“Con carácter casi inmediato vamos a ratificar el Convenio 189 de la OIT”, ha adelantado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el Consejo de Ministros. El tratado reconoce la equiparación de la protección social de las trabajadoras del hogar con el resto de asalariados, lo que implica su derecho al paro. Un derecho ahora negado y que la justicia europea tachó recientemente de discriminatorio.
Yolanda Díaz ha realizado el anuncio en la víspera del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el 30 de marzo. La previsión es que la ratificación se remita al Consejo de Ministros en las próximas semanas, ya que el convenio “ya está en la antesala del Ministerio de Exteriores”, ha afirmado la ministra. El gobierno la mandará a las Cortes, para que respalden esta firma.
La vicepresidenta segunda ha recordado que el Gobierno está obligado a “cumplir la sentencia” del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que concluyó a finales de febrero que España discrimina a las trabajadoras del hogar por negarles el paro a propósito del caso de una empleada gallega.
El Ministerio de Trabajo ha anunciado que reconocerá este y otros derechos laborales al colectivo de trabajadoras este año. Colectivos de trabajadoras del hogar realizaron sentadas el pasado domingo para exigir el cumplimiento de la sentencia y la ratificación inmediata del Convenio 189. CCOO ha reclamado este martes que la respuesta del Gobierno sea urgente, “lo antes posible”.
Informa Laura Olías.
Ciudadanos ha recibido este martes un alud de críticas del resto de grupos parlamentarios por plantear la retirada de las mascarillas en interiores “ya” a través de una moción consecuencia de interpelación, al margen de las recomendaciones sanitarias y de los foros sanitarios que reúnen al conjunto de las administraciones.
La teoría que ha defendido el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha sido que “la mascarilla en interiores sigue siendo obligatoria porque el Gobierno está esperando a un momento político para retirarlas”. “Si no se suprime es por motivos ajenos a los sanitarios”, ha asegurado durante el debate en el Pleno en el que ha recibido críticas de PP, PSOE, Vox y especialmente del PNV. La diputada nacionalista vasca Josune Gorospe ha acusado al partido de Inés Arrimadas de estar entrando “en una espiral de populismo muy peligrosa”.
Por Iñigo Aduriz.
El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, ha pedido hoy a los países europeos seguir el ejemplo de España y apoyar el plan marroquí de autonomía como solución para el conflicto del Sáhara Occidental.
“La autonomía para el Sáhara es la única solución que apoya Washington, Francia y países africanos, y recientemente España y Alemania”, ha señalado Burita hoy durante una rueda de prensa conjunta en Rabat con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken.
Burita ha señalado que espera que la posición de España “no quede aislada” y añadió que para Europa ha llegado el momento de “salir de su zona de confort” para apoyar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental bajo la soberanía marroquí. Para el ministro marroquí hay una diferencia entre apoyar el proceso o apoyar una dinámica que podría tardar décadas.
Burita elogió la carta del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que escribió el pasado 18 de marzo al rey Mohamed VI de Marruecos y en la que, entre otras cosas, se decía que el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara, presentado en 2007, es “la base más seria, realista y creíble” para la resolución de la crisis, en línea con las tesis de Rabat.
Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken, ha alabado hoy en Rabat la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental y la calificó de “seria, creíble y realista”, al tiempo que lo consideró como un enfoque “potencial para satisfacer las aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental”.
También ha añadido que Washington apoya los esfuerzos del enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, en la conducción del proceso político para la excolonia española, bajo los auspicios de la ONU.
Informa EFE.
El Congreso de los Diputados ha dado este martes el primer paso para incorporar al Código Penal dos nuevos supuestos en los que el asesinato se castigue con pena de prisión permanente revisable: cuando haya ocultación del cadáver y en el caso de reincidencia en el delito de asesinato. La propuesta había sido registrada por PP, Ciudadanos, Navarra Suma y Coalición Canaria, pero también la ha apoyado el grupo mayoritario de la cámara, el PSOE, y ha sido aprobada con 277 votos a favor, 64 en contra y 2 abstenciones.
Los socialistas, no obstante, han recalcado su sí a la toma en consideración de esta proposición de ley busca iniciar un recorrido parlamentario “en el que el Grupo Socialista trabajará para aportar rigor jurídico”. Por tanto, desde el PSOE han recalcado que se aprueba “el inicio de un trámite parlamentario con el objeto de buscar la mejor vía para legislar contra aquellos que asesinan y esconden después el cuerpo de la víctima”.
Esta mañana Unidas Podemos también llegó a anunciar su voto a favor, pero tras un debate interno finalmente optó por el 'no'. Ante ese cambio de parecer chocó el tono contundente del diputado Ismael Cortés, que durante el debate del Pleno en el Congreso –en el que han estado presentes familiares de víctimas de asesinatos como los padres de Diana Quer– ha tildado la prisión permanente revisable como “populismo punitivo” y ha asegurado que respaldar la iniciativa de PP y Ciudadanos supone “contribuir a que se capitalice el dolor de las víctimas” con intereses políticos.
Por Iñigo Aduriz.
El plan de choque para hacer frente a las consecuencias de la guerra contempla ayudas para el sector primario de hasta 35.000 euros por explotación, cabeza de ganado o buque pesquero.
En total, con cargo a fondos europeos, el sector agrario recibirá 362 millones de euros. Cifra que ya adelantó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, se contemplan 68 millones para el sector pesquero.
En concreto, según fuentes del Ejecutivo, 169 millones serán para el sector ganadero, en función de las cabezas de ganado de cada explotación, con un máximo de 35.000 euros. Esta última cifra también será el tope máximo de ayuda por buque.
Además, tanto el sector agrario como el pesquero podrán aplazar las cuotas de la Seguridad Social durante un plazo de tres meses.
Escribe Cristina Bolinches.
Nueva letra pequeña de la flexibilización de los préstamos ICO. La ampliación anunciada previamente por el Gobierno de seis meses para la carencia —sin tener que asumir los pagos de devolución— de empresas se aplicará únicamente a pymes y autónomos de los cuatro sectores que se consideran más afectados: ganadería, agricultura, pesca y transporte. Aquellos que no hubiesen todavía empezado a devolver los préstamos avalados por el ICO concedidos en 2020 tendrán otros seis meses antes de tener que afrontar estos pagos. Además, si ya se ha comenzado a devolver el préstamo, las empresas podrán solicitar una carencia de hasta seis meses.
Sí podrán aplicarse el resto de empresas la ampliación de los plazos de devolución. Hasta ahora, solo aquellas que justificasen una pérdida en 2020 del 30% de sus ingresos por la pandemia podían acudir a un código de buenas prácticas con la banca para ampliar el periodo de devolución —inicialmente era de hasta cinco años—. Ahora se elimina esa exigencia para tratar que esta medida llegue a más empresas.
Escribe Diego Larrouy.
Vox no ha logrado este martes los apoyos necesarios en el Pleno del Congreso de los Diputados para iniciar la tramitación de una proposición de ley, defendida por su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, para regular el régimen profesional de los militares modificando la ley de carrera militar y aumentar el gasto en Defensa “como mínimo” al 2% del Producto Interior Bruto (PIB). Con 65 votos a favor, 190 en contra y 89 abstenciones, el Pleno ha rechazado la iniciativa.
Durante el debate de la iniciativa, la extrema derecha tan solo ha contado con el respaldo de Ciudadanos y de Foro, mientras el resto de grupos, tanto los que sostienen al Gobierno como sus socios parlamentarios, y también el PP –que ha tildado la propuesta de “populista”–, han criticado el “oportunismo” del partido de Santiago Abascal y han anunciado su voto en contra.
Desde la izquierda se ha preguntado a Vox cómo pretende recaudar el dinero necesario para incrementar ese gasto militar si, al mismo tiempo, reclama una bajada generalizada de los impuestos. Juan Antonio Delgado Ramos, diputado de Unidas Podemos, la ha calificado como “una iniciativa que no hay por dónde cogerla” y “un parche” ante los problemas de las Fuerzas Armadas españolas. El PSOE tampoco la ha apoyado y eso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí apostó por incrementar el gasto en Defensa tras el estallido de la invasión de Ucrania. La diputada socialista Zaida Cantera ha asegurado, no obstante, que España “está comprometida con un aumento en Defensa” hasta alcanzar al 2% del PIB en los próximos años.
Escribe Iñigo Aduriz
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido este martes no hablar “a la ligera” del tope al gas que España va a proponer junto a Portugal en su plan conjunto para abaratar la luz tras el visto bueno del Consejo Europeo de la semana pasada a la denominada excepción ibérica. Ese gas, ha subrayado Ribera, “nadie nos lo va a regalar”.
Ribera se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, después de que el lunes la ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, apostase en público por fijar ese tope, que marcará el precio máximo que podrán ofertar las centrales de gas, en 30 euros por megavatio hora. Belarra aseguró que esta cuestión es una “decisión política”.
Según Ribera, ese tope está en discusión todavía y el detalle de cómo se haga “es algo que estamos trabajando con Portugal y con la Comisión”, en una discusión que tiene “muchos elementos técnicos”. “Cuanto más bajo sea” ese precio, será “mejor para nosotros”. Será “el más bajo posible”, ha señalado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
La ministra de Transición Ecológica ha subrayado que el precio del gas ha estado en torno a 20 euros desde que funciona el mercado ibérico Mibgas, frente a los más de 120 euros de lo que llevamos de 2022 y los 50 euros de media de 2021. El precio propuesto, al que tiene que dar su visto bueno la Comisión Europa, debe ser consensuado con Portugal y “asumible para el conjunto de la UE”, ha dicho Ribera.
Escribe Antonio M. Vélez.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha tildado de “peligroso” regular mercados que “deben ser libres”, en referencia al veto a los despidos para empresas que reciban ayudas públicas por la guerra en Ucrania o la limitación al 2% del aumento de las rentas de los alquileres, incluidas en el decreto de medidas aprobadas este martes por el Gobierno.
Garamendi ha dejado patente su descontento con el asunto de los alquileres y también con la prohibición de despedir, que han defendido este martes las vicepresidentas Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Si las compañías reciben recursos públicos, ya sea en ayudas directas por esta crisis o si aplican ERTE, “no tiene sentido” que puedan despedir, han defendido.
“Si estamos en el mundo libre, no nos parece muy adecuado este planteamiento”, ha insistido el presidente de la CEOE, que ha tildado el anuncio de “sorprendente”. “A veces, parece que a la gente le divierte despedir, pero las empresas están en un momento muy complicado”, ha subrayado antes de reunirse con parte del tejido industrial de Zamora.
Sobre el tema de los alquileres, Garamendi, que ha comparecido acompañado por los presidentes autonómico y provincial de CEOE-Cepyme, Santiago Aparicio y José María Esbec, ha lamentado que cuando se habla de dueños de pisos, se piensa en grandes empresas, pero “normalmente es gente normal”, recoge Europa Press. “Esto es como eso de yo te invito a cenar, pero tú pagas la cena”, ha lamentado el representante empresarial.
Informa Economía.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha reabierto el sumario sobre el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) que ETA perpetró el 4 de agosto de 2002 y ha pedido a la Guardia Civil y la Policía Nacional que le remitan todos los datos sobre los integrantes de la cúpula de la banda en el momento de los hechos.
En un auto del pasado viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha solicitado que se aporte toda la información sobre los que eran entonces jefes del aparato militar Juan Antonio Olarra, alias 'Juanvi', y Ainhoa Múgica, 'Olga'; del aparato logístico, Félix Ignacio Esparza 'Navarro'; del aparato político Mikel Albisu, 'Mikel Antza', del aparato internacional Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo' y de la tesorería María Soledad Iparaguirre, 'Anboto'.
El magistrado justifica su decisión en la existencia de “nuevos elementos o circunstancias a valorar” y que pueden guardar “directa vinculación con los hechos iniciales que motivaron la incoación del procedimiento penal”. “En el presente caso, esa vinculación o relación es palmaria, atendiendo a las circunstancias fácticas expresadas en los hechos de esta resolución, así como a las diligencias de investigación policial que se presentan (y en su momento se aportaron) para incoar la causa penal”, asegura.
El 11 de marzo García Castellón acordó incoar diligencias previas a raíz de la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) contra los seis jefes de la banda terrorista que presuntamente componían el máximo órgano de dirección -el ZUBA- en el momento del ataque.
Unos días mas tarde, el Ministerio Fiscal, presentó un informe en el que defendía la necesidad de dictar auto de reapertura de la presenta causa además de solicitar los citados informes que el magistrado ya ha requerido a los departamentos de Información del Instituto Armado y de la Policía Nacional.
Informa Europa Press.
“Con carácter casi inmediato vamos a ratificar el Convenio 189 de la OIT”, ha adelantado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el Consejo de Ministros. El tratado reconoce la equiparación de la protección social de las trabajadoras del hogar con el resto de asalariados, lo que implica su derecho al paro. Un derecho ahora negado y que la justicia europea tachó recientemente de discriminatorio.
Yolanda Díaz ha realizado el anuncio en la víspera del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el 30 de marzo. La previsión es que la ratificación se remita al Consejo de Ministros en las próximas semanas, ya que el convenio “ya está en la antesala del Ministerio de Exteriores”, ha afirmado la ministra. El gobierno la mandará a las Cortes, para que respalden esta firma.
La vicepresidenta segunda ha recordado que el Gobierno está obligado a “cumplir la sentencia” del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que concluyó a finales de febrero que España discrimina a las trabajadoras del hogar por negarles el paro a propósito del caso de una empleada gallega.
El Ministerio de Trabajo ha anunciado que reconocerá este y otros derechos laborales al colectivo de trabajadoras este año. Colectivos de trabajadoras del hogar realizaron sentadas el pasado domingo para exigir el cumplimiento de la sentencia y la ratificación inmediata del Convenio 189. CCOO ha reclamado este martes que la respuesta del Gobierno sea urgente, “lo antes posible”.
Informa Laura Olías.