Ocho leyes clave aún pendientes de aprobar en el Congreso de cara al último curso de la legislatura
Aunque celebró dos plenos extraordinarios para aprobar iniciativas pendientes, el Congreso de los Diputados se encuentra desde el pasado 1 de julio fuera del periodo de sesiones. La actividad ordinaria volverá a la Cámara Baja el 1 de septiembre, después del parón veraniego, en el que será el último curso político de la legislatura. Y el legislativo encara esta recta final con decenas de iniciativas bloqueadas, y no solo de la oposición, sino también del propio Gobierno y sus aliados, que tendrán que acelerar si quieren aprobar antes del fin del mandato ocho normas clave, entre las que se cuentan la ley del cine, la de familias, la nueva ley de secretos oficiales o la largamente retrasada reforma de la ley mordaza.
Esta última, la nueva ley de seguridad ciudadana que debería sustituir a la norma aprobada en 2015 por el PP —y vigente 11 años después pese al rechazo unánime de la izquierda—, es una de las iniciativas cuya tramitación se encuentra más avanzada. No obstante, pese a que el Gobierno pactó con EH Bildu y ERC reactivar su reforma a finales de 2024 y a que, en un principio, se fueron superando etapas parlamentarias a buen ritmo, el texto lleva más de un año varado. El verano pasado se produjo una reunión informal entre el PSOE y varios de sus aliados (en concreto, Sumar, EH Bildu, PNV y ERC) para intentar desbloquear la tramitación, pero no se logró ningún avance. Y desde entonces apenas se ha producido algún intercambio de documentos que no ha servido para resolver los desacuerdos.
Tal es el estancamiento de la negociación que la ponencia —el órgano reducido del Congreso con representación de todos los grupos donde se da forma al texto final que posteriormente se somete a votación— ni siquiera se ha reunido en 2026. Los motivos de esta parálisis son varios. Podemos, por ejemplo, apuesta porque se establezca en la ley un plazo concreto para prohibir el uso de pelotas de goma como material antidisturbios, así como que la norma prohíba el rechazo en frontera de inmigrantes que entren de manera irregular en España. Por su parte, PNV y EH Bildu han chocado en relación a asuntos como el principio de autoridad de las fuerzas policiales, en la que los de Aitor Esteban tienen una posición mucho más firme que los abertzale. Y, en el cada vez más competido tablero del nacionalismo vasco, mantienen un pulso por no permitir al otro que se apunte la medalla de haber tumbado una ley tan impopular como la mordaza.
En el capítulo de normas cuya aprobación lleva prometiendo años el Gobierno, pero que terminan en un cajón también destaca la ley de familias. El texto ya se quedó sin aprobar la pasada legislatura. Y, aunque desde entonces han entrado en vigor algunas de sus medidas estrella —por ejemplo, los permisos de cuidados, aprobados por decreto a finales del anterior mandato—, el grueso del texto, que supondría más apoyo para las familias monomarentales o ampliaría el alcance de la ayuda por hijo a cargo, sigue congelado en el Congreso. El proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo a la Cámara Baja nada más comenzar la legislatura, en marzo de 2024, pero desde entonces PSOE y Sumar —con discrepancias sobre el alcance que debe tener la norma— han evitado darle prioridad: ya suma nada menos que 83 extensiones del plazo que tienen los grupos para presentar enmiendas, lo que, en la práctica, supone que la tramitación está paralizada.
En la misma situación se encuentra el proyecto de ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud, un texto a través del cual el Gobierno pretendía recuperar la cartera común de servicios única, cerrar la puerta a la posibilidad de establecer nuevos copagos, ampliar el círculo de titulares del derecho a la sanidad pública y prohibir expresamente cualquier forma de pago a cambio del trasplante de órganos. El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros en la primera mitad de 2024 y llegó al Congreso en mayo, pero desde entonces no ha avanzado ni un centímetro: la Mesa, en la que tienen mayoría PSOE y Sumar, ha prorrogado 71 veces el plazo de enmiendas al texto. El pasado marzo, eso sí, el Gobierno aprobó por decreto reforzar el acceso a la sanidad pública para extranjeros que residen en España de manera irregular.
Asimismo, duerme el sueño de los justos desde que fue enviada a la Cámara Baja en julio del año pasado otra de las leyes cuya reforma lleva años prometiéndose, pero nunca llega: la de Información Clasificada, conocida popularmente como la ley de secretos oficiales. Hasta cinco veces ha dado el Congreso luz verde en las últimas legislaturas a iniciar los trabajos para esta reforma, siempre a iniciativa del PNV, por lo cual el Gobierno tomó el toro por los cuernos y presentó su propio proyecto de ley en 2025. La norma establecería plazos de desclasificación automática de los documentos confidenciales, que podrían permanecer bajo secreto un máximo de 60 años y no indefinidamente, como hasta ahora. Pero el propio Ejecutivo ha dejado languidecer su proyecto: son ya 31 las ampliaciones del plazo de enmiendas que PSOE y Sumar han aprobado para congelar su tramitación.
Dos leyes más a mitad de su tramitación
Algo más avanzados en su tramitación se encuentran otros dos proyectos de ley que, sin embargo, el Gobierno también tiene pendientes de rematar en la recta final de la legislatura: la largamente esperada ley del cine y la ley orgánica de protección de menores en entornos digitales. Estas iniciativas legislativas han superado la fase de enmiendas en el Congreso y se encuentran siendo negociadas por los grupos parlamentarios en fase de ponencia, aunque los avances que han registrado unos y otros son dispares.
Las conversaciones que se encuentran más avanzadas son las de la ley del cine, especialmente después de que el pasado junio se desbloqueara su tramitación tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno con Junts para que la norma establezca que se dedique a las lenguas cooficiales un porcentaje de recursos del fondo de fomento del cine y el audiovisual, así como que se otorguen incentivos a las salas que proyecten más películas en catalán, euskera o gallego. La intención del Ministerio de Cultura es aprobar definitivamente la ley antes de fin de año, aunque el Ejecutivo ha retrasado sus plazos en varias ocasiones desde que enviara el texto al Congreso en 2024.
Menos avanzado se encuentra el debate sobre la ley de protección de menores en entornos digitales. La ponencia de la norma, el órgano en el que los grupos parlamentarios tienen que dar forma al texto, se constituyó el pasado abril, pero antes del parón veraniego no había terminado sus trabajos. Con el texto, el Gobierno pretende regular el acceso de los niños y adolescentes a las redes sociales, prohibir a los menores la adquisición de las conocidas como loot boxes en videojuegos por su potencial adictivo y establecer la obligatoriedad de que las webs con contenido pornográfico o violento establezcan sistemas de verificación de edad para sus usuarios.
También se encontraba varada la norma que regulará la actividad de los lobbies, así que el Gobierno decidió aprobarla vía decreto ley en el Consejo de Ministros. El texto, que ordena la creación de un registro “estatal, público y obligatorio” de los grupos de interés, deber ser convalidado en el plazo de un mes en el Congreso.
Dos proposiciones de Sumar
Más allá de los proyectos de ley del Gobierno, también se encuentran pendientes de aprobación en el Congreso varias normas propuestas por Sumar en diferentes puntos de su tramitación parlamentaria. De ellas destacan dos. La primera es la ley orgánica que reformaría el Código Penal para eliminar del mismo varios delitos que restringen la libertad de expresión; al igual que la ley de secretos oficiales, la propuesta es un clásico de las últimas legislaturas que nunca ha llegado a aprobarse. El segundo, la reforma de la ley de comercio exterior de material de defensa para establecer de manera automática —sin que el Gobierno deba hacerlo discrecionalmente— embargos de armas “a aquellos Estados que hayan sido demandados ante un tribunal internacional” por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, como es el caso de Israel.
La primera de estas dos normas llevaba varada en el Congreso desde que Sumar la presentó en 2024. No obstante, el pasado junio, la formación anunció un acuerdo con el PSOE para desbloquear la tramitación de la propuesta, que contempla acabar con cinco delitos recogidos en el Código Penal: injurias a la Corona, ultraje a los símbolos nacionales, ofensa a los sentimientos religiosos, calumnias a las altas instituciones del Estado e injurias contra las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. En principio, en la Cámara Baja existe mayoría para que la iniciativa sea aprobada con los votos de los partidos que sustentan el Gobierno junto a los de sus habituales aliados, incluido, en esta ocasión, Junts. No obstante, esa mayoría ya existía la pasada legislatura y la norma —que entonces planteó Unidas Podemos— languideció hasta la disolución del parlamento.
Por el contrario, la segunda de las proposiciones de ley tiene bastante peor pronóstico. En junio de 2025, PSOE y Sumar acordaron impulsar la iniciativa que permitiría establecer un embargo total al comercio de armamento y material de doble uso con cualquier país denunciado ante instancias internacionales por crímenes de guerra o contra la humanidad, así como prohibir que otros países utilicen España como país de tránsito para exportar este tipo de productos. No obstante, esa proposición de ley quedó olvidada dado que, tres meses después, en septiembre de 2025, el Gobierno aprobó un decreto para dar sustento jurídico al embargo de armas a Israel. Esta prohibición de importar y exportar material de defensa, sin embargo, únicamente afecta al Estado hebreo: a diferencia de lo que proponía Sumar, la ley no establece un embargo automático para las naciones acusadas ante cortes internacionales.