El nuevo magistrado que analiza la presunta existencia de delitos urbanísticos en torno al derribo del edificio Irurak Bat de Getxo, Marcos Amor, ha apuntado en una reciente resolución que los imputados, entre ellos tres exediles del PNV, tenían razón cuando pidieron que no se tuvieran en cuenta los buzones de correo electrónico y servidores incautados, por ser una intromisión excesiva en su intimidad, pero acepta la validez (de momento) de los móviles y otros materiales decomisados. Eso sí, avisa con claridad que, aunque la investigación esté aún en una fase muy inicial, “de los diferentes extremos consignados a lo largo de los atestados, se deducen múltiples indicios que apuntan a una voluntad real de los investigados de llevar a cabo el derribo total del edificio a pesar de que ostentaban conocimiento de su protección”.

Y añade que las responsabilidades no solamente se limitan al momento del derribo “sino a las decisiones previamente tomadas [...], tanto de carácter técnico como político, con la voluntad de que tal derribo tuviera lugar”. La resolución cita, por ejemplo, que “consta que la licencia de obra concedida en octubre de 2022 autorizaba únicamente el derribo de construcciones complementarias, no comprendiendo el derribo del edificio principal”. “Sin embargo -agrega-, el acta de inspección de la Policía de fecha de 2 de agosto de 2024 recoge que el edificio principal había sido igualmente derribado”.

Asimismo, remarca que el palacete estaba incluido en un sistema de protección “básica” o “custodia municipal”. “El propio plan general de ordenación urbana establece entre las medidas de protección aplicables a los elementos incluidos en dicho catálogo que los edificios catalogados no podrán ser objeto de derribo”, apunta. En este sentido, se han incorporado al sumario dos informes. Uno es del arquitecto municipal, Urko Balciscueta. El otro es del área de Patrimonio del Gobierno vasco, dependiente de la vicelehendakari Ibone Bengoetxea, del PNV. Ambos dictámenes son coincidentes en resaltar que el Irurak Bat estaba protegido.

Balciscueta, que firmó su informe el 23 de marzo, apunta que él mismo informó favorablemente de un proyecto de reforma del edificio, pero remarca que aquel plan preveía el “mantenimiento” del edificio y la renovación de su interior y de las cubiertas. Añade que, si se hubiese planteado una demolición “total o parcial”, tendría que haber un informe del Gobierno vasco que no consta que se solicitase.

En cuanto al informe del Ejecutivo autonómico, viene firmado por la alto cargo Urkiri Salaberria, del PNV, y por María Abdona Gil Abad. Y es del 18 de marzo. Señala que “no existe ningún” decreto autonómico de protección del edificio pero que sí está en el “inventario” del Centro de Patrimonio Cultural Vasco. Asimismo, constata que en el ámbito de Getxo sí tiene una protección “a través de la custodia municipal”.

Los anexos documentales del informe señalan que se trata de una “casa unifamiliar” de la edad contemporánea, levantada en el siglo XIX y reformada en el XX, con “grado de protección” de ámbito “local”. Era un edificio de planta rectangular del que se destacan sus “dos grandes bow-window”, el “jardín excepcional” e “incluso el portón original neoclásico”. Ofrecía “líneas sencillas neoclásicas de calidad”. Las obras del siglo XX le imprimieron a la villa “un aspecto racionalista”. Se insiste en su “importancia histórica” y “valores arquitectónicos”.

Dispositivos bien custodiados

El caso de Getxo analiza si el derribo del edificio protegido fue deliberado y con participación activa del Gobierno municipal. Es más, dos de los tres concejales investigados, que eran pareja, iban a ir a vivir a las nuevas viviendas de lujo que allí se proyectaban. Ahora, después del relevo al frente de la sala del Tribunal de Instancia de Getxo sobre la que recae el procedimiento penal del Irurak Bat, el nuevo titular está dando ya los primeros pasos.

Su predecesora, Neus Galobardes, fue la que autorizó los registros en el Ayuntamiento y la incautación de los soportes electrónicos y de los buzones de correo electrónico y la que firmó también las imputaciones de nueve personas, los exediles Iñigo Urkitza, Inaxio Uriarte e Irantzu Uriarte y José Ramón Foraster, Haritz Pinedo, Argiñe Encinas, Sonia Quintana, María Isabel Peral y Ander Madariaga. Aún no han prestado declaración.

Amor ha resuelto los recursos de nulidad de las actuaciones. El nuevo instructor solamente enmienda a Galobardes en el punto relativo a los buzones de 'email' y ha acordado “expulsar” del sumario las posibles pruebas que hubiere en esos correos electrónicos. En lo demás, da por válida la justificación para realizar los registros y no cuestiona la incautación de aparatos como los teléfonos móviles, aunque anuncia una resolución separada sobre cómo proceder al volcado de la abundantísima información que contienen, como los mensajes de WhatsApp.

Añade, por otro lado, que no se puede dudar de que la Policía vaya a vulnerar el derecho a las comunicaciones confidenciales entre abogados y clientes, aunque pide que se devuelvan posibles documentos que puedan estar relacionados con ello. La Ertzaintza es la Policía judicial que lidera esta causa y los letrados de los abogados lanzaron la teoría de la conspiración, dando a entender que los agentes se estaban extralimitando. Para tranquilidad de las partes, el juez Amor recuerda que los materiales están debidamente custodiados y que su revisión está “a la espera de la correspondiente decisión judicial sobre la procedencia y alcance” de las investigaciones.

El magistrado instructor Marcos Amor ha decretado la expulsión de EH Bildu como acusación en la investigación abierta por el derribo del palacete protegido Irurak Bat de Getxo, en cuyos terrenos iban a comprarse una vivienda de lujo dos de los tres ediles del PNV imputados en la causa penal. El PP sí continúa personado en el procedimiento, además de la Fiscalía.

EH Bildu formuló en octubre de 2024 una denuncia en la Fiscalía al entender que el derribo del edificio de la calle de San Nicolás pudo ser irregular. La formación abertzale aportó “421 folios” de pruebas. Solamente ocho días después, el ministerio fiscal, apoyándose en un informe inicial de la Ertzaintza, elevó el asunto a la plaza número 2 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo al apreciar, indiciariamente, que los hechos pudieron haber sido constitutivos de un delito “contra el patrimonio histórico”, el artículo 321 del Código Penal, castigado con hasta tres años de prisión.

En diciembre de 2025, el grupo municipal de EH Bildu de Getxo quiso personarse como “acusación popular” en el proceso. Pidieron traslado de “todo” el sumario. La entonces responsable de la investigación, la instructora Neus Galobardes, vio algunos defectos subsanables en el escrito y les dio un plazo para corregirlos. El 9 de enero, EH Bildu ya estaba formalmente en el procedimiento, como el PP.

Sin embargo, una resolución del caso de finales de febrero, a la que ha tenido acceso este periódico, enmienda la anterior y acuerda la salida de EH Bildu. “El ejercicio de acciones penales por tal acusación popular podría dar lugar a situaciones de indefensión para con los investigados”, argumenta el nuevo responsable de esta investigación, que ha pedido igualmente la nulidad de todas las actuaciones de EH Bildu desde el inicio de su personación, incluidas peticiones de prueba.

¿Y cuál es el motivo? El juez Amor recalca que no es lo mismo una “denuncia” que una “querella”. “Constituyen actos procesales distintos”, recalca en su auto. La “denuncia”, lo que hizo EH Bildu, es avisar a la Justicia de una “notitia criminis”, es decir, de un posible delito. Pero ser acusación requiere una “querella”, es decir, poner nombre y apellidos a los presuntos responsables. “El hecho de haber formulado una denuncia previa no habilita automáticamente para constituirse como acusación popular mediante un posterior escrito de personación. Exige necesariamente la interposición de querella en forma”, recalca el magistrado. Ni siquiera considera suficiente la subsanación planteada y aceptada por la anterior instructora, la juez Galobardes. Este periódico ha intentado contactar a EH Bildu de Getxo en relación a esta cuestión, pero no ha recibido respuesta.

El sumario por el derribo del Irurak Bat está en una situación de parón. En enero, la anterior instructora recibió un informe ampliatorio de la Ertzaintza y ordenó la entrada y registro de dependencias municipales y la incautación de móviles, correos electrónicos y otros dispositivos de comunicación. Una vez levantado el secreto de sumario, se conoció la imputación de tres ediles del PNV, Inazio Uriarte, Irantzu Uriarte -los dos que iban a trasladarse a una vivienda de lujo en esa misma parcela- e Iñigo Urkitza. Con el resto de investigados, iban a comparecer a finales de febrero, pero se pospusieron las declaraciones. Abogados defensores han pedido la nulidad de las actuaciones.

El bufete Cuatrecasas promociona a Gonzalo Susaeta como un abogado de referencia “en los sumarios más relevantes del País Vasco en los últimos años”. Es un experto en delitos económicos y de corrupción, subraya. Durante más de una década defendió al ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, que terminó condenado a doce años de prisión. Desde el inicio, fundamentó su estrategia de defensa en tratar de anular pruebas describiendo supuestos excesos de la Ertzaintza, del juez instructor y de la Fiscalía que nunca quedaron acreditados. Llegó a decir que todo era tan “paranormal” que podría ser investigado por Iker Jiménez en 'Cuarto Milenio'.

Lustros después, Susaeta es el letrado de uno de los imputados en la investigación penal abierta en el Tribunal de Instancia de Getxo a cuenta del derribo del edificio protegido Irurak Bat de la calle de San Nicolás, donde iban a levantarse viviendas de lujo, el arquitecto José Ramón Foraster. Y ha planteado un duro escrito de 22 páginas al nuevo instructor de este asunto tras la salida de Neus Galobardes, Marcos Amor, en el que alienta la tesis de que todo es una conspiración de la Ertzaintza, que aparentemente realiza actuaciones “extrajudiciales”.

Del “no hay precintos, hay mutaciones, hay evidencias de papel que se han podido alterar, introducir o suprimir y tenemos constatación, que no indicio, de que durante siete meses todas y cada una de las evidencias estuvieron fuera del procedimiento, del control y custodia del secretario judicial” con el que redondeó su intervención en el 'caso De Miguel', donde su cliente recibió una severa condena, al “cuerpo policial que actúa paralela o autónomamente fuera de lo ordenado por el juzgado” en Getxo. Susaeta, con estos términos, busca devolver el caso a comienzos de 2026, es decir, anular los registros que realizó la Policía en dependencias municipales y en variadas empresas y que los dispositivos electrónicos aprehendidos no sean clonados y revisados.

La Fiscalía y otras acusaciones, como el PP, ya se han opuesto. El ministerio fiscal ve “ingenuo” plantear que se pueda llevar a término una investigación esperando solamente lo que voluntariamente puedan aportar los imputados. El escrito de los 'populares' ironiza que si nada tienen que ocultar daría igual analizar esos móviles, correos electrónicos y demás materiales incautados: “Quien nada teme, nada debe”. El volcado de ese material aún no se ha realizado a la espera de que se resuelvan estas peticiones, según fuentes judiciales.

Susaeta, que pide no llamar “palacete” al edificio Irurak Bat, aprecia una investigación “prospectiva”, a la que llama en inglés “fishing expedition” por parte de una unidad de la Ertzaintza no es especializada -según su criterio- en las materias objeto de discusión y que va por libre. Asegura que no hay “rastro” de quién encargó a los agentes una ampliación de su atestado, en referencia al informe emitido a comienzos de enero con nuevos indicios de criminalidad y que motivó los registros.

“Decidió seguir 'autónomamente', en una suerte de investigación extrajudicial, sin amparo legal alguno. [...] Esto no solamente implica la infracción de normas procesales, quebrantando el derecho a un proceso con unas mínimas normas y garantías, sino que determina notoria indefensión. Señaladamente porque -según se puede fácilmente comprobar con la lectura de los dos atestados 'reampliatorios' de 12 y 22 de enero-, la Policía autonómica no solamente se puso a solicitar y recabar de otras Policías, instituciones y organismos diversa información o documentos con posterioridad a la emisión y entrega de su informe de septiembre de 2025, sino que... comenzó a tomar declaraciones testificales a diversas personas, sin intervención judicial y -aún más importante- a espaldas de los ya investigados, personados ya en las presentes actuaciones”, describe.

Y continúa: “Malo es que, mediando procedimiento judicial, un cuerpo policial actúe paralela o autónomamente, fuera de lo ordenado por el Juzgado, pero peor aún es que se impida a los investigados una mínima intervención y posibilidad de contradicción en testificales y una mínima información sobre lo que se está investigando y de qué forma, qué documentos se piden y a quién, etc. Empero y para más INRI, SS la instructora [por Galobardes] no solo no reprende dicho proceder, no solo no ordena el cese de las intervenciones autónomas y la devolución de los atestados 'reampliatorios', sino que los valida indirecta o tácitamente, aceptando adoptar dos medidas drásticas y restrictivas de derechos fundamentales como son [las] entradas y registro e incautación/copiado de dispositivos tecnológicos”.

La defensa de Foraster se queja también de cómo se hicieron esos concretos registros por parte de la Ertzaintza. Cree que no se acotó el tipo de material que se quería obtener de los dispositivos electrónicos. “No un copiado selectivo de documentos, mensajes y/o correos relacionados con lo que hemos señalado en el párrafo anterior, sino la aprehensión del celular, con orden a los investigados de que faciliten el PIN y facultad a los agentes de cambiarlo”, protesta Susaeta. Y añade que su cliente, antes de entregar el dispositivo, pudo borrar algunos datos. “Nosotros pudimos lograr la desinstalación del programa de correo [del móvil], pero no tuvieron esa suerte los otros investigados”, expone.

En la causa hay imputados tres exconcejales del PNV. Uno de ellos, Iñigo Urkitza, ha fichado como abogado a Javier Beramendi, reconocido penalista vasco y también partícipe en el 'caso De Miguel', en su caso al lado de otro de los encarcelados por corrupción, Xabier Sánchez Robles. En su caso, ha formulado un recurso de 16 folios. También pide la nulidad de las actuaciones.

“Téngase en cuenta que entre las autorizaciones establecidas en la resolución se encuentra la incautación no solo de los teléfonos móviles de uso laboral, sino también los personales. En una terminal telefónica se pueden almacenar multitud de datos, referentes a un largo periodo de tiempo. Sin ánimo de ser exhaustivos se señalan algunos: listado telefónico, contactos de WhatsApp y de otras mensajerías similares, contactos con los que se ha mantenido comunicación telefónica o por mensajería instantánea (con indicación de días, hora y duración de las llamadas), acceso a correos electrónicos conservados en el dispositivo, mensajes de sms, acceso al historial de Google Maps, acceso al historial de YouTube, fotografías, videos, descargas realizadas, datos sobre la salud, historial de acceso a internet, información económica y bancaria, datos sobre la ubicación del dispositivo en un momento determinado, etc.”, argumenta el abogado.

El defensor Jon Kepa Huertas, al cargo de las defensas de las funcionarias municipales imputadas, tira de argumentos similares. “Los agentes de la Ertzaintza, en una posición que constitucionalmente no les corresponde, e irrogándose funciones de expertos en materia urbanística, pretenden resolver de un plumazo aquello que había sido requerido por parte del ministerio fiscal y comienzan su atestado con una calificación jurídica del nivel de protección del edificio demolido, incurriendo en errores de bulto”, sostiene. En su caso, se refire al último informe policial como “sospechosa ampliación”. Y avisa de que sus tres patrocinadas fueron imputadas después de los registros, de modo que sufrieron los registros e incautaciones antes de tener esa condición.

La instructora Neus Galobardes, que abandonará en unos días el juzgado de Getxo responsable de la investigación por el derribo del palacete Irurak Bat, ha dejado acordado que el final del sumario será el 21 de abril, es decir, en apenas tres meses. Esta resolución fue adoptada en octubre a instancias del PP, que está personado como acusación, al igual que EH Bildu. El plazo sería prorrogable si hubiere necesidad de practicar nuevas diligencias dada la nueva dimensión que ha adquirido en los últimos días el caso con la imputación de tres de los nueve ediles del PNV en la localidad, dos de ellos cooperativistas de la promotora que iba a levantar viviendas de lujo en vez del edificio protegido.

En aquel momento, en octubre, se acababa el plazo ordinario de instrucción de un año desde el inicio de las actuaciones, en otoño de 2024, y la causa apenas sí había dado sus primeros pasos, según indican fuentes judiciales. De hecho, con la prórroga se acordaron las primeras imputaciones, las de Haritz Pinedo, José Ramón Foraster -que ha contratado como abogado a Gonzalo Susaeta, que fue el principal defensor de Alfredo de Miguel y que tuvo una línea muy dura de ataques a la Policía vasca-, Erlantz López y Ander Madariaga. Ahora ya son diez, ya que a estas personas vinculadas a las empresas detrás del derribo del Irurak Bat se han añadido los tres concejales, Irantzu Uriarte, Inazio Uriarte e Iñigo Urkitza, y tres altas funcionarias del Ayuntamiento.

Eduardo Andrade, letrado del PP y a la vez portavoz municipal en Getxo, fue el firmante del escrito en el que pedía la ampliación de los plazos en otoño para que el caso no quedara en agua de borrajas. La instructora Galobardes respondió afirmativamente alegando que iba a “resultar imposible” tener una fotografía completa de lo sucedido en el plazo ordinario. El siguiente paso en el procedimiento será la declaración de los diez imputados el 25 de febrero. Para entonces, el caso lo dirigirá ya el magistrado Marcos Amor, titular de la plaza segunda de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo.

Este martes, 'El Correo' ha publicado parte del sumario y en él se contiene una declaración del arquitecto municipal, aparentemente ante la Ertzaintza en su calidad de Policía judicial, en la que sostiene que fue apartado y que él no habría permitido el derribo. Recalcó que el Irurak Bat estaba claramente protegido según la normativa vigente y que cualquier actuación en esa finca requería del respeto a unos mínimos.

El juicio contra el expresidente de la DYA, Fernando Izagirre, también excargo del PNV en el Gobierno vasco, y su socio catalán, Juan Diego Gallardo, ha quedado visto para sentencia. Queda en manos del tribunal presidido por Ángel Gil determinar si son culpables o no de los delitos que les imputa la Fiscalía, que no ha modificado sus peticiones de penas después de la segunda jornada del juicio celebrada este miércoles, en la que han declarado ambos acusados rechazando en sus testimonios haber practicado ningún tipo de desfalco de los fondos de la ONG de ambulancias.

“Yo no sé nada de contabilidad”, “confiaba en las personas que la llevaban”, o “todo lo hice por la DYA”, han sido algunas de las manifestaciones de Izagirre. Sin embargo, para el fiscal quedan probados los delitos de administración desleal, falsedad en documentos y de apropiación indebida de 4,75 millones de euros, por lo que pide siete años de prisión para Izagirre, y cuatro años de cárcel paraGallardo. Tampoco han variado las peticiones de las dos acusaciones particulares ejercidas por la propia DYA y por Emergencias Plus, que elevan a 5,5 millones la apropiación indebida de dinero de a DYA por parte de los dos acusados.

La Fiscalía y acusaciones particulares consideran probado que Izagirre y Gallardo desviaron 5,5 millones de fondos a Emergencias Plus, la Asociación de Interés Económico (AIE) -que después se transformó en Sociedad Limitada- constituida a partes iguales por la DYA Bizkaia y Ambulancias Barcelona. De esos 5,5 millones traspasados sin ningún tipo de soporte documental, 4,7 millones se traspasaron a Ambulancias Barcelona, de la que Gallardo era socio fundador y en la que Izagirre era accionista- y de esta empresa a otras dos en las que ambos acusados eran administradores y accionistas pero que carecían de relación directa con la DYA: Dossier Partners y Filia Advisors Group. Y de ahí, a las cuentas personales de los acusados. Ha pesado mucho en las conclusiones de Fiscalía y acusaciones particulares la declaración de Rafael Osta, responsable de Recursos Humanos primero y de la administración de Emergencias Plus, con oficina en Barcelona, que expuso el martes que tenía orden de “cada mes, antes del día 15, elaborar una lista de necesidades de todas las empresas y la DYA traspasaba el dinero”. Una parte era para Ambulancias Barcelona y el resto pasaba a Filia e Intelligence.

En la jornada celebrada este miércoles Izagirre ha dado a entender que no tenía conocimiento directo de lo que pasaba en Barcelona y que tenía “confianza plena” en las peticiones que se realizaban para que se realizaran aportaciones de dinero. “Yo no sé nada de contabilidad”, ha insistido, por lo que tampoco ha dado explicaciones de por qué en el balance de la DYA estas transferencias se contabilizaban como préstamo y, sin embargo, en el de Emergencias Plus como aportaciones -realizadas por uno de los socios, la DYA-, no recuperables. Los imputados en los juicios tienen derecho a no decir la verdad.

Izagirre, que sólo ha respondido a las preguntas que le ha formulado el fiscal y su abogado defensor, Martín Bilbao, del bufete Barrilero y Asociados- ha relatado que se creó la AIE Emergencias Plus con Ambulancias Barcelona para poder optar a concursos públicos, porque se estaba ventando en los mismos a las ONG, y que todo el proceso se inició y se llevó a cabo cuando él era el coordinador y con conocimiento y aprobación de los que entones eran presidentes, Juan Antonio Usparicha, primero y José Antonio Guevara después -que fue el que le precedió en el cargo-. A preguntas del fiscal ha señalado que tuvo que pedir un crédito hipotecario a título personal de 198.000 euros para entrar como accionista en Ambulancias Bizkaia porque, como ha relatado después Gallardo, otros accionistas se querían salir. Pero ha indicado que lo hizo a título personal y no como DYA, porque era “más rápido para pedir el crédito”, y que el presidente de la DYA sabía que se haría en su nombre, aunque no consta ninguna documentación que lo acredite. “Lo perdí todo”, ha señalado. Ha insistido en que la finalidad era que la DYA entrara en los concursos públicos. “El objetivo siempre fue pensando en la DYA”. “Mi ambición no era ser propietario de una empresa de ambulancias”, ha dicho. También ha señalado que se creía que las otras dos empresas en las que participaba él, impactarían favorablemente en la DYA.

Izagirre ha señalado además que ha devuelto los 7.008 euros que cogió de las arcas de la DYA en calidad de “préstamo” y que se le reclamó por parte de la autoridad concursal, cuando DYA entró en concurso de acreedores. Un motivo que su defensa ha pedido que se tome como atenuante.

Por su parte Gallardo, socio fundador de Ambulancias Barcelona, que ha respondido a preguntas del fiscal y la defensa, ha relatado que, aunque su empresa tenía capacidad para acceder a contratos, quisieron asociarse con la DYA Bizkaia por el “prestigio que tenía la ONG” en la gestión del transporte sanitario. Gallardo ha señalado que todos los pactos iniciales los hizo con los dos anteriores presidentes, ya fallecidos y que Izagirre entró como accionista minoritario en Ambulancias Barcelona para sustituir a socios que no estaban de acuerdo con la AIE creada con la DYA.

Ha justificado las aportaciones realizadas desde la DYA a Emergencias Plus, porque en los primeros años no aportó nada, sino que sólo Ambulancias Barcelona traspasó su personal y sus vehículos, aunque no se produjo una venta de las ambulancias ni un traspaso documentado como tal. Respecto a la derivación de dinero de Emergencias Plus procedente de la DYA a Ambulancias Barcelona, ha explicado que se trataba de evitar que la AIE, que conseguía concursos por bajo precio, y, por lo tanto, perdiendo dinero, entrara en pérdidas, porque se quedaría fuera de las licitaciones. Así se “pactó entre los socios” que Emergencias Plus daba un dinero a Ambulancias Barcelona para pagar facturas a la propia AIE. “Hicimos mal desde el punto de vista empresarial”, ha reconocido, pero se trataba de fortalecer a Emergencias Plus, ha dicho. Ha negado que se hicieran pagos después desde Ambulancias Barcelona a las otras empresas propiedad de los acusados y ajenas a la DYA. Algo que el abogado ha recordado que carece de ninguna prueba documental.

Las acusaciones particulares consideran que en el proceso ha quedado acreditado que las operaciones se realizaron sin conocimiento de la Junta Directiva y la asamblea de DYA y sin que, en palabras del abogado de esta entidad, exista “justificación documental alguna”. Según ha asegurado, en DYA Bizkaia se eliminó “todo tipo de control interno” desde que en 2005 Izagirre accedió al cargo de coordinador y se “unificaron las cajas” de todas las delegaciones, con lo que el acusado “de facto asume control de toda la caja”. El abogado ha subrayado que DYA “no persigue negocios en ninguna parte”, sino que es una sociedad no lucrativa, y, por tanto, ha rechazado que lo sucedido se pueda explicar como “negocios fallidos de un grupo de empresas”. A su entender, los acusados diseñaron “una operación concertada para traspasar fondos mediante ”sociedades interpuestas“ y ”falseando documentación societaria y contable para mantener mercantiles con patrimonio negativo“.

Los abogados de los acusados, por su parte, han solicitado la absolución de sus defendidos y han defendido no se debería abordar el caso en el ámbito penal. El letrado de Izagirre, que ha advertido de la “dificultad probatoria” en “un recorrido de 20 años”, ha insistido en que su defendido no manejaba la contabilidad de DYA ni de Emergencias Plus. Además, ha considerado que la DYA no es “un inocente tercer perjudicado” porque está en “el plan de negocio”.

Varios testigos y peritos han ratificado el presunto traspaso irregular de fondos de la DYA en Bizkaia a empresas propiedad del expresidente de la entidad, Fernando Izagirre, que luego fue alto cargo del Gobierno vasco y portavoz del PNV en Galdakao. Este martes ha arrancado el juicio contra él en la Audiencia Provincial de Bizkaia y en el que se sienta también en el banquillo su socio catalán, Juan Diego Gallardo.

Ambos están acusados de presuntos delitos de administración desleal, falsedad en documentos y de apropiación indebida de 4,75 millones de euros que salieron supuestamente de las arcas de la DYA y acabaron en empresas de las que los acusados eran propietarios, y sin que estas compañías tuvieran relación alguna con la asociación de ayuda en carretera y ambulancias. La Fiscalía pide para Izagirre siete años de prisión, mientras que para Juan Diego Gallardo pide cuatro años. Ambos acusados han sido recibidos a su llegada a los juzgados por un grupo de mariachis son de la canción 'Cielito lindo'. Gallardo ha escogido como letrado a Gonzalo Susaeta, del bufete de Cuatrecasas y conocido en Euskadi por ser el abogado defensor de Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava y condenado a prisión por corrupción.

Los hechos que se juzgan sucedieron presuntamente entre los años 2011 y 2016, pero el escándalo saltó a la luz en 2022, cuando Izagirre dejó la presidencia de la DYA en Bizkaia y la nueva dirección vio que había irregularidades en las cuentas, pagos y transferencias que no cuadraban. Entonces, Izagirre era director de Emergencias del Gobierno vasco, adscrito al Departamento de Seguridad, y portavoz del grupo del PNV en el Ayuntamiento de Galdakao. Son cargos de los que tuvo que dimitir. Izagirre fue coordinador general de la DYA desde 2006 y en 2016 asumió la presidencia de la entidad hasta 2021, para pasar a la dirección de Emergencias del Gobierno vasco dentro del equipo del entonces vicelehendakari, Josu Erkoreka.

En la primera jornada del juicio celebrado en Bilbao por un tribunal presidido por Ángel Gil, y que tendrá continuidad este miércoles con la declaración de los dos acusados, han testificado varias personas que han tenido diferentes cargos en la DYA durante los años en los que ocurrieron los hechos que se juzgan. Nueve testigos en total, así como tres peritos que se ocuparon de la contabilidad de la ONG o que auditaron sus cuentas.

Los testimonios que han ofrecido la mayoría de los testigos y peritos a raíz de las preguntas de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, ejercidas por la propia DYA y la empresa Emergencias Plus, ratifican las acusaciones. Se desprende presuntamente se transfirió desde los fondos de la DYA una cantidad de 5,5 millones de euros a la empresa Emergencias Plus, que la DYA había constituido a partes iguales con Ambulancias Barcelona para poder presentarse a concursos públicos, pero que más adelante pasó a ser propiedad cien por cien filial de la DYA. De estos 5,5 millones, que no tienen soporte documental, 4,7 millones fueron a parar a Ambulancias Barcelona y de ahí y otras dos empresas, Intelligence Dossier Partners y Filia Advisors Group, vinculadas ambas a los acusados.

De hecho, la acusación particular de la DYA ha mostrado su satisfacción al término de la vista, al considerar que los testimonios han aportado pruebas para demostrar la culpabilidad de los acusados. Según han declarado los auditores y algunos de anteriores cargos de la DYA, las transferencias realizadas desde la DYA a Emergencias Plus se realizaban en carácter de préstamo -aunque no hay ningún documento que lo sustente- mientras que en el balance de Emergencias Plus, estas cantidades procedentes de la DYA se computaban como aportación al capital de la filial con carácter no retornable.

Los testimonios más demoledores han sido los de los dirigentes de la DYA que destaparon el presunto agujero en la empresa cuando Izagirre dejó el cargo. Por un lado, Santiago Gonzalo, que asumió la presidencia de la DYA, y por otro, el gerente de la DYA, Javier Lid. Este, al hacerse cargo de la gerencia de la DYA y ver su situación económica precaria -de hecho, poco tiempo después tuvo que declarar el concurso de acreedores- vio que había unas transferencias en concepto de préstamo a Emergencias Plus y quiso analizar si se podía reclamar la devolución. En este momento fue cuando comprobó que no sólo no era posible esa devolución, sino que en el ordenador de la empresa Emergencias Plus en su oficina en Barcelona estaba también la contabilidad de las empresas Intelligence Dossier Partners y Filia Advisors Group, pese a no tener relación ni con Emergencias Plus ni con la DYA.

Rafael Osta, que fue responsable de Recursos Humanos y responsable de la administración de Emergencias Plus, ha reconocido no saber por qué motivo se hacían las transferencias, pero ha detallado que tenía orden de “cada mes, antes del día 15, elaborar una lista de necesidades de todas las empresas y la DYA transpasaba el dinero”. Una parte era para Ambulancias Barcelona y el resto pasaba a Filia e Intelligence.

De igual forma, Santiago Gonzalo, que asumió la presidencia de la DYA después de Izagirre, ha relatado que Izagirre no les proporcionaba la información que le pedían para saber la situación de la empresa en el transpaso de poderes. “Cada día encontrábamos una cosa nueva”, ha señalado, entre ellas gastos por parte de Izargirre de más de 34.000 euros en tiendas de electrónica, Amazon, o tiendas de ropa... todos ellos sin justificar debidamente. Gonzalo ha expresado su sorpresa al recibir de parte del abogado que asesoraba a la ONG “una montaña de papeles” con supuestas irregularidades en la gestión de la entidad, y que tuvo que encargar la actuación de un “forense financiero” para aclarar “ese desbarajuste” de las cuentas. “Ningún miembro de la junta de la DYA conocía que la sociedad hacía préstamos” millonarios a otras empresas, ha señalado.

También ha testificado Estibaliz Guevara, que fue encarga de la administración de la DYA, gerente unos meses e hija de Juan Antonio Guevara, que fue también presidente de la DYA. Ha reconocido que se hacían préstamos a Emergencias Plus por orden de Fernando Izagirre para solventar deudas con la Seguridad Social de la empresa que habían constituido con la catalana. Guevara ha restado importancia a los gastos no justificados de la tarjeta de Izagirre porque “hacía compras para la DYA”. Las defensas de Izagirre y de Gallardo han intentado demostrar con sus preguntas a los testigos que sí hubo una devolución del dinero recibido en forma de ambulancias y un tráiler medicalizado.

Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava condenado a más de doce años por delitos de corrupción (nueve de cumplimiento máximo), no quiere entrar en prisión. El entorno de Txitxo, como es conocido, ha pedido ya el indulto y lo hace con argumentos que van desde el hecho de que hace casi dos décadas desde que se produjeron los hechos hasta que, según recogió 'El Correo', ha colaborado en estos años “en el apoyo escolar a niños desfavorecidos de la selva del Amazonas de Perú”. Sin embargo, el expolítico nunca ha colaborado con la Justicia ni respondido a una sola pregunta que no tuviera preparada con su defensa desde que en 2009 se iniciara la investigación y en 2010 fuera detenido. Más bien al contrario, ha sido más de una década de excusas y teorías exculpatorias en ocasiones rocambolescas. Y aunque el mensaje oficial del PNV, verbalizado por su candidata en Vitoria Beatriz Artolazabal, es que este caso de corrupción está “amortizado” de cara a la opinión pública, a dos meses de las elecciones municipales y forales en Euskadi voces internas del partido empiezan a admitir en privado y por vez primera en este tiempo que todo el ruido que rodea a este asunto, incluidos los indultos, empiezan a pesar de cara a la opinión pública.

Asimismo, desde el entorno de los ya condenados en firme se está intentando extender un argumentario por el cual se presenta como excesivo el castigo final por estos hechos por tres motivos. Uno, porque “son hechos de 2005”. Dos, porque la Justicia ha tardado más de una década en acabar toda la tramitación judicial. Y, tres, se entiende que las cantidades económicas detrás del considerado mayor caso de corrupción en Euskadi serían irrisorias.

Estas explicaciones orillan que las penas no son por los hechos de 2005, año en que se crea la empresa tapadera Kataia Consulting, pieza central del caso porque es donde se recaudaban buena parte de las comisiones ilegales, que fueron destinadas a comprar un coche, a viajes, a copas, a joyas, a estancias en balnearios, a pagar a familiares o a comprar unas fincas en la localidad vizcaína de Fruniz. Las sentencias constatan en muchos casos el carácter “continuado” de los delitos. De hecho, la chispa que enciende la investigación, la denuncia de la empresa Ainhoa Alberdi, se debe a que en 2008 De Miguel le pidió una comisión de 100.000 euros que estuvo latente durante 2009, hasta que acudió a la Fiscalía.

Además, los retrasos en la Justicia -que están acreditados y que en ningún caso afectaron a la investigación- han sido no perjudiciales sino beneficiosos para los implicados, ya que si sus penas no son más altas es porque se les ha reconocido un atenuante por “dilaciones indebidas”. Finalmente, en cuanto a las cantidades económicas, se ha tratado de limitar el impacto de la causa a la responsabilidad civil -de unos 150.000 euros- correspondiente a los contratos irregulares salidos desde el área de Juventud del Gobierno vasco para beneficiar a la trama. No obstante, solamente las comisiones confesadas en 2018 en el juicio por el exsocio de De Miguel Josu Arruti ya ascendían a 322.000 euros.

2010: “Querían atentar contra mi vida”

De Miguel, junto con otras siete personas, fue arrestado por la Ertzaintza el 17 de marzo de 2010. Los agentes confundieron al entonces diputado foral con el “diputado general” o presidente de la Diputación, que en aquel momento era Xabier Agirre, ya fallecido y que era de un sector interno contrario a los acusados. “Cuando fui detenido creí que querían atentar contra mi vida”, manifestó en sede judicial. Él y los otros dos exdirigentes del PNV alavés condenados, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, se quejaron también del frío de los calabozos y hasta de que les dieron mantas “meadas”. Asimismo, durante años todos ellos hicieron bandera de una supuesta conspiración urdida por el juez, Roberto Ramos, la Fiscalía, la Ertzaintza -entonces el Gobierno vasco estaba en manos del PSE-EE- y los medios de comunicación. Así lo expresó el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, en el juicio celebrado en 2018: “He llevado asuntos turbios y no he visto nada igual en mi vida. Ocurren cosas muy extrañas. En un programa muy famoso de Cuatro, de los domingos por la noche y con un presentador con nombre vasco [por Cuarto Milenio], les gustaría hablar de estos fenómenos paranormales”. Sin embargo, un agente avisó en el juicio de que en los registros se ciñeron exclusivamente a las órdenes judiciales. “Dejamos en casa de De Miguel un montón de documentación de otras empresas que luego sí aparecieron en la investigación”, explicó el ertzaina.

2011: Sin “enriquecimiento”

En 2011, De Miguel fue citado por la comisión de investigación que creó el Parlamento Vasco en torno a este caso y a otros de la época. En la Cámara tampoco respondió a ninguna pregunta y se limitó a leer un escrito. Luego lo repitió en una supuesta rueda de prensa en la que no admitió preguntas. Allí afirmó que estaba probado que no se había “enriquecido” y que todo era un montaje para atacar al partido a través de él y del resto de investigados. Fue ese día cuando el portavoz parlamentario y presidente en Gipuzkoa, Joseba Egibar, que mantiene hoy sus cargos, le recibió con un abrazo. En el exterior del edificio, decenas de militantes lo esperaban también para aplaudirle y agasajarle.

2011: la falsa amenaza de ETA

El juez Ramos, a la luz de un informe de la Ertzaintza muy contundente sobre las implicaciones de la trama, volvió a citar en el juzgado a De Miguel. Fue a finales de 2011. Tanto él como su esposa, Ainhoa Bilbao, una de las testaferros de Kataia Consulting junto a las parejas de Ochandiano y Tellería, esgrimieron una nueva teoría. Indicaron que altos mandos de la Policía Nacional y de la Ertzaintza les habían trasladado que Txitxo había aparecido en los papeles de un dirigente terrorista detenido, Mikel Albisu 'Antza'. Ello explicaba, supuestamente, los movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo o los intercambios en la calle de hasta 60 billetes de 500 euros. La Policía Nacional pronto desmontó esta tesis con un informe elabodo 'ad hoc' a instancias del juzgado.

2018: Eric Armando, “ni extorsiones ni cosas raras”

En el juicio, en 2018, De Miguel también exploró una hipótesis alternativa para explicar sus conversaciones con Alberdi y la petición de “100.000”. Ni era una comisión ni eran euros, sostuvo el expolítico en una intervención ante el tribunal ensayada con su abogado y, por supuesto, sin posibilidad de preguntas o más aclaraciones. Cuando le pedía dinero a la denunciante se refería a 100.000 pesetas, apenas 600 euros. Y metió en el relato a un tal Eric Armando que nunca ha aparecido. “A finales de 2006 cambiamos de piso. [El viejo] Lo ponemos a la venta pero también el alquiler, por lo menos para tenerlo ocupado. Entonces nos surge la oportunidad de alquilarlo a un trabajador de mi cuñado. Ainhoa [Alberdi] me preparó un contrato de alquiler y lo firmamos. El chico se llamaba Eric Armando. Pero me empieza a dejar impagados. Ella [Alberdi] me dijo que o desahucio o llegar a un acuerdo, y que lo mejor sería subrogar directamente la nómina. Desahucio no podía hacerle a un trabajador y tal. Se estaba discutiendo en el entorno de 100.000 pesetas, 600 euros”, relató Txitxo. Y añadió: “Ni extorsiones ni cosas raras [...]. Tan sencillo como esto, guste o no guste”.

2018: “Despidos” y “marginación social”

En la fase de conclusiones del juicio y tras haber rechazado un acuerdo muy ventajoso a cambio de confesar, el letrado de De Miguel y de su esposa jugó la carta de exponer las consecuencias de una investigación tan larga. “Esto afecta a todo el mundo que tenga la desgracia de que le metan en un macroprocedimiento. Pero si tiene suerte y no es mediático... [Mis clientes] Han estado expuestos al juicio más mediático de los últimos años con un componente económico. En el caso de mis defendidos sufrieron despidos y, además, pintadas y amenazas -denunciadas a la Policía-, dirigentes políticos pronunciándose en su contra, apartamiento social, marginación social, pérdida de amistades, … ¡Nueve años [así]!”, relató. Sin embargo, en los últimos meses ha trascendido que, al menos en el plano laboral, el expolítico no solamente no ha sido despedido sino que ha ido ascendiendo tanto en salario como responsabilidades en la sociedad pública del Gobierno vasco Hazi, en concreto en la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea. Asimismo, tuvo la oportunidad de que el director de Hazi, Asier Arrese, declarara como testigo a su favor en el juicio.

2023: El indulto por una pena excesiva

En enero de este año el Tribunal Supremo ya hizo pública la sentencia definitiva de este caso y que ratificaba en su gran mayoría los términos del fallo de primera instancia emitido por la Audiencia Provincial de Álava en diciembre de 2019. Desde entonces, el entorno de Txitxo se puso a trabajar en preparar un indulto. Se han cuidado de desvincularlo de una estrategia de su defensa -de hecho ha cambiado de abogado para esta fase y Estefanía Rojo sustituye a Susaeta- y de una estrategia del partido. Desde el PNV ya han dejado claro que no tienen “absolutamente nada que ver” con el intento de sortear la entrada en la cárcel por esta vía o que pueda ser un elemento de negociación con el Gobierno de España, que es quien tiene la potestad de la gracia en virtud de una ley de 1870, que es a la que se agarran. La estrategia es presentar al condenado como el afectado por un largo proceso y casi como un ciudadano ejemplar. Lo que se busca es un indulto “parcial” que rebaje de tres a dos años la pena por el delito de asociación ilícita de modo que ninguno de los castigos aislados dentro de esa suma global de más de doce años supere la barrera que habitualmente se toma como referencia para las suspensiones, los dos años.

La nueva defensa de Alfredo de Miguel, ya no ejercida por su letrado desde el inicio del procedimiento, Gonzalo Susaeta, ha acompañado a la comunicación de la solicitud del indulto -adelantada en enero por este periódico y formalizada ya- un recurso de súplica para evitar 'in extremis' la cárcel, en la que debería ingresar como muy tarde a finales de marzo. La línea de defensa del ex 'número dos' del PNV de Álava se fundamenta en que, aunque la pena total por delitos de corrupción suma más de doce años de prisión (nueve de cumplimiento efectivo), solamente uno de ellos supera la barrera de los dos años, que es la que se suele tomar como referencia para suspender las penas. De ese modo, pide a la Audiencia Provincial que tenga en cuenta la petición de gracia “parcial” para ese delito en concreto -la asociación ilícita, que bajaría de tres a dos años- y que suspenda el resto de condenas menores, como se prevé que ocurra con el resto de condenados con penas bajas.

La letrada Estefanía Rojo, conocida penalista vasca y que se ha incorporado ahora a esta causa, apunta al artículo 80.3 del Código Penal. “Podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen”, se puede leer en la ley. Sin embargo, es algo que tendrá que valorar el tribunal a la luz del informe de la Fiscalía y también de si realmente se hace una interpretación generosa de la norma para alguien que, en puridad, nunca ha colaborado con la Justicia desde que en 2010 fuera detenido por este caso, el mayor de corrupción en Euskadi. Se alega también que los delitos se cometieron hace casi dos décadas y que no hay riesgo de reincidencia. Rojo ha sido propuesta por las mismas personas que han formalizado el escrito del indulto, que son personas del círculo de allegados de De Miguel, con experiencia jurídica en algunos casos, y que han entendido que en esta fase era positivo contar una experta en derecho penitenciario.

Con esta bala final, ya con el proceso completado y sin posibilidad de que se revisen la condena o los hechos probados, que le sitúan como cerebro de un trama para el cobro de comisiones, adjudicaciones irregulares de contratos públicos y blanqueo de capitales, De Miguel aspira a lograr el mismo resultado que rechazó durante el juicio, en 2018, cuando tuvo en la mano un acuerdo con la Fiscalía a cambio de confesar con unas penas que podrían haber encajado en este esquema de una suma de delitos pequeños, todos ellos castigados con dos o menos años. Sin embargo, el expolítico no solamente renunció a esa posibilidad de colaborar para lograr una salida más favorable sino que consideró traidores a quienes sí admitieron los delitos, principalmente su exsocio y amigo Josu Arruti, considerado un fontanero del PNV y con el que se repartió comisiones en una operación urbanística en Zambrana.

Sin embargo, todo este planteamiento parte del presupuesto de que todas las penas de menos de dos años van a ser suspendidas. Es la práctica habitual y es algo contemplado en el Código Penal, pero no es algo automático y está en manos del tribunal, compuesto por los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta. De hecho, la Fiscalía podría oponerse a estas suspensiones. Fuentes del ministerio fiscal consultadas por este periódico, en todo caso, no han informado de cuál será su postura. Hay tres grandes bloques entre la quincena de condenados. Por un lado están De Miguel y los otros tres con penas altas y fecha de ingreso en prisión -que son Koldo Ochandiano, Aitor Tellería, quien también explorará la posibilidad del indulto, y Xabier Sánchez Robles-, por otro lado los que tienen penas totales de menos de dos años y, finalmente, Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (antes Josu Montés), que entrarían en el supuesto del 80.3 del Código Penal (pena mayor de dos años pero sin ningún delito concreto por encima de esa barrera).

Puedes leer aquí un resumen con los datos básicos de todos los condenados en el 'caso De Miguel' y una cronología de la investigación desde 2009 hasta la actualidad.

La investigación y resolución del considerado mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel', se ha prolongado durante más de una década. En concreto, de 2009 a 2023. La primera sentencia de la Audiencia Provincial de Álava se dio a conocer el 17 de diciembre de 2019 y ahora ha llegado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que dota de firmeza a las condenas si bien los acusados tienen derecho a seguir pleiteando ante el Constitucional o incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si insisten en su tesis de la vulneración de derechos fundamentales. Así ha evolucionado este caso desde su origen.

2 de diciembre de 2009.

La empresaria y abogada Ainhoa Alberdi denuncia la trama de corrupción en la Fiscalía de Álava. Asegura que Alfredo de Miguel le solicitó una comisión de 100.000 euros por un contrato en el parque tecnológico de Miñano. También que habían presionado a su padre por el mismo motivo y que De MIguel iba acompañado de otro dirigente del PNV de Álava, Aitor Tellería. Aportó unas grabaciones en las que se escuchaba a su socio, Jon Iñaki Echaburu, que además de empresario estaba afiliado al PNV, hablar de las mordidas como algo “dentro de lo normal”.

15 de marzo de 2010.

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, denuncia ante el juzgado a ocho personas, incluidos los dirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.

17 de marzo de 2010.

La Ertzaintza, por orden del juez Roberto Ramos, arresta a Alfredo de Miguel, a Aitor Tellería, a Koldo Ochandiano, a sus tres esposas, a Alfonso Arriola -gerente de Miñano- y también a Echaburu. Se registran varias viviendas y los detenidos prestan declaración en el juzgado para quedar en libertad con diversos cargos de corrupción. Florece ya que el trío y sus esposas tenían una empresa sin apenas actividad y con sede social en un 'txoko', Kataia Consulting.

18 de marzo de 2010.

Alfredo de Miguel dimite como diputado alavés de Urbanismo (Administración Local y Equilibrio Territorial). El diputado general, Xabier Agirre (PNV), reclama “tolerancia cero” contra la corrupción.

28 de abril de 2010.

‘El Mundo’ publica que Kataia Consulting se benefició de contratos irregulares del área de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por Xabier Sánchez Robles.

14 de mayo de 2010.

El juez Roberto Ramos levanta el secreto sobre el sumario del ‘caso De Miguel’. A la nómina de imputados se han sumado ya Iñaki San Juan, Julián Sánchez Alegría o Gurutz Larrañaga, estos dos últimos altos cargos del Gobierno de Juan José Ibarretxe.

30 de mayo de 2010.

‘El Correo’ revela detalles de la recalificación urbanística que Alfredo de Miguel impulsó en la localidad alavesa de Zambrana. Se trataba de un macroproyecto y las empresas del político habían cobrado de los promotores catalanes elevadas sumas de dinero.

6 de junio de 2010.

El juez Roberto Ramos imputa a Xabier Sánchez Robles por los contratos irregulares de Juventud, que además de a Kataia Consulting han beneficiado a otras dos firmas asociadas, Errexal y Ortzi Muga.

20 de junio de 2010.

‘El Mundo’ desvela la apertura de una investigación paralela secreta vinculada al registro del domicilio de Aitor Tellería. Se analizaba si conformó, junto con dos ertzainas de la Unidad de Información y Análisis de la Policía vasca, una trama de espionaje.

17 de septiembre de 2010.

‘El Mundo’ publica que el juez Roberto Ramos investiga operaciones en los municipios de Lapuebla de Labarca y Zigoitia. Luego se conoció que la trama de Alfredo de Miguel había recaudado una comisión del 4% por contratos adjudicados en esos dos ayuntamientos del PNV.

26 de octubre de 2010.

Las Juntas Generales constituyen una comisión de investigación en torno a la operación de Zambrana. La presidirá Javier Ruiz de Arbulo (PP).

29 de octubre de 2010.

El Parlamento Vasco constituye una comisión de investigación en torno al ‘caso De Miguel’ conjunta con el ‘caso Tellería’ y con el ‘caso Zubiaurre’, que no guarda ninguna relación con estas dos causas. La presidirá Juanjo Agirrezabala. Es de EA, socio del PNV en Álava.

14 de enero de 2011.

Se levanta el secreto de sumario del ‘caso Tellería’.

22 de enero de 2011.

Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano pactan con el PNV entregar su carné de afiliados casi diez meses después de su detención por corrupción.

9 de abril de 2011.

‘El Mundo’ publica que el constructor Prudencio Hierro corrió a cargo de la reforma de una casa de Alfredo de Miguel en Gorliz (Bizkaia).

18 de abril de 2011.

Alfredo de Miguel comparece en la comisión de investigación del Parlamento Vasco. Lee un escrito y no admite preguntas de los partidos políticos. Concede una rueda de prensa sin preguntas y recibe el calor de varias decenas de militantes del PNV, que le jalean en la puerta. El portavoz del partido en la Cámara, Joseba Egibar, le recibe con un efusivo abrazo.

16 de julio de 2011.

‘El País’ y ‘El Mundo’ publican un informe de la Ertzaintza que concluye que Alfredo de Miguel dirigió una trama de cobro de comisiones.

17 de julio de 2011.

La causa suma tres nuevos imputados: la hermana de Alfredo de Miguel (Aintzane de Miguel, contable de las empresas del político), el constructor Hierro y el intermediario de Zambrana, Josu Arruti.

18 de octubre de 2011.

Segunda declaración judicial de Alfredo de Miguel, que se prolonga por espacio de ocho horas.

30 de octubre de 2011.

La hermana de Alfredo de Miguel solicita que se anulen pruebas clave del caso ya que antes de ser imputada compareció como testigo, con obligación de decir la verdad y sin posibilidad de comparecer con abogado.

28 de mayo de 2012.

El juez Roberto Ramos imputa a Josu Montés, de Ortzi Muga.

11 de marzo de 2013.

Arranca el juicio del ‘caso Tellería’. Alfredo de Miguel, testigo, sigue parte de la vista sentado en la bancada de los periodistas.

27 de marzo de 2013.

La Audiencia Provincial de Álava sobresee por falta de pruebas el ‘caso Tellería’. El PNV se felicita por la decisión y critica la campaña de acoso contra el partido.

22 de marzo de 2014.

El juez Roberto Ramos imputa al matrimonio de Estíbaliz Arruti y Gorka Errasti, vinculados a Sidepur y a Zambrana ya que son familia del muñidor de aquel plan, Arruti.

16 de mayo de 2014.

‘El Mundo’ publica que la operación de Zambrana estaba valorada en 65 millones de euros.

18 de junio de 2014.

Comparece como imputada en el juzgado la que fuera alcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, que reconoce que Alfredo de Miguel impulsó la operación urbanística.

10 de marzo de 2015.

El juez Roberto Ramos da por cerrada la investigación del ‘caso De Miguel’ y constata graves delitos tras la trama de empresas controlada por el político.

2 de junio de 2015.

El juez Roberto Ramos abandona el juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria tras haber completado el ‘caso De Miguel’.

11 de marzo de 2016.

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, hace pública la petición de condenas para los 26 imputados en el ‘caso De Miguel’. La solicitud para Alfredo de Miguel es ejemplarizante: 54 años de cárcel por 21 delitos de corrupción.

8 de enero de 2018.

Arranca el juicio del 'caso De Miguel' con unas primeras sesiones dedicadas a la resolución de cuestiones previas de índole procedimental y jurídica. 

19 de febrero de 2018.

Se inicia la fase de comparecencias del juicio con la intervención de 38 agentes de la Ertzaintza que participaron en la investigación. Los abogados de los acusados les acusan de “manipular” pruebas y de no haber preservado la cadena de custodia de las evidencias.

5 de marzo de 2018.

Ainhoa Alberdi comparece en el juicio sin posibilidad de que se difunda su imagen en los medios de comunicación. Ratifica punto por punto su denuncia y da nuevos detalles sobre el precio que ha pagado por sacar a la luz este caso de corrupción. Se enfrenta a los abogados de los acusados, que tratan de desacreditarla. La asociación Adi! contra la corrupción convoca una pequeña concentración ciudadana para arroparla.

7 de marzo de 2018.

El padre de la denunciante y su socia confirman la denuncia de Ainhoa Alberdi ante la Audiencia Provincial de Álava.

8 de abril de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica la posible falsificación de sellos oficiales del Departamento de Cultura por parte de la defensa de Xabier Sánchez Robles para justificar las contrataciones aparentemente irregulares del área de Juventud del Gobierno vasco con las empresas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga.

16 de abril de 2018.

La Fiscalía encarga un informe al Gobierno que constata que no hay constancia en los archivos del registro de la Administración de los documentos supuestamente sellados que se han presentado como pruebas en el juicio. El tribunal no acepta su incorporación al rollo penal a estas alturas del procedimiento.

25 de abril de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que no sólo hay sospechas de que los sellos de los informes presentados como prueba son falsos, sino que los propios textos están plagiados en al menos tres casos.

8 de mayo de 2018.

Un testigo confirma que el constructor y contratista Prudencio Hierro costeó la reforma de la vivienda particular de la esposa de Alfredo de Miguel en Górliz. Mientras, la defensa del político insiste en que la Ertzaintza manipuló pruebas para demostrarlo.

16 de mayo de 2018.

La Fiscalía señala que la exalcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, tenía “interés económico directo” en la recalificación porque su familia era propietaria de algunas de las parcelas afectas.

22 de mayo de 2018.

Histórica huelga de jueces y fiscales en España. En Vitoria, el paro detiene el juicio del ‘caso De Miguel’.

30 de mayo de 2018.

Comparece en el juicio Nicolás Guerrero, empresario catalán, y denuncia que el proyecto de Zambrana estaba “manchado” y que se pagaron cantidades millonarias por servicios no prestados a las empresas de Josu Arruti y De Miguel.

10 de julio de 2018.

Comparece en el juicio Ignacio Ugartetxe, expresidente del Athletic y exconsejero delegado de Urazca. Quien fuera imputado en el ‘caso Bárcenas’ por supuestas ‘donaciones’ al PP a cambio de contratos, responde sobre una supuesta comisión de 800.000 euros que preveía recaudar la trama de De Miguel por la segunda fase del proyecto de Zambrana.

11 de julio de 2018.

Comparece Víctor Benedito, un experto económico contratado por la defensa de Alfredo de Miguel que asegura que la actividad de Kataia Consulting era absolutamente normal y que el político llevaba una vida sin lujos. “No tenía un Porsche”, manifiesta. Sin embargo, empleó el dinero pagado por los catalanes de Zambrana en comprarse un Saab.

14 de agosto de 2018.

EH Bildu denuncia la participación de un imputado en el ‘caso De Miguel’, Sergio Fernández Oleaga (Stoa), en el nuevo intento de ampliación del parque tecnológico de Miñano planteada en 2018.

14 de septiembre de 2018.

‘El Correo’ publica que la Fiscalía y los principales acusados negocian un acuerdo que supondría una confesión a cambio de una reducción de las condenas solicitadas por la acusación. 

17 de septiembre de 2018.

La Fiscalía y los abogados de los imputados coinciden en pactar una suspensión del juicio del ‘caso De Miguel’ para cerrar el acuerdo. Se fija como nueva fecha el 1 de octubre. Será el fiscal Manuel Pedreira el que lidere las conversaciones con los letrados.

1 de octubre de 2018.

La Fiscalía y las defensas vuelven a reclamar una suspensión del juicio. El tribunal acota los tiempos y fija como límite el 15 de octubre. Ese día tendrá que declarar sí o sí Alfredo de Miguel.

11 de octubre de 2018.

Tras haber avanzado en las negociaciones hasta el punto de estar dispuesto a declararse culpable, Alfredo de Miguel rompe a última hora las conversaciones con la Fiscalía. Con él, sus más cercanos también se echan para atrás. Otro grupo de imputados, ocho en total, sí se muestra dispuesto a confesar a cambio de una rebaja de condena.

15 de octubre de 2018.

El fiscal Josu Izaguirre confirma que habrá confesiones que probarán la corrupción. Entretanto, arrancan dos días declaración de Alfredo de Miguel, que retoma su estrategia de negarlo todo.

17 de octubre de 2018.

Continúan las declaraciones de los imputados. La mujer de De Miguel, Ainhoa Bilbao, imita a la infanta y asegura que ella ni conocía ni tenía ningún papel en la gestión de Kataia Consulting. Las esposas de Aitor Tellería y Koldo Ochandiano siguen la misma línea.

19 de octubre de 2018.

El constructor Prudencio Hierro y la hermana de Alfredo de Miguel, Aintzane, se suman al grupo de ocho y cierran acuerdos con la Fiscalía para mejorar su condena a cambio de confesar.

22 de octubre de 2018.

Hierro admite que se hizo cargo de la factura de las obras de la casa de De Miguel en Gorliz porque “siempre ayuda” haber hecho un favor a un cargo público. Aintzane de Miguel, en cambio, rompe a última hora el acuerdo, que le habría supuesto la absolución, y se niega a colaborar con la Fiscalía. 

23 de octubre de 2018.

El presidente del tribunal del ‘caso De Miguel’, Jaime Tapia, advierte a los acusados de que no responder a las preguntas de la Fiscalía es una estrategia de “riesgo”. Salvo Prudencio Hierro, todos se habían acogido a su derecho a no hacerlo.

24 de octubre de 2018.

Sin “nada que ocultar”, el exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, es el primero en responder a preguntas de la Fiscalía. Asegura no haber tenido ninguna responsabilidad en los contratos irregulares de Juventud.

31 de octubre de 2018.

En una larga declaración en la que también contestó a la Fiscalía, Xabier Sánchez Robles acusa al Gobierno del PSE-EE de ocultar los contratos irregulares a las empresas de De Miguel para incriminarle.

5 de noviembre de 2018.

Llegan las confesiones. Josu Arruti, amigo de De Miguel, no sucumbe a las presiones y explica las comisiones pagadas por Construcciones Riera en torno a la operación de Zambrana.

6 de noviembre de 2018.

Los gestores de Riera, especialmente Francesc Fernández Joval, confirman el pago de comisiones en Zambrana.

7 de noviembre de 2018.

Tras las incriminaciones, la primera maniobra de la defensa de Alfredo de Miguel es volver a atacar a la denunciante, Ainhoa Alberdi.

14 de noviembre de 2018.

La Fiscalía presenta su escrito de conclusiones definitivas. De Miguel se enfrenta a casi 30 años de cárcel y a una sanción económica de 1,2 millones de euros. Arruti, Fernández Joval y todos los que habían colaborado y confesado o quedarán absueltos o evitarán la entrada en prisión.

16 de noviembre de 2018.

La familia Arruti, tras confesar y sin esperar a que acabe el juicio, devuelve 130.000 euros más intereses por los delitos fiscales en torno a los movimientos relacionados con Zambrana.

25 de noviembre de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que De Miguel utilizaba la sede del PNV para despachar asuntos de Kataia Consulting y que otros miembros del partido conocían de su existencia.

26 de noviembre de 2018.

El fiscal, Josu Izaguirre, inicia su alegato de conclusiones en el juicio denunciando la existencia de una trama con prácticas mafiosos más propias de Sicilia: “De Miguel era un padrino y en este país, sin uno de ellos, no tienes un contrato”.

28 de noviembre de 2018.

Los abogados del Gobierno vasco y de la Diputación de Bizkaia, instituciones del PNV, se suman a la Fiscalía y admiten la existencia de irregularidades en el ‘caso De Miguel’.

1 de diciembre de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que Alfredo de Miguel conseguía contratos en la Dirección de Juventud de Xabier Sánchez Robles en 16 minutos y 38 segundos.

3 de diciembre de 2018.

Arrancan tres días de conclusiones del abogado de Txitxo, Gonzalo Susaeta. Compara la investigación con Cuarto Milenio, denuncia graves anomalías y niega que haya pruebas de corrupción. Ataca también a Josu Arruti y asegura que, en estos años, De Miguel y su familia han recibido amenazas. Acaba el discurso entre lágrimas.

5 de diciembre de 2018.

La defensa de Koldo Ochandiano insiste en reclamar la nulidad del cuaderno con notas de comisiones y dinero negro, una de las pruebas fundamentales del sumario.

10 de diciembre de 2018.

El abogado de Jon Iñaki Echaburu, Mikel Zuloaga, anuncia una querella contra el fiscal, Josu Izaguirre, por haber “humillado” a los acusados y haber sobrepasado los límites del Estado de Derecho.

18 de diciembre de 2018.

Javier Beramendi, letrado de Sánchez Robles, defiende la validez de las pruebas presentadas e insiste en que el Gobierno ha ocultado deliberadamente documentos que exonerarían a su cliente.

19 de diciembre de 2018.

Se acaba el juicio. El abogado de Tellería, Jesús Villegas, cuestiona por última vez a la denunciante, Ainhoa Alberdi. De Miguel, Tellería y Ochandiano, así como sus mujeres, cierran el proceso reiterando su inocencia pero, a la vez, pidiendo perdón. El 'caso De Miguel' queda visto para sentencia.

1 de marzo de 2019.

Alfredo de Miguel acude a la capilla ardiente de Xabier Arzalluz, histórico dirigente del PNV. Es su primera aparición pública tras el final del juicio.

17 de marzo de 2019.

Se publica 'El padrino: Anatomía del caso De Miguel', un libro sobre la investigación, en el noveno aniversario de que el caso se conociera públicamente.

19 de agosto de 2019.

elDiario.es/Euskadi publica que Koldo Ochandiano ha regresado a su puesto de contable del parque tecnológico de Miñano, el mismo que ocupaba cuando se originó este caso de corrupción.

2 de diciembre de 2019.

Se cumplen diez años de la denuncia de Ainhoa Alberdi que dio origen la investigación del caso. Ya se conoce que el 17 de diciembre se hará pública la esperada sentencia.

17 de diciembre de 2019.

El tribunal hace pública la sentencia. Alfredo de Miguel ha sido condenado a penas que suman más de 13 años de cárcel por cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental o prevaricación. A ello se suman más de 200.000 euros en multa e inhabilitación para empleos y cargos públicos. Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, asimismo, han sido condenados por delitos similares a altas penas que les supondrán un cumplimiento máximo de penas de alrededor de 6 años de cárcel.

20 de diciembre de 2019.

La Fiscalía solicita el ingreso en prisión de los condenados con penas más elevadas aunque la sentencia no sea firme y quepa recurso ante el Supremo. La sala desestima esa petición aunque sí impone medidas cautelares, como la imposibilidad de salir de España.

19 de febrero de 2020.

El director de la fundación Hazi, una sociedad pública del Gobierno Vasco, ocultó al Parlamento que Alfredo de Miguel, colocado allí, tenía un salario de 52.000 euros. Sí admitió que mientras estaba siendo investigado por corrupción había disfrutado de tres ascensos.

5 de marzo de 2020.

El Ayuntamiento de Vitoria da luz verde a dos contratos por valor de 150.000 euros a Stoa, la empresa de uno de los condenados, Fernández Oleaga.

15 de junio de 2020.

La Fiscalía del Supremo no acepta el criterio de los fiscales de Álava y pedirá la confirmación de la sentencia ante los recursos de los imputados pero no que se eleven las penas.

10 de marzo de 2021.

El PNV ficha para el Gobierno vasco al presidente del tribunal que condenó a De Miguel, el magistrado Jaime Tapia. Será asesor para la nueva competencia cedida por el Estado, Prisiones.

5 de junio de 2022.

elDiario.es/Euskadi informa de que el condenado Iñaki San Juan sigue manteniendo activa la empresa Errexal con otro nombre y que recibe contratos del Ayuntamiento en el que concejal, Leioa. Además, en algunos casos lo hace de manera indirecta, a través de terceros.

2 de enero de 2023.

elDiario.es/Euskadi publica que Alfredo de Miguel consta como “gerente” de una entidad pesquera llamada Itsas Garapen Elkartea y que depende de la sociedad pública en la que trabaja, Hazi. Como tal, ha participado a pesar de su condena por corrupción como representante en viajes oficiales, foros interautonómicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e incluso en recogidas de premios. El Gobierno niega que De Miguel ejerza labores de responsabilidad o representación a pesar de las fotografías que acreditan sus intervenciones.

10 de enero de 2023.

El Tribunal Supremo hace pública la sentencia definitiva y ratifica en gran medida las condenas por corrupción. En el caso de De Miguel, la pena queda en más de doce años de prisión, nueve de cumplimiento efectivo. “Prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión”, se puede leer en la resolución, de casi 400 folios. Queda absuelto Julián Sánchez Alegría.

11 de enero de 2023.

Se suceden las reacciones ante la sentencia y la noticia copa -con algunas excepciones- las portadas de la prensa vasca. El PNV recupera la denominación 'caso Miñano' y elude referirse a De Miguel. Insiste en que los hechos eran fruto de comportamientos individuales y no de partido. El Gobierno vasco habla ahora de la “impecable” investigación de la Ertzaintza. Aitor Tellería y Koldo Ochandiano presentan problemas de salud, lo que podría condicionar su ingreso en prisión.

23 de enero de 2023.

En un foro organizado por 'Deia', el lehendakari, Iñigo Urkullu, afirma que la Fiscalía intentó investigar al PNV para vincularlo con la corrupción de De Miguel, cuando tal actuación no consta en el sumario de la causa. “Se pretendió por parte de la Fiscalía y se rechazó por parte de la Audiencia Provincial de Álava, exonerando al propio PNV. Tengo la satisfacción de que el nombre orgánico del PNV está impoluto”, fueron las palabras de Urkullu.

24 de enero de 2023.

elDiario.es/Euskadi adelanta que el “entorno” de De Miguel estudia la posibilidad de solicitar un indulto para el expolítico. Las fuentes consultadas indican que el movimiento no parte ni de la defensa ni de la familia y se quiere desvincular también de cualquier connotación política, pero busca librar al ex 'número dos' del PNV de nueve años de prisión efectiva.

27 de enero de 2023.

Seis excargos del PNV implicados en el 'caso De Miguel' abonan a partes iguales una cantidad próxima a los 145.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el Gobierno vasco por el fraude en Juventud, lo que no agota el alcance de los hechos probados.

30 de enero de 2023.

La defensa de Iñaki San Juan ha presentado un incidente de aclaración ante el propio Tribunal Supremo para que se le aplique en el cálculo de sus penas la misma fórmula que su exsocio Josu Montés (que ahora ha cambiado su nombre a Josu Azkarraga). De ese modo, ninguno de los delitos individuales pasaría de los dos años y se podría solicitar la suspensión de la entrada en prisión. Este 'recurso' impide que la sentencia sea firme y que se ejecuten las penas.

5 de febrero de 2023.

Ainhoa Alberdi, denunciante del 'caso De Miguel', recibió una inspección fiscal tres días antes de que, en 2018, tuviera que ratificar su testimonio en el juicio que se celebraba en Vitoria.

7 de febrero de 2023.

elDiario.es/Euskadi publica la nómina de De Miguel en Itsas Garapen Elkartea (Hazi). Cobra 57.400 euros, una cantidad que ha ido subiendo mientras era investigado e incluso tras la primera condena. Además, ocupa un puesto de “coordinador” y tiene la máxima categoría entre los empleados de Hazi, la A. Los datos habían sido solicitados en el Parlamento Vasco por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.

2 de marzo de 2023.

Por la mañana, la sociedad de aguas del Ayuntamiento de Vitoria, Amvisa, acuerda mantener los contratos con la empresa Stoa a pesar de la sentencia que acredita que su gestor, Sergio Fernández Oleaga, haya abonado comisiones a la trama de De Miguel. Fernández Oleaga ha cambiado el nombre de la firma y ha cedido la representación a otra persona. Por la tarde, el Tribunal Supremo resuelve el incidente de aclaración y aplica a Iñaki San Juan un cálculo más ventajoso de las penas para que le pueda ser suspendida la entrada en la cárcel. Su empresa Errexal, en todo caso, sí quedará disuelta en cuanto el fallo se haga firme.

7 de marzo de 2023.

La candidata del PNV en Vitoria, Beatriz Artolazabal, entiende que la sentencia no lastrará su campaña y cree “amortizada” esta causa. En el Parlamento, el partido presenta a De Miguel como “víctima” por la tardanza de la Justicia en completar el periplo judicial del macrosumario.

8 de marzo de 2023.

El diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, asegura en las Juntas Generales que los inspectores forales actuaron con “mucha objetividad” cuando iniciaron una investigación a Ainhoa Alberdi, la denunciante del caso. No se dan detalles porque no se pueden discutir públicamente los términos concretos de un expediente tributario al ser confidenciales, alega Bizkaia.

15 de marzo de 2023.

El Tribunal Supremo notifica a la Audiencia Provincial de Álava la sentencia definitiva del 'caso De Miguel' tras haber resuelto el punto sobre Iñaki San Juan. El trámite se ha alargado durante 13 días.

16 de marzo de 2023.

La Audiencia Provincial de Álava decreta la “firmeza” de las condenas del 'caso De Miguel'. Da diez días a De Miguel, Tellería, Ochandiano y Sánchez Robles para ingresar en prisión y el mismo plazo al resto de condenados, catorce en total, para pedir la suspensión. El Gobierno vasco da por “hecho” el despido de De Miguel de su puesto de Hazi, así como el de Ochandiano, que seguía en el parque tecnológico de Miñano.

17 de marzo de 2023.

Se cumplen trece años de la detención de Alfredo de Miguel. En el Parlamento, el lehendakari, Iñigo Urkullu, indica que el PNV en el Gobierno ha adoptado “decisiones contundentes y de manera inmediata” en relación a los condenados.

El 'aquí no hay nada' inicial con el que los exdirigentes y excargos del PNV encararon el inicio de la investigación del 'caso De Miguel' tornó en estrategias de defensa arriesgadas cuando el peso de las pruebas empezaba a constatar la existencia de una trama de corrupción más allá de la denuncia inicial de la empresaria Ainhoa Alberdi. En 2011, cuando un informe de la Ertzaintza reveló que Alfredo de Miguel, quien fuera influyente 'número dos' del partido en Álava, había recibido en metálico una gran cantidad con billetes de 500 euros, 30.000 euros, alegó una supuesta amenaza de ETA que le hacía recomendable hacer movimientos opacos para no ser víctima de extorsión. La Policía Nacional pronto desmontó esa tesis pero, años después, en el juicio, la esposa de Koldo Ochandiano rescató esa misma tesis para justificar que fuera ella la que entregó esos 60 billetes de los grandes en plena calle.

De Miguel y Ochandiano, con un tercer dirigente del Araba Buru Batzar, Aitor Tellería, constituyeron una empresa pantalla llamada Kataia Consulting para recaudar comisiones y blanquear ese dinero. Eso sí, estaba a nombre de las esposas de los tres. Las seis letras del nombre, de hecho, responden a todas las iniciales, cambiando la 'A' de Alfredo por la 'T' de Txitxo, como todos conocen a De Miguel. Y era en Kataia Consulting donde se movían grandes sumas.

En la fase de investigación, Txitxo declaró en dos ocasiones. Cuando fue detenido por la Ertzaintza en marzo de 2010 no mencionó la presunta amenaza de ETA. Y eso que la noche anterior se produjo en Francia el que ha pasado a la historia como el último atentado de la organización, el del policía Jean-Serge Nérin, con lo que el asunto copaba los medios de comunicación en aquel momento. Sí lo hizo en su comparecencia en 2011, ya no improvisada. Refirió incluso conversaciones con altos mandos de la Policía Nacional y con la Ertzaintza en la que le trasladaron que había aparecido en los papeles de un dirigente terrorista detenido, Mikel Albisu 'Antza'. Su esposa, Ainhoa Bilbao, repitió explicaciones similares también en su segunda intervención. Pero entonces, ¿por qué mover 30.000 euros y dejar en la cuenta un saldo restante de seis cifras? ¿Y por qué hacerlo si la cuenta no estaba a nombre del amenazado? ¿Cómo iba a conocer ETA Kataia Consulting?

A pesar de que esta argumentación nunca convenció a los responsables de la investigación, el instructor del caso, Roberto Ramos, quiso despejar dudas pidiendo un informe específico a la Policía Nacional, posiblemente la única diligencia policial de todo el sumario no realizada por la Ertzaintza. Este cuerpo fue contundente: tras el arresto de 'Antza' ningún documento acreditaba que De Miguel, dirigente del PNV, estuviese amenazado como lo estaban en aquella época colegas socialistas o del PP.

La defensa de Txitxo enterró totalmente esta línea argumental -no infrecuente en otras investigaciones económicas a cargos políticos- y no la mencionó en ningún momento durante todo el juicio, celebrado entre enero y diciembre de 2018 en la Audiencia Provincial de Álava. Pero, casi al final del proceso, en un interrogatorio preparado con su abogado, Carlos Chacón, la esposa de Ochandiano, Iratxe Gaztelu-Urrutia, lo volvió a sacar a la luz para tratar de justificar una entrega de 60 billetes de 500 euros a un político en plena calle. Así fue su explicación

-[En la investigación] El ministerio fiscal le preguntó por las disposiciones de fondos realizadas en 2005.

-De aquello me acuerdo, sí. Era un cantidad... Mi marido llamó a la chica de Ipar Kutxa [actual Laboral Kutxa] para que tuviera preparado un montante para que yo lo recogiera. Recogí los 30.000 euros y en los alrededores de mi domicilio se los di a De Miguel. 

-¿Y por qué no se hizo una transferencia?

-Entiendo que no me lo dijera entonces... pero era por los papeles de Mikel 'Antza'. Me explicaron que había que sacar esa cantidad. El señor De Miguel estaba señalado en determinados papeles de ETA y le habían recomendado [ese tipo de movimientos].

La historia de Eric Armando

De Miguel también ofreció una coartada muy singular para tratar de explicar que pidiera dinero a la denunciante del caso, a Ainhoa Alberdi, que reveló con grabaciones y correos electrónicos que el político la estaba extorsionando para que le pagara 100.000 euros por un contrato que su empresa se había llevado en el parque tecnológico de Miñano gracias a la influencia de Txitxo. Por escrito y usando la cuenta de 'e-mail' institucional de la Diputación de Álava, De Miguel le puso a Alberdi: “Lo nuestro lo dejamos en 100”.

Como no había más contexto, el acusado se esforzó en construir una hipótesis alternativa. Era una carta ganadora: ni era una comisión ni eran euros. Años después del cambio de divisas, De Miguel se refería a 100.000 pesetas, apenas 600 euros. Aquí es cuando entró en escena un tal Eric Armando. “A finales de 2006 cambiamos de piso. [El viejo] Lo ponemos a la venta pero también el alquiler, por lo menos para tenerlo ocupado. Entonces nos surge la oportunidad de alquilarlo a un trabajador de mi cuñado. Ainhoa [Alberdi] me preparó un contrato de alquiler y lo firmamos. El chico se llamaba Eric Armando. Pero me empieza a dejar impagados. Ella [Alberdi] me dijo que o desahucio o llegar a un acuerdo, y que lo mejor sería subrogar directamente la nómina. Desahucio no podía hacerle a un trabajador y tal. Se estaba discutiendo en el entorno de 100.000 pesetas, 600 euros”, relató Txitxo en una de sus respuestas más largas de todo el interrogatorio y previamente preparada con su abogado, Gonzalo Susaeta. “Ni extorsiones ni cosas raras [...]. Tan sencillo como esto, guste o no guste”, se permitió añadir. Ni Eric Armando aparecía en un sumario de decenas de miles de páginas ni, por supuesto, De Miguel le llevó como testigo para que avalara esta tesis públicamente ante el tribunal.

El recorrido judicial del 'caso De Miguel' no ha acabado con la sentencia del Tribunal Supremo, aunque el pronunciamiento del alto tribunal sí convierte en firme las condenas por corrupción y, por lo tanto, abre la puerta ya al ingreso en prisión de los inculpados, entre ellos los exdirigentes del PNV de Álava Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería o el exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles. Ahora bien, eso será decidido por la Audiencia Provincial de Álava y faltan “algunos días” para que se concrete, según fuentes del caso. Además, los acusados tienen la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional aunque no ya por los hechos, que se dan por probados, sino por la posible vulneración de derechos fundamentales. Aunque nadie se ha pronunciado aún, no sería un escenario descabellado ya que uno de los argumentos recurrentes de las defensas durante la instrucción, durante el juicio y ante el Supremo fue que la investigación se había propasado, incluso hasta el punto de acusar a la Ertzaintza de haber manipulado pruebas. Y, después del Constitucional, quedaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.

Cuando se conoció en diciembre de 2019 la sentencia de primera instancia, la de la Audiencia Provincial de Álava, la Fiscalía ya solicitó la ejecución “provisional” de las penas y se celebró una vista en la que el tribunal rechazó esa petición a expensas de que el Supremo dictara una segunda y definitiva resolución. Eso sí, desde entonces se han venido aplicando un conjunto de medidas cautelares como la prohibición de salir de España o la obligación de acudir periódicamente a 'fichar' al juzgado. Ahora, de modo automático, la sentencia pasa ya a una fase de ejecución cuyo procedimiento y calendario no están claros.

Pero, antes de llegar a esa fase, la sentencia del Supremo ha de ser notificada formalmente a todas las partes y el expediente ha de ser remitido al tribunal responsable, la Audiencia Provincial de Álava. A partir de ahí, este órgano deberá declarar la “firmeza” de los autos y abrir una nueva fase. Entre los condenados hay tres grupos. Por un lado están, básicamente, De Miguel, Ochandiano, Tellería y Sánchez Robles. Tienen las penas más altas y deberían ser ejecutadas con carácter inmediato. Por otro lado están los que tienen sanciones de menos de dos años de prisión. Este grupo de Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu-Urrutia, Jon Iñaki Echaburu o Sergio Fernández Oleaga, salvo que tengan antecedentes o incurran en alguna otra anomalía, no ingresaría en un centro penitenciario en ningún caso. Y luego hay casos excepcionales de penados con una suma que sí supera los dos años pero en la que todos los delitos individuales no alcanzan ese límite, donde se podría solicitar una suspensión extraordinaria, o el de Alfonso Arriola o la exalcaldesa de Zambrana, condenados exclusivamente a inhabilitación y no a cárcel.

Para enredar más el escenario, la presentación del recurso de amparo podría frenar todavía unos cuantos años la entrada en prisión. En principio, la ley reguladora del Constitucional afirma que “la interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados” pero, acto seguido, abre la puerta a que “cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad” bien el tribunal de oficio o bien a petición del recurrente “podrá disponer la suspensión, total o parcial” de una pena. Obviamente, también entran en juego factores de salud como los que han aflorado en el caso de los ERE de Andalucía con José Antonio Griñán. En principio, la reforma del delito de malversación no debería afectar a este caso, en el que también se han acreditado otros tipos penales como la prevaricación, la asociación ilícita, el cohecho o el tráfico de influencias.

La Audiencia Provincial de Álava celebró en 2019 una vista con los condenados para dirimir su futuro. No está claro que ahora tenga que repetirse ese formato, aunque sí es seguro que las defensas dispondrán de un espacio para formular alegaciones. En todo caso, el tribunal que juzgó el caso no guarda ya ninguna relación con su composición actual. El presidente, Jaime Tapia, es ahora alto cargo en el área de Prisiones del Gobierno vasco. Es precisamente quien gestionará la estancia en la cárcel de los condenados de no mediar un traslado a otra comunidad autónoma. Y Raúl Aztiria dejó también la jurisdicción penal. Solamente Elena Cabero permanece desde el juicio. Fue ella la ponente del fallo de primera instancia. Los otros magistrados en activo ahora son Jesús Poncela, Ana Jesús Zulueta y Francisco García Romo. En el caso de la Fiscalía, los dos titulares del caso, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, continúan en ejercicio en Vitoria aunque el primero ya no es el fiscal-jefe provincial. La nueva responsable de la oficina, Carmen Cotelo, debería determinar quién gestiona estos flecos de un sumario que se inició precisamente cuando la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi presentó una denuncia ante Izaguirre.

El Tribunal Supremo delibera desde este miércoles sobre la docena de recursos interpuestos contra la contundente sentencia emitida en 2019 por la Audiencia Provincial de Álava en el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y que toma su nombre del apellido del principal procesado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel. Recibió una pena de más trece años de cárcel -nueve de cumplimiento efectivo- por haber orquestado una trama en torno a la sociedad pantalla Kataia Consulting para cobrar comisiones, teledirigir contratos públicos o blanquear capitales. El expolítico, a quien todos apodaban Txitxo, continúa en su puesto en la sociedad pública del Gobierno vasco Hazi en el que le colocaron en 2000 y mantuvo con una excedencia. Durante el proceso judicial ha tenido al menos tres ascensos, percibe un salario de 52.000 euros y varias fuentes consultadas se sorprenden que cuando se dirigen a la Administración para que les financie proyectos su interlocutor sea el máximo implicado en una trama de corrupción.

Si el tribunal de primera instancia lo compusieron tres jueces -Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria-, la sala que ahora revisará la sentencia la componen cinco magistrados. Son Pablo Llarena como ponente y Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Juan Ramón Berdugo. Se han presentado una docena de recursos de casación por parte de las personas que resultaron condenadas del total de 26 imputados que se sentaron en el banquillo durante el juicio celebrado allá por 2018 excepto los que aceptaron las penas previo pacto con la Fiscalía. Precisamente este grupo, comandado por el que fuera socio y amigo de De Miguel Josu Arruti, dio detalles de cómo se pactaban y cobraban comisiones. Incluso devolvieron el dinero que les correspondía. La Fiscalía del Supremo no atendió la petición de los fiscales de Álava, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, que pretendían elevar algunas condenas que consideraban insuficientes y se ha limitado a defender que se mantenga en su totalidad el fallo de la Audiencia Provincial. El fiscal es Javier Zaragoza. Así, este trámite se saldará o bien con la misma sentencia pero ya firme y definitiva -lo que implicaría el ingreso en prisión de los afectados- o bien con una rebaja total o parcial, nunca con más penas.

Solamente una parte pidió que una vista precediera a la deliberación, pero ni la Fiscalía ni el grueso de las defensas lo estimaron oportuno. De este modo, la deliberación sobre el 'caso De Miguel' será a puerta cerrada. Ninguna fuente sabe precisar tampoco el plazo para que se emita el fallo, ya que es un sumario muy voluminoso y que requiere ir votando cada una de sus ramas y cada uno de los delitos. En el reciente caso de los ERE, un sumario en Andalucía que ha tenido un desarrollo casi paralelo a este expediente, el Supremo dio a conocer primero el sentido del veredicto y más tarde la sentencia. Es una posibilidad que ocurra algo similar ahora, aunque tampoco es preceptivo. Algunos letrados de las defensas aseguran que incluso hasta Navidad podría demorarse la publicación de la sentencia firme. Si hubiere votos particulares el calendario se alargaría.

La base de la estrategia de De Miguel ha sido la de cuestionar de raíz la investigación. Se ha llegado a acusar a la Ertzaintza de manipular pruebas. Si en primera instancia todo apuntaba a que se defendían argumentos con vistas en el Supremo y dando por perdida la primera vuelta -particularmente desde que se conoció que el político iba a declararse culpable pero que cambió de opinión a última hora-, ahora la insistencia en la vulneración de derechos fundamentales abre a que la batalla jurídica, aunque se pierda también en el Supremo, siga en el Constitucional o incluso en Estrasburgo.

Un caso originado en 2009

El 'caso De Miguel' se originó en diciembre 2009 cuando la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi presenta una denuncia en la Fiscalía de Álava después de que Txitxo le presionara para que le abonase una comisión de 100.000 euros. Aparentemente, su socio y constructor Jon Iñaki Echaburu, militante del PNV y contratista habitual de la Administración, pactó con De Miguel una mordida por un contrato en el parque tecnológico de Miñano en el que el político había intercedido aunque no tuviera allí ningún cargo con la aquiescencia de los cargos públicos. Aportó grabaciones y, en una de ellas, se escucha a Echaburu considerar las comisiones como algo “dentro de lo normal”. Se pueden escuchar aquí.

La investigación llevó pronto a Kataia Consulting, la empresa central de la trama. Sin actividad pero con movimientos económicos elevados, estaba controlada por De Miguel y otros dos dirigentes del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Pero estaba a nombre de las esposas del trío. El primer ingreso de esa mercantil fue el pago de una comisión por un pelotazo urbanístico en Zambrana en el que también se implicó De Miguel. Situó como intermediario a Arruti y captaron a una promotora catalana, Construcciones Riera, para un plan estimado en 65 millones que luego se frustró. “Resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, ... El primer día te esperan para lo que quieren cobrar. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo Arruti: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si se puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave. Pero, en fin, lo pensamos y dijimos 'Nos tiramos a la piscina. Vamos a pagar comisión y pagamos la comisión'”, declaró el empresario Francesc Fernández Joval. Y su socio Plàcid Casas añadió: “El País Vasco es una zona que no conocemos, una sociedad un poco más cerrada. Francesc me vino a decir que era imprescindible alguien que ayudara”. Recibido el primer pago de Zambrana, desde Kataia Consulting salió dinero para un Saab, para joyas y para viajes, así como para consumiciones en pubs o para una estancia en el balneario de La Perla en Donostia.

La empresa hermana de Kataia Consulting era Errexal. En este caso, se creó para captar contratos del área de Juventud del Gobierno vasco, liderada por Xabier Sánchez Robles. El primero era de 90.000 euros. Al frente de Errexal se situó a Iñaki San Juan, exedil en Leioa por el PNV. Había otra tercera sociedad que captaba contratos de Juventud, Ortzi Muga, con Josu Montés de administrador. Txitxo, Ochandiano y su esposa, Echaburu, Montés, San Juan, Arruti y Sánchez Robles eran todos de una misma generación que se conoció en EGI cuando la cantera del PNV estaba necesitada de savia nueva tras la traumática escisión de EA en 1986. Una de las condenas más elevadas en primera instancia la recibió Sánchez Robles (siete años de cárcel, al nivel de Tellería y Ochandiano). Le pesó haber presentado en el juicio como supuestas pruebas exculpatorias informes y documentos con sellos del Gobierno vasco para probar la legalidad de las adjudicaciones a las empresas de sus amigos y que éstas habían realizado los trabajos encargados. Esos papeles no constaban en los archivos de la Administración y, como publicó este periódico, los sellos tenían tipografía diferente a los auténticos y en un caso tenían como fecha un 29 de febrero de un año no bisiesto, un día que no existe.

Otro constructor y contratista, Prudencio Hierro, admitió también que pagó la reforma de la segunda residencia de De Miguel, en Gorliz, en la costa de Bizkaia. Explicó que siempre era buena hacer “favores”. El pacto para rebajar su pena implicó camuflarlo no como comisión o soborno sino como préstamo para que el político se ahorrara el IVA, aunque todos los indicios apuntan en el otro sentido.

La importancia del partido

Cuando estalló el caso y fue desposeído de sus cargos -era diputado foral en Álava-, tuvo una larga baja laboral investigada por la Seguridad Social. Después, De Miguel optó por Hazi de entre las dos excedencias en sociedades públicas que tenía. Se mudó de Vitoria a Gorliz. Ahora es allí donde reside y sigue trabajando para el Gobierno vasco. Su jefe en Hazi, tras la primera condena, ocultó en el Parlamento Vasco el verdadero salario de Txitxo. Era Asier Arrese, que llegó a comparecer como supuesto testigo imparcial durante el juicio para defender el buen nombre de De Miguel. Ahora este periódico está pendiente de que la entidad detalle la posición allí de De Miguel, si bien varias fuentes han explicado que es la persona responsable de decidir si el Ejecutivo financia determinados proyectos. El convenio de esta sociedad pública permitía haberlo despojado de sus funciones incluso con la primera condena por ser los delitos de tipo económico. Hay otros textos similares que explicitan que la pena ha de ser “firme” pero no es el caso.

En los últimos años, acudió al funeral de Xabier Arzalluz, histórico líder del PNV y del que se siente hijo político. Tiene muy estrecha amistad con el hijo de aquél, Asier Arzalluz, también de la misma generación de EGI y que llegó a estar investigado en este sumario por haber contratado también con la trama durante su etapa al frente de una entidad promotora del txakoli en Leioa, Mendibile Jauregia. Acudió igualmente al velatorio del exalcalde de Lapuebla de Labarca, Daniel Espada. Hace solamente unos días pudo saludar a sus excompañeros de partido en la fiesta de la vendimia de Lanciego, el pueblo de sus amores.

Quien también continúa en la Administración es Ochandiano. En su caso, sigue en las mismas funciones que ejercía cuando sucedieron los hechos, contable en el parque tecnológico de Miñano. Mientras la denunciante del caso lamentó en el juicio que no había podido volver a contratar con la Administración por haber alzado la voz -“se han vengado de mí hasta hoy”- San Juan y otro condenado, el arquitecto Sergio Fernández Oleaga, han cambiado el nombre a sus empresas Errexal y Stoa y siguen recibiendo adjudicaciones. En el caso de San Juan (cinco años de cárcel) lo hace en Leioa, su antiguo municipio, e incluso valiéndose de empresas de terceros. Alberdi se quejó también de que la única parte de la sentencia en que no se vieron acreditados los hechos fueron las “coacciones” que dijo haber sufrido hasta el punto de que De Miguel y Tellería llegaron a pedir el dinero al padre de la empresaria, al que conocían del partido.

Políticamente, aunque costó meses, el PNV consiguió que De Miguel, Tellería y Ochandiano entregaran su carné. El presidente era el ahora lehendakari, Iñigo Urkullu, y los imputados eran del sector más próximo a Joseba Egibar, líder en Gipuzkoa y portavoz parlamentario aún hoy. Este caso forzó una modificación de los estatutos para automatizar este procedimiento en casos graves. Sin embargo, Egibar no tuvo reparos en abrazar delante de las cámaras a Txitxo cuando acudió a comparecer en la comisión de investigación que sobre este caso inició el Parlamento Vasco o en defender que no se había enriquecido en ningún caso. Tras la primera sentencia, Urkullu pidió disculpas, como también Andoni Ortuzar, actual presidente del PNV.

Sin embargo, recalcan que el partido no estaba implicado en los hechos. La financiación del partido nunca se ha investigado -“pues no lo sé, ellos lo van a establecer”, se escucha a Echaburu en las grabaciones cuando Alberdi le pregunta si la comisión es para el PNV- pero la Audiencia Provincial sí remarcó la importancia de la militancia compartida y la influencia política e institucional para explicar los hechos. En Zambrana, la alcaldesa María Justina Angulo dejó hacer a Txitxo y Arruti “siguiendo indicaciones del ABB”, el Araba Buru Batzar, la Ejecutiva alavesa del PNV. “Accedió [...] por recomendación de una persona de influencia en su mismo partido político, siguiendo indicaciones del ABB, no olvidando que el puesto de alcaldesa tiene su origen inicial en una designación política de ese partido, llevada a cabo en el momento de confección de las listas municipales y existiendo un motivo claro de intentar seguir la indicación dada para evitar ser eliminada de las futuras listas electorales (supuesto de prevalimiento en casos de tráfico de influencias)”, destacó el tribunal, que empleó argumentos similares en otras derivadas del caso. Consultado por este periódico, el PNV ha declinado hacer comentarios sobre este caso.

La sala de lo penal del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por la defensa de Emilio Titos, responsable de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria, la empresa más importante de Euskadi. Titos fue condenado en mayo de 2019 por el juez de Vitoria Roberto Ramos a un año de prisión y dos de retirada del carné por conducción temeraria, un fallo que ratificó en noviembre del pasado año la Audiencia Provincial de Álava. Titos y su hijo condujeron a gran velocidad dos deportivos de la automovilística alemana por un puerto de montaña y, en el camino de regreso a la ciudad, causaron la salida de calzada de un turismo. Estos hechos motivaron que saliera de la dirección del grupo alemán en España.

La inadmisión consta en una resolución firmada por los magistrados del alto tribunal Manuel Marchena, Miguel Colmenero y Susana Polo y que fue emitida el pasado 9 de julio. El abogado del empresario, Gonzalo Susaeta, del bufete Cuatrecasas, había intentado anular la condena porque, a su entender, no estaba acreditada la temeridad manifiesta en la conducción. Defendía que se hizo una conducción “ágil, desinhibida y deportiva” pero no “agresiva o incívica”. El Supremo entiende que las valoraciones de la sentencia inicial de Ramos ya se resolvieron en el recurso ante la Audiencia Provincial, que fue muy clara: “En un 'rallye', ni la velocidad ni los adelantamientos de los acusados serían inapropiados, pero era una carretera abierta a todos los usuarios [...]. Emilio Titos no podía desconocer que circulaba en algunos momentos a velocidad inapropiada, que no respetaba la distancia de seguridad con el vehículo que conducía su hijo y con el resto de usuarios [...]. Sin distancia de seguridad, sin visibilidad para los sucesivos adelantamientos, no podía ignorar que su manera de conducir creaba una situación de peligro concreto para otros usuarios de la vía. No podía desconocer, en consecuencia, que su conducción era temeraria y ponía en concreto peligro la seguridad de los demás conductores. En definitiva, circulaba de manera conscientemente arriesgada [...]. Quiso hacerlo”.

El Supremo incide en que la calificación de los hechos es “conforme a la jurisprudencia”. “En el presente caso, el relato fáctico es expresivo de la conducción temeraria del acusado, al relacionar la concreta situación de peligro de cuanto menos para A.O. [el conductor que salió de la calzada], que fue adelantado [...]. Tuvo que frenar bruscamente para evitar una colisión con el Mercedes-Benz, lo que le provocó perder el control de su vehículo y salirse de la calzada”, se puede leer en la resolución. A Titos le queda la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, aunque todas las resoluciones anteriores no ven indicios de que se hayan producido excesos procesales. No obstante, al ser inferior a dos años, la condena de prisión no será efectiva.

Se da la circunstancia de que el abogado de Titos, Susaeta, también lo es de Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava condenado por corrupción en una causa que instruyó el juez Ramos. Este caso también está en el Supremo a la espera de la confirmación o modificación de la condena inicial, de 13 años de prisión entre otras penas complementarias.

13 de los 15 condenados en el mayor caso de corrupción de Euskadi, el 'caso De Miguel', que afecta a exdirigentes del PNV de Álava y excargos institucionales, han presentado ya los preceptivos escritos que anuncian su recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la contundente sentencia que dio a conocer el pasado 17 de diciembre la Audiencia Provincial de Álava y que podía haber sido más alta de no haberse producido dilaciones indebidas después del final de la investigación y antes del arranque del juicio. Los dos que asumen tal cual la condena son Josu Arruti y su padre, del mismo nombre, que pactaron con la Fiscalía una rebaja a cambio de confesar la existencia de una trama de comisiones ilegales. En paralelo, los fiscales de Álava han planteado a sus colegas del alto tribunal que recurran también para elevar las penas en un punto muy concreto, la absolución por el delito de coacciones.

El principal acusado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel (Txitxo), recibió un castigo de más de 13 años de cárcel en primera instancia por la comisión de delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o asociación ilícita. Su abogado, Gonzalo Susaeta, ha presentado un escrito de 11 folios -al que ha tenido acceso este periódico- en el que insiste en que las pruebas condenatorias fueron manipuladas, una estrategia de defensa -o más bien de ataque a la denunciante, Ainhoa Alberdi, al fiscal, Josu Izaguirre, y al instructor, Roberto Ramos- que ha simultaneado con la insistencia en que esas mismas pruebas no mostraban ningún indicio de corrupción.

Alega Susaeta que la Audiencia de Álava ha vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso “con todas las garantías” en relación con “la obtención, aseguramiento y cadena de custodia de las principales o nucleares pruebas esgrimidas por la acusación y aceptadas y valoradas por el tribunal como de cargo”. Asimismo, el letrado enfatizada que los jueces Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria incluyeron en la sentencia “elementos o circunstancias fácticas que no estaban contempladas en las conclusiones definitivas del ministerio fiscal”, por lo que interpreta también que se ha vulnerado el denominado “principio acusatorio”. Los abogados de De Miguel -del bufete Cuatrecasas- enumeran supuestos errores en todos y cada uno de los bloques del caso en los que el político ha sido condenado. Como se trata del anuncio del recurso, explican que detallarán su argumentación jurídica 'a posteriori', con la formalización del recurso.

De Miguel creó con los también dirigentes del PNV Aitor Tellería y Koldo Ochandiano una empresa pantalla para recaudar comisiones tras la adjudicación de contratos a empresarios afines. Se llamaba Kataia Consulting y estaba a nombre de las esposas de los tres. Respecto a la pareja de Txitxo, Ainhoa Bilbao, Cuatrecasas también formula un recurso en términos similares.

El plazo ordinario para el siguiente trámite, la formalización de los recursos anunciados es de 15 días. No obstante, el escrito del abogado de Tellería, Jesús Villegas, incluye una petición de ampliar el margen de tiempo hasta 60 días debido a la complejidad de la causa -el juicio duró todo un año y la sentencia se demoró otro tanto-. La defensa del también excargo del PNV considera igualmente que ha habido “errores” en la valoración de las pruebas y pide revocar la condena de la Audiencia Provincial. Uno de los escritos más contundentes es el del empresario y afiliado del PNV Jon Iñaki Echaburu, condenado por abonar comisiones a la trama de De Miguel. Su abogado enumera hasta 19 derechos fundamentales vulnerados. Adelanta, además, que su cliente es insolvente.

La Audiencia de Álava, en una sentencia firmada el pasado viernes 15 de noviembre y dada a conocer este jueves, ha ratificado la condena de un año de cárcel y dos de retirada del carné a Emilio Titos, presidente de la principal empresa vasca, la Mercedes-Benz de Vitoria, por conducción temeraria. Titos y su hijo, a bordo de dos deportivos de la marca alemana, condujeron a gran velocidad de Vitoria a la Rioja Alavesa y de vuelta, lo que incluyó adelantamientos peligrosos. En la bajada del Puerto de Herrera, tras uno de esos rebasamientos, un vehículo se salió de la calzada. Este proceso le ha costado a Titos la salida de la dirección general del grupo automovilístico alemán en España.

Los jueces Jesús Alfonso Poncela, Elena Cabero y Jaime Tapia han desestimado el recurso de la defensa de Titos padre, que cuestiono la sentencia de primera instancia del magistrado Roberto Ramos al considerar que había una duda razonable sobre los hechos ocurridos en la carretera, lo que tendría que motivar una anulación de la condena en aplicación del principio de 'in dubio pro reo'. El hijo quedó exonerado ya que fue el padre el que asumió la conducción del coche que provocó el accidente. 

La sentencia asume que no hay pruebas concretas de todas y cada una de las conductas de padre e hijo al volante de los bólidos -entre otras cosas por la deficiente actuación policial de investigación- pero remarca que existen elementos periféricos elocuentes que permiten dar veracidad a la denuncia del conductor siniestrado, Alejandro Ormazabal. Es clave la declaración de una testigo que fue adelantada poco antes del accidente y que destacó la elevada velocidad y lo “apurado” de algunas maniobras en la carretera de montaña.

La conducción no fue “ágil” y “desinhibida”, como intentaron hacer ver los acusados en el juicio, sino “agresiva e incívica”, según recoge la resolución judicial. Decidieron poner a prueba a dos vehículos de muchos caballos“, incide el tribunal. Y añade: ”En un 'rallye', ni la velocidad ni los adelantamientos de los acusados serían inapropiados, pero era una carretera abierta a todos los usuarios“. ”Emilio Titos no podía desconocer que circulaba en algunos momentos a velocidad inapropiada, que no respetaba la distancia de seguridad con el vehículo que conducía su hijo y con el resto de usuarios [...]. Sin distancia de seguridad, sin visibilidad para los sucesivos adelantamientos, no podía ignorar que su manera de conducir creaba una situación de peligro concreto para otros usuarios de la vía. No podía desconocer, en consecuencia, que su conducción era temeraria y ponía en concreto peligro la seguridad de los demás conductores. En definitiva, circulaba de manera conscientemente arriesgada [...]. Quiso hacerlo“, se lee en el fallo.

Esta segunda sentencia condenatoria contra Titos no cierra la vía judicial, ya que puede presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. Además, la pena de un año de cárcel, sin antecedentes, no acarrea el ingreso efectivo en prisión. El fallo llevar aparejada la retirada del carné durante dos años y 17.762 euros de responsabilidad civil. 

Victoria en puertas de la sentencia del 'caso De Miguel'

Se da la circunstancia de que en este caso confluyeron varios de los actores de otra importante investigación judicial, el denominado 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y que afecta a exdirigentes del PNV de Álava como Alfredo de Miguel, quien fuera 'número dos' del partido. La sentencia se conocerá en diciembre, el día 17. El juez Ramos fue el instructor de la causa contra De Miguel y el fiscal acusador, Manuel Pedreira, participó en el juicio de 2018 de este macroproceso al lado del fiscal-jefe, Josu Izaguirre. Y Titos compareció con el mismo abogado contratado por De Miguel, Gonzalo Susaeta, del bufete Cuatrecasas. La sentencia del 'caso De Miguel' la firmarán los magistrados de la Audiencia de Álava Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria. El recurso de la causa contra Titos ha sido visto y resuelto por dos de ellos, Tapia y Cabero.

Culpable. El primer ejecutivo de la primera empresa vasca, Emilio Titos, director general de la planta de Mercedez-Benz en Vitoria y de la automovilística alemana en España, ha sido condenado a un año de cárcel y dos de retirada del carné de conducir por conducción temeraria después de que fuera denunciado por un conductor que sufrió un accidente en septiembre de 2016 en el puerto de Herrera, a las afueras de Vitoria, donde fue rebasado a gran velocidad por dos vehículos deportivos de alta gama que conducían Titos como su hijo, del mismo nombre y que ha sido absuelto.

La resolución, comunicada a las partes este viernes, ha sido firmada por el juez de Vitoria Roberto Ramos. Sobre ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Álava. Al ser una pena de prisión inferior a dos años, Titos no ingresará en prisión si bien podría estar en el aire su continuidad al frente de una empresa que aporta el 5% del PIB vasco.

La sentencia indica que los Titos circularon por Herrera “a gran velocidad” y de manera “inidónea y no adecuada a las características de la vía”. Cita incluso cómo Titos aludió en un momento de su declaración a la expresión “dar gas” a dos máquinas de entre 500 y 600 caballos de potencia. También se reseña que no respetaron las distancias de seguridad en los adelantamientos y que los hicieron en lugares de escasa visibilidad. Sobre el accidente en concreto, Ramos destaca que se produjo en una “sucesión de curvas” y que el conductor accidentado, al volante de un Ford Mondeo que circulaba adecuadamente, tuvo que frenar bruscamente por las maniobras inadecuadas del segundo de los coches, el de color amarillo, lo que le supuso perder el control y accidentarse. Titos -se lee en el fallo- “puso en peligro la vida y la integridad física” de la víctima. Aunque “ambos” actuaron con “cierta temeridad” no puede obviarse que sólo uno de ellos hizo una maniobra concreta que desencadenó el siniestro, lo que exime de responsabilidad penal al joven, que también trabaja en Mercedes-Benz.

Ramos indica como “sospechoso” que “justo después” del lugar del accidente -ambos alegaron que no lo habían visto y que no habían huido- los coches realizaran una parada. “Permite intuir o inducir que más bien pararon para comentar lo que acababa de ocurrir”, indica el magistrado, que recuerda que ambos tenían otros planes que retrasaron para hacer una parada que no estaba prevista en su ruta original. Destaca el juez la importancia de que fuera el segundo coche, el amarillo que iba detrás, el que indicara que había que parar y lo vincula a que fue el segundo -en el que Titos padre admitió ir a los mandos- el que causó el problema.

Los Titos deslizaron en el juicio que la víctima trató de chantajearles por su posición y el juez Ramos concede que su forma de actuar fue “un tanto peculiar” al hacer gestiones con el director de Mercedes-Benz antes de denunciar cinco meses después, pero remarca que su versión es consistente y sostenida en el tiempo. Obrar de manera “ilógica” no te quita “credibilidad” como víctima, remarca la sentencia, de 44 folios. Además, reseña que otros conductores que se cruzaron con los deportivos confirmar su versión de los hechos.

Ramos, por otro lado, llama la atención por la “inacción” de la Ertzaintza en la investigación de lo ocurrido. Sus informes son “incompletos” a pesar de que los testigos que auxiliaron a la víctima en el puerto de Herrera ya les alertaron de la “conducción temeraria” de los dos automóviles de alta gama. Un ejemplo: como causa del accidente marcaron con una equis la casilla “Otros” de su formulario cuando las había para referirse a la velocidad, los adelantamientos y otras infracciones, lo que les habían referido los presentes.No hubo un trabajo “arduo y complejo” en ningún momento para poder identificar a los Titos y esclarecer lo ocurrido, un delito como se ha demostrado. Si la víctima no hubiera denunciado, no habría habido juicio, viene a lamentar el magistrado.

Así fue el juicio

El juicio contra los Titos se celebró este lunes en el Palacio de Justicia de Vitoria en medio de una gran expectación. Padre e hijo, en sus declaraciones, no sólo proclamaron su inocencia -“era un paseo”; “no era una carrera”-, sino que basaron su línea de defensa en acusar de falsedad al denunciante, del que aseguran que ha querido sacar “tajada” del accidente del que salió con lesiones (pequeñas, eso sí) y el coche “siniestro total” (20.000 euros en daños).

Ni ellos ni su abogado, Gonzalo Susaeta, aludieron a los motivos que llevaron a padre e hijo a sacar de una exposición en la fábrica de la automovilística alemana dos vehículos de entre 500 y 600 caballos, con los que se hicieron decenas de fotografías. Su estrategia pasó por sembrar la duda sobre quién conducía cada uno de los dos coches, uno negro y otro de color amarillo, el que el denunciante señaló como responsable del accidente. Finalmente, aunque el padre era el que llevó más tiempo el negro, ha pesado que declararan que en medio de Herrera hicieron una parada y un cambio de coches para responsabilizar al empresario de lo ocurrido.

El empresario salió de Vitoria a los mandos del coche oscuro y el hijo condujo el más llamativo, el amarillo. Alegaron en el juicio que aquello no era una “competición” precisamente porque al día siguiente había que devolver los deportivos a la exposición, lo que exigía “extrema precaución” en el “paseo” para que no tuvieran ni un solo rasguño. El recorrido previsto era una ida y vuelta a la Rioja Alavesa por Herrera con una parada para hacer fotografías en el Balcón de La Rioja. ¿Exceso de velocidad? Los Titos sólo admitieron que pudieron alcanzar los 110 -Herrera está limitado a 90 en los mejores tramos- “en adelantamientos”, un resquicio que permite la normativa.

La pareja, que salió desde Vitoria, subió el puerto, hizo la parada en el Balcón de La Rioja, completó el descenso, giró 180 grados antes de llegar a Leza y retomó la vía de regreso a Vitoria. Fue en el punto kilométrico 26,7 cuando se salió de la calzada el Mondeo de Alejandro Ormazabal, el denunciante, que es hermano de un exconsejero del Gobierno vasco, Patxi Ormazabal. Éste narró que fue el coche “amarillo” el que le adelantó de manera temeraria, como si hubiera perdido el control, en una sucesión de curvas. Ello señalaría a Titos hijo, el que salió de la ciudad a los mandos de ese deportivo, pero ambos convergieron en que en la parada en el mirador se intercambiaron los coches. En la vuelta, el joven Titos iba por delante y el empresario por detrás. Ormazabal llegó a sugerir que él también haría lo que fuera por proteger a sus hijas de cualquier problema.

Padre e hijo realizaron una segunda parada en Peñacerrada después del incidente. Ellos alegan que fue casual, que nada vieron y que los “tres o cuatro” adelantamientos que realizaron fueron seguros. Mientras, en Herrera, un Mitsubishi se detuvo a auxiliar a Ormazabal. La conductora, una arqueóloga que volvía de una excavación en la Rioja Alavesa con tres compañeros, manifestó en el juicio que también se cruzó con los deportivos. Y dos veces. C. C. (iniciales de la conductora) dijo que “pasó miedo” al cruzarse con los bólidos y que, nada más ver el siniestro, supo de quién había sido la responsabilidad. “Pasaban los dos a la vez a toda pastilla. No nos pasó a nosotros por suerte”, indicó.

Entretanto, Titos hijo había quedado en la planta de Mercedes-Benz para enseñar el coche amarillo (y no el negro) a amigos suyos. El padre con el negro (y no con el amarillo) recogió a su mujer y a sus consuegros para dar otro paseo, en este caso hacia el norte de Álava. En la emisora de la Ertzaintza -y también a los municipales de Vitoria- ya se había avisado de que se había producido un incidente en el puerto y que había que localizar dos deportivos, según habían descrito a una patrulla los testigos.

La Policía local decidió enviar a la fábrica de Mercedes-Benz a una dotación ya que conocían de la exposición de vehículos. En efecto, al llegar se toparon con el hijo del director general saliendo del aparcamiento de la planta con el amarillo. Los agentes intervinientes han declarado que al informarle de lo ocurrido se puso “muy nervioso” y que sólo pedía hablar con su padre. La defensa alega que fueron “agresivos” y que le acusaron sin pruebas. En efecto, Titos padre recibió una llamada. “Papá, me ha parado la Policía”. Y el responsable de la principal empresa vasca acudió a la zona con el segundo deportivo, el de color negro.

La expectación era máxima este lunes desde primera hora en los pasillos del Palacio de Justicia de Vitoria. En el banquillo de los acusados se sentaba en esta ocasión Emilio Titos, director general de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria y, por extensión, de la automovilística en España. Es decir, el primer ejecutivo de la primera empresa vasca. A su lado, su hijo, del mismo nombre y con sonrisa nerviosa. Él también trabaja para la compañía. Los dos están acusados de conducción temeraria por haber circulado a gran velocidad con dos vehículos deportivos de gran cilindrada por el puerto de Herrera y por haber provocado la salida de calzada de un Ford Mondeo conducido por un hermano del exconsejero del Gobierno vasco, Patxi Ormazabal. El tándem no sólo ha proclamado su inocencia -“era un paseo”; “no era una carrera”-, sino que ha basado su línea de defensa en acusar de falsedad al denunciante, del que aseguran que ha querido sacar “tajada” del accidente del que salió con lesiones (pequeñas, eso sí) y el coche “siniestro total” (20.000 euros en daños).

Al frente de la defensa de los Titos ha estado un viejo conocido de la plaza, el abogado de Cuatrecasas Gonzalo Susaeta, quien desde 2010 y hasta hace tan sólo unos meses acompañó al ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, acusado de varios delitos de corrupción. Como en aquel caso, la principal baza de Susaeta ha sido sostener que el origen, la denuncia, es “manifiestamente falsaria”. Durante sus conclusiones, poco o nada ha explicado de los motivos que llevaron a padre e hijo a sacar de una exposición en la fábrica de la automovilística alemana dos vehículos de entre 500 y 600 caballos, con los que se hicieron decenas de fotografías. Ha preferido enfatizar que el Alejandro Ormazabal, la víctima, “roza el 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, que obliga a desestimar las denuncias falsas.

En busca de la duda razonable

Susaeta, en primer lugar, ha subrayado que Ormazabal tardó “cinco meses” en presentar la denuncia después de ocurridos los hechos, en septiembre de 2016. De hecho, ha esgrimido un correo electrónico de octubre de ese año en el que el denunciante citaba a Titos padre a una bodega para discutir el asunto. Un “chantaje”, en palabras del propio Titos. Y ha añadido que ni la Ertzaintza ni la Policía de Vitoria, que por diferentes circunstancias intervinieron en los instantes posteriores al siniestro, denunciaron de oficio lo ocurrido.

Además de esos supuestos intereses particulares, la defensa de Titos ha intentando demostrar igualmente que el adelantamiento de los bólidos conducidos por padre e hijo en ningún caso motivó la salida de calzada. “No existen testigos directos de los hechos. Ninguno. El accidente no lo presencia ninguna persona”, ha asegurado Susaeta, que ha apelado al principio de que hay que absolver a los acusados si no hay pruebas “más allá de toda duda razonable”. Él y su compañero Jon Ruiz se han esforzado, precisamente, en aportar esas “dudas razonables”. La principal, que no es descartable que fuera la víctima quien conducía mal. Han insistido en que entró “pasado” a la curva donde se salió de la calzada, cuando él alega que dio un volantazo para no colisionar con uno de los Mercedes-Benz deportivos cuando le adelantaba a gran velocidad.

Además, para explicar que se pueda acusar de ir “pasado” a quien está siendo adelantado y defender que el que va más rápido circula correctamente, han contratado al expiloto de rallies Luis Villamil para establecer que lo que para un Ford Mondeo es inadecuado, para un coche de altas prestaciones es una maniobra segura y de rutina. “Esto es el equivalente a un Ferrari”, ha razonado Villamil. “Sin superar la máxima, la velocidad media de estos coches es muy superior”, ha apostillado para matizar las afirmaciones de otros conductores que aquella tarde de 2016 iban por Herrera y que sí se sintieron adelantados por dos automóviles en plena carrera.

Enfrente de Susaeta, al frente de la acusación, se hallaba el fiscal Manuel Pedreira, especialista en seguridad vial pero que precisamente tuvo un papel destacado en el juicio del 'caso De Miguel'. En un momento de su alegato de conclusiones, Susaeta ha cambiado la tercera persona por la segunda y ha interpelado directamente al fiscal: “Dame un mínimo de objetividad”. Luego ha añadido, ya en genérico y sin mirar a Pedreira, que “las acusaciones deberían mirar si en este caso han cumplido con las obligaciones que marca la Constitución”.

Coches de hasta 600 caballos

El juicio ha arrancado con algo de retraso. Los primeros en declarar han sido, por este orden, Titos hijo y Titos padre. Se apreciaba que traían muy preparado el relato exculpatorio, pero ello no ha evitado que incurrieran en pequeñas contradicciones, sobre todo sobre los horarios. Según han explicado, la fábrica de Mercedes-Benz recibió para una exhibición al público en Vitoria “dos vehículos icono de la marca”, dos deportivos de color amarillo y negro (éste descapotable). Tenían 600 y 500 caballos, respectivamente. Como “fans” del mundo del motor, aprovecharon la oportunidad para rodarlos. Era un experiencia limitada a “gente de la casa”.

El empresario salió de Vitoria a los mandos del coche oscuro y el hijo condujo el más llamativo. Han alegado que aquello no era una “competición” precisamente porque al día siguiente había que devolver los deportivos a la exposición, lo que exigía “extrema precaución” en el “paseo” para que no tuvieran ni un solo rasguño. El recorrido previsto era una ida y vuelta a la Rioja Alavesa por Herrera con una parada para hacer fotografías en el Balcón de La Rioja. ¿Exceso de velocidad? Los Titos sólo han admitido que pudieron alcanzar los 110 -Herrera está limitado a 90 en los mejores tramos- “en adelantamientos”, un resquicio que permite la normativa.

La pareja subió el puerto, hizo la parada en el Balcón de La Rioja, completó el descenso, giró 180 grados antes de llegar a Leza y retomó la vía de regreso a Vitoria. Fue en el punto kilométrico 26,7 cuando se salió de la calzada el Mondeo de Ormazabal. Éste ha narrado que fue el coche “amarillo” el que le adelantó de manera temeraria, como si hubiera perdido el control, en una sucesión de curvas. Ello señalaría a Titos hijo, pero ambos han explicado que en la parada en el mirador se intercambiaron los coches. En la vuelta, el joven Titos iba por delante y el empresario por detrás. Ormazabal ha sugerido que él también haría lo que fuera por proteger a sus hijas de cualquier problema.

“Pasaban a toda pastilla”

Padre e hijo realizaron una segunda parada en Peñacerrada después del incidente. Ellos alegan que nada vieron y que los “tres o cuatro” adelantamientos que realizaron fueron seguros. Pero lo cierto es que pocos minutos después de rebasar a Ormazabal volvieron a detenerse. ¿Quién iba delante? ¿Quién conducía el segundo coche, el amarillo, cuando el Mondeo se salió de la calzada? Ambos acusados han indicado que era el padre. Entienden que no hubo nada raro en aquel “paseo” pero, sin embargo, alegan el hijo no iba al volante. No obstante, a preguntas de su señoría, el juez Roberto Ramos, el empresario ha cometido un pequeño error, ha asegurado que él marcó con el intermitente la parada de Peñacerrada para que ambos coches se detuvieran. Al darse cuenta del desliz, ha indicado que el lo indicó desde atrás y que su hijo, desde el retrovisor del coche delantero, vio la señal y se paró, lo que para el fiscal es difícil de creer.

¿Qué ocurrió después? En Herrera, un Mitsubishi se detuvo a auxiliar a Ormazabal. La conductora, una arqueóloga que volvía de una excavación en la Rioja Alavesa con tres compañeros, ha declarado que también se cruzó con los deportivos. Y dos veces. Como en el caso del Mondeo, en el tiempo en que el todoterreno de los arqueólogos completaba la subida del puerto de montaña, con pendientes de hasta el 14%, los Mercedes-Benz tuvieron tiempo de llegar a Leza y adelantarles después. Ambos se toparon con los Titos en dos ocasiones, una de frente y otra en el mismo sentido. C. C., como así se llama la conductora, ha asegurado que “pasó miedo” al cruzarse con los bólidos y que, nada más ver el siniestro, supo de quién había sido la responsabilidad. “Pasaban los dos a la vez a toda pastilla. No nos pasó a nosotros por suerte”, ha manifestado.

Entretanto, Titos hijo había quedado en la planta de Mercedes-Benz para enseñar el coche amarillo (y no el negro) a amigos suyos. El padre con el negro (y no con el amarillo) recogió a su mujer y a sus consuegros para dar otro paseo, en este caso hacia el norte de Álava. En la emisora de la Ertzaintza -y también a los municipales de Vitoria- ya se había avisado de que se había producido un incidente en el puerto y que había que localizar dos deportivos, según habían descrito a una patrulla los testigos.

La Policía local decidió enviar a la fábrica de Mercedes-Benz a una dotación ya que conocían de la exposición de vehículos. En efecto, al llegar se toparon con el hijo del director general saliendo del aparcamiento de la planta con el amarillo. Los agentes intervinientes han declarado que al informarle de lo ocurrido se puso “muy nervioso” y que sólo pedía hablar con su padre. La defensa alega que fueron “agresivos” y que le acusaron sin pruebas. En efecto, Titos padre recibió una llamada. “Papá, me ha parado la Policía”. Y el responsable de la principal empresa vasca acudió a la zona con el segundo deportivo, el de color negro. “Fue un impacto muy fuerte”, ha explicado quien ha reiterado que no vieron nunca “ningún accidente”.

Los abogados de Ormazabal piden cuatro años de cárcel y ocho de retirada de carné de conducir para la pareja. Finalmente, no acusan del delito de omisión de socorro por un defecto de forma en la investigación, aunque lo dan por acreditado. La Fiscalía también, pero por igual motivo no formula acusación. El ministerio fiscal mantiene una petición de condena por “conducción temeraria” con “grave desprecio a la vida de los demás” pero, en el último trámite, Pedreira ha rebajado la petición de cárcel de dos años a un año y tres meses (más de tres y medio sin permiso de conducir).

Aunque no esté claro quién conducía el coche amarillo en el momento de los hechos -Ormazabal y Camarero no han podido identificar en el juicio al conductor del descapotable negro que habría servido como descarte-, el fiscal Pedreira entiende que ambos condujeron de manera imprudente y a velocidad “absolutamente excesiva”. Y no sólo en el lugar del accidente, sino en toda la ruta. También ha destacado que es “un buen indicio” de la velocidad a la que iban el ver cómo apenas unos minutos después del siniestro ya estaban en otras citas en Vitoria. “Afortunadamente no hay resultado de muerte”, ha añadido el letrado que defiende los intereses de Ormazabal, al que los Titos se han negado a contestar. Mientras, Susaeta ha implorado que en el derecho penal es básico “individualizar” las penas y que no se pueden fijar castigos en grupo. El caso ha quedado visto para sentencia.

El director general de Mercedes-Benz en España y de la planta de la firma en Vitoria, Emilio Titos, y su hijo se enfrentan a una petición de la Fiscalía de dos años de cárcel, a 12.000 euros de multa y a la retirada del permiso de conducción por haber conducido “con temeridad manifiesta” y “a velocidad muy superior a la permitida” dos vehículos deportivos de gran cilindrada de la marca alemana traídos a Vitoria para una jornada de puertas abiertas celebrada en septiembre de 2016 en la que es la principal fábrica tanto de la capital vasca como de todo Euskadi. Un tercer conductor que circulaba de manera reglamentaria aquella jornada de hace tres años se vio sorprendido por una maniobra aparentemente ilegal de los deportivos, frenó bruscamente, se salió de calzada, chocó contra un terraplén y quedó completamente destrozado.

El juicio contra el empresario y su hijo se celebrará este mes de mayo en Vitoria y se ha personado también una acusación particular que eleva la calificación de los hechos al añadir a los delitos contra la seguridad vial el de omisión de socorro, aunque hay discrepancias jurídicas sobre si puede ampliarse la calificación en este sentido. Eso sí, el propio escrito del fiscal -es previsible que el juicio lo lleve Manuel Pedreira- incide en que “los acusados no detuvieron sus vehículos tras el accidente”, aunque el conductor afectado y los otros ocupantes del coche sí que “fueron asistidos” por otras personas que presenciaron lo ocurrido.

Los hechos se produjeron el 23 de septiembre de 2016 a las 16.15 horas en la carretera A2124, a la altura del municipio alavés de Peñacerrada (punto kilométrico 26,7). Según el ministerio fiscal, “en un momento de la conducción y en un tramo de curvas”, el vehículo conducido por uno de los dos acusados -la Fiscalía no ha querido aclarar este extremo amparándose en la normativa de protección de datos a pesar de la petición de este periódico- realizó un adelantamiento imprudente que motivó el accidente. Según explican fuentes policiales, tras el accidente, la Ertzaintza localizó al hijo del empresario ya de vuelta en la planta de Mercedes-Benz. Posteriormente se concretó también la participación de Titos en los hechos. Los coches deportivos estaban destinados, originalmente, a una exposición durante una jornada de puertas abiertas en las instalaciones de la automovilística alemana. 

Padre e hijo están representados en este proceso por el bufete Cuatrecasas. Emilio Titos, en concreto, ha contratado al abogado Gonzalo Susaeta, conocido por haber defendido a Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava, en el mayor sumario de corrupción abierto en Euskadi. La defensa incidirá en la inocencia de los dos acusados y presentará contrapruebas para demostrar que no existió la conducción temeraria que las acusaciones atribuyen a padre e hijo.

Además del 'caso Hiriko', el fracasado coche eléctrico vasco, la Audiencia Provincial de Álava ha acordado también que no haya juicio en la pieza penal que faltaba del 'caso Epsilon', según ha podido saber este periódico. En esta ocasión se investigaba el aval encubierto de 16 millones que el parque tecnológico de Miñano concedió a la automovilística de Joan Villadelprat, que impulsó el fallido sueño de crear una escudería vasca de Fórmula 1. Hiriko y Epsilon-Euskadi, impulsados por el PNV, se tragaron en conjunto más de 60 millones de euros en ayudas públicas.

La doble resolución de la Audiencia de Álava en torno a los casos de Hiriko y Epsilon-Euskadi llega mientras este órgano judicial redacta la sentencia del mayor caso de corrupción, el 'caso De Miguel', que sí llegó a juicio por el factor diferencial de que el juez instructor, Roberto Ramos, ordenó en 2010 el arresto de los principales acusados, entre ellos los dirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Ello permitió disponer de una elevada cantidad de pruebas documentales e informáticas.

Además, dos de los tres miembros del tribunal del 'caso De Miguel', su presidente, Jaime Tapia, y Raúl Aztiria han participado en la resolución de archivo de ambos procedimientos, en los que no hay votos particulares ni voces discrepantes. No obstante, es la tercera magistrada de ese tribunal, Elena Cabero, la que se halla liberada desde hace meses para la redacción de este fallo judicial, para el que no hay fecha definida. 

Ambas resoluciones de la Audiencia de Álava echan por tierra las acusaciones de la Fiscalía de Álava y de la Abogacía del Estado -el grueso de las subvenciones eran estatales fruto de acuerdos políticos del PNV con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- y dan una simbólica victoria a los letrados de los investigados, Adolfo Saiz Coca en el 'caso Epsilon' y Gonzalo Susaeta y Javier Beramendi en Hiriko. Los tres fueron destacados participantes en el 'caso De Miguel' y pueden anotarse ya el tanto de una primera victoria frente al fiscal Josu Izaguirre.

Sánchez Alegría, imputado en el 'caso De Miguel', absuelto

En cuanto al 'caso Epsilon', el único imputado era Julián Sánchez Alegría, presidente de los parques tecnológicos de Euskadi hasta 2009. Él fue el firmante del acuerdo de cesión de rango hipotecario por el cual una sociedad pública como es el parque de Miñano asumiría las instalaciones de la empresa de Villadelprat si, como sucedió, entraba en quiebra. Según la Fiscalía, Sánchez Alegría cometió tres delitos (prevaricación, administración desleal y malversación) al excederse del objeto social del parque tecnológico y comprometer patrimonio público con la operación, que obligó a poner 16 millones de euros para recomprar a Kutxabank los pabellones de Epsilon cuando entró en concurso de acreedores. 

El tribunal desecha -como arguía su defensa- que el alto cargo se limitara a firmar documentos ya preparados por técnicos jurídicos y administrativos, pero sí entiende que el polígono de Miñano, dentro de sus funciones de “estimular y promover” la actividad económica, puede ejecutar “diferentes actos” y “es de pensar que éstos puedan suponer también algún riesgo económico”.

La Audiencia entiende también que la ejecución del aval por 16 millones puede resultar incluso ventajosa ya que “se ha acreditado que el citado edificio tiene un valor superior”. Habla de hasta 24 millones. Se da la circunstancia, sin embargo, de que esas instalaciones llevan años abandonadas y con una tecnología en riesgo de quedar obsoleta, como es el túnel del viento. En enero, este periódico pudo acceder a su interior.

Así las cosas, Sánchez Alegría no tendrá que exponerse a un juicio por Epsilon después de que fuera uno de los 26 acusados del 'caso De Miguel', que se originó precisamente con una contratación en Miñano por la cual, aparentemente, Alfredo de Miguel quiso cobrar una comisión de 100.000 euros a la adjudicataria, Ainhoa Alberdi. El proceso ha sido el siguiente: la juez de Vitoria Ana Jesús Zulueta (Instrucción 2, donde se investigará la OPE de Osakidetza) completó la investigación y vio indicios de delito, la Audiencia ordenó que motivara mejor sus acusaciones, la instructora lo hizo y, ante los recursos de la defensa de Sánchez Alegría, se aceptó un sobreseimiento “provisional” de la causa. Ante esta situación, la Fiscalía interpuso un recurso al que da carpetazo esta resolución del 15 de enero de 2009 de la que ha sido ponente el juez Tapia.

En el 'caso Epsilon' hubo otros dos procedimientos que sí llegaron a juicio. En la vía mercantil, Villadelprat fue condenado en 2013 a devolver 900.000 euros por haber agravado la insolvencia de la empresa con su gestión. Por esos mismos hechos, sin embargo, quedó absuelto en vía penal. En el 'caso Hiriko', la Audiencia ha estimado que los promotores del fallido vehículo eléctrico con label vasco, igualmente, ya han depurado sus responsabilidades con una condena parcial en vía mercantil. Precisamente, la condena se basa en que Hiriko adquirió a Epsilon por más de 500.000 euros un monoplaza de carreras que no tenía utilidad alguna para una investigación de movilidad eléctrica y que pasó directamente a engrosar la colección particular de coches del principal promotor, Jesús Echave.

Proyectos con “pólvora de rey” pero sin indicios de delito

La Audiencia, a pesar de cerrar ambos casos, sí que refiere que es censurable la “alegría” con la que se dilapidaron recursos públicos en ambos proyectos, que están interrelacionados: “El problema deriva del modelo de negocio y financiación: un/os particular/es ”vende/n“ una idea a las administraciones públicas, el Gobierno vasco apuesta por ella, pero lo hace principalmente con dinero que gestiona el Gobierno central y el siempre reducido presupuesto público para I+D (y más reducido en plena crisis económica) se gasta en una idea que no termina de materializarse, aunque se intenta, salvas con pólvora de rey”. Pero añaden los jueces que “no hay bastantes indicios de delito en ello y la solución la ha ofrecido en ambos casos la jurisdicción mercantil”.

Fuentes judiciales apuntan a la dificultad extrema de lograr condenas en la Audiencia de Álava en materias relativas a delitos económicos, ya de por sí complejos de probar. Destacan además que la figura empleada del “sobreseimiento provisional” frente al “sobreseimiento libre” impide a las acusaciones, Fiscalía y Abogacía del Estado, recurrir el cierre de estos casos ante el Tribunal Supremo, batalla que ya se había producido en ocasiones anteriores.

Se acabó. 3.304 días después de que la joven abogada urbanista y empresaria Ainhoa Alberdi acudió a la oficina del fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, para denunciar que el 'número dos' del PNV de Álava y diputado de Urbanismo, Alfredo de Miguel, le había exigido “pasar por caja” por un contrato que unos años atrás había recibido 'a dedo' su empresa en el parque tecnológico de Miñano, el conocido como 'caso De Miguel' ha quedado visto para sentencia esta semana. Ha sido casi un año de juicio desde que el 8 de enero la Audiencia Provincial de Álava iniciara el que ha sido el mayor proceso judicial conocido tanto en Vitoria como en el conjunto de Euskadi.

Toda la cobertura del 'caso De Miguel': https://www.eldiario.es/temas/caso_de_miguel/

Ha sido un año intenso. Se han celebrado casi 70 sesiones -la más larga, un día de mayo, acabó casi a las 22.00 horas- y el juicio ha sobrevivido a una histórica huelga de jueces y fiscales en toda España y a un gran apagón en Vitoria. 26 acusados y un centenar de testigos han tratado de dar luz a un sumario de más de 25.000 páginas y abundante material informático. Miembros de las acusaciones, de las defensas y del propio grupo de acusados han sufrido por igual tras este 2018 los rigores de la salud.

Para simplificar el trabajo, el juicio se subdividió en 12 bloques, tantos como negocios sospechosos se engloban en una investigación en la que aparecieron incluso más indicios de corrupción que nunca su pudieron comprobar, como negocios de De Miguel en la Costa del Sol a través de la sociedad Diru Kapital, su intento de montar un negocio de importación/exportación en Argentina o una peculiar (por el tono de enfado) grabación entre el político y un compañero de partido sobre “dinero”. Ha sido una queja frecuente de los abogados de los acusados -algunos de ellos con largas trayectorias y mucha experiencia, aunque también ha habido uno de oficio- lo injusto de que no se hicieran piezas separadas para agilizar la tramitación de asuntos tan dispares como contratos 'a dedo' salidos desde la Dirección de Juventud del Gobierno vasco o la recalificación urbanística en Zambrana.

Un Saab, joyas y viajes

El fiscal Izaguirre, en cambio, ha defendido desde el principio la existencia de una “trama” y que en todos y cada uno de los bloques se repetía un patrón, la mano del influyente De Miguel, a quien todos conocen como Txitxo y que en 2010, cuando fue detenido por corrupción, apuntaba con menos de 40 años a convertirse en referente absoluto del PNV alavés. Es más, cuando de esta investigación surgieron otros asuntos paralelos sí se abrieron piezas separadas. En 2013, por ejemplo, se juzgó al también dirigente nacionalista Aitor Tellería, al que se acusó de haber colaborado con ertzainas de los servicios de información para espiar a rivales políticos y otras personalidades. La sentencia dio verosimilitud a las acusaciones pero decidió absolver a Tellería y a los dos policías implicados por falta de pruebas.

El juicio no se salió del guion hasta las vacaciones del verano. Salvo los matices de la defensa del exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, el resto de acusados actuaron de la mano y sin fisuras con dos grandes argumentos, defensa cerrada de la inocencia de sus clientes y total ausencia de pruebas y, además, durísimas críticas a la Fiscalía, al juez que investigó el caso, Roberto Ramos, y a los agentes de la Ertzaintza que le auxiliaron. El plan seguía adelante todavía a finales de julio, cuando los letrados se reunieron en un 'txoko' de Vitoria antes del parón estival.

Significativamente, el último testigo que había comparecido en julio era un experto economista contratado por De Miguel, Víctor Benedito, quien remarcó que De Miguel no se había enriquecido en los años investigados, 2005-2010, especialmente en el período a partir de 2007, cuando Txitxo fue nombrado en la Diputación. Kataia Consulting ha sido la empresa principal de este caso. Se trata de una mercantil creada por De Miguel, Tellería y un tercer dirigente 'jeltzale', Koldo Ochandiano (que guardaba un cuaderno con notas manuscritas sobre comisiones y dinero negro), pero que estaba a nombre de las esposas de los tres. Alberdi había señalado esa empresa sin apenas actividad como el lugar donde tenía que pagar los 100.000 euros que le pedía Txitxo, a cuyo círculo de confianza pertenecía como otros acusados. Ni ella ha negado que, de no ser la denunciante, podría haber sido otra de las imputadas. Según Benedito, era una “micropyme” la mar de normal. No mencionó que tras haber recibido sus primeros ingresos -aparentemente ya ilícitos- constan salidas de dinero para la compra de un Saab, para viajes a Extremadura o Benidorm, para balnearios, pubs y sidrerías e, incluso, hasta 6.000 euros en joyas.

De Miguel realizaba gestiones de Kataia Consulting desde la sede del PNV de Álava mientras lideraba la compra de un nuevo edificio para el partido en el centro de Vitoria. También controlaba otras sociedades como Eskalmelo, Marratik, Diru Kapital o Ezkibel y, a través de su hermana, llevaba la contabilidad de firmas como Ortzi Muga o Errexal. “Tampoco eran tantas actividades”, se excusó el propio Txitxo en el juicio cuando quedó de manifiesto su intensísima agenda.

Con De Miguel ha acabado en el banquillo un grupo de amigos que se conoció en EGI, las juventudes del PNV, como reveló Josu Montés en su declaración. El partido siempre ha tratado de desvincularse del 'caso De Miguel' y nunca se ha investigado su financiación, pero Izaguirre siempre ha remarcado que la trama se valió de su posición política para lucrarse.

De Miguel negoció de espaldas a Arruti...

La declaración de De Miguel estaba programada para el 17 de septiembre. Había sido casi una década de negar todas las acusaciones hasta la saciedad. Sin embargo, pocos días antes se iniciaron contactos entre su abogado, Gonzalo Susaeta, y el ministerio fiscal. Aunque de cara al exterior en el juicio estaba saliendo todo a pedir de boca, de puertas para adentro alguien tomó la decisión de que sería conveniente explorar la posibilidad de buscar una rebaja de condena. Las conversaciones fructificaron y el político estuvo dispuesto a admitir varios delitos, incluido que la denuncia de Alberdi era cierta y que en la recalificación de Zambrana, donde más dinero se movió, cobró comisiones ilegales. Ante la complejidad de los movimientos en torno a esta operación, se pactó la conveniencia de fijar en 161.000 euros la cuantía de los ingresos ilícitos. A cambio, la Fiscalía no acusaría a su mujer, Ainhoa Bilbao. Su condena quedaría en unos 48 meses de cárcel.

Pero a última hora el acuerdo se torció. De Miguel nunca quiso admitir las coacciones para cobrar comisiones, un delito que implica la existencia de cierta violencia. Las conversaciones se rompieron y tocaba retomar la estrategia de negarlo todo a pesar de haber puesto todas las cartas sobre la mesa. El acuerdo, lógicamente, suponía la incriminación de otros acusados. Susaeta comunicó una tarde a la letrada de Josu Arruti, Arantxa Isasmendi, los términos y cifras del pacto en torno a Zambrana, una negociación en la que De Miguel no hizo partícipe a Arruti.

En Zambrana la mecánica fue la siguiente. La alcaldesa del PNV, María Justina Angulo, planteó un polígono industrial y llamó al partido para pedir ayuda. El interlocutor fue De Miguel, quien situó a su amigo Arruti como intermediario para captar inversores. Tras un intento fallido, Arruti cerró un acuerdo con los catalanes Construcciones Riera, dirigidos por Francesc Fernández Joval. Su abogado, Ferran Marsol, también estaba dispuesto a pactar que abonaron comisiones. En su caso, la rebaja de la petición de penas iba a ser total por un problema de prescripciones. No tenía nada que perder.

Es éste el escenario con el que se encontró Arruti, que además ha tenido tres familiares sentados en el banquillo de los acusados. Y empezó a negociar. Con el asistente de Izaguirre como interlocutor, el fiscal Manuel Pedreira, uno de los grandes protagonistas del juicio, las partes adquirieron confianza y cerraron un acuerdo que sobrevivió al 'no' de De Miguel. Por vez primera, el político ya no dirigía la estrategia del conjunto de los acusados. Preparada con mimo durante horas, la confesión de Arruti estaba lista. Sus mensajes iban a sorprender al tribunal, pero no a De Miguel, porque iba a dar las cifras exactas que el político había estado dispuesto a asumir.

...pero se sintió traicionado con su confesión

Hubo presiones. Intermediarios contactaron con Arruti y con su letrada para intentar frenar la incriminación. También ha habido insultos después de la declaración. Entre medias, la hermana de De Miguel rompió también a última hora un acuerdo que le hubiera supuesto la absolución. La contable de Kataia Consulting comparte abogados con la familia Arruti y no con Txitxo y las negociaciones se mantuvieron hasta el último minuto. De hecho, por el orden en que se previeron las comparecencias, ella iba a ser la primera en reconocer determinadas irregularidades. Todo un golpe de efecto de la Fiscalía. Pero nunca llegó esa declaración. Y todo a pesar de que Susaeta nunca ha sido contundente en la exculpación de Aintzane de Miguel, al menos no con la misma intensidad con la que ha tratado de separar a Ainhoa Bilbao de los hechos.

Arruti, al final, sí confesó. Fue a principios de noviembre. Y fue claro. Dijo que en Zambrana había comisiones, que se canalizaron con supuestos trabajos de asesoramiento de Kataia Consulting y que la empresa se creó 'ad hoc' cuando las mordidas ya estaban pactadas. Los responsables de Riera confirmaron los hechos y admitieron que pagaron por la influencia política de Txitxo. Muy serio, el político nunca más se volvió a juntar con ellos en los pasillos de los juzgados.

Arruti se convirtió desde ese momento en una suerte de nuevo Alberdi. De repente, Arruti debía dinero a De Miguel. De repente, en los corrillos del pasillo se identificaba a Arruti con todos los males. En sus conclusiones, el abogado Susaeta manifestó lo siguiente: “Las declaraciones heteroinculpatorias son sospechosas y han de ser valoradas por el tribunal con la debida cautela por la obviedad de que los coacusados no están sometidos a decir verdad. Les está permitido mentir. La sospecha se puede acrecentar cuando la declaración no tiene lugar en una etapa inicial. En nuestro caso esto se ha producido 8 años después de incoarse el proceso”.

Sin embargo, tanto De Miguel como Tellería y Ochandiano quisieron usar su derecho a la última palabra en el juicio para pedir disculpas mientras insistían en su inocencia, una contradicción que no pasó inadvertida para muchos de los presentes. ¿Perdón a quién? ¿Por qué?

Los imputados 27, 28, 29 y 30

En realidad, Alberdi nunca ha quedado olvidada. Ha sido la imputada número 27. Se ha juzgado su currículum, su trabajo, sus problemas psiquiátricos, su situación económica y, sobre todo, su credibilidad. Su condición de mujer joven también ha estado latente. El imputado número 28 ha sido el juez del 'caso De Miguel', Roberto Ramos. Los 29 y 30 han sido los agentes de la Ertzaintza 15008 y 15431, de la unidad de delitos económicos y al frente de las principales investigaciones bajo el control de Ramos. Sin que ningún portavoz de la Policía haya salido en su defensa, las críticas han sido constantes. En 2011, De Miguel llegó a decir que pensó que los policías querían atentar contra su vida. “Que se diga que o nosotros o el señor juez hayamos manipulado esto... ¡Yo por ahí no paso! ¡Me están acusando!”, se revolvió un día uno de los policías.

Se da la circunstancia de que sí hubo una incidencia con la Ertzaintza en el origen de la investigación. Ertzainas de los servicios de información próximos a los acusados y al PNV accedieron de manera irregular al atestado policial inicial cuando la causa estaba aún bajo secreto de sumario. Según el fiscal Izaguirre, el éxito de la investigación se debió en gran medida a que los ertzainas 15008 y 15431 trabajaron directamente para Ramos y no para sus responsables orgánicos. Aseguró que cuando estos casos se acercan a los “aledaños” del poder político quedan en agua de borrajas.

La defensa de Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud acusado de haber facilitado contratos 'a dedo' a empresas de la órbita de su amigo de De Miguel añadió otra acusación: el Gobierno de Patxi López ocultó documentación de manera deliberada para incriminarle. Sin embargo, el actual Ejecutivo, del PNV, se ha declarado “vinculado” por esa posición y ha mantenido la acusación contra Sánchez Robles. Uno de los asuntos más debatidos ha sido que la defensa del exresponsable de Juventud presentó los documentos aparentemente ocultados con sellos gubernamentales. Tanto la Fiscalía como los letrados del Gobierno han considerado o bien falsas o bien “fabricadas” esas pruebas.

Sin embargo, el blanco de la mayoría de críticas ha sido Izaguirre. Del juicio sale con el anuncio de una querella contra su persona por “humillar” a los acusados. En su alegato final, comparó esta trama con la mafia de Sicilia. “Si no tienes padrino en este país parece que no tienes un contrato. Y que no se te ocurra denunciarlo, que no recibes otro. ¿Estamos en un país donde hay que ser mafioso para contratar con la Administración? ¿Solamente con padrino se puede contratar con la Administración?”, lanzó.

En manos de Elena Cabero

Finalizado el juicio, tras los cambios fruto de las negociaciones y de hechos que no se han conseguido demostrar -el 'pelotazo' urbanístico de Frúniz, por ejemplo- se han rebajado sustancialmente las peticiones de condena para todos los acusados. Ni Arruti ni el resto de arrepentidos pisarán la cárcel. Es más, la familia Arruti ha devuelto ya 130.000 euros más intereses por sus delitos fiscales. Lo hicieron antes de que acabara el juicio. De Miguel se expone a casi 30 años de cárcel (12 de cumplimiento efectivo) y a 1,2 millones en responsabilidades económicas; Tellería y Ochandiano, por su parte, a más de 13. Sin embargo, el delito individual más alto que aprecia el ministerio público recae en Sánchez Robles.

Nadie es capaz de pronosticar cuándo llegará la sentencia, aunque requerirá meses de trabajo no sólo por lo complejo del caso sino por la inmensa batería de cuestiones procesales que hay que dirimir. El tribunal lo han compuesto los magistrados Raúl Aztiria, Elena Cabero y Jaime Tapia. Éste último ha dirigido las sesiones y ha tenido un papel activo en las comparecencias, si bien la redactora del fallo será Cabero, una jurista muy considerada en Vitoria por su seriedad. Apenas ha formulado un par de preguntas en un año, aunque ha seguido con atención todas y cada una de las sesiones. En sus manos está la verdad judicial. No pocos letrados y acusados han estado muy atentos a sus reacciones en los momentos clave para poder interpretar el sentido de la esperada sentencia.