El consejero Chivite defiende la legalidad de las obras de Belate: “No forman parte de ninguna investigación judicial”

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha defendido este martes la “legalidad” de las obras de desdoblamiento del túnel de Belate, adjudicada a la UTE de Acciona, Óses y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán. “No forman parte de ninguna investigación judicial que sepamos después de dos años y medio”, ha apuntado para defender que la licitación de las obras fue “legal y transparente” y que “no ha habido corrupción”.

Óscar Chivite, familiar de la presidenta de Navarra, asumió la cartera de Cohesión Territorial en agosto de 2023, cuando ya se había iniciado la licitación de las obras, que fueron adjudicadas en diciembre de ese año. Así, ha remarcado que las discrepancias que surgieron entre los miembros de la mesa de contratación “fueron anteriores” a su toma de posesión y ha asegurado que la función del consejero en la adjudicación “está limitada”.

“Yo no he firmado ningún documento sobre la adjudicación de Belate porque ni los consejeros ni la presidenta participamos en los procesos de adjudicación y de control de ejecución de las obras”, ha dicho, para incidir en que “son procesos controlados por técnicos y funcionarios”.

También ha asegurado que no existió “injerencia política” en la adjudicación de las obras y ha destacado que las auditorías encargadas por el Ejecutivo foral a la Cámara de Comptos y a empresas externas “No encontraron ninguna ilegalidad”. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) sí que detectó irregularidades en el proceso y consideró que era “nula de pleno derecho”.

Con todo, Óscar Chivite, no ha querido poner “la mano en el fuego” por María Chivite, Ramón Alzórriz o Santos Cerdán. “Es una dialéctica en la que no voy a entrar porque poner la mano en el fuego conlleva dos aspectos, uno, tener total conocimiento, y otro, juzgar, y ninguna de las dos cosas tengo”, ha respondido a preguntas del portavoz de UPN Javier Esparza.

En relación con el sobrecoste de 8,5 millones de euros que había autorizado la dirección general de Obras Públicas y que fue objeto de un reparo suspensivo por parte de la Intervención General, Chivite ha explicado que la destitución del director general Pedro López Vera se produjo por haberle considerado “responsable de la tramitación inadecuada” del modificado. “Es evidente que el modificado no se tramitó correctamente, porque aunque el origen del modificado son causas ciertas, como es la morfología del terreno, que hay más agua de la prevista en el proyecto y que ha habido requerimientos externos, la realidad es que esa tramitación fue paralizada”.