Los 21 imputados de la Trama Eólica declararán en junio, julio y septiembre
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra 21 personas por presuntas concesiones irregulares de parques eólicos en Castilla y León.
El Juzgado ha incoado diligencias previas y ha declarado la causa de especial complejidad, por lo que el plazo de la fase de instrucción se amplía hasta los 18 meses. Se investigan los delitos de blanqueo, contra la hacienda pública, prevaricación y cohecho.
Los 21 querellados tendrán que declarar en calidad de investigados durante los meses de junio, julio y septiembre, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, se ha personado como acusación particular y como perjudicada.
La Junta de Castilla y León presentó el pasado jueves un primer escrito de personación sin concretar ni la condición ni el concepto. El Juzgado ha recibido un segundo escrito en el que alude a un “posible fraude a la hacienda pública” y resolverá sobre su personación en los próximos días. El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, avanzó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado jueves que el Gobierno regional pretendía su personación para defender su honor. La portavoz de la Junta, Milagros Marcos, aseguró en esa misma rueda de prensa que sentían una “indefensión absoluta” por no haberles sido notificada oficialmente la querella.
El principal imputado es el que fue viceconsejero de Economía Rafael Delgado quien, según el fiscal Anticorrupción, exigía a los promotores de los parques eólicos ceder o permitir la participación de empresarios locales en los mismos. Solo así los parques acababan autorizándose. Además, tanto el fiscal como la Intervención General de Administración del Estado (IGAE), consideran que la instrucción de avocación en la que se basó Delgado para que la tramitación de los parques pasase a sus manos, era ilegal puesto que se trata de una norma inferior sustituyendo a un decreto, de rango superior.
Delgado declarará el próximo 2 de junio. El 15 de junio lo hará Jesús Rodríguez Recio, amigo personal de Delgado y al que el fiscal considera testaferro. Rodríguez Recio es propietario de la sociedad Tough Trade que realizó numerosos ingresos a Delgado, se hizo cargo de hipotecas y gastos comunes y recibió transferencias desde Suiza de la empresa Nehmo Holding, sobre la que tiene poderes. Ese mismo día declarará también Alberto Esgueva, principal beneficiario de la trama, que consiguió 47 millones de euros en una única transacción tras vender a Iberdrola su parte de la sociedad eólica con la que consiguieron parques. El jefe del Área Eólica del Ente Regional de Energía (EREN) entre los años 2003 y 2005, Tomás Ciria comparecerá en esa misma jornada ante el juez, aunque en calidad de testigo.
También en calidad de testigos declararán el 21 de junio los testigos el que fue director del Eren Ricardo González Mantero, el jefe del Servicio Territorial de Industria de la Junta, Mariano Muñoz Fernández y el gerente de Ibervento, Javier Mozo Herrera, que fue quien alertó al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, de que se estaba produciendo un “abuso de poder”, como adelantó eldiario.es.
El 28 de junio, darán explicaciones a la juez como investigados el empresario y hermano de Alberto Esgueva, Francisco, el intermediario de Zarapicos Golf y las empresas de Delgado Marc Nadelar y el exjefe del Servicio Territorial de Industria en Soria Gabriel Ángel Jiménez Martínez.
El 5 de julio será el turno de los empresarios investigados Germán José Martín Giraldo, socio de Esgueva, e imputado también en el caso Perla Negra, César Hernández Chico y Carlos Galdón. Dos días después testificarán Sergio Gonzalo de Mercado, Eugenio Bartolomé Llorente y Félix Urrea.
La exmujer de Alberto Esgueva comparecerá como investigada el 14 de julio, junto el exdirector de Energía y Minas de la Junta, Manuel Ordóñez y uno de los propietarios de la constructora Collosa, Patricio Llorente Muñoz. El 26 lo harán sus hermanos, Alejandro Llorente y Miguel Ángel Llorente y el representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, Ricardo Bravo.
El 20 de septiembre declararán los investigados Rafael Icaza de la Sota, directivo de Ibercyl, así como los directores de negocio de Energías Renovables de Iberdrola, Xabier Viteri Solaum y Pedro Barriuso Otaola. El 27 declararán también como imputados los empresarios eólicos Eduardo Merigó González, José Pérez Arizaga y el exdirector general de Deportes de la Junta Andrés Martín Paz.
