CRÓNICA

Robles desata una guerra dentro del Gobierno para descargar al CNI de responsabilidad en el espionaje

Que un presidente de Gobierno haya sufrido un ataque cibernético es grave. Más aún que los responsables de la seguridad nacional no lo detectaran en su momento. Y más aún que el debate político gire en torno a una supuesta y urgente necesidad de convocar elecciones anticipadas –como ha pedido el líder de la oposición–, si en todo esto hay una cortina de humo para tapar el espionaje al independentismo o si la ministra de Defensa es la más grande entre los grandes de los responsables gubernamentales que ha dado la democracia. Todo habla, y no demasiado bien, de esta España nuestra en la que todo se mezcla y en la que por otro lado el CNI, antes CESID, tiene un largo historial de escuchas ilegales y dimisiones. Es más, no hace tanto tuvo un director como Félix Sanz Roldán que dedicó gran parte de su mandato a tapar los escándalos del anterior jefe del Estado, visita incluida a Corinna Larsen en Londres que investiga todavía la Justicia británica.

Dicho todo ello, el escándalo entra en una nueva dimensión en el seno del Gobierno. En el capítulo del 'sálvese quién pueda' aparecen el Ministerio de Defensa y el propio CNI abriendo fuego a discreción “para descargar la responsabilidad que les corresponde”. Al segundo, por ser el organismo competente de velar por la seguridad de los aparatos electrónicos del presidente, sus ministros y sus altos cargos. Al primero, por ser el máximo responsable de los servicios secretos. Ambos han decidido situar en la diana, aseguran fuentes del Ejecutivo, al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tratando de endosarle la competencia de velar por la seguridad en las comunicaciones del Gobierno cuando era secretario general de la Presidencia, algo que no asume su departamento ni dice la ley que lo regula. Una versión que, desde otros sectores del Ejecutivo, “también se está encargando de difundir maliciosamente el anterior jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo, por su conocida obsesión con Bolaños”, a quien siempre responsabilizó de su fulminante salida de La Moncloa.

Lecturas aparte, el Real Decreto 421/2004 que regula el Centro Criptológico Nacional establece en su artículo 2 que el ámbito de su actuación comprende: a) La seguridad de las tecnologías de la información de la Administración que procesan, almacenan o transmiten información en formato electrónico, que normativamente requieren protección, y que incluyen medios de cifra. b) La seguridad de los sistemas de las tecnologías de la información que procesan, almacenan o transmiten información clasificada. Mientras que la Secretaría la Presidencia de lo que se encarga es de la infraestructura y la distribución de material informático entre los ministros cuando son nombrados, sin tener atribución alguna sobre la seguridad o la protección de los mismos.

Hasta aquí, lo que dice la norma. Luego están las insinuaciones, las declaraciones veladas, las medias verdades o lo que fuentes socialistas califican de “mentiras flagrantes para erosionar al ministro más cercano al presidente del Gobierno”. Atacar a Bolaños “es atacar a Sánchez, mientras que pedir explicaciones al CNI es poner en la picota a su máxima responsable, que no es otra más que su directora, Paz Esteban, y por extensión, su superior, Margarita Robles”, añade un ministro del Gobierno.

Lo que esconde todo ello es que el escándalo ha desatado una guerra interna en la que la titular de Defensa pretende hacer una defensa cerrada de los servicios secretos y de su directora mientras que otras fuentes gubernamentales ya no descartan siquiera que el ataque “se produjera por parte de elementos incontrolados del CNI”. Poco se sabe o, si se sabe, nada se cuenta. Pero lo que el Gobierno jamás dirá oficialmente por mucho que se estreche el cerco es, como apuntan algunas investigaciones periodísticas, que Marruecos estuviera detrás del espionaje. Se da la circunstancia de que Paz Esteban, con 40 años de servicio en el CNI, fue jefa de gabinete de su antecesor, Félix Sanz Roldán, y que la actual directora de comunicación del centro, Sonia Sánchez Mula, fue directora de Comunicación de la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y una de las personas más próximas a la que entonces era máxima responsable política del servicio de Inteligencia

“Hay una coincidencia de intereses: la derecha mediática, el CNI, Iván Redondo, Margarita Robles…”, lamentan desde la indignación por todo ello fuentes gubernamentales, que recuerdan, además, que alguna competencia tenía también el anterior jefe de gabinete del presidente, ya que “era responsable del Departamento de Seguridad Nacional y de la  Comisión de Inteligencia”, un organismo que subrayan ahora desde La Moncloa jamás se reunió durante su mandato. “Lo único que pretenden es desviar la atención sobre la gravedad del asunto”, concluyen.

Desde Presidencia, pese a estar en el ojo del huracán, defienden que todo lo que dijo el ministro en la controvertida y madrugadora rueda de prensa del pasado lunes “responde a un ejercicio de transparencia” que le fue encomendado por el presidente Sánchez y que “cada una de sus palabras responde a la realidad de los hechos”, más allá de que no haya una respuesta convincente sobre por qué el examen integral de los terminales de Sánchez y Robles no se hiciera cuando se conoció hace meses que al menos otros 13 jefes de gobierno habían sido víctimas de Pegasus. 

A pesar de que en un primer momento pareció existir un aparente cierre de filas en torno a los servicios secretos, el Gobierno ha dejado en el aire la continuidad de la directora del CNI –quien está citada a comparecer este jueves en el Congreso– lo que ha desatado una cascada de filtraciones interesadas con las que el Centro persigue desvincularse de la responsabilidad sobre el control de los dispositivos de los miembros del gabinete. La maniobra ha sido alentada por la propia Robles que, preguntada sobre quién es el responsable de la seguridad del teléfono del presidente, contestó con ambigüedad: “Todo está en las normas, todo está en la ley, eso es lo que pasa en democracia. Dediquen un minuto de tiempo a leerlo”. La interpretación de varios medios de comunicación fue que apuntaba a la Secretaría General de Presidencia, que estaba entonces en manos de Bolaños, sin que Defensa saliera en ningún momento a desmentir esas informaciones. 

La exdircom de Sáenz de Santamaría, en la ofensiva del CNI

En un sector del Gobierno identifican la ofensiva mediática contra Bolaños en dos frentes: el Ministerio de Defensa, a través de la ministra en persona, y el propio Centro Nacional de Inteligencia, que ha propiciado diversos titulares basados en fuentes anónimas desde que estalló el escándalo. El servicio secreto cuenta, pese a la aparente contradicción que supone, con una directora de comunicación que apenas se prodiga en su trato con los periodistas. Sin embargo, según las fuentes gubernamentales consultadas, la antigua jefa de prensa de Sáenz de Santamaría en Moncloa ha venido desarrollando estos días una intensa labor de exégesis de la afirmación de Margarita Robles de que “todo está en las normas, todo está en la ley”.

Las citadas fuentes gubernamentales apuntan directamente a la directora de comunicación del Centro como el canal por el que ha circulado la versión que trata de responsabilizar del fallo de seguridad al Departamento de Seguridad Nacional de Moncloa, al que la ley solo encomienda las “comunicaciones especiales” del presidente, esto es, las que realiza excepcionalmente desde el búnker del DSN, como ocurrió en algún momento de la pandemia. Nada se afirma en el texto de las comunicaciones de la ministra de Defensa, también intervenidas por Pegasus. 

Otras informaciones han venido aludiendo al departamento de comunicaciones de Moncloa, el encargado de instalar las aplicaciones de seguridad en los móviles del personal de Presidencia y entregárselos a sus miembros, incluido el jefe del Ejecutivo. Sin embargo, este departamento está compuesto por técnicos sin la entidad suficiente, ni el cometido de garantizar la seguridad de las comunicaciones del presidente del Gobierno, ni mucho menos de la ministra de Defensa. Una de las aplicaciones que instalan, Comsec, es obra de Indra y cuenta con la “certificación” oficial del Centro Criptológico Nacional, integrado en el CNI. 

En la citada ceremonia de la confusión ha llegado a ser mezclada la directora del departamento de Seguridad de Moncloa, una comisaria principal del Cuerpo Nacional de Policía llamada María Marcos. Este departamento se encarga de la seguridad del complejo de la Moncloa y de la escolta del presidente del Gobierno, pero no tiene vinculación alguna con las comunicaciones del jefe del Ejecutivo y menos aún sobre un eventual espionaje a través de su teléfono. 

El CNI recomendó al Gobierno la herramienta de una ONG

Uno de los documentos relativos al Centro Criptológico Nacional que se ha filtrado en las últimas horas es una suerte de manual de instrucciones bajo el título ‘Detección de software Pegasus en dispositivos iPhone’ en el que el organismo dependiente del CNI explica cómo llevar a cabo un análisis para detectar si el teléfono ha sido infectado con ese sistema. Bajo el distintivo ‘uso oficial’, el texto se basa en la utilización de una herramienta denominada herramienta MVT (Mobile Verification Toolkit) que desarrolló Amnistía Internacional, según reconoce el propio texto del departamento dependiente de los servicios de inteligencia. Citizen Lab, la organización que ha destapado la mayor parte de los espionajes con Pegasus, no recomienda usar esta aplicación al considerarla ineficaz

En el Gobierno reconocen abiertamente que “se han producido errores”, según verbalizó la portavoz, Isabel Rodríguez, y desde Moncloa aseguran que ya se está trabajando en reforzar los protocolos de seguridad y que habrá cambios profundos en este sentido, una vez que se concluya el examen de las terminales de todos los ministros del Gobierno que se puso en marcha tras la detección de la intrusión en los dispositivos de Sánchez y la propia Robles. 

El caso del espionaje ha profundizado, aún más, las diferencias entre la ministra de Defensa y Unidas Podemos, desde donde le han sugerido que dimita durante su comparecencia en el Congreso con la que enfadó aún más a los aliados de la coalición y fue defendida por el PP. “Nos parece evidente que sea cual sea la autoría se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel”, expresó el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, quien acabó su intervención diciéndo a Robles: “Usted sabe lo que tiene que hacer, por su dignidad y la dignidad del Gobierno”. Las malas relaciones entre el grupo confederal y la responsable de Defensa no son nuevas pero se han agravado con el escándalo del espionaje y la gestión de la crisis que ha llevado a cabo Margarita Robles. 

Que un presidente de Gobierno haya sufrido un ataque cibernético es grave. Más aún que los responsables de la seguridad nacional no lo detectaran en su momento. Y más aún que el debate político gire en torno a una supuesta y urgente necesidad de convocar elecciones anticipadas –como ha pedido el líder de la oposición–, si en todo esto hay una cortina de humo para tapar el espionaje al independentismo o si la ministra de Defensa es la más grande entre los grandes de los responsables gubernamentales que ha dado la democracia. Todo habla, y no demasiado bien, de esta España nuestra en la que todo se mezcla y en la que por otro lado el CNI, antes CESID, tiene un largo historial de escuchas ilegales y dimisiones. Es más, no hace tanto tuvo un director como Félix Sanz Roldán que dedicó gran parte de su mandato a tapar los escándalos del anterior jefe del Estado, visita incluida a Corinna Larsen en Londres que investiga todavía la Justicia británica.

Dicho todo ello, el escándalo entra en una nueva dimensión en el seno del Gobierno. En el capítulo del 'sálvese quién pueda' aparecen el Ministerio de Defensa y el propio CNI abriendo fuego a discreción “para descargar la responsabilidad que les corresponde”. Al segundo, por ser el organismo competente de velar por la seguridad de los aparatos electrónicos del presidente, sus ministros y sus altos cargos. Al primero, por ser el máximo responsable de los servicios secretos. Ambos han decidido situar en la diana, aseguran fuentes del Ejecutivo, al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tratando de endosarle la competencia de velar por la seguridad en las comunicaciones del Gobierno cuando era secretario general de la Presidencia, algo que no asume su departamento ni dice la ley que lo regula. Una versión que, desde otros sectores del Ejecutivo, “también se está encargando de difundir maliciosamente el anterior jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo, por su conocida obsesión con Bolaños”, a quien siempre responsabilizó de su fulminante salida de La Moncloa.

Lecturas aparte, el Real Decreto 421/2004 que regula el Centro Criptológico Nacional establece en su artículo 2 que el ámbito de su actuación comprende: a) La seguridad de las tecnologías de la información de la Administración que procesan, almacenan o transmiten información en formato electrónico, que normativamente requieren protección, y que incluyen medios de cifra. b) La seguridad de los sistemas de las tecnologías de la información que procesan, almacenan o transmiten información clasificada. Mientras que la Secretaría la Presidencia de lo que se encarga es de la infraestructura y la distribución de material informático entre los ministros cuando son nombrados, sin tener atribución alguna sobre la seguridad o la protección de los mismos.

Hasta aquí, lo que dice la norma. Luego están las insinuaciones, las declaraciones veladas, las medias verdades o lo que fuentes socialistas califican de “mentiras flagrantes para erosionar al ministro más cercano al presidente del Gobierno”. Atacar a Bolaños “es atacar a Sánchez, mientras que pedir explicaciones al CNI es poner en la picota a su máxima responsable, que no es otra más que su directora, Paz Esteban, y por extensión, su superior, Margarita Robles”, añade un ministro del Gobierno.

Lo que esconde todo ello es que el escándalo ha desatado una guerra interna en la que la titular de Defensa pretende hacer una defensa cerrada de los servicios secretos y de su directora mientras que otras fuentes gubernamentales ya no descartan siquiera que el ataque “se produjera por parte de elementos incontrolados del CNI”. Poco se sabe o, si se sabe, nada se cuenta. Pero lo que el Gobierno jamás dirá oficialmente por mucho que se estreche el cerco es, como apuntan algunas investigaciones periodísticas, que Marruecos estuviera detrás del espionaje. Se da la circunstancia de que Paz Esteban, con 40 años de servicio en el CNI, fue jefa de gabinete de su antecesor, Félix Sanz Roldán, y que la actual directora de comunicación del centro, Sonia Sánchez Mula, fue directora de Comunicación de la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y una de las personas más próximas a la que entonces era máxima responsable política del servicio de Inteligencia

“Hay una coincidencia de intereses: la derecha mediática, el CNI, Iván Redondo, Margarita Robles…”, lamentan desde la indignación por todo ello fuentes gubernamentales, que recuerdan, además, que alguna competencia tenía también el anterior jefe de gabinete del presidente, ya que “era responsable del Departamento de Seguridad Nacional y de la  Comisión de Inteligencia”, un organismo que subrayan ahora desde La Moncloa jamás se reunió durante su mandato. “Lo único que pretenden es desviar la atención sobre la gravedad del asunto”, concluyen.

Desde Presidencia, pese a estar en el ojo del huracán, defienden que todo lo que dijo el ministro en la controvertida y madrugadora rueda de prensa del pasado lunes “responde a un ejercicio de transparencia” que le fue encomendado por el presidente Sánchez y que “cada una de sus palabras responde a la realidad de los hechos”, más allá de que no haya una respuesta convincente sobre por qué el examen integral de los terminales de Sánchez y Robles no se hiciera cuando se conoció hace meses que al menos otros 13 jefes de gobierno habían sido víctimas de Pegasus. 

A pesar de que en un primer momento pareció existir un aparente cierre de filas en torno a los servicios secretos, el Gobierno ha dejado en el aire la continuidad de la directora del CNI –quien está citada a comparecer este jueves en el Congreso– lo que ha desatado una cascada de filtraciones interesadas con las que el Centro persigue desvincularse de la responsabilidad sobre el control de los dispositivos de los miembros del gabinete. La maniobra ha sido alentada por la propia Robles que, preguntada sobre quién es el responsable de la seguridad del teléfono del presidente, contestó con ambigüedad: “Todo está en las normas, todo está en la ley, eso es lo que pasa en democracia. Dediquen un minuto de tiempo a leerlo”. La interpretación de varios medios de comunicación fue que apuntaba a la Secretaría General de Presidencia, que estaba entonces en manos de Bolaños, sin que Defensa saliera en ningún momento a desmentir esas informaciones. 

La exdircom de Sáenz de Santamaría, en la ofensiva del CNI

En un sector del Gobierno identifican la ofensiva mediática contra Bolaños en dos frentes: el Ministerio de Defensa, a través de la ministra en persona, y el propio Centro Nacional de Inteligencia, que ha propiciado diversos titulares basados en fuentes anónimas desde que estalló el escándalo. El servicio secreto cuenta, pese a la aparente contradicción que supone, con una directora de comunicación que apenas se prodiga en su trato con los periodistas. Sin embargo, según las fuentes gubernamentales consultadas, la antigua jefa de prensa de Sáenz de Santamaría en Moncloa ha venido desarrollando estos días una intensa labor de exégesis de la afirmación de Margarita Robles de que “todo está en las normas, todo está en la ley”.

Las citadas fuentes gubernamentales apuntan directamente a la directora de comunicación del Centro como el canal por el que ha circulado la versión que trata de responsabilizar del fallo de seguridad al Departamento de Seguridad Nacional de Moncloa, al que la ley solo encomienda las “comunicaciones especiales” del presidente, esto es, las que realiza excepcionalmente desde el búnker del DSN, como ocurrió en algún momento de la pandemia. Nada se afirma en el texto de las comunicaciones de la ministra de Defensa, también intervenidas por Pegasus. 

Otras informaciones han venido aludiendo al departamento de comunicaciones de Moncloa, el encargado de instalar las aplicaciones de seguridad en los móviles del personal de Presidencia y entregárselos a sus miembros, incluido el jefe del Ejecutivo. Sin embargo, este departamento está compuesto por técnicos sin la entidad suficiente, ni el cometido de garantizar la seguridad de las comunicaciones del presidente del Gobierno, ni mucho menos de la ministra de Defensa. Una de las aplicaciones que instalan, Comsec, es obra de Indra y cuenta con la “certificación” oficial del Centro Criptológico Nacional, integrado en el CNI. 

En la citada ceremonia de la confusión ha llegado a ser mezclada la directora del departamento de Seguridad de Moncloa, una comisaria principal del Cuerpo Nacional de Policía llamada María Marcos. Este departamento se encarga de la seguridad del complejo de la Moncloa y de la escolta del presidente del Gobierno, pero no tiene vinculación alguna con las comunicaciones del jefe del Ejecutivo y menos aún sobre un eventual espionaje a través de su teléfono. 

El CNI recomendó al Gobierno la herramienta de una ONG

Uno de los documentos relativos al Centro Criptológico Nacional que se ha filtrado en las últimas horas es una suerte de manual de instrucciones bajo el título ‘Detección de software Pegasus en dispositivos iPhone’ en el que el organismo dependiente del CNI explica cómo llevar a cabo un análisis para detectar si el teléfono ha sido infectado con ese sistema. Bajo el distintivo ‘uso oficial’, el texto se basa en la utilización de una herramienta denominada herramienta MVT (Mobile Verification Toolkit) que desarrolló Amnistía Internacional, según reconoce el propio texto del departamento dependiente de los servicios de inteligencia. Citizen Lab, la organización que ha destapado la mayor parte de los espionajes con Pegasus, no recomienda usar esta aplicación al considerarla ineficaz

En el Gobierno reconocen abiertamente que “se han producido errores”, según verbalizó la portavoz, Isabel Rodríguez, y desde Moncloa aseguran que ya se está trabajando en reforzar los protocolos de seguridad y que habrá cambios profundos en este sentido, una vez que se concluya el examen de las terminales de todos los ministros del Gobierno que se puso en marcha tras la detección de la intrusión en los dispositivos de Sánchez y la propia Robles. 

El caso del espionaje ha profundizado, aún más, las diferencias entre la ministra de Defensa y Unidas Podemos, desde donde le han sugerido que dimita durante su comparecencia en el Congreso con la que enfadó aún más a los aliados de la coalición y fue defendida por el PP. “Nos parece evidente que sea cual sea la autoría se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel”, expresó el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, quien acabó su intervención diciéndo a Robles: “Usted sabe lo que tiene que hacer, por su dignidad y la dignidad del Gobierno”. Las malas relaciones entre el grupo confederal y la responsable de Defensa no son nuevas pero se han agravado con el escándalo del espionaje y la gestión de la crisis que ha llevado a cabo Margarita Robles. 

Que un presidente de Gobierno haya sufrido un ataque cibernético es grave. Más aún que los responsables de la seguridad nacional no lo detectaran en su momento. Y más aún que el debate político gire en torno a una supuesta y urgente necesidad de convocar elecciones anticipadas –como ha pedido el líder de la oposición–, si en todo esto hay una cortina de humo para tapar el espionaje al independentismo o si la ministra de Defensa es la más grande entre los grandes de los responsables gubernamentales que ha dado la democracia. Todo habla, y no demasiado bien, de esta España nuestra en la que todo se mezcla y en la que por otro lado el CNI, antes CESID, tiene un largo historial de escuchas ilegales y dimisiones. Es más, no hace tanto tuvo un director como Félix Sanz Roldán que dedicó gran parte de su mandato a tapar los escándalos del anterior jefe del Estado, visita incluida a Corinna Larsen en Londres que investiga todavía la Justicia británica.

Dicho todo ello, el escándalo entra en una nueva dimensión en el seno del Gobierno. En el capítulo del 'sálvese quién pueda' aparecen el Ministerio de Defensa y el propio CNI abriendo fuego a discreción “para descargar la responsabilidad que les corresponde”. Al segundo, por ser el organismo competente de velar por la seguridad de los aparatos electrónicos del presidente, sus ministros y sus altos cargos. Al primero, por ser el máximo responsable de los servicios secretos. Ambos han decidido situar en la diana, aseguran fuentes del Ejecutivo, al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tratando de endosarle la competencia de velar por la seguridad en las comunicaciones del Gobierno cuando era secretario general de la Presidencia, algo que no asume su departamento ni dice la ley que lo regula. Una versión que, desde otros sectores del Ejecutivo, “también se está encargando de difundir maliciosamente el anterior jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo, por su conocida obsesión con Bolaños”, a quien siempre responsabilizó de su fulminante salida de La Moncloa.