El nuevo juez adormece la investigación a la pareja de Ayuso por el presunto soborno a un directivo de Quirón
Todos los problemas de Alberto González Amador con la justicia se congregan ya en un espacio donde el tiempo discurre con lentitud. Al colapso administrativo que retrasará el juicio por fraude fiscal y falsificación hasta 2027 –después de las próximas elecciones autonómicas– se suma ahora la primera decisión relevante del juez que debe investigarle por corrupción en los negocios: el magistrado Antonio Viejo no autoriza a practicar dos de las tres diligencias que le solicitó la UCO para esclarecer los delitos más graves que habría cometido la pareja de Isabel Díaz Ayuso, entre ellos corrupción en los negocios.
Viejo ha tardado seis meses en adoptar la decisión y lo ha hecho tres días después de que elDiario.es desvelara una reunión en su despacho el pasado 30 de abril en el que el fiscal y los agentes de la UCO le apremiaron a adoptar una decisión sobre el requerimiento formulado en diciembre pasado, tras habérselo requerido por escrito en varias ocasiones. El magistrado les respondió que resolvería en unos días. Finalmente ha tardado 41.
La jubilación de Inmaculada Iglesias y su marcha del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid desató el pasado verano las especulaciones sobre cómo podía afectar el cambio de instructor a la causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Casi un año después, las dudas se han despejado.
Antonio Viejo, el sustituto de Iglesias, ha tardado seis meses en contestar el requerimiento a la UCO para comenzar a investigar. Y cuando lo ha hecho, el juez ha dado permiso únicamente para que los agentes busquen en las 16 cuentas bancarias de González Amador, la otra investigada, Gloria Carrasco, y las sociedades de ambos. El acceso a la información tributaria y societaria deberá esperar. A duras penas arranca la operación Cirbelia, según ha bautizado la UCO sus indagaciones.
Esta pieza separada del caso González Amador investiga la compra en 2020 por parte del empresario de una sociedad que apenas tenía valor, pero por la que pagó medio millón de euros. La anterior jueza, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que la compra encubría el pago de una comisión. O, más bien, el pago de parte de una comisión, la que habría obtenido la pareja de Ayuso como intermediario en una compraventa de mascarillas en los inicios de la pandemia.
La operativa fraudulenta se resume de la forma que sigue. Fernando Camino es director de Quirón Prevención y da trabajo a González Amador desde 2017. Pero Camino también se sentaba en el consejo de administración de Mape, una empresa gallega que compró 42 millones de euros en material sanitario a otra empresa catalana en 2020. Esa empresa catalana había pactado previamente con González Amador una jugosa comisión por cada venta que consiguiera, en este caso dos millones de euros. El amigo de Alberto González habría impulsado la compra del material sabedor de la comisión que se llevaría su amigo. Y de la porción que obtendría él. Para disimular el reparto, el novio de Ayuso habría comprado una sociedad de la mujer de Camino por un precio desorbitado 500.000 euros, el 25%.
La jueza Iglesias tomó declaración a González Amador y a Gloria Carrasco, la mujer de Camino, dueña formal de Círculo de Bella SL. Iglesias se percató de las contradicciones entre los testimonios de ambos sobre el valor potencial de la sociedad, los mismos con los que intentaban justificar la operación. Antes de jubilarse, la magistrada aceptó la petición de la Fiscalía y la acusación popular y ordenó a la UCO entrar en el caso habida cuenta de la dimensión interprovincial que había adquirido.
En el auto la jueza Iglesias ya daba a entender la posibilidad de que la investigación se ampliara de la corrupción en los negocios y la administración desleal al blanqueo de capitales y el grupo criminal. La magistrada justificaba la intervención de la UCO en la posibilidad de que los investigados formaran “una trama” y que hubieran “transformado” o “disimulado” las ganancias “para ocultar el origen ilícito” de las mismas. El auto tiene fecha de 27 de junio de 2025. Un año después, el nuevo juez, Antonio Viejo, ha autorizado a la UCO a acceder a las cuentas de González Amador, Gloria Carrasco y las sociedades de ambos.
elDiario.es preguntó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la tardanza de Viejo en impulsar la causa. Un portavoz autorizado apeló a la prioridad de las causas con preso y a otras que afectan a la vida de las personas como las grandes estafas. También aludió a la reforma organizativa de la conocida como 'ley Bolaños' –que cambia la organización de la planta judicial– y a la necesidad del juez de conocer todas las causas de un juzgado al que había llegado en octubre.
La petición de la UCO era, sin embargo, algo sencillo de resolver. De hecho, el juez dedica la mayor parte de su auto de cinco páginas a recuperar jurisprudencia y ofrecer una explicación garantista de por qué no da permiso a los guardias civiles para acceder a la información tributaria y societaria de los investigados.
Viejo argumenta que primero quiere conocer “el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida y determinar, caso de haberse producido, si dicho enriquecimiento habría podido tener su origen en la investigación aquí llevada”. También dice que, dependiendo de ese resultado, autorizará el resto de peticiones de la UCO. La declaración del director de Quirón Prevención se antoja lejana, si es que algún día llega a darse.
El primer juicio, para después de las elecciones
Esta investigación en ciernes es una pieza separada de aquella que sentará irremediablemente a Alberto González Amador en el banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos. Los modestos resultados empresariales de la actual pareja de Ayuso se habían disparado en 2020 gracias a una sola operación, una comisión de casi 2 millones de euros por una venta de mascarillas entre dos empresas españolas. El comisionista empleó hasta 17 facturas falsas para hacer creer al fisco que había tenido unos gastos que no eran reales y tributar 350.951 euros menos de lo que debía.
La cifra superaba el umbral de los 120.000 euros defraudados por ejercicio para alcanzar la categoría de delito y Hacienda dio traslado a la Fiscalía, que presentó la correspondiente querella, desvelada por elDiario.es. El juzgado imputó a González Amador, quien desde el principio buscó un pacto que le asegurara una condena tan baja que no entrara en prisión. El Ministerio Público establece como prioridad recuperar el dinero defraudado y que Estado ingrese también la multa correspondiente.
Pero en esa voluntad de acuerdo de ambas partes interfirió la acusación popular que ejercen PSOE y Más Madrid. El mismo día en que se iba a cerrar el acuerdo, y tras estudiar la documentación obtenida por la Agencia Tributaria en sus 19 meses de inspección, la acusación popular presentó un escrito en el que pedía ampliar la imputación a González Amador por varios delitos más. En las tripas de la información recabada por la AEAT había operaciones que no cuadraban.
Y así fue –no sin un primer rechazo de la jueza Iglesias– cómo se abrió la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal. González Amador se replegó y aguardó a que la Audiencia Provincial aceptara su recurso contra la nueva investigación antes de llegar a un acuerdo por el doble fraude fiscal y la falsificación de documentos. Pero eso no ocurrió. En una decisión clave para el futuro judicial del novio de la presidenta, la Audiencia Provincial de Madrid avaló en marzo de 2025 la pieza separada que se había abierto contra el empresario y comisionista.
Hasta ese momento, la jueza Iglesias había optado por la prudencia y no había dictado diligencias, a la espera de que resolviera la instancia superior. Con la luz verde de la Audiencia Provincial, la instructora tomó declaración a González Amador y a Gloria Carrasco. Sus contradicciones sobre del valor potencial de Círculo de Belleza adelantaban el siguiente paso, citar a Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención. Pero la jubilación de la jueza dejó sin resolver la petición de la acusación popular en ese sentido.
Sin embargo, la magistrada aceptó otra solicitud que le había hecho la Fiscalía especializada en Delitos Económicos de Madrid y la acusación popular: el caso había adquirido tal magnitud que necesitaba de una unidad de policía judicial que realizara las pesquisas. La elegida sería la UCO de Guardia Civil. La jueza del auto lleva fecha de 27 de junio de 2025 y los agentes aún no han podido empezar a trabajar.