El PSOE fía la reforma de la Corona a un pacto con el PP a espaldas de sus socios de Gobierno y aliados parlamentarios

El PSOE quiere pactar con el PP las reformas que aborden la delicada situación de la monarquía española tras los escándalos que salpican al rey emérito, Juan Carlos de Borbón, así como a algunos de sus familiares más directos. Un plan para el que los socialistas no cuentan con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, ni con sus aliados parlamentarios, tal y como afirmó en una entrevista la vicepresidenta primera, Carmen Calvo: “Ahí no estarán los partidos republicanos, como es lógico”.

Más de cuatro décadas después de que los españoles aprobaran la Constitución en referéndum, la Corona sigue siendo una materia sobre la que no existe prácticamente legislación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aludió en su comparecencia de cierre de 2020 a la necesidad de abordar una “renovación” de la institución, y dijo que será el propio Felipe VI quien la definirá de puertas hacia dentro. “Contará con nuestro aplauso en esa tarea”, señaló el también secretario general del PSOE.

Una parte de la reforma puede así quedarse en una decisión que tome la Casa Real sobre su propio funcionamiento interno y que, por tanto, no precise de la participación del Parlamento. Pero sobre la mesa está también la cuestión de la inviolabilidad que la Constitución otorga al jefe del Estado que en su actual redacción no distingue sobre su labor como rey y los negocios privados. Un blindaje que frena cualquier intento de investigación penal sobre los manejos de su fortuna durante el tiempo en que estuvo al frente de la Corona y que se ha utilizado también de forma habitual, por ejemplo, para impedir las investigaciones parlamentarias. La única que pasó el filtro –sobre los gastos opacos destapados por elDiario.es– se estrelló en la Junta de Portavoces contra el no de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.

Una reforma de la Constitución que modifique cualquier apartado del título referido a la Corona precisaría de activar el llamado procedimiento agravado que recoge su artículo 168: mayoría cualificada de las Cortes, disolución y convocatoria electoral, ratificación de nuevo por una mayoría cualificada, y referéndum.

Por eso, según afirmó Carmen Calvo, el proyecto no es a corto plazo o inminente. “Iremos paso a paso”, dijo en una entrevista en RTVE. Y añadió: “¿Cómo lo queremos hacer? Como hay que hacer las cosas que tienen esta envergadura. Con arreglo a los elementos de ética que el rey ha puesto encima de la mesa, a la propia disposición que el presidente del Gobierno ya dijo, y a la propia disposición que el PP ha dicho que tiene en este asunto”.

La dirigente socialista zanjó: “Ahí no estarán los partidos republicanos, como es lógico”. Repreguntada por el periodista, y hablando expresamente de la inviolabilidad del jefe del Estado, Calvo reiteró: “Hay que hacerlas bien pensadas y planteadas en fondo y forma, con grandes consensos si se puede. Evidentemente, no con los partidos que optan por la forma de estado republicana, que son bastante minoritarios en relación a los demás.

PSOE y PP no suman para una reforma agravada de la Constitución

Calvo mencionó expresamente solo a dos de los partidos de las Cortes: el PSOE y el PP. Las dos organizaciones que hasta 2015 fueron mayoritarios en el Congreso y el Senado. Antes de la irrupción de Podemos y el auge de Ciudadanos, las dos formaciones ya habían pactado un cierre de filas alrededor de la Monarquía que incluyó la abdicación de Juan Carlos I en 2014, que se empezó a planear tras la cacería de Botsuana y cuando los escándalos empezaban a acechar al entonces jefe del Estado. Desde entonces, no han vuelto a sumar el 50% de los votos, aunque sí de los diputados. Entre ambos obtuvieron 208 de los 350 diputados en las últimas elecciones.

Pero para una reforma agravada de la Constitución, que la mayoría de constitucionalistas consideran imprescindible para abordar la inviolabilidad del rey, hacen falta 233 diputados. Por lo tanto ambos partidos tendrían que recabar otros apoyos. Y si los “partidos republicanos” quedan descartados, como dijo Calvo, los números solo saldrían si Vox entrara en la ecuación. El partido de ultraderecha ya ha dicho que no tiene intención de participar en ninguna reforma que afecte a la institución monárquica.

Se da la circunstancia de que buena parte de esos partidos republicanos que para Calvo son “minoría” y que quiere dejar fuera de la hipotética reforma forman parte del Gobierno o lo sustentan. Fue esa mayoría la que apoyó los primeros Presupuestos desde 2018. Tanto Unidas Podemos como ERC, Junts, el PNV, EH Bildu u otros más minoritarios como Junts y Más País, se declaran abiertamente republicanos.

De hecho, las disparidades entre el PSOE y Unidas Podemos en materia de monarquía son una muestra muy elocuente de la distancia que hay entre ambas formaciones y de las diferentes estrategias con las que afrontan la legislatura.

La idea que de momento ha aparcado el PSOE es la de una ley orgánica que regule la Corona, algo que sí podrían abordar el PSOE y el PP. Esa norma podría regular de alguna forma las atribuciones del jefe del Estado, lo que incluiría acotar esa “inviolabilidad” de la que la Constitución habla en genérico y ante qué instancia estará aforado llegado el caso.

Pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló expresamente en una entrevista en elDiario.es de una reforma constitucional: “Este es un Gobierno que ha planteado antes y después de las elecciones, ahora con el gobierno de coalición y previamente en solitario, una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos para que estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no a otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, lógicamente también para el jefe del Estado”.

Quien sí parece abonar la idea es, precisamente, Unidas Podemos. El partido que lidera Pablo Iglesias ha hecho una apuesta expresa por una nueva transición hacia un sistema republicano, no necesariamente anclado en experiencias pasadas. “La idea de un Estado centralista, uniforme y neoliberal ha fracasado. Se abre paso una agenda de defensa de los servicios públicos, de los derechos laborales y sociales, de lo común, de la fraternidad de los pueblos del Estado, de la res pública. Esa agenda es republicana”, dijo el secretario general de Podemos en un acto orgánico.

Iglesias añadió:  “Esa tarea es construir una nueva identidad y un movimiento republicano de futuro que nos haga avanzar hacia esa nueva república que va a ser una realidad en nuestra patria mucho más temprano que tarde. La república debe tener memoria pero ninguna nostalgia. República es, ante todo, juventud, feminismo y futuro”.

Pero en Unidas Podemos son muy conscientes de que los números que posibilitarían esa transición están, hoy por hoy, muy lejos de conseguirse. En el “mientras tanto”, hasta que llegue, se plantean la posibilidad de legislar para limitar la figura del rey, tanto en términos políticos como jurídicos. El presidente del grupo confederal, Jaume Asens, mencionó a finales de 2020 la posibilidad de legislar en este sentido en una entrevista en TVE.

Asens, dirigente de Podemos y de la máxima confianza de Ada Colau, recordó el polémico discurso del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum catalán que ha llevado a la cárcel a los dirigentes independentistas, en el que, en su opinión, Felipe VI hizo “política”. “El rey no puede hacer política .Y para que no pierda su papel sería mejor que tuviéramos una ley que regulara su rol institucional”, aseguró. El diputado catalán dijo que “no es la prioridad máxima”, pero aseguró que el grupo llevaba “tiempo trabajando” en la redacción de la norma. “La plantearemos en el Congreso tarde o temprano”, concluyó.

La posición de Asens no es la única dentro de Unidas Podemos, donde hay un debate sin resolver sobre la oportunidad de la medida. En el grupo hay voces que advierten de que legislar sobre la Corona bloquearía precisamente el camino futuro hacia un sistema republicano en el que el jefe del Estado sea elegido en las urnas ya que podría apuntalar ante los españoles una institución socialmente muy afectada desde los incidentes de Botsuana, tras los cuales Juan Carlos de Borbón tuvo que abdicar. Además, la aritmética parlamentaria obligaría a un amplio pacto hacia la derecha con quienes han dicho no querer tocar nada o casi nada en lo referente a la Corona.

La actual distribución de diputados, sumada a la incesante crispación en la que vive la política española, con una parte de la oposición que niega la “legitimidad” del Gobierno de coalición, hace complicado un gran pacto sobre una de las instituciones centrales en la actual arquitectura legal de España. El bipartidismo, que en el pasado buscó el acuerdo para mantenerla, no suma. Mientras tanto, el goteo de informaciones que salpican al rey emérito y que implican a la Zarzuela y al Ejecutivo continúan. La última: el uso de personas pagadas por Patrimonio Nacional como asistentes de cámara de Juan Carlos de Borbón en su exilio en Abu Dabi.