Marlaska afirma que no “sabía nada” de la denuncia contra el jefe operativo de la Policía y dimitirá si la víctima cree que “le ha fallado”
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no tenía conocimiento de la denuncia por agresión sexual de una subordinada contra el jefe operativo de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González. “Evidentemente no sabíamos nada. A la mínima se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato como se hizo ayer”, ha defendido este miércoles minutos antes de la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Marlaska ha afirmado que el abogado de la mujer mantuvo “en secreto los hechos” hasta este martes por la tarde y que, una vez leída la querella, “no había otra decisión” posible por la gravedad de los hechos que “requerirle la renuncia o el cese inmediato”. “Hay un desconocimiento, no lo he tapado”, ha insistido. También ha acusado al PP de “instrumentalizar” lo ocurrido “de forma indebida” por acusar al Gobierno de “saber, tapar y proteger” la presunta agresión sexual del DAO de la Policía.
Ha confirmado que ha pedido una información reservada sobre otro comisario y asesor del DAO por sus presuntas coacciones hacia la denunciante ofreciéndole cualquier puesto en la Policía. “Se está estudiando y he pedido que se acuerde que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales”, ha expuesto.
Posteriormente ha afirmado que dimitirá si la presunta víctima asegura que no se ha sentido protegida o entiende que él como ministro le ha fallado. “De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré”, ha señalado Marlaska en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
El ministro se ha pronunciado de esta forma en una bronca sesión en la que los diputados del PP han pedido que dimita a gritos desde sus escaños, a lo que ha replicado la bancada socialista con un aplauso.
Citado el 17 de marzo
El juez David Maman Benchimol ha citado a González el próximo 17 de marzo, el mismo día que a su presunta víctima. El auto afirma: “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según el artículo 89 de la LOPJ, y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”.
La querella de la mujer explica que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada, y a continuación hace un prolijo relato de los hechos. La denunciante afirma que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025. Ese día, denuncia la mujer, él intentó “un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima” que “fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento”. Pese a las negativas, el DAO habría comenzado entonces “una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional”.
Después de la presunta agresión sexual, la mujer denuncia un acoso constante, por parte del propio DAO y del otro mando policial que comía con él el día de la agresión.
José Ángel González Jiménez ingresó en la Policía Nacional en 1984 y es desde 2018 el máximo mando de la Policía Nacional, desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior y Francisco Pardo Piqueras director general de la Policía Nacional. En noviembre de 2024, el Ministerio dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo al frente de la Dirección Adjunta Operativa, recurriendo a una modificación legal en el real decreto de medidas por la Dana de Valencia, algo que fue cuestionado por los partidos de la oposición y algunos sectores policiales.