El Gobierno deja en el aire el recurso contra la reprobación del rey en el Parlament hasta que se pronuncie el Consejo de Estado
El Gobierno cree que el Parlament excedió sus atribuciones al aprobar una moción que pide la abolición de la monarquía y reprueba los pronunciamientos de Felipe VI sobre el procés; sin embargo, deja en el aire el recurso ante el Tribunal Constitucional a expensas de lo que opine el Consejo de Estado. El Ejecutivo tiene la obligación de pedir un informe a esa institución consultiva, pero su resolución no es vinculante.
“Desde el primer momento esa resolución adoptada por el Parlament fue considerada políticamente inaceptable –ha expresado la portavoz, Isabel Celaá–. El cuestionamiento del rey queda fuera de las atribuciones de un parlamento autonómico; un parlamento autonómico no es competente para diseñar la forma de Estado de un país”.
Ese es el motivo por el que el Ejecutivo anunció “medidas legales” nada más salir aprobada la moción que presentó En Comú. No obstante, el propio Gobierno tiene dudas de que la iniciativa pueda recurrirse ante el Tribunal Constitucional ya que es una declaración política de la Cámara autonómica, pero no tiene repercusiones jurídicas.
A pesar de las dudas, ha decidido iniciar los trámites para recurrir al alto tribunal que pasan por pedir un informe al Consejo de Estado. “Si el Consejo de Estado actúa de otra manera será responsabilidad de esa otra institución, no la del Gobierno que cumple con sus obligaciones”, ha expresado Celaá en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministras.
La portavoz no ha aclarado si el Ejecutivo seguirá el criterio del Consejo de Estado, cuyo informe no es vinculante, en el caso de que se oponga al recurso ante el Tribunal Constitucional. “Esperamos que emita el dictamen”, ha expresado. Esa la misma posición que mantienen en Moncloa: esperar al pronunciamiento que se verá en el Consejo de Ministras el próximo viernes ya que el Gobierno le ha pedido que lo tramite con urgencia.
A principios de este año, el Gobierno de Mariano Rajoy desoyó al Consejo de Estado que se opuso al recurso ante el Constitucional contra la investidura a distancia de Carles Puigdemont. La institución consultiva consideró que no era el momento de plantear el recurso porque no se había producido todavía una ilegalidad.
