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Los once imputados de Adif por el accidente en Santiago acuerdan no declarar ante el juez
Los cargos que estaban en la dirección de Adif cuando entró en servicio la línea entre Santiago y Ourense y que han sido imputados por el juez que instruye el accidente de tren registrado en 2013 se acogerán a su derecho a no declarar, han señalado a Efe fuentes de este gestor ferroviario.
Se trata del director de Adif en 2011, Antonio González Marín, el responsable de la Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, y nueve vocales del consejo de administración.
El instructor entiende que podrían haber incurrido en un delito contra la seguridad colectiva y haber sido hipotéticos partícipes en los de homicidio y lesiones.
Las razones que esgrimen los excargos de Adif para no aportar su testimonio son que no han tenido tiempo de leer el “amplio sumario” en su totalidad y que se encuentran a la espera de que la Audiencia Provincial de A Coruña resuelva los recursos contra sus imputaciones presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
El magistrado Luis Aláez, conocida tal determinación, ha reducido las jornadas de toma de declaración y las ha concentrado en cuatro días, -23, 26, 27 y 28 de este mes-, reservando para el final las citaciones de González Marín y Cortabitarte.
Los miembros del consejo de administración son Juan Carlos Cáceres, Mercedes Rodríguez Arranz, Félix Díaz Martínez, Juan Ángel Mairal, Carlos Bartolomé Marín, Javier Hurtado, Carlos María Juárez Colera, Mercedes Caballero y Gerardo Luis Gavilanes.
El juez instructor Luis Aláez, que apura esta investigación puesto que en breve ocupará su nueva plaza en el juzgado de lo penal número uno de la ciudad de Compostela, ha seguido desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no únicamente al despiste de una persona que relevó a otro compañero en Ourense, el maquinista imputado Francisco José Garzón Amo, que no redujo la velocidad.
Luis Aláez sostiene que la instalación de la seguridad implantada en la vía en la que se produjo el siniestro para eliminar “el peligro” que representa la curva de A Grandeira, a la altura del barrio compostelano de Angrois, “no es la exigible y adecuada con arreglo a las pautas técnicas consolidadas” recogidas en la normativa del sector.
