El presidente rumano se niega a ratificar una polémica reforma judicial

El presidente de Rumanía, el liberal Klaus Iohannis, se negó hoy a ratificar y promulgar una polémica reforma judicial del Gobierno de centroizquierda que, según sus críticos, puede socavar la independencia de la Justicia.

“Las leyes no se adecúan al marco constitucional nacional ni a los estándares europeos”, dijo Iohannis en un discurso televisado, acusando a los socialdemócratas de “lanzar un ataque contra la Justicia” desde su vuelta al poder en 2016.

El jefe de Estado anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional y que informará también a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa compuesto por expertos judiciales independientes.

A juicio del presidente, estas reformas aprobadas a finales de 2017 no buscan “que la Justicia funcione más eficientemente sino que tratan de intimidar a los magistrados”.

La reforma judicial aprobada por el Parlamento establece, entre otras medidas, que se investigará a los magistrados que cometan errores y reduce las competencias de la Fiscalía Anticorrupción.

Esa Fiscalía es la institución más valorada en el país porque ha presentado cargos y logrado condenas contra miles de políticos por aceptar sobornos, abuso de poder o trato privilegiado.

Iohannis recordó hoy las preocupaciones de socios internacionales e instó al Constitucional a que se tome su tiempo y que colabore con los expertos europeos en sus valoraciones.

“Después de que la Corte se exprese sobre estas cuestiones, haré un nuevo análisis de las leyes y decidiré entonces si se necesita una revisión”, anunció el jefe del Estado sobre si en el futuro devolverá la normativa al Parlamento.

El presidente tiene la potestad de devolver al Parlamento la reforma, aunque si vuelve a ser aprobada por la Cámara baja deberá ratificarla.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) criticó recientemente la reforma rumana al señalar que podría afectar negativamente el trabajo de los fiscales en la lucha contra la corrupción.

También la Comisión Europea ha mostrado su preocupación por una reforma que puede afectar a la independencia judicial.

La polémica reforma judicial ha desatado varias protestas en las principales ciudades de Rumanía en los últimos meses.

Cuando en febrero de 2017 el Gobierno aprobó un decreto de emergencia que despenalizaba algunos delitos de corrupción, se inició la mayor oleada de protestas ciudadanas desde la caída del comunismo en 1989.

Esas protestas obligaron al Gobierno a retirar entonces esa reforma.