Villar repartió sobresueldos entre altos cargos de la Federación
Ángel María Villar fue generoso con quienes le ayudaron a revalidar sucesivamente su cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Entre los indicios delictivos que recoge el auto de su detención está “haber concedido beneficios”, en algunos casos con “trascendencia económica” a presidentes de federaciones territoriales como contraprestación a su ayuda durante la campaña.
El documento por el que el juez Santiago Pedraz autorizaba la detención de Villar, adelantando por el diario AS, señala también que el presidente de la RFEF habría consentido que esos presidentes territoriales “tuvieran de manera encubierta un sueldo incompatible con su condición de miembros de la Junta Directiva”.
Esos cargos territoriales habrían obtenido esos beneficios mediante el desvío de fondos de sus federaciones, todo con la connivencia de Villar. Además de echar mano de estos presidentes de federaciones, Villar autorizó “la contratación futura a cargo de la RFEF de dos personas que le han ayudado durante las elecciones”.
Según el documento que justificaba su detención, Villar también permitió que su hijo Gorka, que no tienen ningún cargo en la RFEF, utilizase “medios humanos y materiales de la entidad”. También tuvo atenciones para su secretaria, estableciendo “estrategias futuras para que fuese indemnizada en fraude de ley”, y para otros altos cargos de la federación, a quienes otorgó “altos salarios y sobresueldo” en perjuicio del patrimonio de la RFEF.
Villar, detenido este martes en el marco de la operación Soule, está acusado de beneficiar a la empresa de su hijo Gorka en la organización de amistosos de la Selección. Según el auto de su detención, también favoreció a otra empresa, el Grupo Santa Mónica, la empresa de márketing que ostentaba los derechos de La Roja.
La relación entre la RFEF y el Grupo Santa Mónica se acabó en 2013. El juez cree que la resolución de ese contrato presenta “cláusulas muy favorables”, según la Intervención General del Estado. El final de esa relación comercial “ocasionó un perjuicio injustificado de varios millones de euros a la RFEF”, señala el auto, que enmarca esas “condiciones leoninas”en un posible trato de favor a la compañía.
