El Supremo llama a declarar a los eurodiputados que denunciaron a Alvise Pérez por acoso
El Tribunal Supremo ha puesto en marcha la investigación contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por el supuesto acoso denunciado por Nora Junco y Diego Solier, parlamentarios que concurrieron con él en la lista de 'Se Acabó La Fiesta'. El magistrado Manuel Marchena ha citado a declarar a ambos afectados el próximo 12 de enero, ha puesto en marcha los trámites para pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo y, además, ha preguntado a Alvise Pérez si está dispuesto a declarar voluntariamente como ha sucedido en otras causas abiertas contra él.
La plataforma SALF encabezada por Alvise Pérez consiguió tres eurodiputados en las últimas elecciones europeas, Nora Junco y Diego Solier, en unos comicios en los que consiguió 800.000 votos. Los conflictos internos empezaron poco después, cuando el propio Alvise especuló con que sus dos parlamentarios hubieran sido comprados por el lobby armamentístico por no votar igual que él en varios procesos relacionados con el rearme en el Parlamento Europeo.
Junco y Solier abandonaron SALF para integrarse, como independientes, en el grupo que encabeza el partido de la italiana Giorgia Meloni. En paralelo, anunciaron su intención de denunciar a su antiguo líder por haber promovido el acoso contra ellos a través de sus declaraciones, vídeos, entrevistas y sus mensajes en Telegram donde atesora algo más de 650.000 seguidores en la actualidad. El Supremo abrió la causa contra Alvise a principios del pasado mes de octubre y el instructor, Manuel Marchena, ha puesto la investigación en marcha: ha llamado a declarar a los dos afectados, ha pedido autorización a la eurocámara para proceder penalmente contra él y le ha dado la oportunidad de declarar voluntariamente.
Esta causa por revelación de secretos y acoso contra sus propios eurodiputados se convirtió en la cuarta causa judicial abierta contra el líder de SALF, que hace dos meses lanzó su candidatura a las próximas elecciones generales. También está imputado por la financiación de su plataforma con 100.000 euros en efectivo que le entregó 'CryptoSpain', por promover el acoso a una fiscal en València y por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia. Los jueces han rechazado imputarle por otras acusaciones como promover altercados en la calle Ferraz o difundir bulos racistas sobre la muerte de un joven en Sevilla.