El juez prorroga la investigación de la supuesta financiación ilegal de Podemos en contra del criterio de la Fiscalía

El juez que investiga la supuesta financiación ilegal de Podemos ha decidido prorrogar otros seis meses las pesquisas abiertas contra el partido y miembros de su antigua cúpula en el verano de 2020. La decisión va en contra del criterio de la Fiscalía, que este mismo jueves solicitó al instructor, Juan José Escalonilla, que diera por terminada la investigación a la espera de las últimas diligencias pendientes: una comisión rogatoria a México y un peritaje sobre los trabajos que la consultora Neurona realizó para el partido y que el Ministerio Público considera acreditados. Las defensas también se han mostrado en contra de prorrogar la investigación otros seis meses. 

En un auto también fechado este jueves, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez justifica la prórroga precisamente para dar curso a esa comisión rogatoria, que consiste en el interrogatorio a dos trabajadores de la consultora que residen en México, Germán Cobos Pío y Waldemar Aguado Butanda. Escalonilla responde a un auto de la Audiencia Provincial de Madrid que, hace más de dos meses, el 11 de noviembre, estimó los recursos de la acusación popular de Vox y del antiguo administrador de Neurona, Elías Castejón, también imputado, de que se tomara declaración como testigos a ambas personas. “Ha de procederse a acordar y remitir la pertinente comisión rogatoria a México, y la consiguiente práctica de la declaración de dichos dos testigos”, sostiene el magistrado. Y añade que, “por tal razón” procede acordar la prórroga de la instrucción por otros seis meses, a contar desde este viernes 28 de enero.

El contrato entre Podemos y Neurona Comunidad S.L. para las generales de abril de 2019 ascendió a 363.000 euros y constituye el centro de la investigación que desarrolla desde hace un año y medio el juez Escalonilla a raíz de una denuncia del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente. Durante meses, el magistrado mostró en varias resoluciones sus dudas sobre que ese contrato correspondiera a servicios realmente prestados y sus sospechas de que pudiera ser “simulado”. 

Pero el pasado noviembre, tras multitud de interrogatorios a testigos e imputados y varios informes policiales, el juez dio por “indiciariamente acreditado” que Neurona realizó al menos una parte de esos trabajos, si bien encargó el citado informe pericial. Su tesis es que puede haber delito electoral no solo cuando hay un “contrato simulado”, sino también cuando los fondos públicos son utilizados “para el pago de un gasto electoral por un precio mayor a su coste real” con la finalidad de “distraer” parte de los fondos de las cuentas electorales a un fin distinto y “ocultándose dicha distracción mediante la fijación de un precio excesivo, no real y no concorde con los servicios prestados”. 

Líneas archivadas 

La macrocausa contra Podemos, que ha llegado a tener hasta siete líneas de investigación, se ha ido desinflando. Seis de ellas ya están cerradas por falta de indicios. El pasado 27 de diciembre la Audiencia de Madrid acordó enterrar de manera definitiva la investigación sobre la 'caja de solidaridad' del partido.Los jueces, en una resolución que no puede ser recurrida, rechazaron el recurso de la exsenadora Celia Cánovas apoyado por Vox contra la decisión de Escalonilla de no investigar si existió algún tipo de administración desleal en la gestión de este fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones de sus sueldos para destinarlas a proyectos sociales. Según los jueces, “no consta una distracción de fondos”. 

Además de la citada sobre la 'caja de solidaridad', están archivadas la relativa a los contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa para las generales de abril de 2019, la de los supuestos sobrecostes en la reforma de la nueva sede del partido, la que versaba sobre las donaciones efectuadas por cargos públicos del partido al denominado Proyecto Impulsa, la de los supuestos sobresueldos mediante complementos salariales que habrían cobrado la gerente del partido, Rocío Esther Val; y el tesorero, Daniel de Frutos; y la del supuesto acceso sin permiso al disco duro de una empleada por parte de la cúpula de la formación.