Grandes alcaldías pierden a 'pesos pesados' en sus gobiernos por imperativo legal
La sentencia del Tribunal Constitucional que invalida los nombramientos de los miembros de los gobiernos municipales no electos no ha afectado solo al Ayuntamiento de Madrid, sino a otros muchos que también tendrán que acatar la decisión del alto tribunal. Sin embargo, los afectados no se quedarán en la calle puesto que con toda probabilidad van a ser recolocados en otros puestos de la administración pública, como ha hecho ya Ana Botella, lo que ha desatado las críticas de los grupos de la oposición.
La sentencia del Constitucional, cuyo origen parte de un recurso de inconstitucionalidad planteado por la Generalitat de Cataluña, determina que las Juntas de Gobierno de los Ayuntamientos “han de estar formadas, únicamente, por concejales electos”, tras la anulación del precepto de la Ley de Grandes Ciudades que permitía nombrar como miembros de estos órganos de gobierno a personas que no han concurrido a las elecciones locales en las listas electorales.
La decisión ha levantado un gran revuelo político entre los cargos de la administración local en donde es una costumbre antigua y bastante extendida que los alcaldes fichen para formar parte de sus gobiernos a indepenientes o a dirigentes afines del propio partido aunque no hayan concurrido a las elecciones.
En Madrid, uno de los casos más sonados fue el nombramiento de Alicia Moreno, hija de la actriz Nuria Espert, como delegada de Las Artes por parte de entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Moreno, que anteriormente ya había sido designada consejera del Gobierno regional cuando el actual ministro de Justicia ocupaba la presidencia autonómica, no militaba en ningún partido político aunque se la presuponía cercana a la izquierda. Por este motivo, su fichaje escoció doblemente al PP.
Evidentemente, los casos que ahora han obligado a Ana Botella a hacer una nueva remodelación de su gobierno no se parecen mucho al de Moreno. Tanto el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez-Angulo, como el de las Artes, Deportes y Turismo, Fernando Villalonga, son dos personas con larga trayectoria ligada siempre al PP.
La propia alcaldesa recordó en la rueda de prensa que ofreció tras conocerse la sentencia que en Madrid durante esta última década ha habido cinco delegados que no eran concejales electos, de los que destacó que “han trabajado lealmente y con plena dedicación”. Gómez-Angulo y Villalonga ocuparán a partir de ahora la dirección de una empresa municipal y la coordinación de la Alcaldía, lo que ya ha levantado críticas del PSOE e IU.
Pero el caso de Madrid no es aislado. Según informa Efe, casi cuarenta cargos municipales de varios ayuntamientos de grandes ciudades están amenazados por la sentencia del Constitucional. Andalucía es la comunidad autónoma en la que se dan más casos, con ocho posibles afectados en Málaga, Córdoba y Sevilla, seguida de la Comunidad Valenciana y Canarias, con siete posibles casos cada una. También se dan casos en Alicante: dos en Orihuela, dos en Torrevieja y uno en Elche, además de otros dos en el municipio valenciano de Gandía.
En San Sebastián, el alcalde de Bildu, Juan Karlos Izagirre, ha adelantado que acatará la sentencia que afecta al delegado de Hacienda, Jabier Vitoria, y a la delegada de Cultura y Euskera, Nerea Txapartegi. En un escueto comunicado, Izagirre afirma, no obstante, que los cambios a los que se ha visto obligado “no suponen modificaciones ni en las áreas de trabajo, ni en los proyectos que están encima de la mesa. Y, desde luego, la dirección política de este gobierno se mantiene sin ninguna variación”.
Por su parte, la alcaldesa de Marbella (Málaga) y presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Ángeles Muñoz, del PP, como otros muchos ediles, ha decidido esperar a que la sentencia se publique en el BOE para acatarla y destituir a los dos delegados municipales afectados.
Pero la inquietud que ha sembrado la sentencia se extiende más allá del ámbito local. En su voto particular, dos de los magistrados, Andrés Ollero y Francisco Pérez de los Cobos, alertan sobre las consecuencias que se derivarían si esta ley se aplicara en más amplios niveles, tanto a los ministros del Gobierno como a los consejeros de las Comunidades Autónomas, que “habrían de ser parlamentarios elegidos de modo directo por los propios ciudadanos”. Un escenario que nadie quiere ni imaginar.
