El Observatorio de justicia fiscal y financiera global de Attac España propone que en casos como el de Ferrovial, la Administración exija que se devuelvan las subvenciones recibidas y que se aplique una penalización respecto a la participación en los concursos públicos futuros en nuestro país.
La organización se alinea con Unidas Podemos y “propone a los partidos, organizaciones y colectivos sociales exigir explícitamente que las entidades que trasladen su sede fiscal fuera de España hacia países fiscalmente sospechosos, como es el caso de los Países Bajos y Luxemburgo entre otros muchos, devuelvan las subvenciones recibidas y sean además penalizadas, por ejemplo, quedando excluidas de poder licitar en los contratos ofertados por la Administración pública española”.
“Es cierto que se trata esta última de una propuesta que puede no ser compatible con el actual derecho comunitario, ya que por tratarse de empresas europeas pueden licitar en todos los países de la UE. Pero si es asumida por una gran mayoría social la exigencia podría convertirse en la bandera de un potente clamor ciudadano que acelere el fin del fraude fiscal generalizado”, añaden desde Attac.
Según recuerdan estos expertos en su propuesta, “si queremos que haya presupuesto suficiente para que se puedan mantener la sanidad, las pensiones, la educación, la dependencia y otros servicios públicos básicos, las empresas multinacionales y las grandes fortunas tienen que pagar los impuestos que les corresponden”.
Y para ello, según concluyen, hay que que evitar que “la ingeniería fiscal les permita mediante la ‘elusión fiscal’ (que a diferencia de la evasión es todavía legal) reducir su contribución fiscal al mínimo, gracias a la competencia fiscal y a las ”guaridas fiscales“ (mal llamados ‘paraísos’)”.
Informa Daniel Yebra