El Gobierno defiende la desclasificación de 153 “unidades documentales” del 23F para “impedir que la ultraderecha siga usando bulos”
Luz verde a la desclasificación de documentos del 23F. El Consejo de Ministros ha aprobado esa decisión anunciada el lunes por Pedro Sánchez para que la memoria no esté “bajo llave” y que se hará efectiva el miércoles, cuando el BOE publique la autorización. Las 153 “unidades documentales” que se han hallado en la Administración sobre el fallido golpe de estado se publicarán a partir del mediodía en la página web de Moncloa. Una de las razones que esgrime Moncloa para llevar a cabo esa medida ahora es batallar con el relato de la ultraderecha y “evitar conspiraciones y manipulaciones que algunos usan para escribir una relidad paralela”.
“Lo que hace el Gobierno con esta decisión es impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación para difundir teorías que no merece nuestra democracia y también para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el cara al sol por nuestras calles”, ha señalado la portavoz, Elma Saiz.
“Para el franquismo en nuestro país todo era secreto por defecto y para siempre si no se dice lo contrario. Eso es lo que hacemos hoy con el 23F. Acabamos así con una situación atípica en las democracias modernas sobre la desclasificación de información de Estado”, ha afirmado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha puesto como ejemplo la publicación que llevó a cabo Alemania en 2012, en Italia en 2016 o en Grecia en 2024 sobre el golpe de estado en Chipre. En el caso de España, el grueso de los documentos son escritos y algunas imágenes, aunque en Moncloa creen que no hay grabaciones.
“El pasado no es el pasado, es una dimensión del presente y una democracia plena debe tener acceso a esa dimensión”, ha expresado la portavoz parafraseando al escritor Javier Cercas en 'Anatomía de un Instante'. “Los años pasados desde el intento de golpe de Estado, cuyos autores fueron condenados por un delito de rebelión militar, no suponen un riesgo real y presente”, ha puntualizado Saiz. En el Gobierno sostienen que la información no supondrá un riesgo para la seguridad nacional.
No obstante, la portavoz ha eludido pronunciarse sobre si la publicación cambiará la imagen de la actuación del rey Juan Carlos I durante el intento de golpe de estado. En todo caso, Moncloa avisó de la decisión previamente a Casa Real, aunque no con mucha antelación.
“Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento”, ha afirmado Saiz sobre la información que está en manos de los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores. En Moncloa no tienen el cálculo de cuántos miles de folios serán. “Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora puedan ser consultadas, pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales”, ha continuado Saiz, que ha recordado que la decisión se produce cuando se cumplen los 45 años de la intentona golpista. Ese es elumbral que estableció el Gobierno en la propuesta de reforma de la ley de secretos oficiales, que es de 1968.
Sin embargo, esa norma, que permitiría la desclasificación automática de información reservada o secreta, está encallada en el Congreso. “Esperamos ahora que el proyecto de la Ley de Información Clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma”, ha expresado la portavoz.
A pesar del simbolismo ideológico de la decisión, es insuficiente para los socios de la coalición, que reclaman más ambición y que se desclasifiquen ya materiales relativos a otros pasajes del pasado reciente del país, como los GAL. Entre las reclamaciones, hay hechos anteriores a 1981, que es el umbral de los 45 años al que se refiere el Gobierno para justificar la desclasificación de los documentos del 23F.
Coto a la publicidad institucional
El Consejo de Ministros también ha aprobado el Anteproyecto de ley de publicidad institucional con la que pondrá coto, en línea con la reglamentación europea, a la financiación pública de los medios de comunicación y también nuevas plataformas digitales.
La norma, que aún tiene que pasar por segunda vuelta y el Parlamento, establece un límite del 35% de los ingresos procedentes de la publicidad institucional. “Un medio de comunicación que tenga un 50%, un 60% o 70% de financiación del sector público, no es un medio de comunicación, será otra cosa”, ha defendido el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Lo que incluye la norma es una “salvaguarda” para los medios locales dado que se aplicará a partir de los dos millones de euros de facturación.
La nueva normativa también pretende cumplir con el reglamento de la UE que obliga a los medios a publicar quiénes son sus propietarios para garantizar la independencia informativa. Los medios de comunicación tendrán que registrarse y en ese registro (CNMC en el futuro) aparecer quiénes son sus dueños y accionistas.