La principal patronal de Nicaragua alerta sobre un precedente “peligroso” con la Ley Electoral

Managua, 15 jul (EFE).- El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cúpula patronal de Nicaragua, advirtió este miércoles que el Consejo Supremo Electoral sentó un “precedente nefasto y peligroso” al reformar la Ley Electoral a través de una resolución administrativa.

En una resolución, los magistrados electorales establecieron un nuevo plazo para la obtención de personalidad política de nuevos partidos políticos con miras a las elecciones generales previstas en noviembre de 2021.

Para el Cosep, el Poder Electoral, con esa resolución, deja en evidencia su falta de voluntad de establecer una ruta que garantice reformas políticas electorales que brinden seguridad jurídica y transparencia en las diferentes etapas del próximo proceso electoral.

“Al contrario, con esta resolución establecen un precedente nefasto y peligroso al utilizar una resolución administrativa para reformar la Ley Electoral, lo cual viola los principios de supremacía constitucional y de legalidad”, argumentó la patronal.

Asimismo, agregó, esa resolución, conforme sus alcances legales, tampoco responde a la demanda nacional e internacional de reformas electorales integrales, que “consideramos son necesarias para garantizar un proceso electoral libre, justo, transparente y observado”.

El Cosep adelantó que rechazará todo tipo de reformas al sistema electoral que no garantice un proceso electoral justo, que sean violatorias del derecho, y que se realicen de forma unilateral sin tomar en cuenta a todos los sectores políticos y sociales del país.

Unas reformas al sistema electoral deberían incluir las diversas recomendaciones de carácter técnico que han realizado los organismos internacionales para garantizar un proceso electoral confiable y seguro, consideró.

La Ley Electoral establece que para que los partidos políticos participen en un proceso electoral, deben haber obtenido la personalidad jurídica doce meses antes de los comicios electorales.

En su resolución, el consejo electoral explicó que modifican el plazo a cinco meses, debido a que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 “ha venido a limitar algunas actividades organizacionales y sociales, incluyendo las que conllevan a la certificación de la personalidad jurídica, requisito establecido en la Ley para participar en los próximos comicios electorales”.

La medida ha sido rechazada por organizaciones y movimientos políticos opositores por violar la Ley y porque consideran que el Gobierno que preside Daniel Ortega busca evadir una reforma integral al sistema electoral.