Piden a Europa pronta ejecución de la resolución de Eurocámara en Nicaragua

Opositores y activistas de derechos humanos en Nicaragua pidieron este jueves a los países de Europa que ejecuten en el menor plazo posible la reciente resolución del Parlamento Europeo (PE), en la que pide que acabe con la represión política o aplicarán sanciones.

“La del Parlamento Europeo es una de las resoluciones más completas y exhaustivas (...) demandamos más rapidez porque eso es lo que limita la efectividad de este tipo de resoluciones, que no se corresponden con los tiempos de la represión”, dijo la activista de derechos humanos Vilma Núñez a periodistas.

Desde abril de 2018 Nicaragua se encuentra sumergida en una sangrienta crisis sociopolítica, de la cual se ha responsabilizado al presidente Daniel Ortega, sin embargo, hasta ahora la comunidad internacional no ha podido evitar que el Gobierno nicaragüense cambie su política interna.

En su resolución, aprobada este jueves con 550 votos a favor, la Eurocámara condenó “todas las acciones represivas” del Gobierno de Daniel Ortega, pero también le instó a poner “fin a la persistente represión de la disidencia y al actual modelo de detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual”.

Adicionalmente le llamó a “que se abstenga de criminalizar, perseguir y atacar a defensores de los derechos humanos, opositores políticos, familias de víctimas y otras voces disidentes”, a “desmantelar inmediatamente las fuerzas paramilitares”, e investigar “con transparencia e imparcialidad” los actos de violencia.

El PE resolvió que, de mantenerse inalterable la situación en Nicaragua, el país sea suspendido del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, lo que le haría perder cientos de millones de dólares anuales, mientras que los eurodiputados insistieron en sanciones individuales a funcionarios violadores de derechos humanos o corruptos.

“Esperamos que ya para enero o febrero se den sanciones individuales a funcionarios, por violación de los derechos humanos”, dijo el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.

Chamorro destacó que personajes como el expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) Roberto Rivas, señalado de arreglar las elecciones que han mantenido a Ortega en el poder desde 2007, deberían estar entre los primeros sancionados, ya que este supuestamente posee mansiones y cuentas bancarias en España que no se corresponden con el salario que devengó como funcionario.

El PE también acordó enviar una segunda misión a Nicaragua para dar seguimiento a lo que ocurre en el país, que vive su peor crisis sociopolítica desde 1980 a 1990, también bajo la presidencia de Ortega.

La actual crisis ha dejado al menos 328 muertos en 20 meses, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales registran hasta 651, mientras que el Gobierno reconoce 200.

Ortega sostiene que se ha defendido de un supuesto “golpe de Estado fallido”, del cual un grupo de eurodiputados solicitó pruebas en enero pasado, sin obtener respuesta.