Soy Germán Aranda, redactor de Economía de elDiario.es. A partir de ahora, cada viernes publico 'Una casa para vivir', un nuevo boletín pensado para entender quién y cómo se enriquece y quién y cómo se empobrece con la vivienda, una preocupación o un negocio que se cuela cada día en nuestras conversaciones.

Subidas de precios, claves del mercado de compra, del alquiler, conflictos entre caseros e inquilinas, reivindicaciones, políticas públicas y abusos de empresas y fondos se asomarán por este boletín.

Un caso del que seguramente hayas oído hablar es el de Maricarmen, convertida en un símbolo de la resistencia frente a los abusos en la vivienda. Afronta con 87 años, pero fuerte y acompañada por el Sindicato de Inquilinas, el tercer intento de desahucio de la Policía Nacional por obra y gracia de la inmobiliaria Urbagestión, su casera, que le quería triplicar el alquiler hasta que quedara por encima de su pensión de 1.400 euros.

Estaba previsto para el próximo día 23 de junio, pero lo han aplazado por segunda vez, esta vez al mes de septiembre. Con su enérgica voz combativa en un cuerpo agotado por la misma lucha (se ha quedado sin poder caminar mientras combatía con la empresa), Maricarmen se ha convertido en el mayor símbolo de la absurda crisis de vivienda de este país, que afecta a la salud mental de jóvenes y mayores, y también de la lucha contra los especuladores y caseros abusivos que se lucran ante la permisiva mirada de todos los gobiernos. Para parar el desahucio, estaban incluso previstos conciertos en la calle de Rodrigo Cuevas y de Ana Belén, entre otros, con el fin de movilizar el máximo de gente.

Mientras, por otra parte, los diferentes gobiernos, autonómicos, central y municipales, avanzan a trancas y barrancas (y como pueden) en la construcción de vivienda pública, que ha registrado su mejor primer trimestre desde 2012, con 5.000 viviendas públicas finalizadas, la mayoría en Catalunya. Puede que tu soñada vivienda pública de alquiler asequible esté más cerca. La cifra no es para lanzar las campanas al vuelo porque los datos previos son muy bajos, pero hay que agarrarse a algo de esperanza en un país asfixiado por el precio del alquiler que imponen muchos caseros.

Parecieran el desahucio de Maricarmen y la vivienda pública dos realidades que no tienen nada que ver. Y de hecho nada las une directamente, porque el piso de Maricarmen, de renta antigua, es privado. Y siempre pudo pagar religiosamente. Pero una de las ideas que me defendían en la entrevista militantes del Sindicato de Inquilinas y la propia Maricarmen es que el Estado podría comprar esa vivienda, mantenerle un alquiler social y pasarlo al parque asequible cuando ella fallezca.

Que el Estado compre vivienda privada usada es algo que une a voces muy dispares. Lo ha defendido el Sindicato de Inquilinas, lo ha hecho el Govern con pisos de CriteriaCaixa en Catalunya y, en una conversación con él, incluso el presidente de la patronal FADEI, la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, me lo defendió como solución necesaria. Ellos ganan porque encuentran comprador y el inquilino gana porque recupera cierta seguridad en su hogar.

El Gobierno también está por la labor y adquirirá las casas de la Sareb para ponerlas en alquiler social a través de Casa 47. Además, busca pisos usados con una oferta pública de 100 millones de euros. Esta oferta la lanzó unos días después de que Brookfield comprara a Blackstone por 1.000 millones las 5.000 viviendas que en su día fueron de la Comunidad de Madrid y que dejaron de ser públicas en 2013. Ni Casa 47 ni el resto de administraciones pujaron por estas viviendas y las familias que viven en ellas están ahora amenazadas por un “desahucio invisible” cuando se les termine el contrato actual.

Si todo el mundo está de acuerdo en que es una buena opción, ¿por qué el Gobierno ha perdido la ocasión de salvar a estas 5.000 familias y está a punto de dejar caer a Maricarmen al no plantearse comprar su vivienda? O la de Mariano, que fue desahuciado por una orden religiosa después de que la ministra lo defendiera públicamente. Precisamente por lo que considera “inacción” ante el desahucio de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas le hizo un escrache a la ministra hace unos días.

Existen argumentos válidos en contra de estas compras. Los precios pueden estar por encima de mercado y, de alguna forma, se premia a quien lleva al inquilino al extremo y fuerza el conflicto.

Pero si los fondos quieren vender y el Estado quiere comprar, el derecho a la vivienda de esos inquilinos atormentados parece un argumento mayor. Tiene sentido que la vivienda pública sirva para proteger a personas amenazadas de expulsión. Sobre todo si utilizas el artículo 47 de la Constitución, ese que dice que la vivienda digna es un derecho, como nombre para la empresa pública.

Que ese artículo sigue sin respetarse lo demuestra también este reportaje de la periodista Raquel Lavara en la edición en la Comunitat Valenciana de elDiario.es, que cuenta el caso de una familia, formada por una pareja y un hijo con discapacidad de 18 años, empujada a vivir en una habitación para poder comer.

Menos cuidado con ese derecho aún tiene la Comunidad de Madrid, que directamente se ríe del concepto de vivienda pública. Otro día podemos hablar de cómo tiene que ser una vivienda pública. Pero sí sabemos cómo no tiene que ser: como el Plan Vive de Ayuso, gestionado por grandes fondos que cargan gastos a los inquilinos hasta que les toca pagar el doble de alquiler. Casa 47 ha anunciado que lo hará de forma diferente y los alquileres costarán como mucho un tercio del sueldo medio.

En contra del ánimo de lucro de los fondos, la vivienda cooperativa y las fundaciones sociales han alzado la voz para tener preferencia y facilidades en la construcción y gestión de estos pisos. Es una de las claves del éxito del trillado pero exitoso ejemplo de la gestión de la vivienda en Viena. El Gobierno quiere darles peso. Veremos cómo va, pero hace tiempo que es urgente.

El dato

394.827

son las viviendas públicas que han perdido su protección porque era temporal desde el año 1991, sobre un total de 1,5 millones construidas. En 2030, las antiguas viviendas públicas que habrán pasado al mercado privado serán más de 700.000, según una investigación de Civio. El objetivo de España es construir más de 15.000 viviendas al año, más las que sume de Sareb o pueda comprar de manos privadas para hacerlas de protección, por lo que difícilmente será suficiente para recuperar esas 700.000.

Poder público

El buen avance en 2026 de la construcción y la licitación de vivienda pública dan motivos para el optimismo, aunque se pueda perder más de lo que se construya en los próximos años con la protección que vence. Entre las buenas noticias a celebrar, esto dejará de pasar con las casas que construirán las comunidades autónomas con los 2.800 millones destinados a construcción hasta 2030 del Plan Estatal de Vivienda. La condición que ha puesto el Ejecutivo para entregar estos fondos es que la protección sea para siempre. Eso sí, esos 2.800 millones, pese a triplicar inversiones anteriores, se quedan lejos de resolver un problema del tamaño del de la vivienda.

Mientras tanto, quien sí que ha entregado vivienda pública es la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Y lo pongo en cursiva porque lo de pública es por llamarla de alguna manera. Tal y como publicó Diego Casado hace unas semanas en elDiario.es, unas parcelas para alquiler asequible entregadas por el Ayuntamiento de Almeida fueron usadas para que una cooperativa las revendiera explicando a los compradores que debían realquilarse la vivienda a sí mismos para que no perdieran su condición de alquiler asequible. A este caso municipal se suma que, como te contaba antes, los vecinos del Plan Vive del gobierno regional no ven nada de asequible en unas viviendas que duplican su valor con los gastos de comunidad, trastero, garaje e IBI con que les cargan las gestoras.

Poder privado

Hace un tiempo que se habla de que los grandes fondos de inversión internacionales están de salida en España. Ares Management, que controla Avalon, puso en venta sus viviendas del Plan Vive, pero lo hace en bloque, según publicó en mayo Cinco Días. En bloque compró también Brookfield a Blackstone las 5.000 que dejaron de ser públicas cuando las vendió Ana Botella (y algunos alcaldes de la región) en 2013.

Hasta que empresas como Brookfield no vendan, como pretenden, piso a piso los bloques que han adquirido, lo que habrá no será una salida de los fondos, sino un cambio de manos. Por otra parte, la consultora JLL avanzaba esta semana que España batirá su récord de inversión inmobiliaria, con 10.000 millones de euros. Hace un tiempo la ministra decía que empezaba a estar mal visto invertir en vivienda. Las cifras parece que no le dan la razón. De esos 10.000 millones, 4.375 irán destinados a 'living', como le llaman a la vivienda, en parte porque hay inversiones que no consideran vivienda, como el flex living o el coliving, habitaciones y pisos de temporada maquillados a precios muy por encima del resto. 176 millones han ido estos meses del año al flex living y 200 a residencias.

No solo los grandes fondos y los caseros se lucran con la vivienda. También inmobiliarias como Tecnocasa, que, como contamos en elDiario.es hace unos días, obliga a algunos clientes a contratar con su financiera la hipoteca si quieren comprar los pisos anunciados por la empresa, práctica ilícita según las asociaciones de consumo.

El ruido de la calle

Estos días, vengo hablando con gente que ha conseguido comprar piso en los últimos meses. En la mirada y el tono de voz se les intuye un alivio, un “objetivo cumplido”. Y eso que en muchos casos la han comprado lejos de donde viven y siguen viviendo de alquiler mientras alquilan la casa que han comprado. Me falta confianza para preguntar a cuánto la alquilan, pregunta que puede servir como termómetro ético de las personas. ¿Y tú, tienes un piso en propiedad alquilado? ¿Cuánto cobras a tus inquilinos? Te leo en vivienda@eldiario.es

En las redes

Dos cosas sobre vivienda me han llamado la atención estos días en las redes.

La primera es esta divertida propuesta con estética retrofuturista para que bajen los precios del alquiler: llenar Idealista de anuncios falsos a precios tirados.

La segunda: este tipo publicando su aportación sobre la vivienda aunque queda totalmente en evidencia al querer mandar a los trabajadores de Madrid a Extremadura si no pueden pagar su vivienda. De locos.

El lector denuncia (o consulta)

Si tienes alguna situación con tu vivienda que quieras denunciar, lo investigamos. Si tienes alguna consulta, hablamos con un experto o experta e intentamos resolverla. Escríbeme sobre todo ello a vivienda@eldiario.es

Me despido con el objetivo de hacer un boletín más corto y conciso la próxima semana. Espero que al menos el estreno te haya resultado interesante. Ya me dices cómo lo has visto. Buen fin de semana y muchos ánimos si estás buscando hogar.