La investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos se desinfla

Acto de Podemos durante la campaña de las generales de abril de 2019.

Elena Herrera


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La investigación contra Podemos y varios miembros de su antigua cúpula por supuesta financiación ilegal se desinfla. La macrocausa acumula hasta seis líneas de investigación archivadas y la única derivada abierta en este momento, relativa a los servicios contratados por la formación con la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019, ha recibido un severo golpe por parte de la Fiscalía.

La Fiscalía no ve "contrato simulado" entre Podemos y Neurona pero pide agotar la investigación

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En un escrito del pasado 5 de enero al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público afirma por primera vez que “no resulta indiciariamente acreditado la existencia de un contrato simulado” entre el partido y la consultora, lo que pone en entredicho parte de la tesis desplegada por el instructor. No obstante, la fiscal respalda que se “agote” la investigación abierta en el verano de 2020. 

Pero este no es el único movimiento que ha dado aire al partido en unas pesquisas abiertas a raíz de la denuncia del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente. La Audiencia de Madrid acordó el pasado 27 de diciembre enterrar de manera definitiva la investigación sobre la 'caja de solidaridad' del partido. Los jueces, en una resolución que no puede ser recurrida, rechazaron el recurso de la exsenadora Celia Cánovas apoyado por el partido de extrema derecha Vox contra la decisión del juez Juan José Escalonilla de no investigar si existió algún tipo de administración desleal en la gestión de este fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones de sus sueldos para destinarlas a proyectos sociales. 

En su auto, hecho público este miércoles, la Audiencia asegura que "no consta una distracción de fondos" y explica que los reproches de Cánovas son más una cuestión interna del funcionamiento de Podemos que una posible ilegalidad. El juzgado archivó la causa por segunda vez el pasado julio después de que la Audiencia propiciase la reapertura del caso al entender que había que investigar si esos flujos de dinero se pusieron en marcha para pasar por encima de los límites de la norma de financiación de partidos.

Ahora, la misma sección de la Audiencia recuerda lo que dijo el instructor en su segundo archivo del caso: que los 30.000 euros y los otros cargos efectuados en la cuenta de la Asociación 404 "lo fueron estrictamente para el sufragio de gastos derivados de la realización de actividades correspondientes a los fines asociativos". 

Esta línea de investigación, una de las siete que llegó a abrir el juez en torno a Podemos y sus finanzas, fue bautizada por la oposición y el denunciante como la 'caja B' del partido que lideraba entonces Pablo Iglesias. Calvente apuntó a una presunta administración desleal de los fondos de la 'caja de solidaridad' por parte del diputado de Podemos Rafael Mayoral que, siempre según la denuncia que presentó ante la Guardia Civil en diciembre de 2019, habría utilizado dinero de este fondo para pagar a uno de sus asesores, que es miembro de la asociación. En su declaración judicial, sin embargo, Calvente rebajó esa acusación. Afirmó que había "gente" en el partido que empezó a comentar que "se estaban manejando fondos de esta caja de una forma totalmente opaca", para después reconocer que se trataba de "una rumorología, unos comentarios a nivel de militancia e interno de la organización".

La macrocausa contra Podemos, que ha llegado a tener hasta siete líneas de investigación, se ha ido desinflando. Seis de ellas ya están cerradas por falta de indicios. Además de la citada sobre la ‘caja de solidaridad’, están archivadas la relativa a los contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa para las generales de abril de 2019, la de los supuestos sobrecostes en la reforma de la nueva sede del partido, la que versaba sobre las donaciones efectuadas por cargos públicos del partido al denominado Proyecto Impulsa, la de los supuestos sobresueldos mediante complementos salariales que habrían cobrado la gerente del partido, Rocío Esther Val; y el tesorero, Daniel de Frutos; y la del supuesto acceso sin permiso al disco duro de una empleada por parte de la cúpula de la formación. 

El contrato con Neurona

Así las cosas, el contrato entre Podemos y Neurona para las elecciones generales de abril de 2019, que ascendió a 363.000 euros, sigue constituyendo el centro de la investigación que desarrolla el juez Escalonilla. El magistrado, que mantiene imputado al partido y a exdirigentes como Juanma del Olmo o Juan Carlos Monedero, ha mostrado en varias de sus resoluciones sus dudas sobre que ese contrato correspondiera a servicios realmente prestados y sus sospechas de que pudiera ser "simulado". 

Pero el pasado noviembre, tras meses de interrogatorios a testigos e imputados y varios informes policiales, el juez viró en sus consideraciones y dio por “indiciariamente acreditado” que Neurona realizó al menos una parte de esos trabajos, si bien encargó un nuevo informe pericial para comprobar si el precio abonado fue el adecuado.

En el citado escrito, la Fiscalía no se opone a la realización de ese informe, aunque admite que “es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste” de esos trabajos y reconoce que Podemos “puede contratar con los proveedores que considere oportuno”. El Ministerio Público constata, además, que “no resulta indiciariamente acreditado la existencia de un contrato simulado” entre el partido y la consultora. Además, la propia fiscal recuerda en el escrito, de 27 páginas, que esos gastos no se abonaron "con subvenciones electorales, sino con fondos del partido".

La actual tesis del magistrado es que puede haber delito electoral no solo cuando existe un “contrato simulado”, sino también cuando el dinero público se utiliza “para el pago de un gasto electoral por un precio mayor a su coste real” con la finalidad de “distraer” parte del mismo a un fin distinto y “ocultándose dicha distracción mediante la fijación de un precio excesivo, no real y no concorde con los servicios prestados”.

Con esta justificación, el juez acordó encargar el citado informe, que Podemos calificó de “parcial” y "prospectivo". Según el partido, no es necesario realizar una pericial económica sobre los trabajos de Neurona "al haberse acreditado la efectiva ejecución de los servicios de campaña electoral".

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