El PP despidió a una trabajadora de un Ayuntamiento manchego por su “adscripción política”
El Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real), con mayoría del PP, deberá readmitir a una trabajadora técnico de promoción económica que fue despedida por un “móvil discriminatorio por causa de su adscripción política a un partido político”, en este caso, el PSOE, y por “vulneración del derecho fundamental de libertad ideológica”. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), en una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, ratifica una resolución previa, de junio de 2012, del Juzgado de lo Social de Ciudad Real, en la que se declaraba “nulo” el despido y se obligaba a la readmisión de la trabajadora.
La resolución del TSJCM rechaza los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Daimiel, que deberá hacerse cargo de las costas, en su recurso y, en uno de sus fundamentos de derecho, señala que hay “sólidos indicios de que el despido objetivo de la actora tuvo un móvil discriminatorio por causa de su adscripción política” en el que ostenta un cargo orgánico en un partido diferente al que gobierna en el Ayuntamiento.
“Es más, -añade la sentencia- la solidez de tales indicios es tal que bien pudiera se considerar como prueba de vulneración del derecho fundamental de libertad ideológica, lo que, evidentemente, tiene trascendencia” a la hora de valorar la decisión del despido.
La afectada, Lucía Menor, secretaria de Organización local del PSOE desde 2007 y, recientemente, elegida secretaria general de la Agrupación de Daimiel, entró a trabajar en el Ayuntamiento en 1998 como técnico de promoción económica, pasando a coordinar el Centro de Innovación y Promoción Económica (CLIPE) dos años después.
Según recoge la sentencia emitida por el Juzgado por lo Social de Ciudad Real, durante la primera etapa, mantuvo una relación normal con el alcalde de la localidad y el concejal responsable de su área, sin que en su trabajo se “destacara ninguna actividad política”.
A partir de mayo de 2011, tras la victoria del PP en las municipales, según recoge la sentencia del Juzgado de Ciudad Real, fue cuando no tuvo relación alguna con el nuevo alcalde ni con el concejal responsable de su área, dándose un “vaciado de contenido de sus funciones”, hasta el llegar a nombrarse una nueva coordinadora de sus propias funciones, hasta concretarse el despido en febrero de 2012. En todo caso, la sentencia puede ser recurrida en Casación ante el Tribunal Supremo.
