El Gobierno advierte a Ayuso de que “no hay ninguna prisa por una desescalada precipitada”

El Gobierno no quiere entrar en una batalla directa con la Comunidad de Madrid, pero la advertencia ha quedado clara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz, María Jesús Montero, ha avisado de los riesgos de precipitar la desescalada ante el comienzo del descenso de la curva de la tercera ola. Aunque ha asegurado que el mensaje no iba dirigido a ninguna comunidad en concreto, Isabel Díaz Ayuso es la única presidenta regional que ha anunciado flexibilización en las restricciones, como la ampliación a seis personas de los grupos permitidos en las terrazas así como su intención de rebajar el toque de queda.

“No hay ninguna prisa por que se produzca una desescalada precipitada y que no consolide las tendencias”, ha expresado Montero, que ha recordado que la capacidad asistencial en los hospitales no ha remitido y que los niveles de transmisión de la COVID-19 “son, a criterio del Gobierno, excesivamente altos”. La portavoz ha recordado que “hay que consolidar muy bien los logros que se van alcanzando en la lucha contra la pandemia para evitar que se produzcan repuntes en esta tercera ola que no son queridos ni deseados por ninguna autoridad sanitaria”. El Gobierno sostiene que las restricciones que permite imponer el estado de alarma están dando sus frutos después de que muchas comunidades pidieran endurecer el decreto para ampliar el toque de queda, una medida a la que el Ejecutivo se negó.

Montero también ha deslizado la oposición del Gobierno a la propuesta de Ayuso de priorizar a determinados sectores, como la hostelería, en el proceso de vacunación. “No se trata de que, cada día, cada uno reivindiquemos un colectivo para que sea prioritario”, ha dicho Montero, que ha asegurado que no es una cuestión de lo que se les “ocurra” a los políticos. Así, ha recordado que son “los criterios técnicos” los que establecerán el protocolo y ha defendido que se proceda por grupos en función de sus vulnerabilidades, como ha ocurrido hasta ahora con las personas mayores en residencias y como se pretende seguir procediendo con los mayores de 80 años.

La portavoz ha negado que el rey Felipe VI se haya vacunado ya -como hicieron altos cargos del ejército, entre ellos el JEMAD, Miguel Ángel Villarroya, que dimitió posteriormente-: “No me consta que el jefe de Estado se haya vacunado. Lo hará, como ellos mismos han expresado, cuando le corresponda según su grupo de riesgo”. Ahí Montero ha aprovechado para asegurar que así procederán también los miembros del Consejo de Ministros dado que no todos son “iguales” y tienen distintas edades o situaciones médicas previas.

El Consejo de Ministros ha aprobado, además, este martes el reconocimiento como enfermedad profesional de la COVID-19 contraída en el ejercicio de su profesión a trabajadores sanitarios y sociosanitarios. La medida tendrá efecto retroactivo para cubrir toda la pandemia, según ha respondido el ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, que también ha explicado que se permitirá que determinados trabajadores del ámbito sanitario puedan compatibilizar la vuelta al trabajo con el cobro de la pensión de jubilación para facilitar la recuperación de sanitarios retirados.

El Gobierno ha restringido, además, los vuelos procedentes de Brasil y las llegadas de pasajeros procedentes de Sudáfrica -salvo para españoles o residentes en España y Andorra- con el objetivo de evitar la difusión de las nuevas cepas de esos países. La medida estará vigente, en principio, hasta el 17 de febrero, aunque es prorrogable en función de la evolución de la pandemia. Fuentes gubernamentales explican, no obstante, que ha habido controles reforzados para los viajeros procedentes de esos países a los que se ha controlado de forma “exhaustiva” las pruebas PCR y se ha realizado en los últimos días test de antígenos a su llegada.