Las residencias de mayores, el gran agujero en la gestión de Ayuso, bajo la lupa de la Justicia

Un militar de la UME desinfecta las ventanas de una residencia. / David Zorrakino / Europa Press

17 de marzo. La Comunidad de Madrid confirma el fallecimiento en solo cuatro días de 17 personas mayores de la residencia Montehermoso. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta al primer geriátrico fuera de control por un brote. Asegura en una entrevista que no tiene conocimiento de lo que allí ha ocurrido, pese a que un día antes había recibido un correo de la residencia pidiendo auxilio. Era el segundo que enviaba el geriátrico Montehermoso al Gobierno regional; el primero había sido dirigido a la Consejería de Sanidad. Este episodio, desvelado por eldiario.es, es el primer capítulo del gran agujero de gestión de la Comunidad de Madrid durante la crisis del coronavirus.

Una residencia donde murieron 17 ancianos en cuatro días alertó a la Comunidad de Madrid sin lograr respuesta

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47 días después, las decisiones del Gobierno regional han desembocado en casi medio centenar de denuncias de familiares en la Fiscalía, una disputa política sin precedentes entre PP y Ciudadanos, un consejero apartado de sus funciones que admite "errores" y dos autos judiciales que obligan a la Comunidad de Madrid a poner personal sanitario suficiente en los centros de "manera inmediata" a través de medidas cautelarísimas.

La crisis ha colocado, a golpe de shock, el modelo de residencias en el ojo del huracán. Los geriátricos han sido el mayor foco de la epidemia en toda España por el efecto letal del virus en estos lugares de concentración de población vulnerable. Pero en Madrid el cóctel de una gestión externalizada en manos de terceros, plantillas mermadas y una limitada capacidad de atender dentro de los centros a mayores enfermos ha explotado con la pandemia. Solo las 475 residencias madrileñas han registrado 5.811 muertos con el virus o con sospecha de tenerlo desde el pasado 8 de marzo frente a las 8.105 personas fallecidas en toda la región (aunque este último dato solo incluye a confirmados).

A la situación previa, muy comprometida, se han superpuesto decisiones muy cuestionadas: bloqueos al traslado de mayores a los hospitales en el peor momento de la epidemia que obligaron a los centros a dar atención sanitaria sin tener medios; movimientos "caóticos" de personas positivas entre residencias, un modelo de "intervención" de los centros más colapsados consistente en visitas de un funcionario sin apoyo sanitario y falta de material y pruebas para trabajadoras y residentes.

La Justicia interviene en la crisis

Al final, la Justicia ha tomado cartas en el caos tras los recursos de dos municipios, Alcorcón y Leganés, gobernados por el PSOE. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Ciudadanos), aseguró a principios de esta semana que "no cabe otra cosa" que cumplir con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que exige una inmediata dotación de las residencias en personal y pruebas diagnósticas.

Sin embargo, la primera localidad tuvo que volver a presentar un escrito ante la Justicia al constatar que el Gobierno regional no había ejecutado el auto. El TSJM ha rechazado el recurso de la Comunidad de Madrid y ha reiterado el mandato aclarando que medicalizar "puede considerarse lo que, en la propia Comunidad de Madrid, se ha llevado a cabo de forma notoria y públicamente conocida en algunos hoteles de la capital y en el recinto ferial de Ifema". En Leganés, el plazo de tres días expiraba este viernes. "No me consta que haya habido cambios", asegura el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, en conversación con eldiario.es.

"Cuando la Consejería de Sanidad asumió el mando único de las residencias, y quitó las competencias a Políticas Sociales, pensamos que era para eso. Que hoy no hayan enviado a nadie, una vez pasado el pico en los hospitales, es algo que no se entiende", se queja el regidor de Leganés. Municipios como Alcalá de Henares o Fuenlabrada están estudiando emprender acciones similares tras varios intentos de comunicarse con el Gobierno regional y no obtener respuesta, dicen.

Dos grandes grupos residenciales, Amavir y Aralia, aseguran que la Comunidad de Madrid no se ha puesto en contacto con los centros tras dictarse las medidas cautelarísimas y defienden que tienen el personal "suficiente". Así se lo han comunicado a los familiares de los residentes, que han recibido las decisiones judiciales con "incredulidad", define Carmen, presidenta de la Asociación de Familiares de la Residencia Parque de los Frailes (Leganés). "El auto no dice cuáles son exactamente los medios. Estamos expectantes", añade. Carmen recuerda que la pandemia ha impactado sobre un sistema ya débil de residencias públicas. Unos meses antes de la crisis, la Comunidad de Madrid inició un expediente para rescindir el contrato de esta residencia y de otras tres gestionadas por Aralia por subcontratar enfermeros en Navidad. La red pública depende de empresas gestoras en su mayor parte: solo hay 25 centros con personal público de 475.

La medicalización pendiente

Le medicalización que ahora exigen los tribunales fue una de las patas fundamentales del plan de choque del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante el coronavirus, pero nunca se ha cumplido. Al menos no totalmente. Aunque Ayuso aseguró el 17 de marzo que estaban medicalizadas "prácticamente en su totalidad", solo 204 de las 475 residencias de Madrid están medicalizadas, según los datos oficiales aportados posteriormente por el propio Ejecutivo, aunque hasta en esto discrepan los socios del Gobierno regional. En Ciudadanos defienden que un centro medicalizado "no es que haya un médico, es algo más". El resto tiene personal médico solo algunas horas al día y recibe apoyos (telefónicos y, a veces, presenciales) de personal de Atención Primaria, Summa o geriatras de los hospitales. El 24 de abril, la presidenta anunció otro plan para "reorganizar la atención sociosanitaria" de las residencias.

A la falta de plantilla sanitaria fija se ha sumado la llegada a cuentagotas de pruebas para identificar qué usuarios estaban infectados y cuáles no. La Justicia obliga también a la Comunidad de Madrid a proveer a las residencias de pruebas diagnósticas suficientes y de medios para realizarlas. Aunque en este caso es el Gobierno de España el que suministra los test a las comunidades autónomas. Esta situación dificulta a día de hoy que el aislamiento sea efectivo y que no se produzcan nuevos contagios. En algunas residencias siguen sin haber testado a todas las personas y se mueve a los usuarios de una planta a otra a golpe de síntoma. Las pruebas de diagnóstico nunca han llegado a las trabajadoras (mayoritariamente mujeres) de los centros. El porcentaje de contagio es abrumador: el 40% de las plantillas ha tenido síntomas, según los datos aportados por el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), el pasado 21 de abril.

Durante las semanas más duras de la epidemia, la Comunidad de Madrid restringió al mínimo los traslados de los mayores enfermos al hospital, lo que obligó a las residencias a asumir atenciones médicas para las que no estaban preparadas. Un "error", en palabras de Reyero, que también se ha reproducido en otras comunidades, como Catalunya. Las más colapsadas fueron intervenidas en un proceso que dejó indiferentes a los trabajadores. Un funcionario se presenta todos los días en 14 residencias para controlarlas, pero no tiene conocimientos sanitarios para brindar apoyo. "Está siempre en el despacho de la directora", dice la trabajadora de una residencia madrileña intervenida.

Otro punto caliente, sobre todo para los familiares, han sido los traslados de residentes COVID-19 entre centros. Una decisión poco comprendida por las familias, que no pueden visitar a los suyos precisamente para reducir el riesgo de contagio. Los movimientos han sido "caóticos", según el relato que llega de algunas residencias a eldiario.es por la escasa información sobre las personas que acogen: no saben si son positivas o no, el historial médico en ocasiones no llega y otras veces no disponen de documentación del residente ni de sus familiares.

El choque de Ayuso y Ciudadanos

La gestión de las residencias ha provocado una grave crisis en el Gobierno regional y choques continuos entre el PP y Ciudadanos, socios en la Comunidad de Madrid. Ayuso decidió retirar las competencias de las residencias a Ciudadanos el 26 de marzo "descontenta" con la gestión de su socio de gobierno, aseguraron fuentes del entorno de la presidenta regional. El partido de Inés Arrimadas lo achacó a la decisión de su consejero de hacer públicas las cifras de fallecidos que Presidencia entonces ocultaba –1.065 ancianos a esa fecha– y a las quejas del responsable de Políticas Sociales sobre la falta de medios sanitarios y de ayuda para estos centros.

El primer choque entre Ayuso y Reyero se había producido unos días antes cuando el segundo pidió ayuda al Ejército para la gestión de los geriátricos. Aunque la presidenta regional desmintió que su Gobierno necesitase tal ayuda, la Unidad Militar de Emergencias acabó interviniendo y destapó la situación en la que se encontraban estos centros.

La Consejería de Políticas Sociales en manos de Ciudadanos no ha dejado de denunciar el abandono al que han estado sometidas las residencias por parte de la Consejería de Sanidad, cuya gestión compete al PP. "Nosotros empezamos a tomar medidas desde el 6 de marzo, pero tomamos las medidas que podíamos porque las residencias no son hospitales", aseguró a este periódico un portavoz de ese departamento controlado por Ciudadanos. "El consejero llevaba pidiendo ayuda de Sanidad desde hacía tiempo", añaden.

Desde entonces los encontronazos no han cesado y los socios ni siquiera disimulan en público. Las dos alas del Gobierno discrepan sobre lo que implica la medicalización de las residencias, que Ciudadanos reclamó desde el minuto uno de la crisis. Ayuso afirmó el 17 de marzo que lo estaban en su totalidad. La presidenta regional volvía a recular este miércoles en la tribuna de la Asamblea de Madrid para afirmar que "no es tan fácil" medicalizar unos centros que están "pensados para cuidar y no para curar".

Solo una semana antes en la misma Cámara madrileña, la presidenta aseguraba que ya había 204 centros con recursos sanitarios para hacer frente a la pandemia, unas afirmaciones que fueron desmentidas ese mismo día Reyero, que volvía a alejarse de la presidenta. "Una residencia medicalizada no es solo una residencia con atención sanitaria, es algo más", defendió el consejero de Políticas Sociales en el Pleno regional. "No podemos decir que las residencias están medicalizadas porque hoy por hoy no es así", aseguraba después Aguado en una reciente entrevista en eldiario.es.

El caos de gestión y los ririrrafes dentro de la coalición han llevado a la presidenta a admitir que puede haber ceses en su Ejecutivo si se demuestran errores en la gestión de las residencias. Pero el número dos de su Gobierno y socio de coalición, Ignacio Aguado, le ha recordado que no tiene capacidad para destituir a un consejero de Ciudadanos. Para intentar zanjar la polémica, Ayuso respaldó a su consejero este miércoles en la tribuna de la Asamblea de Madrid de los ataques de la tercera pata del Ejecutivo, Vox, que es clave para mantener la mayoría en la Asamblea y que sigue exigiendo el cese de Reyero a cambio de su "apoyo incondicional". El partido de extrema derecha vincula al Gobierno al que apoya con un "gerontocidio".

La presidenta madrileña lamentó en su intervención parlamentaria este miércoles la situación de muchas residencias y aseguró que "es lo más doloroso de estas durísimas semanas". Pero pese a las miles de muertes y de que mintió al asegurar que estaban medicalizadas cuando no lo están, Ayuso no hizo autocrítica: "Desde el primer día, desde mi primera rueda de prensa, pedí cuidado para ellos, avisé de la alta mortalidad que el virus provocaba en los mayores".

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