Crónica

Felipe VI, un rey atrapado en el silencio

En la tercera temporada de The Crown, Isabel II se dirige al Príncipe de Gales de forma rotunda cuando el heredero al trono de Inglaterra se queja de no tener voz y de que nadie le escuche: “No decir nada, no hacer nada, es lo más complicado, la gente siempre querrá que tengamos una posición, que hagamos algo, que expresemos una opinión, que asintamos. Eso es lo único que no tenemos derecho a hacer. Cuanto menos hablemos, hagamos, digamos o asintamos, mejor”. 

En La Zarzuela alguien debe pensar que lo que vale para la monarquía británica sirve para la española y que el jefe del Estado no debe pronunciarse sobre determinados asuntos. No, al menos, sobre Juan Carlos I, sobre su obscena fortuna a través de sociedades opacas, sobre sus regularizaciones fiscales para evitar los procesamientos penales o sobre la vacunación contra el COVID-19 que sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, recibieron en Emiratos Árabes durante una visita al emérito.

Si es mejor callar o hablar para el futuro de la Monarquía sólo el tiempo lo dirá, pero que el silencio no ayuda a restaurar la crisis de confianza por la que atraviesa la institución es un hecho tan inopinable como que el peor adversario de Felipe VI, no son los republicanos, sino su propia familia, y en especial su padre. “Nadie le ha procurado más daño moral y político que su progenitor, antes y después de su abdicación. La herencia de Juan Carlos I transmitida a su hijo constituye para él el mayor de los problemas tanto en el presente como en el inmediato futuro”, ha escrito el periodista José Antonio Zarzalejos en “Un rey en la adversidad”, editado por Planeta. 

El enemigo, en casa

“La realidad es que el rey es un hombre sin familia”, añaden desde La Moncloa, donde se empeñan en poner en valor las decisiones que el jefe del Estado adoptó desde que llegó al trono con el propósito de establecer un cortafuegos entre su reinado y los tóxicos hábitos del emérito y sus hijas. “Dejó a sus hermanas sin trabajo el día que redujo los miembros de la Familia Real al jefe del Estado, la consorte, sus hijas y los eméritos; le quitó el ducado a la infanta Cristina como consecuencia del caso Noos que llevó a la cárcel a su marido; repudió a su padre y renunció a la herencia. ¿Qué más puede hacer?”, se preguntan de forma retórica en un Ejecutivo donde defienden que el monarca “no ha cometido ningún error desde que llegó al trono”.

En el Gobierno aseguran que Felipe VI avanza lento, pero seguro, en el diseño de una institución “acorde a las exigencias éticas y a los parámetros de una monarquía constitucional” y están seguros de que llegarán cambios al respecto. Lo que no descubren es ni el contenido ni la fecha en que llegará el llamado plan de modernización para adaptar la institución a la sociedad del siglo XXI, más allá de un críptico “en el horizonte cercano”. Y esto mientras el goteo de escándalos en torno a Juan Carlos I no ceja y por ello se mantiene la resistencia de la Casa Real y el propio Ejecutivo a que el emérito regrese a España de su expatriación en Emiratos Árabes.

En unos días se cumplirá el primer aniversario del polémico comunicado con el que el 15 de marzo de 2020 Felipe VI repudió a su propio padre, le retiró la asignación constitucional de 194.232 euros anuales después de que trascendiera que tenía varias cuentas a través de sociedades opacas en paraísos fiscales y renunció a la parte de la herencia que le pudiera corresponder de las fundaciones a través de las que el emérito operó durante años. Un texto controvertido tanto por el momento en el que se hizo público -con el país conmocionado tras el estado de alarma declarado por el Gobierno 24 horas antes, con 47 millones de españoles confinados en sus casas , con los hospitales desbordados y con un goteo incesante de muertos- como por el formato y el contenido. 

Felipe VI prefirió la frialdad de una nota oficial a un discurso televisado dirigido a la nación en el que reconociera la gravedad de los hechos y explicara en profundidad los motivos del repudio o por qué que no oficializó hasta un año después de conocer por un despacho de abogados de Londres que él mismo era beneficiario de parte de esos fondos opacos. En el texto, y a pesar de los duros momentos por los que atravesaba el país, el monarca no se refirió en ningún momento a la pandemia o la incertidumbre y el miedo que en esos momentos sentían la mayoría de españoles. Huelga decir que Juan Carlos I guardó también silencio oficial mientras sus partidarios repetían en los medios de comunicación como un mantra que el emérito no estaba investigado en España y que debía prevalecer la presunción de inocencia. 

Desde ese día, a las 8 de la tarde, el sonido de los aplausos que los españoles dedicaron desde sus balcones a los sanitarios en primera línea de batalla frente al virus competiría con el estruendo de las caceroladas en protesta por las actividades de una institución cuyos miembros actuaron durante 40 años con absoluta impunidad en buena medida gracias al silencio cómplice de la política y los medios de comunicación y al cierre de filas del extinto bipartidismo para no poner en peligro la institución.

De las caceroladas a las regularizaciones fiscales del padre

Con el comunicado del 16 de marzo de 2020 arrancaba una estrategia institucional de “máxima discreción” con la que desde la Casa del Rey y también desde el Gobierno se pretendía blindar al monarca de cualquier actuación anterior a su reinado, pero también empezaba un año “horribilis” en el que crecerían las voces que cuestionaban que el silencio del monarca fuera conveniente para la institución teniendo en cuenta las crisis que acumula, el daño que el emérito había causado y la desconexión emocional que una parte nada desdeñable de la sociedad mantiene ya de la monarquía. 

Fuentes gubernamentales defienden que es preciso que pase un tiempo prudencial, hasta que se dilucide el alcance judicial de las conductas del emérito - si lo tuviera-, para que Felipe VI construya su propio relato e impulse el plan de modernización de la institución que él mismo está por la labor de implementar para reconstruir todo lo que su padre se llevó por delante. Añaden, sí, que con la actitud de la familia “parece tener el enemigo dentro de casa” y que vive “una situación terrorífica porque no tiene control sobre ninguno de sus parientes, más allá de la reina y sus hijas”

Lejos de que la abdicación en 2014 supusiera el pretendido cortafuegos con el que evitar el deterioro de la institución, la renuncia de Juan Carlos I y la sucesión de actuaciones deshonestas e irregulares que se han conocido en el último año, no han servido más que para incrementar el desapego social hacia una institución que, como recomendó Isabel II a su heredero, entiende que la mejor estrategia es no hablar y no hacer nada. Exactamente la senda por la que transitó Felipe VI cuando en agosto pasado Juan Carlos I comunicó su “meditada decisión” de trasladarse al extranjero ante la “repercusión pública” de las noticias sobre sus cuentas en paraísos fiscales y “para contribuir” a que el jefe del Estado pudiese desarrollar su función “desde la tranquilidad y el sosiego” que el cargo requiere. 

La Casa del Rey difundió un comunicado horas después de que el emérito saliese de España, pero ni Zarzuela ni el Gobierno desvelaron el paradero de Juan Carlos I porque lo desconocían en ese momento, según confiesan fuentes gubernamentales. Una semana después trascendería que el ex monarca había elegido Abu Dabi como destino. Lo que nadie pudo negar es que la decisión sobre su salida de España llevaba preparándose desde que un mes antes la ex amante del emérito, Corinna Larsen, declarase ante el fiscal suizo que don Juan Carlos le había donado 65 millones de euros que supuestamente le había regalado el rey de Arabia Abdullah bin Abdulaziz y se produjera en los días posteriores un goteo de informaciones sobre las cuentas en paraísos fiscales que amenazaban con erosionar el reinado de Felipe VI.

Ese mismo mes de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había calificado de “inquietantes y perturbadoras” las noticias, pero dejó claro que cualquier decisión al respecto correspondía al jefe de la Casa del Rey, y no al Ejecutivo. No obstante, varios ministros urgieron en público al jefe del Estado a tomar una decisión drástica ante el temor de que el escándalo salpicara a la institución. Nada de eso ocurrió y nada dijo de nuevo Felipe VI.

Idéntico mutismo al que practicó la Casa del Rey cuando Juan Carlos I volvió a colocar a la institución en el ojo del huracán, en diciembre, al difundir en un nuevo comunicado que había presentado una declaración a Hacienda para regularizar su situación fiscal. Según una nota de prensa hecha pública a través de su abogado, el antiguo jefe del Estado había tramitado, “sin requerimiento previo”, un documento “ante las autoridades tributarias competentes” para satisfacer una deuda tributaria “por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos”. El total respondía al uso de tarjetas bancarias por parte de Juan Carlos l y sus familiares con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo después de que lo adelantase semanas antes elDiario.es.

El reconocimiento ante el fisco tenía una doble lectura. De un lado, el reconocimiento de haber manejado dinero negro a espaldas de Hacienda y por por eso pagaba y de otro, cortocircuitar con una regularización “voluntaria” el paso a una imputación penal. Juan Carlos I pagó y su entorno empezó a difundir el mensaje de que quería volver a España por Navidad tras saldar las cuentas pendientes, como si con el montante liquidado fuera suficiente o la maniobra premeditada pudiese cerrar la herida causada durante tanto tiempo. Zarzuela y Sánchez, a través de la vicepresidenta primera que es quien mantiene la interlocución con la Casa Real, estimaron que no era conveniente y menos que lo hiciera unos días antes de que Felipe VI pronunciara su habitual discurso navideño ante los españoles. Una intervención en la que soslayó cualquier mención al padre y a su comportamiento deshonesto.

El mensaje con el que Felipe VI pudo reconectar con los ciudadanos y romper su escandaloso silencio, tras varios meses de noticias sobre fraude fiscal, cuentas opacas y una millonaria fortuna acumulada en paraísos fiscales, volvió a ser una sucesión de lugares comunes y palabras de madera, además de otra oportunidad perdida para el monarca. Todo mientras Juan Carlos I seguía su retiro de lujo en una isla exclusiva del Golfo Pérsico en la que se deja fotografiar cada vez que surgen rumores sobre su estado de salud y desde donde hace llegar que quiere volver cuanto antes a su país.

El pasado 25 de febrero, Juan Carlos I realizó una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, y abonó más de cuatro millones a la Agencia Tributaria. La cuota defraudada a Hacienda que admitía en esta ocasión superaba con mucho la regularizada en diciembre y también los 120.000 euros anuales que establece la ley como límite para el delito fiscal. Tampoco hubo entonces señales desde Zarzuela. Todo lo que respecta al emérito ha dejado de ser de su competencia, aunque Juan Carlos I sigue manteniendo la condición de emérito y forma parte de la Familia Real, no así sus hijas Elena y Cristina, que tampoco ayudan a Felipe VI con comportamientos poco ejemplares como el protagonizado en un viaje a Emiratos a visitar al padre en el que recibieron la vacuna del COVID-19. Zarzuela se limitó en ese caso a declarar que ni los reyes ni sus hijas lo habían hecho y que respetarían el turno que les correspondiera de acuerdo al protocolo establecido por las autoridades sanitarias. 

El gran reto de Felipe VI consiste en reconstruir todo lo que destruyó Juan Carlos I para lo que necesariamente necesita comportarse de forma radicalmente opuesta a su padre, algo que, en lo que respecta a la ausencia de explicaciones, no parece que de momento esté dispuesto. Igual, como dicen en el Gobierno, es cuestión de tiempo. Pero hasta Isabel II ha parecido entender hoy, después de aquella rotunda afirmación a su heredero con la que comienza este texto -“Cuanto menos hablemos, hagamos, digamos o asintamos, mejor”- de que el siglo XX no es el XXI y que las sociedades no están dispuestas a pasar por alto según qué cosas. La corona británica sabe que hoy es necesario dar explicaciones ante la mínima crisis y responder con celeridad a los ataques como el recibido estos días a través de una explosiva entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle, en la que esta última acusaba a la Familia Real de racismo por algunas afirmaciones sobre la preocupación por el color de piel de su hijo Archie. La monarquía española hoy aún no lo ha procesado. ¿Mañana? Está por ver.