Pedro Sánchez: “Los aforamientos de cargos públicos deben circunscribirse a su actividad y defiendo lo mismo para el rey”
“La derecha ha utilizado la pandemia para intentar derribar al Gobierno. Ha fracasado. Volverán a intentarlo y volverán a fracasar”. Pedro Sánchez es rotundo. Cree que la legislatura durará cuatro años y que la coalición de gobierno de PSOE y Unidas Podemos sale “más soldada si cabe” tras la crisis sanitaria.
El presidente del Gobierno recibe a infoLibre y elDiario.es en La Moncloa para una entrevista conjunta que forma parte de la alianza de colaboración entre ambos medios. Durante la conversación, Sánchez atribuye parte de las críticas que ha recibido a “una determinada élite” incómoda con las medidas de un “Gobierno legítimo”, desdeña la posibilidad de un Gobierno de concentración junto al PP y reafirma su “máxima confianza” en Pablo Iglesias como vicepresidente.
¿Por qué España es uno de los países del mundo con más muertes por coronavirus en relación a su población?
Creo que la razón está en que España es un país que tiene en el sector turístico una de sus principales fortalezas. En determinadas urbes está además muy vinculado a los negocios y somos un hub internacional. Recibimos 83 millones de turistas al año. Esa fortaleza, que ojalá recuperemos pronto, se convirtió en una de nuestras principales vulnerabilidades.
¿Cree que estas cifras españolas son consecuencia del retraso del Gobierno en tomar medidas, como crítica la oposición?
Es un debate en torno a todos los Gobiernos. Con los datos que tenemos hoy, es evidente que todos los Gobiernos del mundo, de Europa y también los autonómicos tendríamos que haber actuado antes. En todo caso, con los datos que teníamos en marzo, actuamos con prontitud, incluso antes que otros países europeos en cuanto a contagios y fallecidos.
¿Cuándo fue consciente de que la pandemia nos iba a azotar con esta intensidad?
El día que anuncié la aprobación del estado de alarma, un instrumento que se ha demostrado eficaz.
¿Le preocupan los rebrotes? ¿Hay riesgo de que volvamos a otro confinamiento generalizado si se agravan estos repuntes?
El artículo 116 de la Constitución Española y la Ley Orgánica de 1981 que regula el estado de alarma están ahí y son una garantía. Creo que la respuesta está siendo lo suficientemente ágil y anticipatoria como para trasladar un mensaje de seguridad. Las comunidades autónomas han reforzado sus capacidades estratégicas, como les pedimos en la fase de desescalada. Si no, está la medida del confinamiento, previa decisión positiva del juez. Pese a lo que dijeron algunos partidos de la oposición, las comunidades autónomas también tienen instrumentos para confinar a menor escala que un estado de alarma.
En este momento hay un brote en Lugo, en A Mariña, que mantiene a más de 70.000 personas confinadas. ¿Cree que deberían suspenderse las elecciones de este domingo en Galicia?
La Xunta de Galicia y el Gobierno de Euskadi plantearon una serie de requisitos para la suspensión de las elecciones convocadas antes del estado de alarma que me parecen interesantes. Se necesita el acuerdo del conjunto de fuerzas políticas. Así se hizo en Galicia cuando se suspendieron las elecciones. Dado que estamos hablando de una comarca en concreto, tendría que haber un acuerdo con el presidente de la Diputación y los ayuntamientos afectados y el aval de la Junta Electoral Central. Hay que seguir la evolución y quien tiene que dar toda la información es el presidente de la Xunta de Galicia. Si se toma esta medida extraordinaria, porque extraordinaria es la situación, tiene que ser con el concurso y el acuerdo de los actores políticos e institucionales.
El PP, con el aval del propio Feijóo, no apoyó tres de las seis prórrogas del estado de alarma. El presidente de la Xunta presumió de que Galicia fue la primera comunidad en entrar en la nueva normalidad. ¿Prueban estos nuevos brotes que las prisas fueron un error?
Ha habido comunidades autónomas que se han beneficiado claramente del estado de alarma. Galicia está entre ellas, como Extremadura, Cantabria y Asturias. ¿Qué hubiera ocurrido si en esas comunidades se hubiera suspendido antes el estado de alarma y permitido la libertad de circulación? En los rebrotes estamos viendo un aperitivo. El PP ha utilizado la epidemia para intentar derribar al Gobierno. Fracasaron. Lo volverán a intentar ahora con los efectos económicos y sociales de la emergencia sanitaria. Y volverán a fracasar.
El Gobierno argumenta que las competencias sobre servicios sociales y residencias están en las comunidades autónomas. Es cierto, pero, ¿pudo hacer algo más el Gobierno para evitar la muerte de más de 20.000 personas?
Todos podríamos hacer más, pero este es un Estado descentralizado. Son las comunidades autónomas las que gestionan la sanidad, dependencia, atención a nuestras personas mayores, educación... En definitiva, vivimos en un estado compuesto. Un ejemplo: el Ministerio de Sanidad tiene en torno a 1.200 o 1.300 profesionales. La Comunidad de Madrid tiene más de 53.000 profesionales adscritos a la Consejería de Sanidad. La Generalitat de Catalunya, más de 32.000. Lo que hemos hecho es un ejercicio de coordinación y cooperación que hemos llamado la cogobernanza. Ha sido muy positivo.
Dicho esto, las comunidades autónomas y el conjunto de instituciones tenemos que replantear y reforzar la atención a nuestros mayores. El sistema ha demostrado ser claramente vulnerable. Quiero reconocer a muchos trabajadores y residencias que han hecho bien su trabajo, pero es un sistema muy costoso. Sería interesante una reflexión para reforzar los centros de día, los servicios de proximidad y la atención domiciliaria porque, en definitiva, nuestros mayores no quieren ir a una residencia. Quieren pasar su vejez en su hogar. Ahí tenemos que volcar muchos esfuerzos, políticos y económicos. Los ayuntamientos y diputaciones que quieren participar en la reconstrucción pueden aportar porque tienen recursos precisamente para ello y podemos hacer un sistema menos costoso, pero más empático con las necesidades y demandas de nuestros mayores.
¿No tendría que hacerse también un planteamiento en favor de las residencias públicas?
Sin duda.
Un país que habla tanto de su sanidad pública, tiene un sector de residencias muy privatizado.
Eso está claro. De hecho, cuando a mí se me plantea que el Gobierno de España tendría que haber hecho más por las residencias de mayores, recuerdo que aprobamos órdenes y protocolos para responder a la epidemia en las residencias y centros de mayores antes incluso de la aprobación del Estado de alarma. Las Fuerzas Armadas han llevado a cabo 5.200 operaciones, nos lo pidieron precisamente las comunidades autónomas.
Algunas de las principales empresas de residencias son controladas desde territorios fiscalmente opacos, como Jersey. ¿Se compromete a impulsar una reforma legal para que se sepa realmente quiénes son y con quién contrata la administración pública?
Sin duda alguna. Lo estamos haciendo también con los expedientes de regulación temporal de empleo y las líneas ICO. En definitiva, la responsabilidad fiscal es una de las categorías que utilizamos en nuestra política económica. En Madrid, después de muchísimos años de gobierno conservador, las grandes empresas, antes constructoras y ahora constructoras/proveedoras, son las que están copando la construcción y gestión de residencias de mayores, escuelas infantiles o centros educativos. Ahí hay un espacio para la economía social y para el cooperativismo, un sector muy fuerte en España y muy importante en época de crisis, porque mantiene empleo y son los trabajadores los que gestionan su propia empresa. Sin duda tendría que ser potenciado a través de la contratación pública.
En la Comunidad de Madrid es donde se registran peores datos de muertos en residencias. Además, sabemos que desde la Comunidad se dictaron protocolos para impedir la derivación de mayores, en ocasiones con criterios que no tenían nada que ver con sus posibilidades de sobrevivir. ¿Dio el gobierno de la Comunidad de Madrid la voz de alarma en algún momento? ¿Les pidieron ayuda? ¿Qué le parece la existencia de estos protocolos?
La máxima del Gobierno de España en relación con las comunidades autónomas es no polemizar y apelar a la unidad. Es lo que quiere la ciudadanía española. La asunción de responsabilidades y la rendición de cuentas tiene que plantearse en la Asamblea de Madrid. De mí no se va a escuchar ningún reproche a ninguna comunidad, aunque evidentemente tenga mi opinión. Sí le diré que el Gobierno de España ha dado ayuda, colaboración y asistencia a todas las comunidades autónomas que nos la han pedido para reforzar todos los sistemas, no solamente el hospitalario y el sanitario sino también el residencial. Se olvida, pero al principio de la crisis habilitamos en torno a 600 millones de euros para reforzar los servicios sociales, sobre todo muy vinculados a nuestros mayores: 300 para los ayuntamientos y otros 300 para las comunidades autónomas. Dimos 1.000 millones de euros al Ministerio de Sanidad para complementar las compras de las comunidades autónomas. Después aprobamos un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, de los cuales 9.000 van a la sanidad y 2.000 a la educación pública. Es decir, nosotros nos hemos volcado. No deja de ser curioso que el PP utilice la cifra de fallecidos para criticar la gestión del Gobierno cuando quien la registra y nos la traslada son las comunidades autónomas, como la de Madrid, desgraciadamente uno de los centros de la epidemia. Me gustaría que el PP sacara a los muertos de la contienda política.
Me gustaría que el PP sacara a los muertos de la contienda política
¿Madrid pidió ayuda?
La pidió, por ejemplo, para la construcción del hospital en Ifema y las Fuerzas Armadas participaron, evidentemente.
¿Ha fallado el modelo autonómico en la gestión de esta crisis? Muchos hospitales en las zonas más afectadas colapsaron en los peores momentos de la pandemia, pero apenas ha habido derivaciones de pacientes o médicos desde las comunidades con menos incidencia a las más castigadas.
Creo que el Sistema Nacional de Salud ha funcionado y me gustaría rendir un homenaje a los profesionales que han estado en primera línea salvando vidas e incluso poniendo en riesgo las suyas. Durante estos últimos años, en un contexto de restricción presupuestaria, las comunidades autónomas han focalizado más sus recursos y esfuerzos en la asistencia hospitalaria y en la construcción de hospitales en detrimento de la atención primaria y la salud pública. El equilibrio entre ambas es de las principales lecciones que tenemos que sacar.
¿Debería fijar el Gobierno central unos mínimos de inversión sanitaria para las comunidades autónomas?
Más que hablar de cuántos recursos me das a mí, comunidad autónoma, porque en términos coloquiales ‘me tocan’, deberíamos iniciar la negociación del sistema de financiación autonómica desde un diagnóstico previo del Estado del Bienestar que queremos. ¿Queremos que la educación represente el 5% del PIB, la sanidad pública un 8 o un 9% y la dependencia y servicios sociales otro porcentaje concreto? A partir de ahí podremos hablar del sistema fiscal y, posteriormente, de la distribución de esos ingresos públicos.
¿Tiene sentido, por ejemplo, que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid diga que va a bajar todos los impuestos? ¿Tiene sentido en un momento de crisis en el que la principal lección es que hay reforzar el sistema nacional de salud, las capacidades y recursos de nuestros profesionales?
Esta semana se conoció un informe del Ministerio de Sanidad en el que se decía que hay comunidades que directamente no están suministrando datos a pesar de que hay una orden para ello. ¿Cómo es posible? ¿Están cooperando las comunidades autónomas? ¿Cuáles son las que no están suministrando datos?
Todas están cooperando. Quiero rendir además un reconocimiento a esa cooperación. El objetivo de todas las instituciones es salvar vidas y garantizar la salud pública. Hay que empatizar. Nos estamos enfrentando a un virus desconocido, hay dificultades para contabilizar determinada casuística y el Gobierno de España traslada toda la información desde el punto de vista de la absoluta transparencia.
¿Por qué no ha sido posible el entendimiento con el PP? ¿Por la cercanía de las elecciones en el País Vasco y en Galicia? ¿Por qué no han hablado regularmente, como critica el PP?
Hemos hablado, dialogado y acordado con los agentes sociales y las comunidades autónomas en 14 conferencias de presidentes. La primera, el día después de la aprobación del estado de alarma. Nunca en la historia de la democracia ha habido tantas conferencias de presidentes, con lo cual la voluntad de diálogo está absolutamente acreditada por parte del Gobierno de España. Es más, yo he hablado hasta con los grupos parlamentarios que tienen un solo escaño.
¿Por qué ha sido entonces imposible el entendimiento con el PP?
La conclusión es bastante evidente. Ellos han tratado de acosar y derribar al Gobierno de coalición. Han tratado de utilizar el virus como elemento de desgaste y de acoso al Gobierno de España y han fracasado. Lo van a volver a intentar y volverán a fracasar.
¿En qué consistía ese intento de derribar al Gobierno?
En la utilización espuria del número de fallecidos en nuestro país, la oposición a prórrogas de un estado de alarma que se ha demostrado eficaz y yendo contra España y sus intereses en las instituciones europeas. Quiero recordar que el PP ha planteado una queja al Parlamento Europeo y también a la Comisión Europea poniendo en cuestión la calidad democrática de nuestro país cuando el Gobierno ha tenido un debate sobre el estado de la nación cada quince días. No hay ningún Gobierno en Europa –y me atrevería a decir en el mundo– que haya hecho algo así. Desgraciadamente el PP ha dimitido de su responsabilidad de Estado. Un partido que no alcanza pactos de Estado deja de ser un partido de Estado.
Han tratado de acosar y derribar al Gobierno de coalición. Han tratado de utilizar el virus como elemento de desgaste y de acoso al Gobierno de España y han fracasado. Lo van a volver a intentar y volverán a fracasar
Entre los pactos de Estado pendientes está la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de año y medio con un mandato caducado. ¿Le preocupa que el CGPJ en funciones esté nombrando a jueces de por vida en el Tribunal Supremo con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, que ya no existe en el Congreso?
Eso interpela directamente al principal partido de la oposición, porque necesitamos los escaños del PP para poder renovar el CGPJ. Aquellos partidos que se arrogan el marchamo de constitucionalistas tendrían que ser conscientes de que cumplir la Constitución y cumplir la legislación es renovar en tiempo y forma un órgano tan importante como es el gobierno de los jueces. Me preocupa que se estén produciendo nombramientos en una prórroga que esperemos termine cuanto antes.
Dice que hay un intento de derribar y acosar al Gobierno y lo enmarca en la crítica política. ¿Incluye la utilización de los tribunales y la utilización o concurso de algunos responsables de las fuerzas de seguridad?
Defiendo el buen hacer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su comportamiento ha sido irreprochable, de una extraordinaria profesionalidad y calidad. En segundo lugar, defiendo la independencia del Poder Judicial.
El gobierno de coalición es una experiencia inédita en la historia de la democracia en nuestro país y un sueño hecho realidad de millones de progresistas que pedían a las izquierdas que se entendieran. Lo hicimos y a las escasas semanas nos vimos inmersos en una pandemia sin precedentes. Nos hemos encontrado con que la derecha la utiliza para intentar derribar al gobierno. Han utilizado claramente el 8 de marzo como una nueva conspiración, como lo fue en el pasado el 11M. Ahora es Barajas. Pero el Gobierno de coalición ha salido más soldado si cabe de lo que ya estaba antes.
¿Cree que hay una estrategia para derribar en concreto al vicepresidente Pablo Iglesias? Él se queja de que élites económicas, mediáticas y cloacas del Estado no soportan que Unidas Podemos esté en el poder y están haciendo todo lo posible para derribarlo. ¿Lo comparte?
No puedo hablar por el vicepresidente Iglesias. Es evidente que este es un gobierno de coalición que defiende una serie de intereses y que esos intereses a determinada élite le pueden incomodar. Pero este es un Gobierno legítimo, las urnas lo han avalado y una mayoría parlamentaria lo ha refrendado. A partir de aquí, lo único que les puedo trasladar es que esta legislatura durará cuatro años. Tenemos mucha tarea por delante: la recuperación económica, la transición ecológica o la agenda digital, que presentaremos en breve. Si ha habido un salto durante estos últimos años es el de la transición ecológica digital. Ustedes representan a dos medios digitales y también en el consumo de información ha habido un gran cambio de hábitos. Con la cantidad de fake news y de bulos sobre esta pandemia ha quedado en evidencia lo importante que es que en los medios digitales se garantice la pluralidad, una información cierta y fidedigna. Creo que es importante también reivindicar que tengan sus ingresos como consecuencia de la contribución directa de los lectores. Me parece más necesario que nunca.
Ante la gravedad de la crisis económica, algunas voces desde las grandes empresas y los grandes medios piden un gobierno de concentración nacional de PP, PSOE y Ciudadanos que deje fuera a los que consideran “los extremos”: Unidas Podemos y Vox. ¿Qué respondería a quienes igualan a su socio de Gobierno con la extrema derecha?
No es una comparación cierta. Unidas Podemos es hija de [Julio] Anguita y nieta de [Santiago] Carrillo. La ultraderecha, hija de Blas Piñar y no vamos a decir nieta de quién. Las culturas, tradiciones e historia de las dos organizaciones son completa y diametralmente diferentes. En los últimos meses y en las últimas elecciones municipales y autonómicas hemos visto un progresivo mimetismo de la derecha y la ultraderecha. Sorprendentemente también Ciudadanos ha entrado en esa ecuación a través de fórmulas de gobernabilidad. Eso es inédito en la relación que tiene la derecha con la ultraderecha en otras partes de Europa.
¿Le preocupa que el juez García Castellón de la Audiencia Nacional pida al Supremo que impute al vicepresidente Pablo Iglesias por su papel como acusación del caso Villarejo y por no haber entregado en algunos meses la tarjeta de teléfono móvil de su exasesora?
Nunca me he pronunciado sobre casos abiertos en el Poder Judicial. Lo que sí le puedo garantizar es que la coalición está soldada, que tengo la máxima confianza en todos y cada uno de los miembros del Gobierno y sin duda alguna también en el vicepresidente Iglesias.
El vicepresidente Iglesias tiene mi máxima confianza
¿Qué ocurriría si es imputado en el Tribunal Supremo? ¿Podría seguir siendo vicepresidente?
Hay que dejar trabajar primero a la justicia, es lo fundamental. El vicepresidente Iglesias tiene mi máxima confianza.
¿Qué opina de las críticas de Unidas Podemos a periodistas y medios de comunicación? ¿Cree que existe una cloaca mediática?
Este es un Gobierno que defiende la libertad de prensa. A lo largo de mi trayectoria política he sido objeto de buenos, no tan buenos y pésimos comentarios por parte de los medios de comunicación. No he entrado nunca a valorarlos. Tampoco lo voy a hacer respecto a un compañero de Gobierno.
¿Le preocupa el daño a la imagen de España y de su democracia por las informaciones sobre el patrimonio del rey emérito oculto en paraísos fiscales?
Efectivamente, estamos siendo testigos de informaciones que son perturbadoras para millones de españoles, yo incluido. Una democracia sana tiene unos medios de comunicación que no miran para otro lado. En este caso no lo están haciendo. Se están haciendo eco. En segundo lugar, hay un Poder Judicial que está actuando. En España, también. Y, en tercer lugar, hay una Casa Real que claramente se está distanciando de esas supuestas prácticas reprobables. Estos tres elementos nos hacen reivindicar que nuestra democracia funciona y que no hay espacio para la impunidad.
¿Cree que Felipe VI se juega el futuro de la monarquía en España en función de cómo reaccione ante lo que vamos conociendo sobre la fortuna oculta de su padre?
Insisto, no hay espacio para la impunidad en nuestro país. Es la propia Casa Real la que está marcando distancias con esta supuesta práctica reprobable. Dejemos trabajar a la justicia.
Habla de que no hay impunidad en nuestro país, pero la Constitución española establece la inviolabilidad del rey. ¿Debería servir para proteger presuntos delitos de corrupción económica o sólo para aquellas actividades del jefe del Estado en ejercicio de su cargo?
Yo creo que claramente es uno de los preceptos sobre el que todos deberíamos reflexionar y ver qué solución le damos. Evidentemente, la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades.
¿Cree que la inviolabilidad debería afectar solamente a los actos del jefe del Estado en ejercicio de su cargo y no a cualquier tipo de presuntos delitos?
Este es un Gobierno que ha planteado antes y después de las elecciones, ahora con el gobierno de coalición y previamente en solitario, una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos para que estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no a otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, lógicamente también para el jefe del Estado.
¿Cree realista aprobar los Presupuestos antes de que haya un nuevo Gobierno en la Generalitat tras las elecciones catalanas?
Es evidente que Cataluña siempre ha sido un elemento central de lo que representa la estabilidad política en España y viceversa. En segundo lugar, creo que tenemos que ir paso a paso. Lo primero que necesitamos es llegar a un acuerdo en el Consejo Europeo el 17 y el 18 de julio. El esfuerzo que estamos haciendo por llegar a un acuerdo inédito en la historia de la construcción europea es bastante considerable. A partir de ahí, ese fondo de recuperación tiene que ser el vehículo que canalice muchos recursos para la recuperación económica en nuestro país. Eso se tiene que trasladar a unos Presupuestos. A mí me gustaría que encontraran el mayor apoyo posible. La crisis debería trascender las dinámicas electorales particulares en un determinado territorio como es Cataluña.
Ha planteado una reforma fiscal. ¿Qué impuestos hay que subir?
Si comparamos esta crisis con la del año 2010, ahora estamos planteando respuestas anticíclicas. No tiene ningún sentido que cuando una economía cae se planteen políticas austericidas, como en 2010. A la postre concluyen en más déficit y deuda. Este caso es completamente distinto. Tenemos un BCE que está comprando deuda pública y ha dicho que va a hacer lo que sea necesario para mantener la estabilidad de los mercados financieros y, por tanto, cubrir esas necesidades de los países para financiar los ERTE, la liquidez de nuestras empresas o las prestaciones por cese de actividad de nuestros trabajadores autónomos. También está el fondo de recuperación económico a nivel europeo. La política fiscal no deja de ser un instrumento que tiene que estar al servicio del crecimiento económico. Hay que recuperar la actividad económica y después hablaremos de la necesaria consolidación fiscal.
Hay que recuperar la actividad económica y después hablaremos de la necesaria consolidación fiscal
¿Derogará la reforma laboral a la vuelta del verano?
Estamos primando el diálogo social.
¿Si no hay consenso con los agentes sociales?
Tiene que haberlo. Una de las principales reformas estructurales que hemos incorporado son los ERTE. El otro día llegamos a un acuerdo con empresas y sindicatos para encontrar una solución estructural y alternativa al despido, respuesta tradicional del mercado de trabajo en las crisis. Un 60% de los trabajadores y trabajadoras que estuvieron en ERTE están activados y se han reincorporado a su puesto de trabajo. Es decir, que esta ha sido una buena solución. Pero es evidente que la reforma laboral que impuso el PP ha abierto heridas, ha roto equilibrios que tenemos que volver a recuperar.
Para derogarla o aplicar un nuevo marco de relaciones laborales es imprescindible el consenso de los agentes sociales, incluida la patronal, según usted.
Tiene que haber consenso entre los agentes sociales.
¿Por qué el Gobierno va a seguir subvencionando la compra de coches contaminantes? ¿No es incoherente con el plan de transición ecológica?
No es así. Nosotros nos hemos marcado los 120 miligramos de contaminación. Es evidente que el sector del automóvil en nuestro país es muy potente. Como consecuencia del confinamiento, tiene un stock al que tiene que dar salida hasta diciembre de 2020. En el Plan de la Automoción también hemos incorporado otros elementos que tienen que ver con el hidrógeno, la electrificación y, lógicamente, con la alineación de los objetivos del sector de la automoción hacia una movilidad sostenible. En eso está el Gobierno. He notado un cambio de actitud también en la interlocución con el sector de la automoción. Son conscientes de la transformación que necesitamos en los próximos años, que se ha acelerado como consecuencia del covid.
¿Tiene ya los 10 votos necesarios para elegir a Nadia Calviño presidenta del Eurogrupo?
Soy razonablemente optimista. Creo que tenemos que trabajar en estas próximas 48 horas, pero tiene perfil y está recabando apoyo no solamente de gobiernos progresistas sino también conservadores. Me parece que sería muy importante no solamente para España sino también para Europa que una mujer sea por primera vez la presidenta del Eurogrupo, como por primera vez tenemos una presidenta del Banco Central Europeo o una presidenta de la Comisión como es la alemana [Ursula] Von der Leyen.
Sabemos que el covid ha afectado a su familia. ¿Ha dado usted en algún momento positivo?
No. Es de estas cosas que a uno le sorprenden porque mi mujer dio positivo. He tenido familiares que han dado positivo, pero yo no. La última vez que me hice la PCR fue para ir a Mauritania. Di negativo.
Si el año que viene estamos aquí para otra entrevista, ¿cómo se imagina España entonces? ¿Qué temas cree que centrarán la conversación?
Sin duda alguna, la recuperación. No me cabe ninguna duda de que la legislatura será la de la recuperación económica. Me gustaría que bajaran los decibelios del debate político español, algo difícil cuando la derecha está en la oposición. Y, sin duda alguna, [me la imagino] con unos Presupuestos a nivel europeo y a nivel nacional que se alineen con este objetivo de recuperación económica y también de transformación. Si queremos que se sostenga en el tiempo la recuperación, tenemos que ser conscientes de que no podemos volver a hacer lo que hacíamos antes. Tenemos que transformar también nuestra economía hacia lo digital y lo verde.
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