La Memoria Democrática tampoco cabe en el PP de Feijóo

El Partido Popular reniega de la memoria democrática española. No es algo nuevo, ni de su supuesta ala más radical. Forma parte de la columna vertebral de la organización que fundaron tras la dictadura, bajo el nombre de Alianza Popular, varios ministros franquistas con Manuel Fraga a la cabeza. Los sucesores del dirigente gallego siempre se han posicionado contra lo que otros partidos conservadores avalan como normal en el resto de Europa: la recuperación de la dignidad de quienes fueron víctimas del fascismo que asoló el continente hace ahora un siglo.

José María Aznar, Mariano Rajoy y Pablo Casado se posicionaron, desde el Gobierno o desde fuera, contra la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Rajoy se comprometió a derogarla. No lo hizo, pero aunque no cumplió esa promesa sí encontró un subterfugio: vaciarla de recursos económicos.

Durante los siete años y medio que gobernó, Rajoy dejó sin fondos públicos a la ley, especialmente a uno de sus principales avances: proyectos para buscar las miles de fosas comunes que existen en España y desenterrar e identificar los restos mortales para que los familiares de los asesinados sepan qué fue de ellos y les den sepultura donde quieran.

La moción de censura de 2018 expulsó al PP de la Moncloa. Cuatro años después, el Gobierno de coalición ha cumplido con una de sus principales promesas: profundizar en la memoria histórica. La nueva ley, aprobada este mismo mes de forma definitiva, condena el golpe de Estado de 1936, por ejemplo. También declara ilegal el régimen franquista y sus sentencias. Algo que otros países europeos hicieron hace décadas, tras la derrota del fascismo en 1945, llega a España a menos de tres lustros de cumplirse un siglo de la guerra civil.

La norma busca también una fórmula para cumplir con la legislación internacional y juzgar los crímenes más horrendos producidos durante el régimen fascista en España. Renombra el Valle de los Caídos, además de legislar la exhumación y traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera, enterrados en la basílica de Cuelgamuros, tal y como ocurrió con los de Franco.

El listado de medidas es mayor. Pero antes incluso de que el Gobierno enviara al Congreso el Anteproyecto de Ley, el PP de Pablo Casado ya prometió su derogación.

Y ahora Alberto Núñez Feijóo reitera este compromiso. El PP se ha lanzado en tromba contra una norma que pretende ahondar en el reconocimiento de quienes fueron asesinados, desterrados, expoliados y violados por la dictadura de Francisco Franco, así como terminar con los reconocimientos nobiliarios y distinciones que esta otorgó durante sus cuatro década de dominación a ministros, militares golpistas o ideólogos y entre los que están los ducados de Franco, Primo de Rivera o Carrero Blanco o los marquesados de Queipo de Llano y San Lorenzo de Yagüe

Pero no solo se condecoró a estas personas. El rechazo a la nueva ley es tal que el PP incluso ha planteado en sus enmiendas derogar el artículo que elimina la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. El máximo honor que concedía la dictadura de Franco y que tiene entre su nómina de galardonados a Adolf Hitler, Benito Mussolini o Rudolph Hess.

Pese a los intentos de elDiario.es por recabar la opinión del PP, nadie ha querido explicar por qué el partido registró una enmienda para no derogar dicha distinción, la mantuvo “viva” hasta la votación del Pleno del Congreso pese a ser rechazada por la mayoría progresista en comisión, y la volvió a registrar y defender en el Senado.

La enmienda fue votada a favor en la Cámara Alta por el grupo del PP, con Alberto Núñez Feijóo y el resto de la dirección del partido a la cabeza, por Vox y por otros grupos regionales menores aliados de la derecha. Como única justificación el PP alegó una “mejora técnica”. Tras la votación, Feijóo reiteró su intención de derogar la norma.

El presidente del PP compartió en un tuit una noticia del periódico La Razón ilustrada con una foto donde se lee una pequeña pancarta con el lema “La cruz no se toca”, en referencia a la Cruz de los Caídos construida por prisioneros republicanos esclavizados como monumento al Franquismo. Todo, pese a que el Gobierno de coalición no incluyó en la norma ninguna referencia a que el símbolo pueda ser destruido.

El texto del tuit alude además a la excusa que ha dado el PP para no apoyar la Ley de Memoria Democrática: el voto favorable de EH Bildu. Efectivamente, los cinco diputados y los dos senadores del partido independentista votaron a favor de la norma. Pero su participación no era imprescindible. En el Congreso el proyecto de ley salió adelante con 173 votos a favor y 159 en contra, además de 14 abstenciones. En la Cámara Alta, el texto recibió 128 síes y 113 noes. Como detalle, la enmienda 174 para mantener la Orden Imperial del Yugo y las Flechas que defendió el PP se saldó con 148 noes y 107 síes en el Senado.

Pese a que en ninguna de las votaciones fue clave la coalición vasca, Feijóo ya ha renombrado la norma como “ley de desmemoria antidemocrática” que, según el líder del PP, ha sido “hecha al dictado de Bildu”. Una excusa que no casa con la realidad y que no impide concluir que hoy, como hace 40 años o 15, en el PP sigue sin caber la memoria democrática.