Álvaro García Ortiz ha comunicado por carta al ministro de Justicia que dimite como fiscal general del Estado tras ser condenado por el Tribunal Supremo. “A falta de mayor concreción” sobre la sentencia, de la que solo se conoce el fallo, García Ortiz anuncia su renuncia como un “acto debido” a la Fiscalía y “a toda la ciudadanía española”. “En mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”, reivindica tras mostrar su “profundo respeto” a las decisiones de los jueces.
La dimisión de García Ortiz deja en el aire quién ocupará el puesto de máxima autoridad en la Fiscalía General del Estado. El Gobierno anunció la semana pasada que había puesto en marcha el proceso para designar un nuevo fiscal general pero, mientras tanto, esa responsabilidad recae de forma interina sobre la 'número dos' del Ministerio Público: María Ángeles Sánchez Conde. La teniente fiscal del Tribunal Supremo que ha defendido su inocencia en esta causa.
El Tribunal Supremo hizo público su fallo el pasado jueves: Álvaro García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la filtración de su confesión de fraude fiscal en marzo de 2024. Una decisión que llegó después de una semana de deliberaciones y con el tribunal dividido. Dos magistradas progresistas de la Sala de lo Penal se quedaron en minoría solicitando la absolución del fiscal general y anunciaron un voto particular en contra.
La sentencia todavía no ha sido redactada y sus términos no son conocidos pero sí sus consecuencias: obliga a García Ortiz a abandonar la cúpula de la Fiscalía General del Estado cuando sea notificada. En el Ministerio Público también analizan si esa condena por delito doloso, tal y como explica el Reglamento de la carrera, implica la pérdida de su condición de fiscal y su expulsión de la carrera.
Álvaro García Ortiz negó ante el Tribunal Supremo haber sido el filtrador del correo electrónico con el que Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador, ofreció un pacto a la Fiscalía a cambio de reconocer que había defraudado 350.000 euros a Hacienda. “No, no lo he hecho llegar”, dijo en respuesta a una de las pocas preguntas que le hizo María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo.
Su objetivo en la noche del 13 de marzo de 2024, añadió, fue recabar todos los correos y hacer una nota de prensa para desmentir los bulos que algunos medios y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, difundían desde hace horas: “Tomamos la determinación, todos en conjunto, de que lo que hay que hacer es defender la actuación absolutamente impecable de los fiscales”.
La ejecución de su condena no avanzará hasta que no se notifique la sentencia completa y se conozcan los términos concretos de la decisión del Tribunal Supremo. Entonces podrá interponer –con escasas probabilidades de éxito– un incidente de nulidad ante la propia Sala de lo Penal y después ya acudir al Tribunal Constitucional en amparo.