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La Fiscalía no ve “contrato simulado” entre Podemos y Neurona pero pide agotar la investigación

Pablo Iglesias en un mitin de la campaña de abril de 2019.

Elena Herrera / Aitor Riveiro

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La Fiscalía Provincial de Madrid considera que “no resulta indiciariamente acreditado la existencia de un contrato simulado” entre Podemos y la consultora Neurona Comunidad S.L. para las generales de abril de 2019, si bien respalda que se haga un peritaje sobre los trabajos que la empresa realizó para el partido para analizar si el precio abonado fue el adecuado, tal y como acordó el instructor del caso. 

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la fiscal Lorena Álvarez Taboada respalda la decisión del juez Juan José Escalonilla de encargar ese informe aunque, al mismo tiempo, reconoce que Podemos “puede contratar con los proveedores que considere oportuno” y que “es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste” de esos trabajos. “No obstante, la diligencia es lógica a la vista de las diligencias practicadas por lo que la resolución es conforme a derecho”, concluye la fiscal, que también califica de “pertinente y útil” la realización de este peritaje con el objeto de “agotar la investigación”. 

El contrato entre Podemos y Neurona Comunidad S.L. para las generales de abril de 2019 ascendió a 363.000 euros y constituye el centro de la investigación que desarrolla desde hace un año y medio el juez Escalonilla a raíz de una denuncia del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente. El magistrado, que mantiene imputado al partido, abrió esta causa en el verano de 2020 y en varias de sus resoluciones ha mostrado sus dudas sobre que ese contrato correspondiera a servicios realmente prestados y sus sospechas de que pudiera ser “simulado”. 

Pero tras meses de interrogatorios a testigos e imputados y varios informes policiales, el juez dio el pasado noviembre por “indiciariamente acreditado” que Neurona realizó al menos una parte de esos trabajos, si bien encargó este nuevo informe pericial. Su tesis es que puede haber delito electoral no solo cuando hay un “contrato simulado”, sino también cuando los fondos públicos son utilizados “para el pago de un gasto electoral por un precio mayor a su coste real” con la finalidad de “distraer” parte de los fondos de las cuentas electorales a un fin distinto y “ocultándose dicha distracción mediante la fijación de un precio excesivo, no real y no concorde con los servicios prestados”. 

Con esta justificación acordó encargar el citado informe pericial, que Podemos calificó de “parcial” y “prospectivo”. Según el partido, no es necesario realizar una pericial económica sobre los trabajos de Neurona “al haberse acreditado la efectiva ejecución de los servicios de campaña electoral”. Además, la propia fiscal recuerda en el escrito, de 27 páginas, que esos gastos no se abonaron “con subvenciones electorales, sino con fondos del partido”.

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