El abogado de Junqueras: “El Supremo ha establecido el código penal de la disidencia, poniendo límites al ejercicio del derecho a la protesta en un Estado democrático”

Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, reconoce que la sentencia del Supremo le ha pillado preparando la vista ante el Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo, sobre la inmunidad de líder de ERC como eurodiputado electo: “La reacción del Supremo es la de establecer el código penal de la disidencia, los límites al ejercicio del derecho a la protesta en un Estado democrático. Y lo ha hecho de una forma genuina del Estado español, es el único Estado del entorno europeo que prevé reacciones de la gravedad del delito de sedición, que no tiene comparación en otro país. Y el Supremo decide que 10-15 años de prisión son una respuesta a la organización de un referéndum y una manifestación popular, y eso es lo que nos interesará discutir en esta jurisdicción, en la de los Estados democráticos de la UE que no prevén este tipo de reacciones”.

Según el abogado de Junqueras, “la vista sigue teniendo interés porque el tribunal de justicia ha reformulado la cuestión prejudicial del Supremo por la vía de los derechos fundamentales. ¿Hasta qué punto un Estado puede neutralizar a un candidato electo, proclamado electo por la Junta Electoral Central? Y esto afecta a todos los Estados miembros. Si el tribunal falla a favor de la inmunidad, el Supremo tendrá un problema”.

“Si el tribunal determina que Junqueras necesitaba de una protección”, ha argumentado Van den Eynde, “no podía haber sido condenado, y tendrá en unas repercusiones trascendentales. Pero yo, desde un punto de vista técnico, no puedo entrar en cuestiones de oportunidad. La decisión tendrá que basarse en el derecho, y la limitación de los derechos de Junqueras contraviene los tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales”.

Según Van den Eynde, “es lógico que el Supremo reactive la euroorden, el problema es que tendrá que explicar a sus socios por qué lo que pasó en Catalunya merece 12-13 años de prisión. El problema se mantendrá, y que esta reacción es contra políticos que tenían un mandato popular, lo que tiene un componente político. Y tendrá que explicar que no cometieron rebelión, según el Supremo. Y todo esto lo tendrá que explicar el juez instructor [Pablo Llarena]”.

Informa Andrés Gil.