La reforma laboral y la nueva Ley de Memoria ponen a prueba la mayoría progresista del Congreso

Iñigo Aduriz

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El Gobierno de coalición está obligado a volver a la mesa de negociación nada más comenzar el nuevo año, solo unas semanas después de haber logrado sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales del Estado por una amplia mayoría gracias al apoyo de sus socios habituales. Estos partidos, principalmente ERC, PNV y EH Bildu, vuelven ahora a resultar necesarios para aprobar dos de las leyes más importantes de la legislatura: la reforma laboral pactada en diciembre por el Ejecutivo con sindicatos y patronal, que se votará a principios de febrero, y la nueva Ley de Memoria Democrática, cuya tramitación en el Congreso se ha retrasado por discrepancias en el propio Gobierno y también con los socios, fundamentalmente ERC.

Cómo afectan a trabajadores y empresas los cambios en la nueva reforma laboral

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El escenario que se le presenta al Ejecutivo y a las fuerzas que lo sostienen, PSOE y Unidas Podemos, es de partida más complejo que en otras negociaciones, y vuelve a poner a prueba la mayoría progresista que ha ido consolidando el Gobierno en los últimos meses, que permitió sacar adelante prácticamente todos sus decretos y propuestas, además de dos Presupuestos: 2021 y 2022.

Los socios con más peso parlamentario antes citados han rechazado de plano convalidar el decreto ley de la reforma laboral aprobado en el último Consejo de Ministros de 2021 y que, según fuentes parlamentarias, se abordará en un Pleno en la primera semana de febrero.

ERC y EH Bildu aducen que el nuevo texto no cumple con la promesa del Gobierno de derogar la normativa hasta ahora vigente, la aprobada por el PP en 2012, porque aunque recupera derechos en materia de temporalidad o de convenios no aborda otros como el despido. El PNV, por su parte, considera que el decreto ataca la autonomía sindical vasca por recoger que los convenios estatales priman sobre los autonómicos.

El martes, la diputada del Grupo Vasco Josune Gorospe quiso dejar claro que el PNV no apoyará el decreto "en tanto no se salvaguarde la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales", un aspecto que la patronal rechaza de plano. Fuentes nacionalistas aseguran que el Gobierno les ha trasladado que ven posible matizar el texto durante la negociación parlamentaria. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que su intención es no tocar nada del texto acordado con sindicatos y empresarios, es decir, que se convalide el decreto ley y no incorporar ningún cambio en una posterior tramitación como proyecto de ley.

El PNV ve en "peligro" la "relación de confianza" con Moncloa

En una entrevista en Onda Vasca, Gorospe criticó que el Gobierno confíe en la abstención de los socios, como el PNV, para salvar la tramitación de la reforma laboral en el caso de no alcanzar acuerdos aceptables por los empresarios y los sindicatos. "Nosotros queremos avanzar y que se respete el acuerdo interprofesional adoptado en 2017 entre los agentes sociales vascos, con unos sindicatos mayoritarios que son distintos a los estatales", apuntó la diputada nacionalista. Su partido exige un "reconocimiento expreso" de ese marco laboral en el texto.

El PNV tiene la voluntad de "no tensionar en exceso las relaciones" con el Gobierno para "favorecer un clima político" que permita "avanzar" en políticas públicas que redunden en el bienestar de la ciudadanía vasca, pero lamenta que "la actitud" del Ejecutivo, según los nacionalistas vascos "reticente para acordar" la reforma laboral, "dificulta mucho la relación de confianza”.

EH Bildu, por su parte, considera que el texto del Gobierno "supone perpetuar la situación antidemocrática creada por la reforma del PP, negando la realidad socioeconómica, sindical y empresarial vasca". "No podemos permitir que se pierda una herramienta fundamental para regular las condiciones laborales de los trabajadores vascos, que además ha demostrado su capacidad para mejorar las condiciones de trabajo en el ámbito estatal", explican desde la formación independentista.

A su juicio, "la pérdida de derechos puede ser mayor, además, si se pierde la negociación colectiva como instrumento para recuperar y mejorar los derechos laborales en el marco de la lucha sindical y social".

EH Bildu pide recuperar los 45 días en los despidos

Las exigencias que plantea EH Bildu pasan por modificar el texto en la línea planteada también por el PNV para que "garantice que los convenios territoriales y autonómicos vascos tendrán prioridad a la hora de aplicarlos, así como los acuerdos interprofesionales de los territorios autonómicos frente al ámbito estatal".

También plantea el grupo independentista que la nueva reforma laboral derogue los aspectos más lesivos de la del PP en materia de despido, de manera que se adapten y reescriban "las causas económicas por las que una empresa despide alegando dificultades". "Los despidos motivados por causas económicas técnicas y organizativas deben ser la última medida a adoptar (también a evitar) y, en todo caso, deben basarse en la necesidad de desarrollar la viabilidad de la empresa y no en previsiones interesadas o en el objetivo de incrementar el beneficio empresarial a costa de la destrucción de empleo", señalan desde EH Bildu.

El grupo insta al Gobierno "a que la normativa laboral recupere la indemnización de 45 días por año trabajado [desde la reforma del PP es de 33 días] así como los salarios que se tramitan en los despidos improcedentes".

ERC también marca distancias respecto al actual texto. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró esta semana que es "muy difícil" que su partido apoye la convalidación en el Congreso si no se toca el decreto aprobado por el Gobierno pero mantiene una posición más flexible que la de EH Bildu. Los republicanos también señalan la necesidad de recuperar los 45 días por año trabajado en el caso de despidos, pero a la vez mencionan otras prioridades, como la prevalencia de los convenios territoriales o la mejora de los salarios de tramitación.

ERC no dará "un cheque en blanco"

Otra de las cuestiones que Aragonès ha puesto en primer plano es recuperar para el Govern la capacidad de autorizar o denegar los ERE. El miércoles, en una entrevista en la Cadena SER, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró que su partido trabajará para un acuerdo pero no dará "un cheque en blanco" al Gobierno. Rufián recordó que, más allá del acuerdo con los sindicatos y sectores económicos, la legislación necesita mayoría en la Cámara para salir adelante, por lo que se sorprendió de que el Gobierno no haya hablado con ellos sobre este asunto en los últimos nueve meses.

El diputado respondió también al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien había considerado que ERC tendría difícil explicar un voto negativo a la reforma laboral, teniendo en cuenta que así se mantendría el marco legislativo del PP. En reacción a esto, Rufián criticó que la reforma laboral sean como las "lentejas, o las tomas o las dejas" y aseguró que su cometido es mejorar la agenda legislativa del Gobierno. "Pedimos que cumplan sus compromisos", aseguró el republicano ante la negativa del Gobierno a tocar aspectos que se salgan de lo cerrado con patronal y sindicatos. Este miércoles Aragonès cenó con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pero no hay noticias de que haya de momento un cambio de posición en los republicanos.

ERC es todavía mucho más reacia a apoyar la nueva Ley de Memoria Democrática. El texto presentado por el Gobierno y que está en trámite en el Congreso tiene el objetivo de ampliar el reconocimiento y protección de las víctimas de la dictadura, garantizando, además, la apertura de fosas. Pero la nueva norma sigue sin convencer a Esquerra –que votó en contra de la primera ley de memoria, aprobada en 2007–, que presentó una enmienda a la totalidad y 65 parciales.

En el asunto de la memoria el Ejecutivo tiene problemas en su propio seno, ya que uno de los dos partidos que lo conforman, Unidas Podemos, también tiene diferencias con el texto, que ha prometido "mejorar" en el Congreso, al igual que el PNV, EH Bildu, la CUP, el BNG, Junts y el PDeCAT. Entidades memorialistas como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica también reclaman cambios.

El "fraude" de la Ley de Memoria

El de Rufián es, en todo caso, uno de los grupos más beligerantes en esta materia y se ha mostrado dispuesto, incluso, a no apoyar la ley, como ya hicieron en 2007, si no se modifican algunas cuestiones de calado. "Preferimos dejar la herida abierta a blanquear lo que se hizo en la Transición y seguir sin declarar ilegal la dictadura", explico Tardà en declaraciones a elDiario.es en diciembre. El exdiputado no tiene empacho en calificar el texto actual de "fraude" porque, a su juicio, apenas cambia la anterior norma.

"El proyecto que ahora presentamos da continuidad a aquella ley, introduciendo mejoras", afirmó el ministro Félix Bolaños para presentar el nuevo texto ante el Congreso. El Gobierno destaca que la nueva norma dará un impulso a las exhumaciones, creará una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, así como un banco de ADN y registro completo de las víctimas. En el plano jurídico, la ley introducirá una condena explícita del golpe de Estado y la dictadura. En Moncloa consideran que todos estos son avances importantes y plantearon a los republicanos hacer un encaje "equilibrado" entre sus demandas y el proyecto de ley.

De entre la cincuentena de enmiendas presentadas, dos cuestiones son de mínimos para ERC. Por un lado, consideran que debe declararse ilegal el régimen franquista, algo que comparten con EH Bildu, con todo lo que ello comporta, como la anulación de pleno de derecho de todas sus sentencias. Vinculado a lo anterior, el segundo punto indispensable es la derogación de la Ley de Amnistía, una idea que también defienden EH Bildu y el PNV.

Sobre esta petición ha habido un amplio debate jurídico, desde la cuestión formal de si una norma ordinaria puede modificar el régimen penal hasta la más política, sobre si el problema es la ley en sí o su interpretación posterior. Pero la pretensión de los republicanos choca de lleno con el Gobierno, que ya ha garantizado que no tocará de ninguna forma la Ley de Amnistía. Para el PSOE esta norma forma parte del pacto de la Transición, al mismo nivel que la monarquía o el primer acuerdo constitucional, y por lo tanto, la considera intocable.

Reticencias del Gobierno a los cambios

Lo más lejos que ha aceptado llegar la Moncloa ha sido la enmienda que presentó el PSOE junto a Unidas Podemos el pasado 17 de noviembre, en la que se apuntaba a la necesidad de una interpretación de la Ley de Amnistía conforme a los estándares democráticos internacionales. Un texto que, sin embargo, el Gobierno admitía que no cambiaba por sí mismo la ley de 1977.

La pretensión de ERC de dar vía libre a la reapertura de casos judiciales de la dictadura y la transición se combina con la cuestión económica. El Gobierno ya ha previsto, gracias a la enmienda pactada entre el PSOE y Unidas Podemos, hacer una extensión sin precedentes en España de las indemnizaciones para todos los trabajadores forzados de la dictadura que levantaron, entre otras obras, el Valle de los Caídos. Pero ERC ve esta medida insuficiente y reclama que se abra la posibilidad de presentar reclamaciones patrimoniales ante los juzgados o instituciones análogas, es decir, que la propia ley habilite los mecanismos para asegurar el cobro de indemnizaciones.

Además, los republicanos entienden que estas compensaciones deben ir más allá y afectar a todo el conjunto de las víctimas. Y, junto a eso, una cuestión de enorme importancia para el partido es la devolución de bienes y patrimonio, tanto a los partidos políticos y sindicatos como a cualquier persona jurídica. Para estimar el gran alcance económico que esto podría tener, ERC recuerda que el Gobierno concedió a UGT cerca de 150 millones de euros en 2006, coincidiendo con una deuda del sindicato con el Instituto de Crédito Oficial.

ERC exige, asimismo, que la condición de víctima de la dictadura se extienda hasta más allá del año 1978 y llegue hasta 1982, cuando según ERC puede considerarse que España comenzó a vivir un régimen plenamente democrático. El Gobierno, en cambio, es absolutamente renuente a considerar que pudiera haber víctimas una vez entró en vigor la Constitución.

El Gobierno de coalición está obligado a volver a la mesa de negociación nada más comenzar el nuevo año, solo unas semanas después de haber logrado sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales del Estado por una amplia mayoría gracias al apoyo de sus socios habituales. Estos partidos, principalmente ERC, PNV y EH Bildu, vuelven ahora a resultar necesarios para aprobar dos de las leyes más importantes de la legislatura: la reforma laboral pactada en diciembre por el Ejecutivo con sindicatos y patronal, que se votará a principios de febrero, y la nueva Ley de Memoria Democrática, cuya tramitación en el Congreso se ha retrasado por discrepancias en el propio Gobierno y también con los socios, fundamentalmente ERC.

Cómo afectan a trabajadores y empresas los cambios en la nueva reforma laboral

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El escenario que se le presenta al Ejecutivo y a las fuerzas que lo sostienen, PSOE y Unidas Podemos, es de partida más complejo que en otras negociaciones, y vuelve a poner a prueba la mayoría progresista que ha ido consolidando el Gobierno en los últimos meses, que permitió sacar adelante prácticamente todos sus decretos y propuestas, además de dos Presupuestos: 2021 y 2022.

Los socios con más peso parlamentario antes citados han rechazado de plano convalidar el decreto ley de la reforma laboral aprobado en el último Consejo de Ministros de 2021 y que, según fuentes parlamentarias, se abordará en un Pleno en la primera semana de febrero.

ERC y EH Bildu aducen que el nuevo texto no cumple con la promesa del Gobierno de derogar la normativa hasta ahora vigente, la aprobada por el PP en 2012, porque aunque recupera derechos en materia de temporalidad o de convenios no aborda otros como el despido. El PNV, por su parte, considera que el decreto ataca la autonomía sindical vasca por recoger que los convenios estatales priman sobre los autonómicos.

El martes, la diputada del Grupo Vasco Josune Gorospe quiso dejar claro que el PNV no apoyará el decreto "en tanto no se salvaguarde la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales", un aspecto que la patronal rechaza de plano. Fuentes nacionalistas aseguran que el Gobierno les ha trasladado que ven posible matizar el texto durante la negociación parlamentaria. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que su intención es no tocar nada del texto acordado con sindicatos y empresarios, es decir, que se convalide el decreto ley y no incorporar ningún cambio en una posterior tramitación como proyecto de ley.

El PNV ve en "peligro" la "relación de confianza" con Moncloa

En una entrevista en Onda Vasca, Gorospe criticó que el Gobierno confíe en la abstención de los socios, como el PNV, para salvar la tramitación de la reforma laboral en el caso de no alcanzar acuerdos aceptables por los empresarios y los sindicatos. "Nosotros queremos avanzar y que se respete el acuerdo interprofesional adoptado en 2017 entre los agentes sociales vascos, con unos sindicatos mayoritarios que son distintos a los estatales", apuntó la diputada nacionalista. Su partido exige un "reconocimiento expreso" de ese marco laboral en el texto.

El PNV tiene la voluntad de "no tensionar en exceso las relaciones" con el Gobierno para "favorecer un clima político" que permita "avanzar" en políticas públicas que redunden en el bienestar de la ciudadanía vasca, pero lamenta que "la actitud" del Ejecutivo, según los nacionalistas vascos "reticente para acordar" la reforma laboral, "dificulta mucho la relación de confianza”.

EH Bildu, por su parte, considera que el texto del Gobierno "supone perpetuar la situación antidemocrática creada por la reforma del PP, negando la realidad socioeconómica, sindical y empresarial vasca". "No podemos permitir que se pierda una herramienta fundamental para regular las condiciones laborales de los trabajadores vascos, que además ha demostrado su capacidad para mejorar las condiciones de trabajo en el ámbito estatal", explican desde la formación independentista.

A su juicio, "la pérdida de derechos puede ser mayor, además, si se pierde la negociación colectiva como instrumento para recuperar y mejorar los derechos laborales en el marco de la lucha sindical y social".

EH Bildu pide recuperar los 45 días en los despidos

Las exigencias que plantea EH Bildu pasan por modificar el texto en la línea planteada también por el PNV para que "garantice que los convenios territoriales y autonómicos vascos tendrán prioridad a la hora de aplicarlos, así como los acuerdos interprofesionales de los territorios autonómicos frente al ámbito estatal".

También plantea el grupo independentista que la nueva reforma laboral derogue los aspectos más lesivos de la del PP en materia de despido, de manera que se adapten y reescriban "las causas económicas por las que una empresa despide alegando dificultades". "Los despidos motivados por causas económicas técnicas y organizativas deben ser la última medida a adoptar (también a evitar) y, en todo caso, deben basarse en la necesidad de desarrollar la viabilidad de la empresa y no en previsiones interesadas o en el objetivo de incrementar el beneficio empresarial a costa de la destrucción de empleo", señalan desde EH Bildu.

El grupo insta al Gobierno "a que la normativa laboral recupere la indemnización de 45 días por año trabajado [desde la reforma del PP es de 33 días] así como los salarios que se tramitan en los despidos improcedentes".

ERC también marca distancias respecto al actual texto. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró esta semana que es "muy difícil" que su partido apoye la convalidación en el Congreso si no se toca el decreto aprobado por el Gobierno pero mantiene una posición más flexible que la de EH Bildu. Los republicanos también señalan la necesidad de recuperar los 45 días por año trabajado en el caso de despidos, pero a la vez mencionan otras prioridades, como la prevalencia de los convenios territoriales o la mejora de los salarios de tramitación.

ERC no dará "un cheque en blanco"

Otra de las cuestiones que Aragonès ha puesto en primer plano es recuperar para el Govern la capacidad de autorizar o denegar los ERE. El miércoles, en una entrevista en la Cadena SER, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró que su partido trabajará para un acuerdo pero no dará "un cheque en blanco" al Gobierno. Rufián recordó que, más allá del acuerdo con los sindicatos y sectores económicos, la legislación necesita mayoría en la Cámara para salir adelante, por lo que se sorprendió de que el Gobierno no haya hablado con ellos sobre este asunto en los últimos nueve meses.

El diputado respondió también al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien había considerado que ERC tendría difícil explicar un voto negativo a la reforma laboral, teniendo en cuenta que así se mantendría el marco legislativo del PP. En reacción a esto, Rufián criticó que la reforma laboral sean como las "lentejas, o las tomas o las dejas" y aseguró que su cometido es mejorar la agenda legislativa del Gobierno. "Pedimos que cumplan sus compromisos", aseguró el republicano ante la negativa del Gobierno a tocar aspectos que se salgan de lo cerrado con patronal y sindicatos. Este miércoles Aragonès cenó con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pero no hay noticias de que haya de momento un cambio de posición en los republicanos.

ERC es todavía mucho más reacia a apoyar la nueva Ley de Memoria Democrática. El texto presentado por el Gobierno y que está en trámite en el Congreso tiene el objetivo de ampliar el reconocimiento y protección de las víctimas de la dictadura, garantizando, además, la apertura de fosas. Pero la nueva norma sigue sin convencer a Esquerra –que votó en contra de la primera ley de memoria, aprobada en 2007–, que presentó una enmienda a la totalidad y 65 parciales.

En el asunto de la memoria el Ejecutivo tiene problemas en su propio seno, ya que uno de los dos partidos que lo conforman, Unidas Podemos, también tiene diferencias con el texto, que ha prometido "mejorar" en el Congreso, al igual que el PNV, EH Bildu, la CUP, el BNG, Junts y el PDeCAT. Entidades memorialistas como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica también reclaman cambios.

El "fraude" de la Ley de Memoria

El de Rufián es, en todo caso, uno de los grupos más beligerantes en esta materia y se ha mostrado dispuesto, incluso, a no apoyar la ley, como ya hicieron en 2007, si no se modifican algunas cuestiones de calado. "Preferimos dejar la herida abierta a blanquear lo que se hizo en la Transición y seguir sin declarar ilegal la dictadura", explico Tardà en declaraciones a elDiario.es en diciembre. El exdiputado no tiene empacho en calificar el texto actual de "fraude" porque, a su juicio, apenas cambia la anterior norma.

"El proyecto que ahora presentamos da continuidad a aquella ley, introduciendo mejoras", afirmó el ministro Félix Bolaños para presentar el nuevo texto ante el Congreso. El Gobierno destaca que la nueva norma dará un impulso a las exhumaciones, creará una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, así como un banco de ADN y registro completo de las víctimas. En el plano jurídico, la ley introducirá una condena explícita del golpe de Estado y la dictadura. En Moncloa consideran que todos estos son avances importantes y plantearon a los republicanos hacer un encaje "equilibrado" entre sus demandas y el proyecto de ley.

De entre la cincuentena de enmiendas presentadas, dos cuestiones son de mínimos para ERC. Por un lado, consideran que debe declararse ilegal el régimen franquista, algo que comparten con EH Bildu, con todo lo que ello comporta, como la anulación de pleno de derecho de todas sus sentencias. Vinculado a lo anterior, el segundo punto indispensable es la derogación de la Ley de Amnistía, una idea que también defienden EH Bildu y el PNV.

Sobre esta petición ha habido un amplio debate jurídico, desde la cuestión formal de si una norma ordinaria puede modificar el régimen penal hasta la más política, sobre si el problema es la ley en sí o su interpretación posterior. Pero la pretensión de los republicanos choca de lleno con el Gobierno, que ya ha garantizado que no tocará de ninguna forma la Ley de Amnistía. Para el PSOE esta norma forma parte del pacto de la Transición, al mismo nivel que la monarquía o el primer acuerdo constitucional, y por lo tanto, la considera intocable.

Reticencias del Gobierno a los cambios

Lo más lejos que ha aceptado llegar la Moncloa ha sido la enmienda que presentó el PSOE junto a Unidas Podemos el pasado 17 de noviembre, en la que se apuntaba a la necesidad de una interpretación de la Ley de Amnistía conforme a los estándares democráticos internacionales. Un texto que, sin embargo, el Gobierno admitía que no cambiaba por sí mismo la ley de 1977.

La pretensión de ERC de dar vía libre a la reapertura de casos judiciales de la dictadura y la transición se combina con la cuestión económica. El Gobierno ya ha previsto, gracias a la enmienda pactada entre el PSOE y Unidas Podemos, hacer una extensión sin precedentes en España de las indemnizaciones para todos los trabajadores forzados de la dictadura que levantaron, entre otras obras, el Valle de los Caídos. Pero ERC ve esta medida insuficiente y reclama que se abra la posibilidad de presentar reclamaciones patrimoniales ante los juzgados o instituciones análogas, es decir, que la propia ley habilite los mecanismos para asegurar el cobro de indemnizaciones.

Además, los republicanos entienden que estas compensaciones deben ir más allá y afectar a todo el conjunto de las víctimas. Y, junto a eso, una cuestión de enorme importancia para el partido es la devolución de bienes y patrimonio, tanto a los partidos políticos y sindicatos como a cualquier persona jurídica. Para estimar el gran alcance económico que esto podría tener, ERC recuerda que el Gobierno concedió a UGT cerca de 150 millones de euros en 2006, coincidiendo con una deuda del sindicato con el Instituto de Crédito Oficial.

ERC exige, asimismo, que la condición de víctima de la dictadura se extienda hasta más allá del año 1978 y llegue hasta 1982, cuando según ERC puede considerarse que España comenzó a vivir un régimen plenamente democrático. El Gobierno, en cambio, es absolutamente renuente a considerar que pudiera haber víctimas una vez entró en vigor la Constitución.

El Gobierno de coalición está obligado a volver a la mesa de negociación nada más comenzar el nuevo año, solo unas semanas después de haber logrado sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales del Estado por una amplia mayoría gracias al apoyo de sus socios habituales. Estos partidos, principalmente ERC, PNV y EH Bildu, vuelven ahora a resultar necesarios para aprobar dos de las leyes más importantes de la legislatura: la reforma laboral pactada en diciembre por el Ejecutivo con sindicatos y patronal, que se votará a principios de febrero, y la nueva Ley de Memoria Democrática, cuya tramitación en el Congreso se ha retrasado por discrepancias en el propio Gobierno y también con los socios, fundamentalmente ERC.

Cómo afectan a trabajadores y empresas los cambios en la nueva reforma laboral

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El escenario que se le presenta al Ejecutivo y a las fuerzas que lo sostienen, PSOE y Unidas Podemos, es de partida más complejo que en otras negociaciones, y vuelve a poner a prueba la mayoría progresista que ha ido consolidando el Gobierno en los últimos meses, que permitió sacar adelante prácticamente todos sus decretos y propuestas, además de dos Presupuestos: 2021 y 2022.