la actualidad tiene la ciudadanía de exigir la expulsión del ordenamiento jurídico de planes urbanísticos ilegales en defensa de los intereses generales”, criticó esta formación.

¿Por qué ha caído?

Porque las sumas parlamentarias no salen. El rechazo de Sumar y de todos los socios de Gobierno hace imposible que el Partido Socialista se apoye en ellos para sacar adelante la primera Ley que llevaba al Congreso el actual Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Sin ellos, tocaba mirar al Partido Popular que también ha sido claro en su rechazo y que ahora aprovecha el paso en falso con este proyecto para destacar la soledad del partido socialista en el Parlamento. “El Gobierno tiene un problema con el Gobierno”, ha señalado a los medios el portavoz del PP, Borja Semper.

Los populares han aprovechado para señalar esa soledad que dicen “no tiene precedentes” el mismo día en que comienza la campaña de las elecciones europeas. “El Gobierno no es capaz de aprobar en las Cortes ni siquiera lo que se diseña en la mesa del Consejo de Ministros”, aseguran fuentes del grupo conservador, porque “Sánchez no tiene capacidad para dirigir el futuro de la nación cuando sus prioridades legislativas no convencen ya ni a Yolanda Díaz”.

¿Y ahora qué?

Pues ya no hay proyecto de ley. Tampoco es que se haya muerto, aunque se quede varias semanas metido en un cajón. La ministra Isabel Rodríguez ha reconocido que la modificación de la Ley del Suelo ya no volverá al Congreso impulsada por el Ejecutivo, sino que lo deja en manos de los grupos parlamentarios para que retomen las negociaciones una vez pasen las elecciones europeas. 

“Pongo la ley a disposición de los grupos parlamentarios para que puedan tomar como referencia un buen texto”, ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Por ejemplo, el PNV ha dejado caer que podrían registrar como proposición de ley el mismo texto que hoy no ha llegado a negociarse, para que sirva de punto de partida. 

Y ya hay voces que llaman al consenso, sobre todo entre el PP y el PSOE, como la del presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi. “Es hora de que en este país hablemos de lo que nos une y no de lo que nos separa”, ha indicado a los medios. “La Ley del Suelo es necesaria pero puede ser oportuno que pasen las elecciones, que se acaben los debates electorales y se vea con más sosiego. Es una ley importante y también lo es que hablen los dos grandes partidos se sienten y hablen para que de forma conjunta pudiesen presentar la ley”, que es “un tema de Estado”.