IU pide personarse en el caso por la muerte del interno de Archidona
Izquierda Unida (IU) quiere se parte en el proceso abierto por la muerte de un interno del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional de Archidona (Málaga). La formación ha enviado un escrito al juez que investiga el fallecimiento de un argelino de 36 años que fue encontrado ahorcado el pasado viernes.
En el escrito, IU pide ser acusación popular porque los hechos son “de indudable interés público y honda repercusión social”. “Existen elementos que hacen pensar la existencia de de una concatenación de conductas irregulares en el ámbito de la administración pública y las fuerzas de seguridad del Estado”, añaden.
La formación recuerda que sus objetivos son la salvaguarda de los derechos humanos, la interdicción de la arbitrariedad y la defensa de los derechos de las personas migrantes. El juez encargado del caso tendrá que decidir si acepta la personación de IU si finalmente abre una causa por la muerte del interno de Archidona.
Mohamed Bouderbala fue encontrado ahorcado en su habitación el 29 de diciembre. Había llegado sido internado después de que un Juzgado de Lorca (Murcia) dictara un auto con fecha 20 de noviembre en el que autorizaba su internamiento hasta el próximo 18 de enero.
El hermano del fallecido asegura que no se suicidó y ha reclamado una investigación. Además, exige que no se expulse a los internos que puedan ser testigos en el caso.
El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, envió el martes una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que se pedía el cierre inmediato de Archidona por su “situación insostenible”.
Archidona es en realidad un centro penitenciario que el Ministerio del Interior utiliza como CIE y en el hay internados 464 migrantes. Un juez avaló su uso, y otro investiga si tomó la decisión en base a los datos falsos que le había proporcionado el Ministerio dirigido por Juan Ignacio Zoido.
IU ha presentado ya una proposición no de ley para reprobar a Zoido por “grave vulneración de los derechos humanos”. “Habrán de ser las instancias judiciales quienes determinen si las posibles ilegalidades cometidas y aquí apuntadas son tales. Baste en este momento exigir la máxima responsabilidad política por lo acaecido estas semanas en Archidona”, recoge el texto presentado en el Congreso.
