La directora del CNI, Paz Esteban, ha comparecido durante algo más de tres horas y media a puerta cerrada en la comisión de gastos reservados del Congreso para explicar el espionaje a personas vinculadas al independentismo. La responsable de los servicios secretos españoles ha reconocido que solo una parte de la vigilancia que reveló sí la llevó a cabo el CNI con autorización judicial. Entre los espiados que ha admitido Esteban figura el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, según han explicado dos fuentes conocedoras de la comparecencia a elDiario.es. Del resto, según portavoces presentes, podrían ser responsables servicios secretos de otros países u “otros organismos del Estado con capacidad de espionaje”, según ha dicho Gabriel Rufián al salir de la comisión.
Estas mismas fuentes indican que Aragonès es el único president de la Generalitat que figura en la lista de autorizaciones judiciales aportadas por Esteban, pese que ese aval se habría concedido cuando ostentaba el cargo de vicepresidente. Además, Citizen Lab concluyó que los teléfonos de otros tres presidents habían sido atacados con Pegasus: los de Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra. Sin embargo, ninguno de estos figuraban en la lista que ha proporcionado la directora del CNI, donde además no constaban los nombres de ningún residente en países extranjeros, según los presentes. Las autorizaciones con nombres y apellidos mostradas por Esteban han sido 18 pero, junto con estas, la directora también ha enseñado una decena de papeles de los que se habían borrado las identidades, lo que hace suponer que hubo autorizaciones judiciales para entrar en los teléfonos de personas cuyos nombres aún no han sido revelados.
Esa sigue siendo, por tanto, la incógnita que mantiene a los socios del Gobierno, incluido Unidas Podemos, “más preocupados” que antes de la comparecencia de Esteban. El dirigente republicano Gabriel Rufián ha abierto el foco sobre el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska y que hasta ahora había quedado fuera de la polémica. “Hablamos de las cloacas”, ha dicho Rufián, que ha asegurado que la situación “es insostenible también para Interior”. También la diputada de Junts, Miriam Nogueras, ha apuntado que el “Ministerio de Defensa y el CNI son la punta del iceberg”.
Sobre el número de autorizaciones judiciales que ha presentado Esteban, Rufián no ha querido pronunciarlo porque revelar lo ocurrido en la comisión de secretos oficiales supone la comisión de un delito, pero ha dicho que ya se había filtrado en referencia a las 18 autorizaciones judiciales para la vigilancia a independentistas que publicó hace unos días. La resoluciones del Tribunal Supremo forman parte de la documentación que ha presentado Esteban en su comparecencia, en la que no ha querido hablar expresamente de Pegasus bajo el argumento de que la ley prohíbe revelar los sistemas que emplea el CNI. Así, del espionaje a Pedro Sánchez y Margarita Robles apenas se ha ofrecido información, pese a las preguntas de los parlamentarios.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha reconocido que no se puede “negar la existencia” de las denominadas cloacas del Estado. “Salimos más preocupados. Lo que se nos ha contado refuerza la idea de que se asuman responsabilidades políticas”, ha afirmado. El socio minoritario de la coalición ha reclamado formalmente al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que “valore desclasificar la información” que se ha trasladado en la comisión.
El PSOE carga contra la “desinformación”
La conclusión del portavoz del PSOE, Héctor Gómez, es distinta ya que, a su juicio, “ha quedado claro que se ha movido en el ámbito estricto de la legalidad”. El socialista ha explicado que la jefa de los servicios secretos ha aportado documentación clasificada para dar explicaciones sobre el espionaje a líderes independentistas, pero no ha aclarado cuántas autorizaciones judiciales ha presentado y si abarcaba a la totalidad de personas que reveló Citizen Lab (unas 65). “Estamos dando por hecho un número de una publicación que no es oficial”, ha defendido Gómez, que ha apuntado a que se trata de “desinformación”. “Hay que trabajar mucho más en la credibilidad de las fuentes de información. No se puede dar por cierta sin tener la constancia de que eso es así”, ha afirmado.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha defendido tras la comparecencia de la directora que “el CNI ha actuado en todo momento en el marco de la directiva de inteligencia” y “conforme a la legalidad vigente” al contar “con las autorizaciones judiciales oportunas”.
Eso no quiere decir que de los más de 60 espiados que fueron desvelados por el New Yorker lo fueran por el CNI con esa autorización judicial. “Todas las actuaciones que el CNI ha llevado a cabo en relación a personas en esa lista tenían autorización judicial. Eso no significa que todas las personas de la lista fueran objeto de investigación del CNI”, ha dicho.
El PP considera que sus expectativas se han visto “colmadas” por las explicaciones que ha ofrecido la directora del CNI. Y han vuelto a reclamar que sea el Gobierno quien dé la información. “Debe de ser el Gobierno quien dé las explicaciones oportunas en todo lo que afecta a las comunicaciones e interferencias en sus dispositivos móviles”, ha dicho Gamarra. “Es un tema que el Gobierno hizo público y corresponde al Gobierno dar la información sobre esas investigaciones y cuándo lo supieron”. “Pedro Sánchez no puede esconderse detrás del CNI. Debe defenderlos de quienes los atacan”, ha concluido.
La CUP exige dimisiones y Vox defiende al CNI
Uno de los espiados, el diputado de la CUP, Albert Botran, ha asegurado que las explicaciones de Esteban “no han servido ni de lejos para cerrar un escándalo de espionaje político”. Como Unidas Podemos, su grupo también ha pedido la “desclasificacion de la informacion”. “Es una información que debe conocer el conjunto de la sociedad puesto que afecta a derechos fundamentales”. Él ha insistido en la dimision de Margarita Robles y, sin querer entrar a valorar las explicaciones de Esteban, sí ha reconocido “el carácter político de la tarea del CNI es ilimitado y sin garantias”. “El Gobierno es conocedor de todas las misiones y objetivos del CNI y si no es asi que salga algun representante del Gobierno y diga lo contrario”, ha zanjado.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha hecho una cerrada defensa de la directora del CNI, y ha asegurado que a su grupo le parecen “suficientes” las explicaciones que ha dado a puerta cerrada sobre la crisis de los espionajes a través de Pegasus. Espinosa ha advertido que no quería romper el carácter secreto de la comisión, pero ha valorado positivamente la figura de la responsable del CNI, a la que ha calificado de “persona seria, competente” que ha transmitido “ una gran solvencia” . Pero, sobre todo, ha alabado que haya actuado con el caso de los espionajes dentro de la más absoluta legalidad, “conforme a la ley”, algo que para Vox es digno de elogio.
Espinosa ha concluido que después de haber escuchado sus explicaciones “nos da razones para aumentar la confianza del CNI, organismo para el que fuera de la ley no hay nada”. El portavoz de Vox ha defendió también a la ministra de Defensa, Margarita Robles. No obstante, ha recordado que el centro de inteligencia “no actúa por libre”, sino que forma parte del engranaje del Estado con una dependencia jerárquica en cuya cúspide está el presidente del Gobierno. Por ello ha aprovechado para criticar a Podemos como parte del Gobierno porque a su juicio “no tiene sentido que pidan su dimisión”. “Espero que la responsable del CNI no sea la cabeza de turco o el chivo expiatorio por esta situación absurda”, ha señalado, cargando contra Sánchez por haber dejado entrar a “los enemigos del Estado” en la comisión de secretos oficiales.