El Poder Judicial en funciones pide evitar intervenciones parlamentarias con “descalificaciones” a jueces

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha emitido este lunes una declaración unánime donde insta a asegurar que las intervenciones parlamentarias no incurran en “descalificaciones” a jueces y magistrados que minen la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, en respuesta a las declaraciones realizadas por varios diputados la semana pasada.

Así lo han acordado los 16 vocales que integran actualmente el CGPJ, tras rebajar el texto inicial propuesto por los nueve vocales que, junto al presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, forman el bloque conservador: José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Wenceslao Olea, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart, Nuria Abad y María Ángeles Carmona.

Según las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, la declaración propuesta por los vocales conservadores instaba directamente a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a evitar “críticas desmedidas” de los parlamentarios a jueces y magistrados, al tiempo que llamaba al Gobierno a la “contención”, todo ello para “no socavar la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

Sin embargo, en la declaración finalmente aprobada se han eliminado ambas referencias para señalar que “debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial”.

Estos nueve vocales veían necesario que el CGPJ hiciera un pronunciamiento oficial tras las acusaciones lanzadas el pasado 30 de enero en la Cámara Baja por varios diputados durante la sesión plenaria en la que se debatió y rechazó el actual texto de la proposición de ley de amnistía, “ante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta”.

El Pleno razona que el hecho de que “se encuentren especialmente protegidos por la inviolabilidad parlamentaria no le resta gravedad a su actuación”. “Máxime, teniendo en cuenta que en el debate social y parlamentario sobre la referida proposición de ley se vienen profiriendo acusaciones de 'lawfare' contra miembros del Poder Judicial”, apunta.

Por ello, rechaza “con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del Poder Legislativo”, al tiempo que recalcan que seguirán defendiendo “la independencia del Poder Judicial, residenciada en todos y cada uno de los jueces y juezas españoles”.

Reclaman “respeto institucional”

“Reiteramos que la independencia judicial es una pieza clave del Estado de Derecho y su defensa es imprescindible en el marco de los valores sobre los que se asienta la Unión Europea y su salvaguarda corresponde a todos los Poderes del Estado”, sostiene el conjunto de los vocales.

Además, subrayan que “el respeto institucional debe presidir las relaciones entre todos los poderes del Estado”, recordando en este sentido que, como ha señalado el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, “ante una injerencia inadecuada, los poderes del Estado deben cooperar con lealtad para restablecer el equilibrio y, con ello, la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de las instituciones públicas”.

Recuerdan igualmente que, conforme al Consejo Consultivo, “las valoraciones y las críticas de un poder del Estado hacia los demás poderes deben formularse en un clima de respeto mutuo” y que “existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y presiones inadecuadas hacia el Poder Judicial, por otra parte”.

Los ataques de Junts, Podemos y Sumar

Durante la sesión parlamentaria del pasado 30 de enero, diputados de Junts, Podemos y Sumar aludieron al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó y condenó el 'procés'; al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga 'Tsunami Democràtic'; y al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que indaga en el 'caso Voloh'.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, habló de “jueces prevaricadores” y mencionó a los tres togados, mientras que la diputada de Podemos Martina Velarde advirtió sobre una “ofensiva judicial salvaje” contra la futura amnistía apuntando al “sector reaccionario judicial” y, en concreto, a García Castellón.

Desde Sumar, Gerardo Pisarello, habló de “un juez de la Audiencia Nacional cercano a Aznar que no vio implicación de María Dolores de Cospedal” en 'Kitchen', para después referirse directamente al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6.

En sus intervenciones, los diputados de ERC Pilar Vallugera y de EH Bildu Jon Iñárritu no se refirieron a jueces con nombres y apellidos pero sí al Poder Judicial. Así, el político vasco alertó sobre “movimientos oscuros” procedentes del ámbito judicial.

Tras ello, la diputada de Vox María José Rodríguez de Millán pidió a la presidenta de la Cámara Baja que llamara al orden a Nogueras y Velarde, solicitud que Armengol no atendió, si bien recordó que había pedido a todos los diputados que guardaran “el debido decoro”.

Primer pronunciamiento del Pleno

Se trata del primer pronunciamiento del Pleno del CGPJ sobre los ataques de políticos a togados, aunque Guilarte ya se ha manifestado en varias intervenciones públicas. La última fue el pasado miércoles cuando respondió a las “inaceptables descalificaciones” realizadas el día anterior en el Congreso hacia jueces y magistrados, haciendo un llamamiento institucional a que “dejen en paz” a los miembros del Poder Judicial.

Hasta ahora, el Pleno solo se había pronunciado sobre las acusaciones de 'lawfare' (guerra judicial) contra jueces y magistrados. Primero lo hizo la Comisión Permanente, advirtiendo de que se mantendría “vigilante” si finalmente se creaban las comisiones de investigación parlamentaria para detectar estos supuestos casos y, después, reaccionó su máximo órgano para rechazarlas y avisar a los togados de que no están obligados a comparecer en las mismas.

La Comisión Permanente, por su parte, emitió una declaración unánime el pasado 19 de enero para expresar su “rotundo rechazo” a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, a García Castellón, al considerar que eran “contrarias” al “deber de respeto a la independencia judicial”, al tiempo que pidió “responsabilidad institucional” para “evitar la utilización política de la Justicia”.