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Las instituciones alavesas llevarán al Tribunal Constitucional sus querellas por la matanza del 3 de marzo de 1976
Las instituciones alavesas recurrirán ante el Tribunal Constitucional el archivo de sus querellas por la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en Vitoria por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta laboral.
La Diputación Foral y las Juntas Generales de Álava, junto con el Ayuntamiento de Vitoria, han adoptado esta decisión tras el sobreseimiento de sus querellas y el rechazo de sus recursos iniciales por parte de los tribunales alaveses.
El último recurso rechazado ha sido el del Ayuntamiento de Vitoria, cuyo alcalde, Gorka Urtaran, ha anunciado este viernes, en una rueda de prensa, que el Consistorio, junto a la Diputación y las Juntas Generales, recurrirá esta decisión ante el Tribunal Constitucional.
“VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN”
Urtaran ha advertido de que en caso de que el Constitucional confirme el archivo de las querellas, recurrirán a “instancias europeas” para exigir “verdad, justicia y reparación” para las víctimas de los crímenes del 3 de marzo, por los que ninguna persona ha sido condenada hasta la fecha. “No puede haber víctimas de primera y de segunda”, ha denunciado.
El 3 de marzo de 1976 cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta laboral en Vitoria.
Los juzgados que han rechazado las querellas argumentan que los hechos no pueden ser tipificados, tal y como solicitan las instituciones alavesas, como delitos de lesa humanidad.
El sobreseimiento de las querellas se basa en la imposibilidad de aplicar esta tipificación de genocidio y lesa humanidad, introducida en el derecho penal por la Ley Orgánica 15/2003 a hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma.
“VULNERACIÓN”
Por su parte, las instituciones alavesas argumentan que el archivo de las querellas responde a “una interpretación contraria a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, que ha sido recogida por algunas instancias judiciales españolas, y que en consecuencia “vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 24 de la Constitución”.
La Diputación, las Juntas y el Ayuntamiento estiman que el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “son vinculantes” para los juzgados y tribunales españoles, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 10.2, 9.3 y 96 de la Constitución.
