El fiscal general de EE.UU. se opone a plan del Senado para reformar las cárceles

El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, expresó hoy su oposición a una iniciativa legislativa que debate un comité del Senado para reformar el sistema penal porque reduciría las condenas a un “séquito de criminales altamente peligroso”.

El titular de Justicia se pronunció así en una carta enviada al presidente del comité del Senado, el republicano Charles Grassley.

“Esa legislación reduciría las penas a un séquito de criminales altamente peligroso, incluyendo peligrosos narcotraficantes reincidentes que han usado armas, y se aplicaría retroactivamente a muchos criminales peligrosos, sin importar su ciudadanía o estatus migratorio”, aseguró Sessions.

Por ello, avisó a Grassley de que su comité cometería un “grave error” si aprueba la propuesta con su texto actual.

El comité judicial del Senado tiene previsto celebrar este jueves una audiencia para estudiar el texto de la iniciativa y aplicarle ciertos cambios antes de que sea evaluada por el pleno del Senado.

El propio Grassley y otros senadores demócratas, como la demócrata de mayor rango en el Comité Judicial, Dianne Feinstein, presentaron la ley en el Congreso el pasado octubre.

La iniciativa propone reducir el tiempo en prisión para aquellos condenados por drogas que no ha cometido delitos violentos y también busca acabar con una provisión del sistema penal que determina que una persona será condenada a cadena perpetua si comete un delito grave y, anteriormente, ya había sido sentenciado en dos ocasiones.

La iniciativa también busca endurecer las sentencias para aquellos criminales condenados por traficar con fentanilo, un analgésico que es entre 30 y 50 veces más potente que la heroína y que suele destinarse al tratamiento del cáncer, aunque en los últimos años es usado por grupos criminales para aumentar la potencia de la heroína.

En la década de 1980, cuando Estados Unidos vivía una epidemia de crack y heroína, el Congreso cambió la legislación penal y endureció las penas para los delitos de drogas.

Como resultado, desde la década de 1980, la población carcelaria de Estados Unidos ha pasado de 500.000 a 2,2 millones de personas y ha provocado un aumento desproporcionado de condenas para los integrantes de las minorías negra e hispana, de forma que actualmente uno de cada tres reos es afroamericano.

El expresidente Barack Obama trató de impulsar una reforma del sistema penal en EEUU y, aunque logró el apoyo de demócratas y republicanos en el Congreso, la ley acabó estancándose y no se aprobó.