En el clima de crispación creado por las derechas desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, con el único fin de hacer caer al Gobierno, las apelaciones al “diálogo”, el “acuerdo” y el “pacto” han sido una constante en todos los discursos que ha pronunciado Meritxell Batet tras su elección como presidenta del Congreso de los Diputados, en diciembre de 2019. La novedad en el que verbalizó este lunes con motivo del 43º aniversario de la Constitución fue el contundente posicionamiento político de la que es la tercera autoridad del Estado en materias como la igualdad, la lucha contra la violencia machista y las discriminaciones o la apuesta por la educación y la sanidad públicas, así como los reproches, aunque sin aludirlos directamente, tanto al Partido Popular como a Vox por sus tácticas para tratar de socavar al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.
Las palabras de Batet chocaron especialmente en las filas de esos dos partidos políticos que luchan desde hace años por el mismo electorado, hasta el punto de que la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, evitó aplaudir el discurso y Casado –cuyo equipo criticó después a la presidenta del Congreso por haber pronunciado un “discurso de parte”– lo hizo muy tímidamente, sin poder ocultar su rostro de sorpresa pese a estar en parte oculto por la mascarilla.
Por segundo año consecutivo, el acto del Día de la Constitución se vio de nuevo deslucido por culpa de las restricciones impuestas por la pandemia. En lugar de la tradicional reunión solemne de las Cortes Generales en el hemiciclo del Congreso, el evento se desarrolló puertas afuera de la Cámara Baja, en la Plaza de las Cortes, y al aire libre. Ante el incremento de contagios, a última hora se tuvo que cancelar además el habitual cóctel que antes de la emergencia sanitaria daba pie a multitud de corrillos y conversaciones entre autoridades y periodistas, y apenas hubo una decena de intervenciones de dirigentes políticos ante la prensa.
El acto se redujo así al discurso de Batet, que habló durante apenas un cuarto de hora ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las máximas autoridades del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, ocho presidentes autonómicos –los de la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León, Murcia, Aragón, La Rioja, Canarias y Extremadura–, los ministros –excepto Nadia Calviño y Yolanda Díaz, ambas de viaje de trabajo en Bruselas, y Manuel Castells– y con las ausencias habituales de los representantes de los partidos nacionalistas e independentistas, así como la del líder de Vox, que en Twitter aseguró que el acto era una “burla”. En las intervenciones previas se vislumbraron ya las diferencias que sigue generando además esta celebración en el seno del propio Ejecutivo. Mientras Sánchez pidió cumplir la Constitución “de pe a pa” en una declaración sin preguntas, Unidas Podemos dijo que la Carta Magna es un “traje viejo” y reclamó un referéndum sobre la monarquía.
“Riesgos” para la democracia dentro del Parlamento
A diferencia de sus intervenciones públicas de los últimos años, este lunes Batet no evitó los guiños a su familia política, el socialismo catalanista del PSC en el que milita. Habló en catalán para reproducir una cita del poeta Joan Margarit, destacó la apuesta por el pluralismo y constató un fuerte compromiso social en contra de las desigualdades y a favor del entendimiento entre diferentes, con duros reproches para quienes desde sus escaños alientan la bronca permanente, recurriendo como hacen las derechas a palabras gruesas y descalificaciones contra sus adversarios políticos.
“Los riesgos principales para la democracia no son externos al Parlamento, sino que provienen de la priorización de las dinámicas de enfrentamiento y exclusión respecto de las de acuerdo e integración”, lanzó Batet al inicio de su intervención. “El comportamiento y la actuación de los representantes políticos es un factor fundamental para el refuerzo de la democracia, de nuestro sistema constitucional; o, al revés, para su cuestionamiento, la traslación de enfrentamiento, el alejamiento de parte importante de los ciudadanos y, en definitiva, la deslegitimación de la propia democracia”, apuntó.
Sin citarlos por sus nombres, Batet se dirigió entonces a los dos principales partidos de la oposición de derechas. A Vox le reprochó el “alto riesgo de ofrecer soluciones simples a problemas complejos, de generar división, exclusiones y atrincheramientos en las propias seguridades”. “Es alto el riesgo de impulsar una visión populista e irresponsable de la realidad y poner en peligro la cohesión social, los derechos de los otros y la capacidad de acuerdo e integración política, vitales en el sistema democrático. Un riesgo que, la experiencia histórica nos lo muestra, acaba siempre en la deslegitimación de las propias instituciones representativas. La deslegitimación del otro no se agota nunca en sí misma; por el contrario, siempre conduce a la deslegitimación de lo común”, advirtió.
Al PP, también sin mencionarlo, le afeó el bloqueo al que ha sometido a la renovación del Poder Judicial desde 2018. Los “pactos y acuerdos exigen esencialmente un solo requisito”, señaló Batet: “La voluntad de alcanzarlos”. “Para los políticos la Constitución es norma exigible. Sus preceptos se dirigen en muchas ocasiones a las instituciones públicas. En nuestra labor institucional nos encontramos con frecuencia con mandatos constitucionales inequívocos, que nos están específicamente dirigidos. Podemos estar en desacuerdo con las obligaciones constitucionales y legales, y hasta intentar modificarlas, pero en tanto que vigentes no es cuestionable su cumplimiento. Quien discute el cumplimiento de la Constitución, por buenas que sean sus razones, pretende situarse por encima de ella”, les dijo a los de Casado. El propio líder del PP había asegurado minutos antes que él se “conforma” con que la Carta Magna se cumpla, pese a que su partido lleva incumpliéndola desde que él es presidente bloqueando la renovación del CGPJ.
En contra de la lawfare
Tanto al PP como a Vox, Batet les lanzó una última recriminación por su estrategia de judicializar la política, la llamada lawfare que practican los dos partidos contra el Gobierno, recurriendo ante los tribunales todas las decisiones democráticas que no les gustan. “Judicializar innecesariamente la política comporta politizar la justicia, pero sobre todo lleva a desconocer el espacio deliberativo que es propio de todo sistema político democrático. Ser leal a la Constitución es, en segundo lugar, aceptar y asumir la propia posición en el sistema constitucional y con ella la de los otros. Asumir que en ocasiones las opciones propias resultan mayoritarias y en otras deben limitarse a ser la alternativa minoritaria que queda fuera de la decisión final. Ser leal a la Constitución es aceptar la legitimidad del triunfo del otro y asumirlo con el esfuerzo de llegar a acuerdos más o menos amplios mediante la discusión y el debate”, zanjó.
Batet ha padecido esa estrategia de judicialización de sus propias decisiones al menos en dos ocasiones. La primera, cuando PP y Vox recurrieron ante el Constitucional las juras o promesas de diputados de Unidas Podemos y de fuerzas nacionalistas por utilizar fórmulas alternativas a las tradicionales “sí, prometo”, o “sí, juro”. Más recientemente, cuando ese mismo tribunal ha dado la razón a Vox considerando ilegal la reducción parcial de la actividad parlamentaria al inicio de la pandemia a pesar de que la extrema derecha, en un principio, pidió la paralización total del Congreso.
La presidenta de la Cámara Baja citó además una serie de “compromisos constitucionales” que a su juicio deben marcar el “futuro” de la aplicación de la Carta Magna y que discrepan, sin embargo, de las agendas de las derechas, especialmente de Vox, que niega la necesidad de luchar contra las discriminaciones de las minorías o que directamente dice que la violencia machista no existe.
“Igualdad efectiva, reconocimiento de las personas con discapacidad, lucha contra las discriminaciones y frente a desigualdades estructurales, acceso a la vivienda, impulso de un sistema educativo público de calidad, protección del medio ambiente… y también garantía de la vida y la seguridad de todas, de todas las mujeres frente a la violencia machista que en menos de veinte años nos ha robado por completo 1.118 vidas y ha dañado enormemente muchas más. Todos estos son mandatos constitucionales que siguen exigiendo acción inmediata ante las cifras y las realidades que demuestran que todavía estamos lejos de alcanzar ese objetivo”, dijo Batet.
El discurso lo concluyó citando a Almudena Grandes, según explicó el entorno de la presidenta del Congreso para tratar de arreglar el desprecio a la escritora recientemente fallecida por parte de las autoridades de su ciudad, Madrid, y el hecho de que ni siquiera fuera mencionada en el acto de la Constitución celebrado por la Comunidad de Madrid.
Recuerdo para Almudena Grandes
“En este lunes de recuerdo a quienes ya no están, de agradecimiento a quienes piensan en el otro y trabajan por él, de impulso para una política que tenga presentes los retos que juntos debemos afrontar y abra caminos al acuerdo, quiero terminar con las palabras de Almudena Grandes dando la bienvenida a 'esos domingos de invierno en los que el cielo más bello del mundo elige amanecer en Madrid', como símbolo de esperanza para saber disfrutar de lo que nos une y de lo mucho que podemos conseguir juntos y en leal convivencia”, terminó Batet.
Tras el irregular aplauso, que no fue secundado por parte de las derechas, los asistentes al acto fueron poco a poco vaciando la Plaza de las Cortes, hasta quedarse casi vacía. A la media hora ya se había levantado incluso el fuerte dispositivo de seguridad y una multitud de ciudadanos volvió a recorrer libremente la Carrera de San Jerónimo y a hacerse fotos con los míticos leones de un Congreso de los Diputados que por culpa de la pandemia vivió un año más una celebración de la Constitución descafeinada.