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El expolítico acusado de siete violaciones y la ONG afín al PP donde las cometió han compartido abogado un año tras la detención

El exteniente de alcalde de Palma, acusado de siete violaciones, Rodrigo de Santos

Pedro Águeda

El expolítico del PP Rodrigo de Santos está procesado por violar siete veces a un preso y agredir sexualmente en dos ocasiones a otro mientras trabajaba para la ONG Horizontes Abiertos. Los permisos de ambos dependían de los informes a Instituciones Penitenciarias que emitiera el acusado, director del proyecto de las casas de acogida. Ese fue el poder que esgrimió para chantajear a los reclusos. Pese a ello, la ONG, con un patronato que acoge a varios políticos del Partido Popular, no se ha personado como acusación particular en todo este tiempo y ha compartido abogada con el acusado al menos durante un año después de su detención.

La letrada en cuestión, Aurora García Pérez, lleva asistiendo al presunto violador desde el mismo momento de su arresto, el 5 de diciembre de 2017, y continúa haciéndolo, como consta en la causa. La abogada ha compaginado ese trabajo con la representación legal de la ONG, según ha acreditado documentalmente eldiario.es.

Se trata del acta de intento de conciliación entre una trabajadora y la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos celebrado el 7 de mayo de 2018, seis meses después de la detención e imputación de Rodrigo de Santos. El segundo documento es la sentencia de ese caso, dictada el 28 de diciembre pasado. En ambos figura Aurora García Pérez como representante legal de la Fundación. La letrada ha declinado atender a eldiario.es.

Desde la actual dirección de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos aseguran que buscaron otros abogados cuando supieron que García Pérez había comenzado a defender a De Santos y que desconocían que la letrada siguiera encargándose de representarles en dos procesos judiciales. Un portavoz añade que supieron de ello por la propia abogada y que decidieron que continuara hasta el final con esos procesos porque no tenían “margen de maniobra para cambiar de letrado”.

En la vistilla para la imposición de medidas cautelares a Rodrigo de Santos, tras su detención en diciembre de 2017, la abogada presentó un informe interno de la ONG, redactado por la educadora a la que una de las víctimas había acudido el día anterior de presentarse en comisaría. Con ese informe, la letrada pretendía descargar de culpa a su cliente.

La cuestión de la abogada es un nuevo episodio de la actitud errática de la ONG durante todo el caso De Santos. Una monja introdujo al expolítico como voluntario en la ONG en septiembre de 2014, un tiempo después de salir de la cárcel. Había ingresado en prisión por dos condenas: una por malversación (se gastó 50.000 euros del Ayuntamiento de Palma en prostitución masculina y cocaína) y otra por agredir sexualmente a un chico de 14 años, amigo de sus hijos.

Rodrigo de Santos era miembro de la organización ultra Camino Neocatecumenal, conocida como 'Los Kikos', estaba casado y tenía cinco hijos en el momento de su arresto. Al tiempo, exhibía posiciones intransigentes y se negaba a casar homosexuales en el Ayuntamiento de Palma.

La candidata del PP culpa al Padre Garralda

Unos meses después de su llegada a Horizontes Abiertos como voluntario fue contratado para una sustitución, concretamente el 25 de marzo de 2015. Su ascenso a director del proyecto Javier, el que gestionaba las casas para presos, tuvo lugar en abril de 2017. En ese momento, la política del PP María Dolores Navarro llevaba ya de presidenta de la Fundación un año y medio. Pese a ello, Navarro niega tener responsabilidad en ese ascenso y, en un escrito de su abogado del pasado julio, responsabiliza al fallecido Padre Garralda. También niega que dimitiera por el caso De Santos, a pesar del grave enfrentamiento que se produjo por ello en el seno del Patronato.

María Dolores Navarro ha sido concejal del PP en los Ayuntamientos de Torrejón de Ardoz y Madrid. Es una de las cuatro condenadas por el Tribunal de Cuentas por haber malvendido vivienda pública a un fondo buitre. La misma sentencia condena igualmente a la alcaldesa de la época, Ana Botella. Pese a ello, la actual dirección del PP ha confiado en ella para que ocupe el puesto número 29 de la lista a la Comunidad de Madrid, con posibilidades por tanto de convertirse en diputada autonómica el próximo 26 de mayo.

De Santos solo fue apartado de su puesto al frente de las casas para presos después de que funcionarios de Instituciones Penitenciarias presionaran a Horizontes Abiertos. Navarro accedió a la destitución de De Santos de la dirección del Proyecto Javier el 1 de noviembre de 2017, doce días después de que su principal víctima acudiera a comisaría y una segunda lo hiciera una semana después.

La ONG alojó a una segunda víctima de Rodrigo de Santos en la misma residencia a la que había desterrado al exconcejal de Palma después de que ese mismo chico y otro más le denunciaran ante la Policía por presuntas agresiones sexuales. En esa casa de Villanueva de la Cañada (Madrid) tuvieron que convivir denunciante y denunciado varios días. La segunda víctima acabó allí después de que otro recluso asistido por la ONG le apuñalara en una de las residencias de la ONG días después de denunciar a De Santos.

A la espera de ejercer “las acciones oportunas”

La actual dirección de Horizontes Abiertos se desvincula de aquellas decisiones. Sin embargo, el actual equipo, con Celia Ordóñez al frente, no ha adoptado en todo este tiempo la decisión de personarse en la causa contra el expolítico del PP y ha seguido compartiendo abogada con De Santos. Solo después de que eldiario.es planteara este hecho a la ONG, la Fundación hizo pública una nota en la que asegura que “se reserva las acciones oportunas que pudiera ejercer en defensa de sus intereses y el de las personas que avala, a la luz de las actuaciones judiciales”. También dice que ha colaborado con la justicia desde el principio de la causa.

El vicepresidente de la Fundación en la actualidad es Jaime García-Legaz, exsecretario de Estado de Comercio en el Gobierno de Mariano Rajoy. García-Legaz abandonó el Patronato de la Fundación por su desacuerdo con la gestión que había hecho Navarro del caso de Rodrigo de Santos. Con el tiempo ha regresado y ha asumido más responsabilidades. García-Legaz es uno de los tres políticos vinculados al Partido Popular en el actual Patronato, compuesto por nueve personas. Las otras dos son los exconsejeros de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y miembros de la corriente más fundamentalista del partido, Luis Peral y Regina Plañiol.

Cuando ocurrieron los hechos ese número de afines al PP era aún mayor. Ya figuraba Luis Peral, exconsejero de Educación con Esperanza Aguirre. En el último congreso del partido, Peral abanderó una enmienda para cambiar la Ley del aborto y “reforzar el derecho a la vida”. Esa iniciativa contó con la firma de Beatriz Elorriaga, vicepresidenta del Patronato cuando fue detenido De Santos y que abandonó tiempo después por incompatibilidad con sus ocupaciones.

También apoyó a Peral en aquel congreso Regina Plañiol, exconsejera también de Aguirre, concretamente de Presidencia y Justicia. Plañiol sigue hoy como miembro del Patronato de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos. Según la actual dirección, ninguno de los miembros del Patronato sabía que se había contratado a Rodrigo de Santos.

Con una vida dedicada a las personas más desfavorecidas, el jesuita Garralda creó en 1978 la Fundación Horizontes Abiertos, concebida para ayudar a los presos a rehacer sus vidas al salir de prisión. Las administraciones de distinto signo han reconocido en la ONG un valioso colaborador en el complicado proceso de reinserción. Con el tiempo, Horizontes Abiertos amplió su trabajo con reclusos a enfermos de VIH, madres presas con hijos y enfermos mentales. Desde Instituciones Penitenciarias aseguran que el caso de De Santos es algo “aislado” en los cuarenta años de colaboración con la ONG.

La Fundación que controla Horizontes Abiertos se financia a través de subvenciones de la Comunidad de Madrid, contratos de gestión pública, la casilla del IRPF y donativos. El padre Garralda tejió una red de colaboradores que financiaban su proyecto entre los miembros de la alta sociedad. El sacerdote falleció el 30 de junio de 2017, a los 97 años, antes de que se conociera el caso de De Santos. Llevaba varios años apartado de la gestión de la Fundación por sus problemas de salud.

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