Resulta difícil esquivar el Mundial y toda su onda expansiva de ruido tóxico en redes que acaba por distorsionar esos 90 minutos de entretenimiento y, para muchos, horas de alegría que en principio eran.

Este ruido ha alcanzado también a la vivienda, porque un diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, ha señalado a Ferran Torres por “especular” con la vivienda porque tiene una promotora inmobiliaria. La actividad inmobiliaria incluye más negocios que los de la vivienda, puesto que también los comercios, las oficinas o las naves industriales forman parte de este negocio. Y no queda claro que Ferran especule con pisos.

A mí tampoco me gustó que Ferran Torres llevara una gorra trumpista y una pulsera de la Guardia Civil, pero ha sido por esto seguramente por lo que Ibáñez ha escogido a Ferran como blanco de sus ataques, porque sabía que su público de izquierdas ya estaba sumando antipatía hacia él.

Y cuando digo “escogido” lo digo porque, tal y como indica Forbes en un artículo, no solo Ferran, sino que también David Raya, Pedro Porro, Martín Zubimendi, Pedri e incluso Borja Iglesias tienen negocios inmobiliarios. También Rosalía tiene empresas inmobiliarias y muchos más millonarios porque es una inversión segura y rentable. A veces, también inhumana. Pero era mucho más fácil atacar al que ya estaba siendo atacado por la izquierda.

La vigilancia a la vida de los famosos, sobre todo cuando se trata de delitos o acoso, es un rol importante de los medios de comunicación que con las redes ha adquirido mayor dimensión.

El futbol es política y en principio está bien apuntar a sus simbolismos, pero llega un punto en que empieza parecer nocivo, sobre todo porque se nos ha olvidado que el Mundial se jugaba en los Estados Unidos de Trump al calor de una FIFA que de limpia tiene poquito.

Al final, la hipervigilancia arrolladora que se lleva toda la atención sobre si este es de izquierdas o de derechas, si aquella hizo o no tal comentario, es totalmente tóxica. Tóxica para quien sufre el linchamiento, que seguramente reflexionaría más si le llegan uno o dos textos o reels que si de repente ve las redes inundadas de críticas que luego se mezclan con odio, insultos, etc.

Y tóxica sobre todo para una audiencia que, montada en la ola de la viralidad, deja de ver muchas otras cosas que suceden a su alrededor.

Como por ejemplo el desahucio por ahora aplazado de Paquita, una mujer de 82 años y con párkinson, para poner pisos turísticos en la casa donde vive desde hace 28 años. Su casero es una empresa desconocida y española, Tolesanta, y no un gran fondo inversor internacional ni un futbolista.

Hace un tiempo, un conocido mío resumió con contundencia el motivo por el que lleva un buen tren de vida. “Porque puedo”, dijo.

Ese es exactamente el mismo motivo por el que algunos futbolistas, cantantes, grandes fondos de inversión, mi prima segunda o los caseros de Paquita especulan con vivienda. Porque pueden.

Y pueden porque hay unos gobiernos, municipales, autonómicos y estatales, que lo permiten. ¿Sabéis qué partido también está en el Gobierno? Sumar.

Pocas horas después de que el diputado de Sumar apuntara a Ferran, el mismo partido sacaba pecho de haber conseguido colar la prórroga extraordinaria de los alquileres en el nuevo decreto de vivienda.

Lo que no contaban es que minutos después, en ráfaga, PNV, Junts e incluso Podemos se iban a oponer a ese decreto. En el caso de Junts, se oponía por motivos que ya se veían venir y que parecía que esta vez se iban a evitar: el Gobierno no incluyó sus demandas fiscales ni sus planes antiokupación. En lo que respecta a las medidas fiscales, hay dos de ellas, para desgravar el alquiler a inquilinos y a hipotecados (se podría precisar que fuesen para primera vivienda) que no son tan descabelladas.

Pero el Gobierno, que arrastra desde enero de este año su promesa de regular los alquileres de habitaciones y de temporada (entonces Sánchez prometió que lo harían “en las próximas semanas”), ha preferido presentar, de nuevo, un borrador que no convence a quienes tienen que votar para aprobarlo en el Congreso.

El decreto por lo demás contiene medidas positivas que ayudarán a mejorar la situación actual de la vivienda, tal vez no a corto plazo, pero que no acabarán con la especulación. Y Sumar no debe olvidar que, aunque suele remar en defensa de los inquilinos y de los más desfavorecidos (como ha hecho con las prórrogas) y aunque su poder en la coalición es limitada, al formar parte del Gobierno tiene bastante más responsabilidad que Ferran Torres en la crisis que vivimos. Y eso sin entrar en el error estratégico que es aprovechar la ola de atención para atacar a quienes millones de personas consideran un héroe. Al menos, por unos días.

El dato

1.130

Son las licitaciones de obra pública desiertas en 2026 por la subida de costes provocada por la guerra en Oriente Medio y los precios que ofrece la administración, que las constructoras consideran insuficiente, según un informe de la Confederación Nacional de Constructores.

Poder privado

De los creadores de living, coliving, flex living, senior living y otros tantos anglicismos que sirven para encarecer la vivienda, llega también brand residences. Se trata de residencias de lujo asociadas a marcas hoteleras y Madrid es la líder de atractivo en este sector en el mundo según el índice Barnes. Lo es gracias a su “seguridad jurídica, conectividad global y excepcional estilo de vida”, dice el índice, que apunta a Salamanca, Chamberí, Chamartín y Retiro como los barrios preferidos. En 2025, se invirtieron 3.460 millones en 32 proyectos de este tipo.

Lo que viene a significar es que mientras madres solteras que cuidan a abuelos se ven incapaces de pagar una vivienda y acaban viviendo en una habitación, que arquitectos y abogados de más de 40 comparten piso y mientras se desahucian a abuelos y familias, Madrid sigue teniendo suelo para construir edificios de lujo donde poder vivir como en un hotel pero durante más tiempo.

El lector denuncia (o consulta)

Si tienes alguna situación con tu vivienda que quieras denunciar, lo investigamos. Si tienes alguna consulta, hablamos con un experto o experta e intentamos resolverla. Escríbeme sobre todo ello a vivienda@eldiario.es

Me despido ya con ganas de vacaciones, supongo que como todos los que no habéis hecho todavía. Que tengáis un buen mes de agosto, consigáis desconectar, no os queméis al sol y no arriesguéis a menearos mucho en las horas de más calor.

Ante la crisis de la vivienda, la patronal inmobiliaria siempre dice que los fondos son parte de la solución y no el problema y que todo es una cuestión de falta de oferta.

Pero la verdad es que cuando uno se pone manos a la obra a investigar sobre un conflicto entre caseros e inquilinos, siempre es mucho más fácil contar con el nombre, el apellido, la documentación, la historia y la foto del inquilino que del propietario, del casero. Y los grandes fondos además se caracterizan por su opacidad. Solo buscan rentabilidad y, para ello, la vida del inquilino es un episodio mientras dura su negocio de alquiler y hasta que se convierta en compraventa.

Ejemplo de ello es Blackstone, que después de comprar más de 5.000 viviendas protegidas de Madrid y ponerlas en el mercado subiendo los precios al ritmo del mercado hasta duplicarlos en algunas ocasiones, se las vendió a Brookfield. Intenté hablar con ellos y me encontré a una gran profesional de la comunicación de una agencia que no me pudo contar nada.

Luego abordé a Brookfield, que había comprado esas viviendas, y me sorprendió que uno de los directores de comunicación me prometiera una respuesta a mis preguntas en un plazo de una semana. Cuando se apuró el plazo que me había dicho, la respuesta era “una negativa” a responder, lo cual me llevó a preguntarme filosóficamente si podía decir que no me ha respondido alguien que dice que su respuesta es “una negativa” a responder.

Los inquilinos, que sufrieron la falta de transparencia de Blackstone, ahora también sufren la de Brookfield, y se ven en una de las situaciones más atravesadas por las diferentes capas de la crisis de vivienda que existen: perdieron pisos públicos sin haber hecho nada, por la venta de la Comunidad, y se aferran a sus contratos y prórrogas sin que nadie al otro lado se siente para explicarles qué pretenden hacer con los pisos donde viven.

También me sorprendió que hace unas semanas, la misma agencia de comunicación que lleva a Blackstone me escribiera para decirme que llevan a Avalon y que cualquier cosa, oye, allí están. Agradecí mucho el gesto y, como coincidió con que acababa de publicar la bochornosa situación de los inquilinos del Plan Vive que lleva justamente esta socimi que depende de un gran fondo, aproveché para preguntarles. Que cómo es que hay problemas con el agua caliente, que por qué no se cuida la jardinería si pagan un pastón de comunidad, que por qué se les hace pagar el IBI y garajes al doble que el precio del mercado, en fin, todo lo que hemos ido contando. Por supuesto, un mes después, no tengo respuesta.

El último episodio de opacidad que tengo es el de una importante empresa del sector inmobiliario que después de meses persiguiéndolo me permitió una videollamada con una directiva, pero fue tan off the record que ni siquiera me dejaron citar lo que me contaba como fuentes del sector. Me sirvió para confirmar que no esconden que la crisis les ayuda a enriquecerse, pero la verdad es que resulta complicado tener las dos visiones del problema cuando cuesta tanto hablar con una. Por mucho que lo revistan todo de profesionalidad y pulcritud, no son capaces de justificar bien lo que hacen cuando se aterriza al terreno de la expulsión y las subidas de precios. Ojo, eso no quiere decir que los caseros particulares, que son mayoría, actúen siempre con más buena fe que los fondos.

La Sareb, conocido como banco malo de titularidad pública que absorbió los activos tóxicos de los bancos e intentó depurar parte de la deuda heredada con los pisos y suelos que se quedó, siempre ha sido diferente en mi experiencia como periodista. Después de visitar a unas familias de Fuenlabrada que viven en el limbo de no saber si se les va a ofrecer un contrato o no, la empresa cuenta que sí, que tendrá propuestas para las personas que viven allí y que estén dispuestas a colaborar. Me reconocían que puede haber habido problemas de comunicación con los inquilinos, pero al menos tenían una explicación que, si a la larga es verdad, es bastante satisfactoria. Sería ideal que para los vecinos también hubiera sido tan sencillo tener una explicación... y de paso, un contrato de alquiler, que además les hubiera garantizado ingresos a ellos durante los años que se han quedado sin pagar y amenazados de expulsión.

Pero no solo los grandes fondos son, además de opacos, crueles. La Comunidad de Madrid, tal y como contaba esta semana la compañera Lourdes Barragán en Somos, desahució esta semana a una familia con tres menores, uno de ellos con síndrome de down, en Moratalaz. No pagaban, pero habían pedido negociar un alquiler social. La comunidad decía que se les había ofrecido alternativa, pero la familia, cinco personas, asegura que se trata de una habitación.

Y mientras Dulce y centenares de desahuciados en España andan buscándose la vida entre sofás de familiares, pensiones o tiendas de campaña en parques, algunos porteros de Madrid se hacen de oro con las comisiones que los agentes inmobiliarios les dan por dar la voz cuando un piso queda vacío. Lo contaba esta semana la periodista Lucía Franco en El País en la otra cara de la moneda: como una crisis social y económica hace que unos pocos se forren.

El dato

1.154 €

Es el precio del alquiler medio en Canarias, según un informe del Observatorio del Alquiler reflejado por los compañeros de Canarias Ahora. Lo llamativo de la cifra es que se da en una de las comunidades con los sueldos más bajos de España. El sueldo medio es de unos 25.000 euros brutos, que se queda en unos 1.400 euros netos mensuales, pero si tenemos en cuenta que el promedio se saca contando los sueldos más altos también, es más afinado mirar cuál es el sueldo más habitual y este se sitúa cerca del SMI, que es de 1.200 euros.

Canarias es la cuarta región con mayor presión turística de Europa. En un espacio de apenas 7.447 kilómetros cuadrados, repartidos entre sus ocho islas habitadas, se registraron alrededor de 13.000 noches reservadas en viviendas turísticas por cada 1.000 habitantes, casi el doble que en comunidades como Andalucía o la Comunitat Valenciana, lo que refleja la elevada intensidad del uso turístico del territorio en relación con su población residente.

Poder privado

El sector inmobiliario se pasa media vida denunciando que les espanta “la inseguridad jurídica”, especialmente en Catalunya, donde al parecer el tope de precios (que permite alquilar pisos a 1.000 o 1.500 euros, no te vayas a creer) les expulsa y les asfixia. Pues bien, leemos en Ejeprime que la inversión inmobiliaria en Catalunya ha sido de 1.500 millones entre enero y junio de este año. Es verdad que la mayoría es en oficinas y que entre el living, como han rebautizado a la vivienda para fingir que no se lucran con la crisis, destacan las residencias de estudiantes, otra forma de esquivar la ley de vivienda sin ni siquiera tener que utilizar los feos eufemismos de flex living o coliving.

Poder público

Siguen las negociaciones entre el Gobierno y los partidos para aprobar un nuevo decreto que modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos. Debe blindar una nueva prórroga de alquileres y acabar con la trampa de los alquileres de temporada y de habitaciones para burlarse la ley, a cambio de ventajas fiscales exigidas por Junts. Lo contaba en entrevista con Daniel Ríos en elDiario.es el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

El ruido de la calle

Si la semana pasada una buena amiga me contaba, confusa y llorando, que gracias a la herencia de su padre se podría comprar un piso, esta semana otra conocida me explicaba que ella ya lo había hecho. Cuando le expliqué el caso anterior y la contradicción que suponía para mi amiga, me respondió con una sonrisa un tanto cínica: “Se le pasará”.

Por otra parte, se habla mucho de vivienda en la hora de la comida en elDiario.es. El otro día, una compañera explicaba, a raíz del reportaje antes citado que ha publicado El País, que algunos porteros y conserjes usan directamente chalecos de las inmobiliarias. Son sus grandes dealers.

El lector denuncia (o consulta)

Un lector pregunta si una comunidad de vecinos está obligada a instalar un ascensor si lo solicita un solo vecino. Y la respuesta es que sí si este tiene problemas de movilidad o más de 70 años, pero si nadie más lo acepta, la comunidad no está obligada a pagarlo. De hecho, me contaban esta misma semana de un bloque de pisos donde solo tenían llave del ascensor quienes lo pagaron, hasta el punto de que le negaron a un enfermo de ELA la llave porque, años atrás, su familia no había pagado por él.

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Me despido entre calores y sofocos cordobeses, encaramado al ventilador. Aunque debo decir que las casas antiguas, donde pasos estos días es del siglo XVIII, aíslan mucho mejor del calor de la calle. No hay quien salga al exterior.

Esta semana, el debate público sobre la vivienda no lo marcó una noticia, sino una información publicada por el fabuloso equipo de datos de elDiario.es. Mostraba el recorrido desde quién paga hasta quién cobra los 28.000 millones de euros que se pagan en alquileres cada año, ojo, el doble que hace una década.

Mientras algunos pronostican la muerte del periodismo, Twitter se convirtió una vez más en una barra de bar donde la gente casi llegaba a las manos virtuales por la interpretación de unos gráficos. Un sueño o una pesadilla según cómo se mire. Como las mejores discusiones de si Messi o Cristiano, unos destacaban que lo importante es la diferencia de renta porque el 10% más rico de la población cobra casi la mitad de los alquileres. Y otros apuntaban a la cosa generacional, porque el 53% de los caseros tiene más de 55 años y solo un 11% menos de 44, al revés que lo que sucede con los inquilinos, mucho más jóvenes.

Creo que negar la brecha generacional entre inquilinos y caseros, pero sobre todo entre inquilinos y propietarios, es negar una evidencia demasiado clara. Solo hace falta que mires a tu alrededor y cuentes cuántos menores de 40 han comprado un piso y cuántos de sus padres lo han hecho. Pero creo que quienes inciden en el asunto de la riqueza no lo hacen porque nieguen esta realidad, sino por la sospecha de que hay quien usa la cosa generacional para rehuir los argumentos de clase.

Algunos motivos hay. Hubo quien dijo que ser del 10% más rico, o sea cobrar más de 60.000 euros netos al año, es “fácil” (que alguien me cuente cómo). ¿Es eso un poco de sentimiento de culpa de rico? Y también quien dijo que, claro, es evidente que los más ricos son los que cobran más alquileres. El “ya lo sabía” es un mal común en los foros que cuestionan al periodismo, es esa gente que ve la noticia en que el dueño muerda al perro y nunca en que el perro muerda al dueño. Y es un buen antídoto a la acción transformadora.

Pero no, poner cifras a una realidad nunca está de más, por obvia que pueda parecer. Y la muestra es el revuelo que generó.

De la misma forma que tiene poco sentido avalar a los jóvenes que van a comprar su primera vivienda independientemente de las ayudas familiares que pueda tener y no a alguien de 55 que no ha podido ahorrar hasta ahora, no es justo culpar a las generaciones anteriores a la nuestra de haber podido comprar una vivienda.

No tendría sentido cogerle manía a mi padre porque pudo comprar un piso digno en una ciudad periférica a un precio que su bajo sueldo le permitió sin grandes filigranas. Cualquiera de nosotros haría lo mismo, el problema es que sea imposible hoy comprar o alquilar.

Entiendo que a quienes se indignan con aquellos que destacan la brecha de edad por encima de la de riqueza les preocupa que se desvíe la agenda económica hacia una identitaria. Como hay quien culpa a los inmigrantes y los quiere echar, a quien culpa a los mayores podría ocurrírsele rebajarles las pensiones.

Lo mismo sucede cuando se señala el poder de los fondos y socimis, el peso de los pisos turísticos o los de temporada. Las patronales y los políticos y economistas que defienden sus intereses dirán: son pocos. Y no mienten del todo. Son pocos por separado, pero vas sumando una y otra práctica del sector inmobiliario, y las comisiones de las agencias, y la revalorización de los inmuebles y la tajada que van sacando unos y otros y no, no son tan pocos.

Y es verdad que existen muchos caseros particulares que acaban especulando como un fondo internacional, no acabo de compartir la opinión de aquellos que defienden al idílico Paco o María José, que tiene solo un piso y lo pone a un precio asequible porque ni siquiera sabe cómo está el mercado y prefiere al inquilino de confianza de toda la vida que ganarse un pastón. Existe, pero es una especie en peligro de extinción.

“Es normal”, “son pocos”, “la mayoría son caseros particulares y no grandes tenedores”, “hay que construir más” o “el problema es generacional” son frases aparentemente inocuas que ni siquiera son mentira. Pero distraen la atención de aquello que está asfixiando la vida en las ciudades: que la vivienda se pueda poner al precio que uno quiera y especular con ella como si fuera una criptomoneda. Y esto es algo que los fondos de inversión y multipropietarios hacen de maravilla.

Con los multipropietarios, por cierto, se abre otro debate infinito. ¿Dónde empieza el gran tenedor? ¿Dónde empieza la especulación? Mientras que las voces más ortodoxas señalan que el gran tenedor debe de tener poder sobre el mercado y por tanto como muy poco contarse a partir de las diez viviendas, hay quien pone el foco en el hecho de que quien tiene una vivienda propia y dos alquiladas ya puede cobrar bastante más de las rentas de otros que de su propio trabajo.

Pocos días después de que se publicara este reportaje de datos, el Ministerio de Consumo y el CSIC publicaron un informe que sitúa la renta anual mediana de los inquilinos en 21.335 euros, la de los caseros más del doble, 50.000 euros de media, y la de quienes tienen dos o más viviendas casi cuatro veces más, 80.0000 euros anuales de mediana. Los que alquilan 4 pisos o más llegan a cobrar más de 200.000 euros al año.

Las diferencias son todavía más acusadas cuando se analiza la riqueza acumulada. Los hogares que viven de alquiler cuentan con un patrimonio neto mediano de apenas 2.217 euros. Entre quienes son propietarios de su vivienda habitual la cifra asciende a 193.919 euros, lo que supone una riqueza casi 90 veces superior. Los multiarrendadores acumulan de media 996.826 euros de patrimonio, 450 veces más que los inquilinos. No hay brecha de edad que pueda siquiera acercársele a esta.

Dejo la pregunta abierta y también me dejo por escrito para que no se me olvide un tema para el futuro: el de las rentas del capital y las rentas del trabajo y sus respectivos tributos.

El dato

258

Es lo que han crecido las pernoctaciones en pisos turísticos en la Comunidad Autónoma donde más ha aumentado, Galicia. La descentralización y desestacionalización del turismo en España hacia lugares y momentos más frescos no implica un reparto mejor, porque incluso allí donde menos crecen las pernoctaciones lo hacen un 40%. Y han tocado récord, en España y Europa, pese a los intentos de regulación y un cambio climático que exige reducir vuelos, según las cifras de Eurostat publicadas por elDiario.es ayer.

Poder privado

Un informe de Savills cifraba este jueves en 3.800 millones la inversión inmobiliaria dedicada al alquiler del año pasado, con el flex living, como llaman al alquiler de temporada gourmetizado que se salta la ley de vivienda a precios por encima de mercado, ganando protagonismo.

Gran parte de la inversión, 1.600 millones, uno de cada tres euros, va destinada a la privatización, o sea, a compra de pisos de alquiler para venderlos unitariamente. La “rotación de activos” es una de las claves de estas elevadas cifras. O sea, fondos que entran con dinero, a veces alquilan, y después venden a precios mayores. Especulación pura para asfixiar aun más al ciudadano. La rotación forma parte también de la estrategia de Avalon, que la aplica incluso en los pisos del Plan Vive que gestiona y que tiene a los inquilinos indignados. Los inquilinos no podrán participar de esta venta. La semana pasada explicamos quién hay detrás de Avalon y las gestoras del Plan Vive, mientras que el consejero de Vivienda de la Comunidad respondía hace unos días a las quejas que “nadie está obligado a permanecer en sus casas”.

Poder público

Del Ministerio de Vivienda no se puede decir que haya conseguido revertir la crisis de la vivienda. Al contrario, tres años después de su creación, los precios de alquiler y de compra están en máximos históricos, no se ha construido demasiada vivienda pública (aunque todo apunta a que empezará a hacerse en los próximos años) ni se ha comprado vivienda usada para poner a precios asequibles.

Pero si los intentos del equipo de Isabel Rodríguez por escapar de esta crisis han sido hasta ahora del todo insuficientes, los esfuerzos del PP han ido destinados básicamente a torpedear cualquier mejora. En las Comunidades Autónomas donde gobierna, que son mayoría y tienen las competencias en vivienda, los precios han subido más que donde se han topado los precios. Los que sí lo han hecho, Navarra y Catalunya, que anunció en un acto de elDiario.es que prorrogará las zonas tensionadas, han conseguido contener más las subidas de los alquileres y los de compra han subido mucho, pero menos que en Madrid, por ejemplo. Desde Valencia, se puso un recurso al registro único de pisos turísticos y de temporada que el Supremo aceptó y que reduce el combate a los pisos ilegales. El BOE publicó el jueves 40 resoluciones contra apartamentos que no cumplen la ley pero que no tendrán efecto por esta sentencia.

Tampoco le pareció bien al PP el Plan Estatal de Vivienda, que prevé destinar 9.000 millones hasta 2030 para vivienda pública y otras ayudas. Bueno, aceptó el dinero y, enseguida, Extremadura y Madrid pusieron recursos al Supremo en contra de las condiciones impuestas: una cofinanciación al 60-40%, la vivienda protegida indefinida y compartir datos fiables de precios del alquiler. El miércoles, el Ministerio anunciaba que ha enviado la documentación a las Comunidades para que dejen por escrito que aceptan estas condiciones. Habrá que ver cómo prosigue su política de “a Dios rogando y con el mazo dando” del PP cuando acepte las mismas condiciones que ha recurrido a los tribunales.

El ruido de la calle

Una buena amiga me contaba hace unos días, con lágrimas en los ojos, que con la repentina muerte de su padre recibiría una herencia que no esperaba y que le permitirá comprarse un piso este año, algo para lo que se estaba empezando a plantear ahorrar a unos cinco o diez años vista. Lo contaba con un claro hastío y sentimiento de culpa, con el luto todavía en sus primeros días y cierta incomprensión sobre cómo algo tan desagradable y traumático podía a la vez solucionarle una de las mayores preocupaciones que tenemos: la vivienda. Albert Pla contaba en una entrevista reciente, también, que la mayoría de sus amigos han dado recientemente un salto en calidad de vida al morirse sus respectivos padres.

El lector denuncia (o consulta)

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Me despido de nuevo: buenas vacaciones a quienes se vayan y buen aire acondicionado a los que sigan trabajando en la oficina. Si trabajas en exterior, recuerda que tienes derecho a parar con temperaturas extremas.

Un buen día, Fanny llegó al psicólogo con la camiseta del Sindicato de Inquilinas y la terapeuta le preguntó qué pasaba. Llevaba años visitándola y, con problemas con su hijo adolescente y un cáncer de mama, ni siquiera se había preguntado si su situación con la vivienda le afectaba a la salud mental. Bastante tenía con lo otro.

Fanny, enfermera, es inquilina de un piso que fue público y por el que pagaba con su exmarido 590 euros, con dos habitaciones. Luego en 2013 Ana Botella vendió estos bloques y pasaron a manos de Blackstone. “Ya no sabíamos qué iba a pasar”, relataba. Y les subió el precio del alquiler cada vez más hasta casi duplicar y pagar a día de hoy 987, ya sin el exmarido porque se han separado, con dos hijos y con el cáncer.

En marzo de este año, Brookfield compró a Blackstone estas viviendas y ella se aferra a la prórroga extraordinaria de alquileres, porque su contrato vence en junio, pero sabe que su nuevo casero quiere vender todos los pisos y vive con la incertidumbre de no saber cuándo tendrá que abandonar su vivienda ni adónde irse, porque sus hijos no quieren irse de Carabanchel.

Fanny llegó a medicarse por la ansiedad, “estaba con muchas cosas, no podía dormir”, entre la tensión con el hijo, el cáncer, los apuros económicos y el problema de la vivienda. “Yo iba por mi problema con el cáncer y por la tensión con mis hijos, pero la psicóloga me dijo que la vivienda también afectaba”.

La venta de vivienda pública y la forma de exprimir los precios de un fondo internacional impactó directamente en la salud mental de Fanny. Y también de Cristina, cuya historia pudimos contar junto a Marcos García Santonja y Juan Luis Sánchez en un podcast sobre vivienda en directo en el FLIC del pasado sábado.

Cristina, vecina de Fanny, añadía que no tenía dinero para pagar un psicólogo y que los de la sanidad pública están saturados por la falta de personal. El precio del alquiler también impide a muchos optar por la terapia.

El pasado 19 de junio, Guillermo Martínez contaba en un reportaje cómo los problemas de vivienda generan ansiedad, estrés e irritabilidad y te llevaban al psicólogo. En él, la psicóloga Irene Moulas contaba que los desahucios se viven “como un duelo” y que “es de las realidades más estresantes que alguien puede experimentar”. También contaba la angustia de un joven de 32 años que vivía en casa de sus padres porque los pisos que podía pagar volaban y no podía llegar a verlos.

Los espacios de unión como puede ser un sindicato de inquilinas pueden ayudar a aliviar los sentimientos de estrés y soledad. La terapia también puede ayudar, pero como es lógico la terapeuta Purificació Párrago decía que los psicólogos no van a solucionar el problema de la vivienda.

Los alquileres han duplicado su precio en muchas localidades en la última década y la compraventa ha subido un 81% en estos años. Un estudio reciente de Oxfam vinculaba directamente el sobreesfuerzo en vivienda a los problemas de salud mental. Así que la falta de acción de las Comunidades Autónomas, sobre todo, que son quienes tienen las competencias, pero también del Ministerio de Vivienda, pueden llevarte al psicólogo junto a la voluntad de lucro de caseros, inmobiliarias, fondos y vendedores de pisos. Mientras tanto, España recauda un 6,9% de sus impuestos con la vivienda, a la que tan solo dedica un 1% del gasto público.

El dato

52.000 millones

Es lo que recauda España en impuestos con la compraventa de viviendas, cifra que contrasta con los 7.000 millones de gasto público que le dedica a la vivienda pública, siete veces menos.

Poder público

La ministra de Vivienda anunció el lunes que aprobará un nuevo paquete de medidas para paliar los problemas de vivienda. Regulará pisos de temporada y de habitaciones para evitar los fraudes de los caseros, subirá el IVA a los pisos turísticos y bajará el IRPF a quienes pongan la vivienda a precios asequibles. Falta ver si tendrá el apoyo de Junts, siempre duro de roer y al que quiere convencer incluyendo algunas de sus peticiones fiscales.

También incluirá nuevas prórrogas para los contratos de alquiler, con lo cual puede dar un poco de calma a los miles de ciudadanos que pidieron la anterior mientras estuvo en vigor y que, según contó recientemente una magistrada del Supremo, no las tienen todas consigo.

Lejos de España, pero con influencia mundial, el alcalde Mamdani limitó los precios del alquiler en Nueva York: podéis escuchar los detalles en uno de los últimos podcasts de 'Un tema al día'.

Poder privado

En un encuentro de la patronal inmobiliaria, dos asociados se congratulaban de que Madrid “está muy bien” y “es un oasis” porque no se aplican las regulaciones al alquiler de temporada y de habitaciones ni los topes a los precios que aplica Catalunya. Queda claro que no es un oasis para sus vecinos, que ven cómo no solo es uno de los puntos de España donde más cara es la vivienda, sinó también donde más suben los precios tanto de alquiler como de venta.

Mientras tanto, las empresas siguen apostando en Madrid por el flex living, vivienda de temporada con tintes de lujo y precios por encima de mercado. Leemos en Ejeprime que Gmp abrirá con la ayuda de la constructora San José 195 habitaciones y estudios en 20.000 metros cuadrados en Sanchinarro. Sumando esa promoción a Valdebebas aspira a tener 724 unidades. A ello sumará 270 en Alcobendas. Miles de metros cuadrados de suelo que podrían servir a familias con problemas para acceder a la vivienda irán destinados a expats o personas con una necesidad temporal, tensionando aún más el mercado. Y sin pagar impuesto de sociedades porque Gmp es una socimi.

En las redes

Esto me ha hecho gracia

El lector denuncia (o consulta)

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Me despido por esta semana.

Estos días hablar de hogar es hablar de cómo se pasa el calor extremo en tu casa. Gente sin aire, gente con aire, ventiladores de techo, ventanas abiertas o cerradas copan la conversación. Si el concepto hogar va asociado generalmente a calidez, ahora queremos lo contrario: fresquito.

Llevo pocos meses en Madrid y decidí buscar piso compartido, para ver si ahorro y un día me cuelo en la estadística de las compraventas inmobiliarias, 50.000 al mes se cierran aunque han caído. Por ahora aparezco en las cifras de las personas que alargan lo de compartir piso más allá de los 40. Ya somos el 20%, según un estudio de pisos.com.

Y cuando uno se pone a buscar, sea piso o sea habitación, la competencia es tan voraz que, si te urge encontrar casa, tu filtro para elegir no es muy alto: que tus compis sean majos, que haya luz natural, que el piso no se caiga a cachos. La cuestión es que con este mercado salvaje, uno no tiene como ponerse exigente y condicionar su nuevo hogar a que tenga aire acondicionado y piscina.

Pues bien, ahí me tengo que considerar afortunado. Porque yo no lo sabía, pero al llegar a mi piso compartido comprobé que tiene aire acondicionado (bueno, y piscina, esto sí que lo sabía y la verdad es que es un lujo, lo menciono casi cada día porque nunca antes). Pasé una noche de martes horrible porque no lo pusimos, pero me recuperé bajo su brisa mientras escribía este post. No como el 33% de la población, que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en verano, según Greenpeace. Más que en invierno, aunque la pobreza energética sigamos viéndola asociada a los días de frío. Entre los más vulnerables, ese porcentaje se dispara al 53%. Madrid, Extremadura o Murcia superan el 60% de familias vulnerables que no pueden.

Pienso en las personas con problemas cardiovasculares y económicos. Solo se me ocurre que brigadas de instaladores de aires acondicionados se desplieguen para poner allí aires acondicionados. ¿Cuántas personas mayores morirán este verano por no contar con un aire?

Y pienso en las personas que buscan piso ahora. Con lo difícil que es encontrar cuatro paredes y un techo, estás para exigir aire acondicionado. Pero llegar a un hogar y pasar calor en las primeras noches te puede llegar a poner de muy mal humor. Y si tienes la suerte de tener aire, por si no fuera poco el precio del alquiler o de la hipoteca, lo difícil que es dejar de pensar en cómo vendrá la factura de la luz. Y ahí vive atrapada gran parte de la población, entre la pobreza energética y la emergencia de la vivienda.

Hay otras fórmulas, pero creo que menos eficaces que el aire acondicionado, durante las olas de calor. A mí el ventilador de columna siempre me ha ido de maravilla y voy a ver si me hago con uno para poder dormir sin aire. Pero tendrán que quedar disponibles en las tiendas, que viven verdaderos vendavales de compra de estos electrodomésticos.

Y luego está el aislamiento de las ventanas y una cosa muy española que consigue protegernos del impacto del sol para calentar las casas: las persianas. De esto me advierte la periodista Andrea Arnal, experta en cambio climático, que me da una idea que me guardo para hacer durante el verano sobre la importancia de este invento.

Los relatos de pobreza suelen tener momentos de pasar frío en la vivienda. Pero pasar calor en tu propia casa es una normalidad que va más allá incluso de las familias vulnerables y la protección a estas personas es lento e insuficiente.

El dato

7.726.708 son las viviendas no principales que hay en España. Cuando hablamos del déficit de 750.000 viviendas con respecto a la creación de hogares, una parte bien podría saldarse movilizando alguna de estas, que incluyen turísticas, segundas residencias y vacías, según el Observatorio del Ministerio de Vivienda. Son el 28,6% del total de viviendas en España y aunque se han reducido en los últimos años, desde 2002 oscilan en un porcentaje cercano al 30%. Entre ellas hay 341.000 viviendas turísticas en España, donde caben 1,7 millones de personas, un 10% menos que el año pasado.

Poder público

El PP sigue apretando a la Ministra de Vivienda en el Congreso y en el Senado mientras mantiene una política cuanto menos errática de vivienda en las Comunidades que gobierna, que son mayoría y es donde están la mayor parte de las competencias. Los precios no bajan más en estos territorios donde no aplica los topes al alquiler de la Ley de Vivienda y además, en Madrid, la vivienda asequible deja de serlo cuando se suman gastos inflados de comunidad, IBI, garaje obligatorio (a veces dos plazas para una persona) por encima del mercado y trastero. Es una realidad que atraviesa todos los bloques del Plan Vive.

No es que el Ministerio de Vivienda, que cumple 3 años en noviembre, haya mejorado la situación de la problemática que le da nombre. Al contrario, está peor que nunca y los precios no han parado de subir, si bien es cierto que se han contenido donde se ha aplicado el tope al alquiler. Pero en cualquier caso, la estrategia del PP de aceptar el dinero del Plan Estatal de Vivienda, aplaudido por el Banco de España aunque insuficiente para la mayoría de expertos con los que he hablado, y luego recurrir al Supremo las condiciones que no le gustan sigue siendo una estrategia del ruido por encima de los ciudadanos. Esta semana Extremadura, Andalucía y Madrid han registrado sendos recursos al Supremo porque, denuncian, el plan de cofinanciación vulnera competencias autonómicas.

Se cumplen también dos años desde que se registró en el Congreso la propuesta para regular el alquiler de habitaciones y de temporada, una vía de escape para esquivar las leyes de alquiler de la LAU y poner la vivienda a precios por encima de mercado y sin protección para los inquilinos. El propio Pedro Sánchez reconoció la urgencia de aprobar esta ley el pasado mes de enero, pero ahí sigue, paralizada.

Poder privado

¿Quién quiere centros de datos? El último boom tecnológico e inmobiliario, que crece al calor de una Inteligencia Artificial que flirtea con hacer estallar una burbuja, hace subir los precios de la luz y de la vivienda. Lo explica Antonio M.Vélez en esta noticia a partir de una investigación de Yale y Chicago. Lo que nos falta.

Booms como este responden a la innovación tecnológica. Otros, como el de vivienda, se aferran al desequilibrio entre la oferta y la demanda. O sea, una crisis, un momento de tensión, es una oportunidad para lucrarse. En su tendencia por contarlo todo en inglés, el sector inmobiliario ha invertido 471 millones en healthcare en el primer trimestre en Esapaña, cuarto mercado europeo. No es que sea negativo que vaya a haber más residencias de ancianos o hospitales privados, pero sí que habrá que estar atento a cómo avanza la privatización de la salud y a si la inversión pública en sanidad (con un modelo de control de calidad mejor que el de las residencias concertadas) también se pone las pilas.

De inversión inmobiliaria se habló también en una jornada de Culmia que me dejó bastante sorprendido. A la empresa inmobiliaria de promociones de obra nueva, que factura 480 millones al año, no se le ocurrió otra cosa que convocar la presentación de un informe sobre vivienda en una iglesia. Era todo muy extraño, entre luces doradas y con el título 'Golden years'. Lo son, de hecho, para estas empresas, pero no para quienes sufren la asfixia del alquiler o la presión de la hipoteca.

En las redes

Hay gente que no tiene vergüenza. Y en otro nivel están algunos promotores inmobiliarios como Julio Alcalde, CEO de Élite Inmobiliaria, vendiéndote esta azotea donde hay que vivir agachado como si fuera una ganga. Y por 259.000 euros. He tenido que regalarle una visualización al TikTok original para comprobar si era una broma o era real.

El lector denuncia (o consulta)

Si tienes alguna situación con tu vivienda que quieras denunciar, lo investigamos. Si tienes alguna consulta, hablamos con un experto o experta e intentamos resolverla. Escríbeme sobre todo ello a vivienda@eldiario.es

Me despido por esta semana con el deseo de que bajen algo las temperaturas y podamos vivir sin estar pendientes de si podemos sobrevivir a salir a comprar el pan.

Soy Germán Aranda, redactor de Economía de elDiario.es. A partir de ahora, cada viernes publico 'Una casa para vivir', un nuevo boletín pensado para entender quién y cómo se enriquece y quién y cómo se empobrece con la vivienda, una preocupación o un negocio que se cuela cada día en nuestras conversaciones.

Subidas de precios, claves del mercado de compra, del alquiler, conflictos entre caseros e inquilinas, reivindicaciones, políticas públicas y abusos de empresas y fondos se asomarán por este boletín.

Un caso del que seguramente hayas oído hablar es el de Maricarmen, convertida en un símbolo de la resistencia frente a los abusos en la vivienda. Afronta con 87 años, pero fuerte y acompañada por el Sindicato de Inquilinas, el tercer intento de desahucio de la Policía Nacional por obra y gracia de la inmobiliaria Urbagestión, su casera, que le quería triplicar el alquiler hasta que quedara por encima de su pensión de 1.400 euros.

Estaba previsto para el próximo día 23 de junio, pero lo han aplazado por segunda vez, esta vez al mes de septiembre. Con su enérgica voz combativa en un cuerpo agotado por la misma lucha (se ha quedado sin poder caminar mientras combatía con la empresa), Maricarmen se ha convertido en el mayor símbolo de la absurda crisis de vivienda de este país, que afecta a la salud mental de jóvenes y mayores, y también de la lucha contra los especuladores y caseros abusivos que se lucran ante la permisiva mirada de todos los gobiernos. Para parar el desahucio, estaban incluso previstos conciertos en la calle de Rodrigo Cuevas y de Ana Belén, entre otros, con el fin de movilizar el máximo de gente.

Mientras, por otra parte, los diferentes gobiernos, autonómicos, central y municipales, avanzan a trancas y barrancas (y como pueden) en la construcción de vivienda pública, que ha registrado su mejor primer trimestre desde 2012, con 5.000 viviendas públicas finalizadas, la mayoría en Catalunya. Puede que tu soñada vivienda pública de alquiler asequible esté más cerca. La cifra no es para lanzar las campanas al vuelo porque los datos previos son muy bajos, pero hay que agarrarse a algo de esperanza en un país asfixiado por el precio del alquiler que imponen muchos caseros.

Parecieran el desahucio de Maricarmen y la vivienda pública dos realidades que no tienen nada que ver. Y de hecho nada las une directamente, porque el piso de Maricarmen, de renta antigua, es privado. Y siempre pudo pagar religiosamente. Pero una de las ideas que me defendían en la entrevista militantes del Sindicato de Inquilinas y la propia Maricarmen es que el Estado podría comprar esa vivienda, mantenerle un alquiler social y pasarlo al parque asequible cuando ella fallezca.

Que el Estado compre vivienda privada usada es algo que une a voces muy dispares. Lo ha defendido el Sindicato de Inquilinas, lo ha hecho el Govern con pisos de CriteriaCaixa en Catalunya y, en una conversación con él, incluso el presidente de la patronal FADEI, la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, me lo defendió como solución necesaria. Ellos ganan porque encuentran comprador y el inquilino gana porque recupera cierta seguridad en su hogar.

El Gobierno también está por la labor y adquirirá las casas de la Sareb para ponerlas en alquiler social a través de Casa 47. Además, busca pisos usados con una oferta pública de 100 millones de euros. Esta oferta la lanzó unos días después de que Brookfield comprara a Blackstone por 1.000 millones las 5.000 viviendas que en su día fueron de la Comunidad de Madrid y que dejaron de ser públicas en 2013. Ni Casa 47 ni el resto de administraciones pujaron por estas viviendas y las familias que viven en ellas están ahora amenazadas por un “desahucio invisible” cuando se les termine el contrato actual.

Si todo el mundo está de acuerdo en que es una buena opción, ¿por qué el Gobierno ha perdido la ocasión de salvar a estas 5.000 familias y está a punto de dejar caer a Maricarmen al no plantearse comprar su vivienda? O la de Mariano, que fue desahuciado por una orden religiosa después de que la ministra lo defendiera públicamente. Precisamente por lo que considera “inacción” ante el desahucio de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas le hizo un escrache a la ministra hace unos días.

Existen argumentos válidos en contra de estas compras. Los precios pueden estar por encima de mercado y, de alguna forma, se premia a quien lleva al inquilino al extremo y fuerza el conflicto.

Pero si los fondos quieren vender y el Estado quiere comprar, el derecho a la vivienda de esos inquilinos atormentados parece un argumento mayor. Tiene sentido que la vivienda pública sirva para proteger a personas amenazadas de expulsión. Sobre todo si utilizas el artículo 47 de la Constitución, ese que dice que la vivienda digna es un derecho, como nombre para la empresa pública.

Que ese artículo sigue sin respetarse lo demuestra también este reportaje de la periodista Raquel Lavara en la edición en la Comunitat Valenciana de elDiario.es, que cuenta el caso de una familia, formada por una pareja y un hijo con discapacidad de 18 años, empujada a vivir en una habitación para poder comer.

Menos cuidado con ese derecho aún tiene la Comunidad de Madrid, que directamente se ríe del concepto de vivienda pública. Otro día podemos hablar de cómo tiene que ser una vivienda pública. Pero sí sabemos cómo no tiene que ser: como el Plan Vive de Ayuso, gestionado por grandes fondos que cargan gastos a los inquilinos hasta que les toca pagar el doble de alquiler. Casa 47 ha anunciado que lo hará de forma diferente y los alquileres costarán como mucho un tercio del sueldo medio.

En contra del ánimo de lucro de los fondos, la vivienda cooperativa y las fundaciones sociales han alzado la voz para tener preferencia y facilidades en la construcción y gestión de estos pisos. Es una de las claves del éxito del trillado pero exitoso ejemplo de la gestión de la vivienda en Viena. El Gobierno quiere darles peso. Veremos cómo va, pero hace tiempo que es urgente.

El dato

394.827

son las viviendas públicas que han perdido su protección porque era temporal desde el año 1991, sobre un total de 1,5 millones construidas. En 2030, las antiguas viviendas públicas que habrán pasado al mercado privado serán más de 700.000, según una investigación de Civio. El objetivo de España es construir más de 15.000 viviendas al año, más las que sume de Sareb o pueda comprar de manos privadas para hacerlas de protección, por lo que difícilmente será suficiente para recuperar esas 700.000.

Poder público

El buen avance en 2026 de la construcción y la licitación de vivienda pública dan motivos para el optimismo, aunque se pueda perder más de lo que se construya en los próximos años con la protección que vence. Entre las buenas noticias a celebrar, esto dejará de pasar con las casas que construirán las comunidades autónomas con los 2.800 millones destinados a construcción hasta 2030 del Plan Estatal de Vivienda. La condición que ha puesto el Ejecutivo para entregar estos fondos es que la protección sea para siempre. Eso sí, esos 2.800 millones, pese a triplicar inversiones anteriores, se quedan lejos de resolver un problema del tamaño del de la vivienda.

Mientras tanto, quien sí que ha entregado vivienda pública es la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Y lo pongo en cursiva porque lo de pública es por llamarla de alguna manera. Tal y como publicó Diego Casado hace unas semanas en elDiario.es, unas parcelas para alquiler asequible entregadas por el Ayuntamiento de Almeida fueron usadas para que una cooperativa las revendiera explicando a los compradores que debían realquilarse la vivienda a sí mismos para que no perdieran su condición de alquiler asequible. A este caso municipal se suma que, como te contaba antes, los vecinos del Plan Vive del gobierno regional no ven nada de asequible en unas viviendas que duplican su valor con los gastos de comunidad, trastero, garaje e IBI con que les cargan las gestoras.

Poder privado

Hace un tiempo que se habla de que los grandes fondos de inversión internacionales están de salida en España. Ares Management, que controla Avalon, puso en venta sus viviendas del Plan Vive, pero lo hace en bloque, según publicó en mayo Cinco Días. En bloque compró también Brookfield a Blackstone las 5.000 que dejaron de ser públicas cuando las vendió Ana Botella (y algunos alcaldes de la región) en 2013.

Hasta que empresas como Brookfield no vendan, como pretenden, piso a piso los bloques que han adquirido, lo que habrá no será una salida de los fondos, sino un cambio de manos. Por otra parte, la consultora JLL avanzaba esta semana que España batirá su récord de inversión inmobiliaria, con 10.000 millones de euros. Hace un tiempo la ministra decía que empezaba a estar mal visto invertir en vivienda. Las cifras parece que no le dan la razón. De esos 10.000 millones, 4.375 irán destinados a 'living', como le llaman a la vivienda, en parte porque hay inversiones que no consideran vivienda, como el flex living o el coliving, habitaciones y pisos de temporada maquillados a precios muy por encima del resto. 176 millones han ido estos meses del año al flex living y 200 a residencias.

No solo los grandes fondos y los caseros se lucran con la vivienda. También inmobiliarias como Tecnocasa, que, como contamos en elDiario.es hace unos días, obliga a algunos clientes a contratar con su financiera la hipoteca si quieren comprar los pisos anunciados por la empresa, práctica ilícita según las asociaciones de consumo.

El ruido de la calle

Estos días, vengo hablando con gente que ha conseguido comprar piso en los últimos meses. En la mirada y el tono de voz se les intuye un alivio, un “objetivo cumplido”. Y eso que en muchos casos la han comprado lejos de donde viven y siguen viviendo de alquiler mientras alquilan la casa que han comprado. Me falta confianza para preguntar a cuánto la alquilan, pregunta que puede servir como termómetro ético de las personas. ¿Y tú, tienes un piso en propiedad alquilado? ¿Cuánto cobras a tus inquilinos? Te leo en vivienda@eldiario.es

En las redes

Dos cosas sobre vivienda me han llamado la atención estos días en las redes.

La primera es esta divertida propuesta con estética retrofuturista para que bajen los precios del alquiler: llenar Idealista de anuncios falsos a precios tirados.

La segunda: este tipo publicando su aportación sobre la vivienda aunque queda totalmente en evidencia al querer mandar a los trabajadores de Madrid a Extremadura si no pueden pagar su vivienda. De locos.

El lector denuncia (o consulta)

Si tienes alguna situación con tu vivienda que quieras denunciar, lo investigamos. Si tienes alguna consulta, hablamos con un experto o experta e intentamos resolverla. Escríbeme sobre todo ello a vivienda@eldiario.es

Me despido con el objetivo de hacer un boletín más corto y conciso la próxima semana. Espero que al menos el estreno te haya resultado interesante. Ya me dices cómo lo has visto. Buen fin de semana y muchos ánimos si estás buscando hogar.