Juicio a Blanca para iniciar el vaciado vecinal en General Lacy 22 después de dos años de “amenazas y coacciones”

Quedan menos de 24 horas para que Blanca sepa si tendrá que abandonar o no la casa en la que lleva viviendo 26 años. Este miércoles, el Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid decidirá sobre la demanda presentada por la propiedad del edificio de la calle General Lacy 22 para que deje su vivienda, en el que será el primer juicio por la salida de uno de los vecinos del inmueble.

A sus espaldas quedan dos años de conflicto con la propiedad, que la inquilina denuncia como un proceso de presiones y amenazas para conseguir que ella y sus vecinos abandonen sus pisos. Blanca será la primera en sentarse ante un juez, pero previsiblemente no será la única. Como ella, hay otras 32 familias que siguen viviendo en el bloque a la espera de que sus contratos de alquiler lleguen a su fin.

La cita será a las 10.30 en el número 5 de la calle Rosario Pino. A las puertas de los tribunales, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y varios colectivos vecinales y sociales han convocado una concentración para acompañar a Blanca y denunciar la situación que atraviesa el inmueble.

En el edificio quedan actualmente 33 familias. Algunas de las que vivían allí cuando comenzó la disputa ya se han marchado, en un contexto que los vecinos califican de “hostil” y que atribuyen al deterioro progresivo del inmueble y a las presiones ejercidas por la propiedad y sus intermediarios. Los residentes sostienen que el objetivo es vaciar poco a poco el bloque a medida que vencen los contratos de alquiler.

La historia comenzó a mediados de 2024, después del fallecimiento de una de las copropietarias del inmueble. Según los vecinos, fue entonces cuando la propiedad pasó a plantear el vaciado progresivo del edificio a medida que fueran venciendo los contratos de alquiler.

La finca, vinculada a la familia Campos Cebrián-González Ruano, quedó canalizada a través de sociedades como FURUD 2024 S.L. y GOMEISA 2024 S.L., según la documentación y las informaciones manejadas por los residentes. La gestión del inmueble también ha ido pasando por distintas empresas. Primero estuvo en manos de Savills y posteriormente intervinieron otras sociedades, entre ellas Grupo Soluzone y We Rent. En la actualidad, los vecinos señalan a We Rent como una de las empresas que mantiene la gestión del edificio.

A mediados de 2024, las familias comenzaron a recibir burofaxes en los que se les comunicaba que sus contratos no serían renovados cuando llegasen a término. Para los vecinos, aquello supuso el inicio de una estrategia destinada a vaciar poco a poco el bloque sin necesidad de expulsar de inmediato a quienes todavía tenían sus contratos en vigor.

El problema, sostienen, es que junto a esas comunicaciones comenzó también un deterioro de las condiciones del edificio. Los residentes denuncian desperfectos que no eran atendidos, problemas de mantenimiento, humedades, goteras, averías del ascensor, falta de limpieza y cambios en determinados contratos de suministros que, según aseguran, se hicieron sin su consentimiento. Desde el Sindicato de Inquilinas consideran que no se trata de problemas aislados, sino de una estrategia de “acoso inmobiliario” mediante la que se busca hacer cada vez más difícil la permanencia de las familias mientras sus contratos siguen vigentes.

Sin cocina por un posible caso de mobbing inmobiliario

En el caso de Blanca, el episodio que terminó de agravar la situación fue una gotera en su cocina. La vecina explica a Somos Arganzuela que durante meses avisó a las empresas encargadas de la gestión del inmueble sin obtener una solución. En 2025 llegó incluso a poner el problema en conocimiento del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Un inspector acudió a la vivienda y, al comprobar su estado, instó a la propiedad a repararla.

La respuesta, según cuenta Blanca, fue el envío de otro técnico. “Vino una persona de una empresa, otra vez una empresa diferente a las distintas que ya habían venido antes, pero siempre ocurría lo mismo: llegaba un empleado, hacía fotos, tenía buenas palabras y decía que mandarían a alguien a arreglarlo”, relata.

El trabajador tampoco reparó la avería. Días después, cuando Blanca se puso en contacto con él para preguntar cuándo regresarían, descubrió que su empresa ni siquiera se dedicaba a reparar goteras. “Mi empresa es de calderas. Lo único que me han mandado los gestores de la propiedad es a hacer unas fotos y enviárselas”, recuerda que le explicó.

Durante aquellos días, la situación empeoró hasta que parte del techo de la cocina se desprendió. Fue entonces cuando Blanca pudo comprobar que el origen de la filtración estaba dentro de su propia vivienda y no, como le habían indicado anteriormente, en un piso situado por encima. “En cuanto se desplomó el techo y pude ver que la fuga estaba en la zona que pertenecía a mi piso, llamé inmediatamente a alguien para que arreglase la fuga”, explica.

La reparación de la fuga permitió detener el problema, pero el techo y la cocina quedaron pendientes de una intervención de albañilería que Blanca decidió no seguir reclamando. Por entonces, explica, se encontraba psicológicamente muy afectada y, por recomendación médica, decidió cerrar la cocina y dejar de enfrentarse al problema.

“Ya llevaba muchos meses con la cocina inutilizada. Me había hecho un simulacro de cocina en el salón para poder funcionar y alimentarme”, cuenta. Desde entonces, esa estancia permanece prácticamente cerrada.

La situación también ha afectado a su economía. Blanca asegura que continúa pagando la renta completa pese a no poder utilizar una parte de la vivienda. Ha pedido a la propiedad que le indique qué cantidad debería abonar mientras la cocina siga inutilizada, pero asegura que no ha recibido respuesta.

“Mediadores” falsos y vigilancia para presionar a los vecinos

El conflicto también ha ido acompañado, según los residentes, de la aparición de distintas figuras que se presentan como intermediarios entre la propiedad y los inquilinos. Blanca señala especialmente a Rafael Ramírez, vinculado a We Rent, a quien los vecinos identifican como una de las personas que actualmente actúa como interlocutor de la propiedad. Según explica, su presencia en el edificio genera malestar entre las familias porque consideran que no ejerce una mediación neutral, sino que actúa en nombre de los propietarios.

Los vecinos ya habían denunciado anteriormente la aparición de supuestos mediadores cuya identificación y vinculación empresarial consideraban poco claras. En una de aquellas ocasiones, explicaron que una empresa llamada Gaiprop no figuraba en el Registro Mercantil ni contaba, según sus pesquisas, con sede fiscal o trabajadores identificables. Para Blanca, el problema de fondo es que la comunicación directa con la propiedad prácticamente ha desaparecido. “No están dejando que haya una comunicación fluida entre la vecindad y la propiedad, que está totalmente desaparecida”, afirma.

Según su relato, estos interlocutores van contactando especialmente con aquellos residentes cuyos contratos están próximos a finalizar para plantearles su salida. Los vecinos sospechan que se ofrecen acuerdos económicos en algunos casos, aunque Blanca asegura desconocer si se ha pagado dinero a otros inquilinos para que abandonen el edificio.

En su propio caso, la negociación previa al procedimiento judicial terminó con una propuesta que considera inasumible. La documentación que recibió planteaba, según explica, abandonar la vivienda y pagar una cantidad de alrededor de 6.000 euros para evitar la demanda. “Si a mí me mandan una carta en la que me dicen que no me van a demandar si les doy 6.000 euros y me largo de la casa, ¿qué hago? Les digo que me demanden, que al menos tengo posibilidad de ganar”, plantea.

Mientras el caso de Blanca avanzaba hacia los tribunales, los problemas denunciados por el conjunto de la comunidad no han desaparecido. Este verano, los vecinos aseguran que la ausencia de sustituto durante las vacaciones del trabajador encargado del edificio provocó un empeoramiento de la limpieza y el mantenimiento.

Durante varios días, cuentan, los cubos de basura permanecieron en la calle y las bolsas llegaron a acumularse en las inmediaciones del portal. A ello se suma, según denuncian, la falta de limpieza de las zonas comunes y la suspensión de las fumigaciones anuales que se llevaban a cabo en el inmueble, lo que ha coincidido con la aparición de cucarachas.

Otro de los últimos motivos de indignación ha sido la instalación de 14 cámaras de seguridad en las zonas comunes del edificio. Los vecinos consideran “aberrante y desproporcionada” la cantidad de dispositivos y cuestionan la necesidad de esta medida, que interpretan como una forma de control e intimidación.

La comunidad también ha denunciado el caso de otra vecina cuya vivienda quedó inundada después de que una avería de agua permaneciera sin atender durante sus vacaciones. La afectada ha presentado una demanda contra la propiedad por estos hechos, según explica Blanca. Para los residentes, estos episodios forman parte del mismo patrón de abandono del mantenimiento que llevan denunciando desde el inicio del conflicto.

Otro paso en la lucha contra el acoso inmobiliario

La batalla de General Lacy 22 no se ha limitado a los tribunales y las calles. En julio de 2025, los vecinos del edificio acudieron junto a los de Mesón de Paredes 88 y Modesto Lafuente 8 al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para trasladar sus denuncias sobre las presiones que estaban sufriendo.

Las tres comunidades expusieron ante responsables de la Dirección General de Consumo lo que consideran una ofensiva para forzar la salida de inquilinos de larga duración y revalorizar posteriormente los inmuebles. En el caso de Lacy, los vecinos denunciaron la combinación de presiones, falta de mantenimiento, problemas con suministros, intermediarios y no renovación de contratos.

El encuentro sirvió también para poner el caso en el contexto de un problema más amplio de vivienda en Madrid. Los vecinos defendieron que el llamado acoso inmobiliario no constituye una sucesión de conflictos aislados, sino una práctica que puede afectar a numerosos edificios de la capital.

Desde entonces, las familias de General Lacy han continuado organizadas junto al Sindicato de Inquilinas y han llevado su conflicto también a la calle. Ahora el primer procedimiento judicial marca un nuevo escenario. Blanca afronta el juicio con optimismo, pero también con miedo. Han sido dos años en los que asegura haber visto cómo su vivienda y su vida cotidiana se deterioraban.

A las puertas del juzgado, sus vecinos reclamarán este miércoles que no sea expulsada y que la propiedad cumpla con sus obligaciones de mantenimiento y habitabilidad. El lema de la concentración será el mismo que les ha acompañado desde que iniciaron esta lucha y con el que esperan ganar la batalla judicial: “De Lacy, 22 no se va ni Dios”.