El contrato de las mascarillas de Almeida se aprobó por WhatsApp y de madrugada

Carmen Moraga

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Había prisa. La pandemia se cobraba en aquel momento - mediados de marzo de 2020- más de un centenar de muertos al día y era urgente conseguir el material sanitario para afrontar la situación y proteger no solo a los trabajadores que luchaban en los hospitales y centros de Salud contra el COVID-19, también para que la ciudadanía tuviera acceso a mascarillas y test para detectar el virus. En pleno confinamiento, el Ayuntamiento de Madrid, al igual que otros del resto de España, junto a los gobiernos autonómicos y el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, se afanaban en cerrar contratos para abastecer el mercado. El Gobierno de José Luis Martínez Almeida no quiso quedarse atrás. Pero se ha visto ahora involucrado en un escándalo por adjudicar varios contratos a las empresas que gestionaban el aristócrata Luis Medina Abascal, hijo de Naty Abascal y el fallecido duque de Feria, y un socio de este, Alberto Javier Luceño Cerón. Ambos se llevaron comisiones millonarias por varios contratos, que a día de hoy investiga la Fiscalía Anticorrupción, tal y como adelantó en exclusiva elDiario.es.

La oposición a Almeida ha pedido su dimisión por entender que el alcalde es el máximo responsable político de lo que él mismo ha calificado como una “estafa” en la que, además, medió un primo hermano suyo que fue el que puso en contacto con el Ayuntamiento a los comisionistas. Pero el regidor alega que no se investiga al Consistorio, que es el “perjudicado”, e insiste en que la operación de estos contratos se cerró con el visto bueno de todos los grupos municipales que están representados en el Consejo de Administración de Funeraria, la empresa pública que los tramitó. Los grupos admiten que aprobaron la operación, pero explican que se vieron obligados a cerrarla en un tiempo récord, y de manera virtual ya que en aquel momento no se podían hacer reuniones presenciales. Así que todo se llevó a cabo con celeridad a través de un grupo de WhatsApp creado en la medianoche del 24 de marzo de 2020 por el Gobierno de Almeida, el mismo día en el que se aprobó el contrato, con el fin de informar a los miembros del Consejo de Administración de Funeraria de los pormenores de la situación, según los mensajes adelantados por El País y a los que ha tenido acceso elDiario.es. Había que aprobarlo esa misma noche.

Lo cierto es que los contratos se cerraron tan deprisa que los grupos no llegaron a saber quién estaba detrás de estas empresa, ni que Medina y Luceño se iban a llevar además una comisión de seis millones de euros de los once que pagó en un principio el Ayuntamiento. No obstante, el consistorio recuperó posteriormente cuatro al detectar el engaño por la compra de una partida de guantes. Tampoco sabían nada de que los comisionistas utilizaron a un primo hermano de Almeida para acceder a Elena Collado, la alto cargo que se encargaba de gestionar la compras de material sanitario en plena pandemia. Además, lamentan que no se les informara de otras posibles ofertas que hubieran llegado, a qué precios y en qué condiciones para poder comparar. No hay que olvidar que Almeida ha reconocido que se recibieron en el email del Ayuntamiento “más de mil ofertas”. ¿Por qué se eligió esta?

Pese a reconocer que ya entonces se sintieron “estafados”, el Gobierno municipal presidido por Almeida no denunció los hechos.

El chat para aprobar los contratos “en 30-45 minutos”

El grupo de WhatsApp que abrió el Ayuntamiento con el resto de los miembros del Consejo de Administración de Funeraria se inicia en la madrugada de ese 24 de marzo: “Buenas noches. Hemos creado este grupo para la aprobación en 30-45 minutos de un acta de Consejo sin presencia física. Para ello necesito la conformidad de todos los consejeros para la aprobación de este medio”, les saluda Carlos Sanza, secretario general de Funeraria. “Si alguien necesita que le remita la documentación por correo electrónico solo tiene que pedírmela. En un rato enviaremos la documentación que estamos ultimando”, añadía en este primer mensaje de una serie que se fueron cruzando a lo largo de esa noche.

De inmediato, Elena Collado, la alto cargo del Ayuntamiento que fue la encargada de tramitar los contratos, les informa de que “siguiendo las indicaciones de la presidenta” les ponía a todos al corriente de la situación. “Como sabéis -les dice- el Ayuntamiento no puede pagar anticipos, así que ante la urgencia de compra de material sanitario decidimos hacerlo a través de Funeraria”. Los portavoces de Más Madrid, Javier Barbero, y de Vox, Pedro Fernández; Miguel Ángel Redondo, Delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, de Ciudadanos, que se incorpora un poco más tarde; Ivo Villalba, directora del Gabinete del área de Gobierno de Portavoz de Seguridad y Emergencias, dan el ok al procedimiento, conscientes de la urgencia que hay de cerrar cuanto antes la compra de material sanitario. Todos salvo el concejal del PSOE, Ramón Silva que en ese momento no está conectado.

En concreto, se les informa de que adquieren “225.000 mascarillas el viernes, y 6.000 geles el sábado (que ya tenemos) y hemos conseguido dos contratos adicionales que, por cuantía, requieren la conformidad de este consejo”, les explica Elena Collado.

“1 millón de mascarillas de grafeno, eficaces con los contagios y de alta calidad a 6,6 euros unidad”. “Esta operación debemos cerrarla esta noche con un anticipo del 50 por cien”, les advierte la portavoz de Almeida. “En segundo lugar- añade- 500.000 mascarillas FFP2 que están en Londres apartadas para el Ayuntamiento”. El edil de Vox le pide que “concrete importes” a lo que la representante del Ayuntamiento accede y aclara que el pedido de las mascarillas de grafeno “son a 6,6 euros unidad”, de las que ha solicitado “un millón, adelantando el 50% de la factura”. Y en el caso de las mascarillas FFP2, “son dos millones y medio y adelantamos la mitad”. “Ambos tiene seguro de entrega”, aclara.

Una votación virtual de madrugada

A la una y once minutos de la madrugada someten a votación la operación. El primero en dar su 'ok' es el portavoz de Vox, Pedro Fernández, decisión que de inmediato le agradece Elena Collado. Sin embargo, se aventura a criticar a los demás grupos: “¿Qué hace la izquierda? Se pone de perfil como siempre, o da un paso patriota como nunca lo ha hecho?”. Todos votan a favor.

Javier Barbero, de Más Madrid, comenta: “Supongo que la operación es compatible y complementaria a las compras centralizadas del Estado y de las CCAA, estando en Estado de Alarma. Del mismo modo supongo también que, aunque la necesidad de mascarillas es enorme en Madrid ciudad, se mantendrán, en caso de ser necesarios, los criterios de solidaridad tanto con la Comunidad de Madrid como con otras estructuras del Estado. Prefiero explicitarlo. En cualquier caso, dado la necesidad de ese material para la protección de nuestros conciudadanos, mi voto es a favor”, señala el edil. El resto de los miembros del Consejo que están conectados dan igualmente su visto bueno y Collado e Inmaculada Sanz les agrade su comprensión.

Solo falta que el socialista Ramón Silva se pronuncie. Pero el concejal de Vox vuelve a atacarle de antemano: “No contéis con Ramón Silva que es un cobarde que apoyará la nefasta y criminal gestión de Pedro Sánchez”, dice, comentario que le recriminan otros portavoces.

Al filo de la una y media de la madrugada Carlos Sanza les envía el Convenio firmado con la Funeraria y algunas facturas proforma. Y Elena Collado les dice a la 1:31: “Descansad. Queda tarea. Mil gracias”.

A la mañana siguiente, el socialista Ramón Silva se disculpa por no haber podido responder de madrugada y da también su voto favorable “como no podía ser de otra manera en una situación así”, pero recuerda que “hay que conseguir la aprobación de los bancos para formalizar la operación”.

Las dos nuevas operaciones que resultaron ser una “estafa”

En resumen, según fuentes de los grupos, el Ayuntamiento les informa aquel 24 de marzo de la “adquisición a la empresa Leno de 1.000.000 mascarillas protectoras KN95 Graphene Sterilization Antiviral 3D mask”, por importe 6.689.400 dólares. Y se les adjunta la factura proforma y documentación contractual anexa, explicándoles el pago inicial del 50%. También de la adquisición a la empresa Sinclair & Wilde de 500.000 mascarillas KN95-FFP2-N95 por importe 2.500.000 euros, con su factura proforma, y el mismo pago inicial del 50% del importe. También les pasan las condiciones de compra de las de Leno, donde el CEO -jefe ejecutivo que toma las decisiones- es el Ayuntamiento que dirige Almeida.

Al día siguiente, 25 de marzo, según se indica en el acta, desde el consistorio se les explica que “como continuación de los acuerdos adoptados de manera urgente en la sesión de 24/3 a las 1:30 h de la madrugada hay dos nuevas operaciones, que son, una con la empresa Leno de 250.000 test rápidos a 17 dólares la unidad por un importe de 4,25 millones de dólares. Y otra a la misma empresa para la adquisición de 2,5 millones de guantes, a 2 euros unidad. Estas fueron las que el Ayuntamiento consideró ”una estafa“ y logró que se le devolviera el importe pagado.

El caso llegó a la Fiscalía Anticorrupción hace 17 meses. Almeida y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, conocían esta investigación pero no informaron de ello a los portavoces de la oposición, que reconocen que se enteraron por la exclusiva de elDiario.es. A raíz de esa información conocieron que los empresarios que estaban detrás de estas operaciones eran Luis Medina Abascal y su socio Alberto Javier Luceño Cerón; que un primo hermano de Almeida les facilitó el contacto con Elena Collado para que ésta les atendiera. Y supieron que ambos empresarios se llevaron importantes 'mordidas' por el negocio, millones que invirtieron en la compra de un yate, relojes Rolex y otros artículos de lujo. Después, vaciaron sus cuentas para que Hacienda no se les pudiera embargar.

A raíz de este escándalo, la tensión es cada día mayor en el Ayuntamiento, en donde sigue su curso a trompicones la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a Ayuso. El jueves Almeida cargaba contra los grupos de “izquierda” por considerar que han orquestado “una cacería” contra su persona con el fin de “destruirle” y para “ganar” de esta manera “lo que no lograron en las urnas”. Un día después, el alcalde acusaba a Rita Maestre, portavoz del principal partido de la oposición, Más Madrid, de “negligencia” por haber votado a favor de estos contratos a pesar de considerarlos “escandalosos”, algo de lo que se enteraron después. Lo que tampoco dijo el alcalde es que en aquel momento el Ayuntamiento no les dio otra opción.

“Si lo que pretende la izquierda es acabar con las políticas de centro-derecha en Madrid y acabar con las personas que representamos esas políticas de centro derecha en Madrid, no lo va a conseguir”, sentenciaba este viernes el alcalde antes de asistir a una nueva procesión en la capital. Pero su imagen se tambalea a medida que se van conociendo más detalles de este caso.

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Nuestros lectores fueron los primeros en conocer este nuevo caso de corrupción porque fueron los periodistas de elDiario.es quienes destaparon esta exclusiva, una semana antes de que todos los demás medios se hicieran eco. No es la primera vez que ocurre: ya pasó con el contrato de mascarillas por el que el hermano de Ayuso cobró una comisión. También entonces elDiario.es fue el primer medio que lo contó.

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