Hoy se celebra la audiencia previa por demandas contra el PP de Cantabria pidiendo la nulidad de su Congreso regional

La audiencia previa por las demandas que piden la nulidad del Congreso regional del PP de Cantabria por supuestas “irregularidades” e “ilegalidades” se celebrará este jueves, a las 9.05 horas, en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander.

Inicialmente, dicho juzgado fijó para el 26 de julio la audiencia previa por la demanda civil presentada por afines al exlíder del PP de Cantabria Ignacio Diego --que perdió el Congreso ante su número 2, María José Sáenz de Buruaga, que se ha convertido en presidenta de la formación-- y que tenía entre los firmantes al diputado regional Santiago Recio.

Sin embargo, dicha audiencia previa fue aplazada sin fecha después de que se admitiera otra demanda, que también pide que se anule el proceso congresual por “ilegalidades”, y que fue interpuesta por tres afiliados del PP de Laredo, ante la posibilidad de unificación de ambas dado que se basan en similares argumentos y persiguen idéntico, algo que finalmente ha ocurrido.

Y es que lo que se pretende con este tipo de unificaciones de demandas es evitar que se pronuncien sobre el mismo asunto juzgados diferentes.

Finalmente las demandas se han acumulado y, en una diligencia de ordenación del 25 de septiembre, se señaló para este jueves 23 la fecha para la audiencia previa, a la que tendrán que acudir las distintas partes, que tendrán comparecer en asistidas por un abogado.

También se les da la posibilidad a que demandantes y demandados no comparezccan personalmente sino a través de sus procuradores, a los que deberán otorgar a estos poderes para renunciar, allanarse o transigir ya que, de lo contrario, se les tendrá por no comparecidos.

En dicha audiencia previa, según se explica en la diligencia de ordenación, a la que tuvo acceso Europa Press, se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto y se buscará intentar un acuerdo o transacción entre demandados (el PP) y demandantes y se examinarán aquellas cuestiones que puedan dificultar o impedir la continuidad del proceso.

Por otra parte, la cita servirá para fijar con precisión el objeto del proceso y los extremos de hecho y de derecho sobre los que exista controversia y también para proponer y admitir prueba.

La prueba se propondrá de forma verbal aunque las partes tendrán la obligación de aportar en el acto un escrito detallado de la misma, que podrá completarse durante la audiencia.

Contra esta diligencia de ordenación señalando fecha para la vista, las partes personadas pueden interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días contados desde el día siguiente a ser notificadas.

PRIMERA DEMANDA

La primera demanda, que es la que tiene entre sus firmantes a Recio, que fue director general de Turismo durante el Gobierno de Ignacio Diego, y a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valdáliga, Lorena García, se interpuso a primeros de mayo y fue admitida a trámite el día 24 de ese mismo mes.

Fue presentada a través del abogado asturiano Manuel Estrada, quien consiguió anular en los tribunales el Congreso del PP de Gijón celebrado el 18 de octubre de 2014, en el que obtuvo la mayoría de los votos David González Medima, lo que supuso la celebración de un congreso extraordinario, que también recurrió ante la Justicia.

El escrito se basaba en diversas “irregularidades” que habrían resultado decisivas para el resultado del Congreso del PP cántabro celebrado el 25 de marzo, dado el escaso margen de votos -cuatro- entre los candidatos, Buruaga y Diego.

Entre ellas, figuran las transferencias realizadas desde una cuenta de un afiliado de Laredo, que según se señalaba es discapacitado psíquico a una a nombre del PP para el pago de cuotas de 491 militantes, la no inclusión de algunos compromisarios natos o supuestas irregularidades sobre las papeletas, además de la consignación a mano por parte de algunos miembros de las mesas de nombres de personas en calidad de compromsiarios que, según se señala, no venían previamente incluidos en las listas.

Por dichos pagos supuestamente irregulares, el exconcejal del PP de Laredo Ramón Arenas había presentado una demanda que fue archivada por la Audiencia de Cantabria.

SEGUNDA DEMANDA

Y, por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander admitió a trámite la demanda interpuesta por tres afiliados al PP en Laredo contra el PP, en la que piden la nulidad por supuestas “ilegalidades” en el proceso congresual.

Fechada el 23 de junio y admitida el día 30, en la demanda de estos tres afiliados de Laredo se mantiene que el proceso de elección llevado a cabo para presidir el PP en Cantabria y renovar su Comité Ejecutivo Regional ha estado “pergeñado” de un “cúmulo de irregularidades e ilegalidades”.

En opinión de la parte demandante, éstas “contravienen” las “más elementales o esenciales principios de democracia y transparencia interna y el derecho a participar en la elección del presidente del partido a través de un proceso electoral limpio, sin triquiñuelas o manipulado”. Así, los promotores consideran que se han “vulnerado” la Ley y los estatutos del propio partido.

Además, creen que dichas “infracciones” no han sido “debidamente solucionadas de una forma justa” por los órganos internos del PP, razón por la que decidieron acudir a los tribunales.

Entre estas infracciones citan la “adulteración o manipulación arbitraria del proceso electoral mediante el pago fraudulento de 491 cuotas de afiliados y compromisarios que no se encontraban al corriente de dicho pago, sin haberse prestado el preceptivo consentimientoexpreso por los mismos a dicha cesión de datos a un tercero afiliado al partido”.

Al margen de esos abonos de cuotas, también se cita en la demanda la supresión “sin motivación legal alguna” de determinados compromisarios electos en el proceso electoral de 8 de marzo dentro de la circunscripción de Laredo, “sin haberles notificado, tampoco, resolución alguna con la razón de su eliminación de la lista de compromisarios al Congreso del 25 de marzo”.

Y se alude también “la inclusión arbitraria” de otros afiliados no electos como compromisarios en el proceso de primarias del 8 de marzo y que, sin embargo, ejercieron el voto en el Congreso celebrado el 25 de marzo. Además, consideran que no se ha respetado el derecho a impugnar con las debidas garantías legales y con la preceptiva transparencia aquellos acuerdos y actuaciones contrarios a la Ley y a los Estatutos del partido, entre