Denuncian que la sanción a una diputada muestra la “embestida autoritaria” en Paraguay

Asunción, 12 oct (EFE).- Varios diputados paraguayos denunciaron este lunes, en una carta a la sede de la Unión Europea y a la Embajada de Estados Unidos, lo que consideraron un “quiebre institucional” y una “embestida autoritaria” por parte de la Cámara Baja al sancionar a una legisladora que afirmó que muchos congresistas ganaron su escaño con apoyo de “dinero sucio”.

La diputada Celeste Amarilla, del Partido Liberal, el mayor de la oposición, fue suspendida por sesenta días tras hacer esas declaraciones, una medida que ha sido denunciada en diferentes ámbitos como inconstitucional y como un atentado a la libertad de expresión de los parlamentarios.

De hecho, Amarilla presentó hoy una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por esa sanción.

Amarilla estuvo acompañada por la diputada Kattya González, del minoritario Encuentro Nacional, una de las firmantes de la carta que hoy fue presentada ante la oficina de la UE en Asunción y en la embajada de Estados Unidos con el propósito de trasladar lo ocurrido ante la Cámara de Representantes y el Parlamento Europeo.

En la carta, también dirigida a la ONU y la OEA, se expresa “la preocupante afectación a la democracia, al estado de derecho y a los valores representativos de la libertad, igualdad y fraternidad irrenunciables en la República” causada por lo que denominaron como “embestida autoritaria”.

Asimismo, los siete diputados firmantes apelaron al artículo 191 de la Constitución, que establece que “ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones”.

La sanción a Amarilla, la pasada semana, estuvo promovida por el gobernante Partido Colorado, mayoría en la Cámara Baja, de 80 miembros.

Y se produjo después de que la congresista afirmara en un foro parlamentario contra la corrupción que “de los 80 que somos me atrevo a decir que están acá con dinero sucio o dinero de origen espurio al menos 70, al menos 60 (...) y hoy están pagando cuentas con sus votos”.

Días después, el Partido Liberal denunció que la sanción a Amarilla “atenta contra los principios fundamentales del parlamentarismo democrático que garantiza a los congresistas la inmunidad de palabra”.

Referentes de la formación apuntaron además al sesgo autoritario emprendido en la Cámara Baja tras el acuerdo alcanzado entre las dos corrientes del oficialismo que estaban enfrentadas, la del mandatario del país, Mario Abdo Benítez, y la de su antecesor, el empresario Horacio Cartes.

La denuncia de los siete diputados tuvo también como destino a Cristina Fernández, presidenta del Congreso argentino; a la senadora Beatriz Argimón, titular del Congreso de Uruguay, y a la senadora Adriana Muñoz, de Chile.