Ya estamos con la cantinela electoral de precampaña y, por ahora, en clave vivienda, el PSOE bastante tiene con que le aprueben el decreto y empiece a dar resultado, con numerosas medidas que van de la protección al inquilino al impulso al parque público, aunque se quedarán cortas a la hora de atajar de lleno la crisis que vivimos. La ministra no quiso dar aún pistas en su último encuentro con los medios sobre qué otras medidas llevarán a la campaña. En cuanto al Frente Amplio y Podemos, aún falta que se asienten sus candidaturas y sus rifirrafes para que empecemos a escuchar sus medidas.

Al otro lado, ante la amenaza de que gane la derecha, sí que empiezan a sonar algunas medidas. Y no hay buenas noticias. Mientras que Vox ha insistido con vincular la inmigración a la crisis de vivienda, como hace con todos los problemas de España, el PP de Feijóo se ha sentido cómodo agitando bulos sobre ese miedo a la okupación que tanto espanta a algunos propietarios aunque el riesgo es ínfimo.

Que el PP haya encargado a Albiol un plan antiokupación y que ese sea el titular de sus propuestas de vivienda es una pésima noticia para las casi tres millones de personas que viven ahogadas por el alquiler.

Las medidas en materia de vivienda del PP se centran básicamente en tres patas que el PSOE ya ha ido avanzando a un ritmo mucho más lento del que necesitaba el país: las ayudas fiscales, subvenciones a la compra y construcción de “un millón de viviendas” en una nueva “España de los propietarios”. Ya lo dijo el franquismo: “No queremos una España de proletarios, sino de propietarios”. Aunque por mucho que bajen los precios o se moderen, el alquiler nunca va a desaparecer y debería ser un modelo de vida viable y estable.

Que ninguna de estas medidas va a tener un impacto a corto plazo es algo que reconoce él mismo, tal y como destacó en su cobertura el compañero Aitor Riveiro. Hasta que se construya el millón de viviendas que prometió, “vamos a pasar años difíciles”, dijo el propio Feijóo.

Sin contar con que la construcción de un millón de viviendas (no detalló cuántas serán públicas) puede moderar los precios pero no hacerlos bajar en picado y es difícil imaginar que los tres millones de personas que viven asfixiadas por el alquiler vayan a comprar una vivienda. En un mercado especulativo al alza en que la finalización de un contrato de alquiler permite subidas desorbitadas, no atacar este modelo contractual a corto plazo o los precios de mercado (todas las Comunidades del PP salvo Galicia se han negado) condena a los inquilinos al ahogo económico y les complica el ahorro para la compra de vivienda, cuyo precio también debería ser intervenido a estas alturas mientras no haya vivienda pública suficiente para competir.

Cuando el PP defiende que liderará una política de vivienda opuesta a la del Gobierno y le acusa del fracaso, esconde una realidad: que las principales competencias en vivienda las tienen las Comunidades Autónomas, donde el PP tiene un dominio absoluto, ya que gobierna en 13 de las 19 comunidades. Y no son, precisamente, las que tienen la mejor situación: Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía no son precisamente los mejores ejemplos.

Por otra parte, aunque la construcción, sobre todo de vivienda pública, debe jugar un papel clave en la recuperación de la crisis de vivienda, hay que andar con ojo. Una reforma de la Ley de Suelo que permita atrocidades en plena crisis climática puede ser contraproducente para la calidad de vida en una España que necesita espacios naturales. Pero es que además, los reparos de Podemos y Greenpeace a la propuesta del PSOE se veían avalados por la amenaza de pelotazos urbanísticos ilegales. Una reforma de la Ley de Suelo aún más permisiva con las empresas como la que puede proponer el PP puede ser nefasta. El pretexto de la vivienda, por urgente que sea, no puede servir para destrozar el medio ambiente o para alimentar fiebres especuladoras.

Las propuestas de unos y otros partidos se irán dirimiendo en las próximas semanas y PSOE y PP deben batirse en un debate de vivienda en breve. Pero mientras tanto, las calles y los sindicatos preparan la huelga general del próximo 11 de noviembre, motivada precisamente por la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas tiene una web activa muy intuitiva donde te puedes apuntar a hasta 240 actividades (por ahora) alrededor de toda España, tal y como contó Guillermo Hormigo este jueves. Las protestas del sindicato, además, se han contagiado a Portugal, donde la policía desalojó la principal plaza con acampada, pero los manifestantes desafían al poder, contó desde Lisboa Ruben Martins.

No pasa un día, entretanto, sin que salga algún informe o estudio que ponga cifras a la magnitud de cómo nos atraviesa esta crisis. A principios de semana, Oxfam publicaba un artículo que explicitaba que 770.000 trabajadores se vuelven pobres tras pagar la vivienda, una situación que afecta tres veces más a inquilinos que a hipotecados.

Otro estudio de la misma entidad citado por Gemma Barra en un reportaje de esta semana detallaba que la incidencia de problemas de salud mental se duplica entre quienes destinan más del 50% del alquiler. “Nos quitamos de medicinas para pagar la vivienda”, resumía el doctor en psicología y presidente de la Fundación Psicólogos sin fronteras en el texto.

Y este jueves, una encuesta de GAD3 apuntaba a que el 65% de los menores de 30 años necesitó ayuda para emanciparse, mientras que el 70% de las personas de la misma franja de edad renunciaron en alguna ocasión a una vivienda por no cumplir los requisitos.

El dato

700.000

Son las personas con trabajo que pasan a ser pobres después de pagar un alquiler, según un informe publicado esta semana por Oxfam.

Poder público

El Ministerio de Consumo ha exigido a dos plataformas que retiren 8.300 anuncios de pisos turísticos que se ofertan como alquileres de temporada, algo que contradice expresamente lo aprobado en el último decreto de vivienda.

Por otra parte, el Gobierno vasco ha comprado 510 viviendas protegidas a Blackstone en San Sebastián por 100 millones de euros, contó Iker Rioja. A un precio medio de 200.000 euros la vivienda en una ciudad donde un piso de 80 metros cuadrados cuesta de media 417.000, parece una medida de lo más razonable. Y, mientras no acelera la construcción, esa debería ser la fórmula a aplicar por todas las administraciones: comprar vivienda usada a empresas con muchos pisos para destinarla al alquiler asequible. Justo lo que no hizo Madrid con los pisos de Blackstone que perdieron su protección cuando se los vendió Ana Botella, y que ahora viven en vilo pendientes de cuándo el nuevo propietario, Brookfield, decida venderlos.

Poder privado

Mientras la pobreza de inquilinos sigue apretando, al otro lado se demuestra que los caseros con varias propiedades suben más el precio que los que alquilan solo una vivienda, según un estudio de EsadeEcpol.

Un ejemplo de mala praxis entre propietarios de varios pisos de alquiler, en este caso de la empresa BCN Housing, propiedad de Azora, lo encontramos en Barcelona y lo contó Pau Rodríguez. Los inquilinos denunciaban precios por encima de los topes de alquiler que se disparaban con los precios del IBI y de comunidad. Los pisos parecían de lujo, pronto se encontró otra realidad.

El lector denuncia (o consulta)

Cuéntame tu movida con el alquiler o la compra en vivienda@eldiario.es

Desde que el desahucio de Maricarmen, la acampada de Sol, los decretos y la convocatoria de elecciones pusieron la vivienda en primera línea de la actualidad, ha crecido mucho la comunidad de este boletín y me escribís cada vez más lectores. La muerte de Maricarmen puso un manto trágico a esta historia y dejó muy claro que los responsables de nuestro sufrimiento, incluso de nuestra muerte, son, en muchas ocasiones, las empresas, los caseros y el poder político que les permite abusar mientras su policía aporrea a estudiantes sin ningún sentido.

Yo os agradezco un montón los correos, porque una de las cosas que uno siempre se pregunta en estos tiempos de máxima interacción en redes es “¿quién hay al otro lado?”, “¿qué piensa el lector?”. Las respuestas te hacen sentir más acompañado en tu trabajo. Y en momentos sombríos, aun con briznas de luz como la acampada de Sol, eso reconforta más.

En los pocos meses que llevo en elDiario.es, un medio que rehúye del fatalismo tras la cantinela muy de periodista de “es que ya nadie lee los medios”, compruebo como nunca el impacto que tienen las investigaciones de mis compañeras y los textos que escribimos.

Entre los mensajes de respuesta al boletín, hay algunos de enhorabuena que reconocen mi trabajo y luego hay otros que comparten su historia mostrando cómo el problema de la vivienda nos atraviesa a todos. Hoy voy a repasar algunos de ellos y voy a inventar algunos nombres porque no he podido preguntar uno por uno si querían o no anonimato.

Mayteé Ortiz, que ella sí me ha dado permiso para usar su nombre, escribió dos correos en tonos totalmente diferentes sobre la situación en Cádiz. En uno contaba que las exigencias en la ciudad para tan solo visitar un piso de alquiler se elevan al absurdo: avales, exponer situación fiscal, etc. Creo que es algo que pasa en todas las ciudades.

“¿Cuándo se normalizó que para cruzar una puerta haya que abrir antes la intimidad económica de toda una familia?”, se preguntaba.

Y señalaba a dos propietarios con nombres y apellidos, que no voy a mencionar porque no he hecho la tarea de comprobarlo, que cierran puertas a inquilinos interesados que no presentan toda la documentación antes de la visita.

El otro correo de Mayteé era pura prosa poética sobre las sombras de Cádiz y su modelo residencial. Y lo voy a compartir entero:

“Cádiz huele a salitre y a trampa. Te venden el paraíso en una postal de barquitas en La Caleta, pero luego vas a buscarte un refugio, un pedazo de suelo donde tender la fatiga y mirar la tarde, y la isleta se encoge, como si el mar recuperara lo que prestó.

Aquí la vida digna dura diez meses. De septiembre a junio eres un ser humano con derecho a un colchón; en julio y agosto te tienes que volver humo para dejar paso a la marea tibia de los que solo vienen a consumir la sal. Porque llegan los que pagan la semana a precio de secuestro y los inquilinos de larga duración estorban. Los echan para hacer caja.

Mientras tanto, quienes administran la ciudad miran cómo se estrecha el lugar donde cabe una vida. Porque también se gobierna por lo que se permite: por las puertas que no se cierran, por las leyes que no llegan, por el suelo que se entrega al mejor postor. Cádiz se va llenando de camas para los que vienen y vaciando de casas para los que se quedan.

Nos piden tratar con extraños que se niegan siquiera a girar una llave si no exhibes tus cuentas, si no abres en canal las entrañas de la casa familiar, ni destapas la solvencia de quien te avala. Un certificado de pureza civil para cruzar un zaguán que ni siquiera has visto.

He visto nichos a precio de santuario: cajas de cemento donde la claridad no cruza el alféizar, habitaciones sin armario donde apenas cabe una cama estrecha, salones cuyo ventanal devuelve el golpe de un muro. Estancias que son la mitad de una vida anterior y pretenden costar mil euros.

Porque en la Cádiz de la especulación quien quiere un alquiler de 12 meses o compra el metro cuadrado a 3300 euros o está a merced de un dueño con una lista infinita de interesados, que prioriza funcionarios y residentes médicos.

Allá afuera la vida sigue desplegando su inmensidad sobre el mar, ajena a esta pequeña tiranía de pasillos oscuros y papeles timbrados. Pero qué difícil se vuelve sostener la belleza de un lugar cuando ya no hay sitio para quienes lo llaman casa“.

Otro correo muy interesante que muestra cómo los tentáculos de la vivienda también afectan a personas de mayores rentas era de una persona que trabajaba de directiva en una fundación, con un sueldo de 2.300 euros al mes. Se vio obligada a convivir con su pareja una vez separados y consiguió al fin un bajo con humedades para mudarse con su hijo en un pequeño pueblo por 925 euros. Explica que tuvo “la suerte” de competir en el alquiler con una familia afgana. Su sueldo entero se va en vivienda, salud, comida y gasolina. “No hay vacaciones, ni restaurantes, ni planes culturales como los de antes, ni ropa: la de mi hijo es toda regalada y la mía es la misma desde hace años. He vendido la moto y todo lo que no era imprescindible, y ahora vendo en Wallapop sudaderas de mi hijo a 5 euros”, contaba. Y después reconocía ser “consciente” de sus “privilegios”.

Entre los correos he recibido también algo que, en este tono más personal y menos periodístico que permite el boletín, creo que es importante señalar. Un agente inmobiliario, que es casero e inquilino, apoya gran parte de las medidas de los decretos y otras las cuestiona por los impactos que pueda tener en la población, no por cómo pueden perjudicar a un casero o al sector. Lo hace además sin ningún tipo de acritud ni con el tono alarmista de la patronal. Él teme que los contratos indefinidos serán contraproducentes porque los propietarios sacarán la vivienda del mercado. Y yo creo que es algo que tiene sentido (y que de hecho tiene que ir acompañado de la construcción de vivienda asequible y la compra de vivienda usada para tal fin) y que hay que plantearse, pero que a la larga tener un ingreso fijo que aumenta toda tu vida al ritmo de la inflación es una garantía estable como para estar conforme y satisfecho. Y es una sensación de hogar necesaria para el inquilino.

Otra persona, vecina de Málaga, explica que tiene un piso que heredó de 120 metros cuadrados alquilado por 400 euros a una persona que viene de una situación dura en su país de origen. “Y es ahí donde debería haber una respuesta de los particulares, que no necesitan ese dinero del alquiler para sobrevivir, y demostrar que la ciudadanía puede y debe apoyar a la ciudadanía”, cuenta. En otro correo, otro propietario que alquilaba su vivienda de 90 metros cuadrados por 1.000 euros en Madrid, por Puerta de Toledo, antes de venderla, contaba que era fácil encontrarse a gente, incluso de izquierdas, que le afeaban que “era tonto” por no poner el precio al límite del mercado.

Es importante detenerse aquí sobre quiénes son los objetivos y los responsables de la situación y matizar la “culpa del casero”. ¿Cuántos inquilinos no se convertirán un día en caseros abusivos si les sonríe una herencia? Seguramente bastantes, no todos, seguro, pero la experiencia nos enseña que no necesariamente aquel que ha sufrido una situación se vuelve luego más empático cuando se giran las tornas. Y a más de uno nos vienen ejemplos gráficos a la cabeza. Creo que los caseros abusivos, que son muchos, lo son porque hay una cultura del “sálvese quien pueda” arraigada en la sociedad. El poder y la propiedad tal vez no te hacen peor persona, pero sí que te dan más capacidad de dañar a quienes están peor que tú y, por tanto, hacen más evidente la falta de ética. Por eso existen leyes que intentan regular y limitar esos abusos de poder. Si estos llegan a límites que llega a sorprender que sean legales pero lo siguen siendo, es la ley quien falla.

Por eso no creo que alguien que sea propietario y tenga un piso en alquiler deba sentirse necesariamente cómplice de la situación. Alquilar una segunda propiedad es algo razonable y hacerlo como esta lectora de Málaga, a un precio inferior al mercado, es algo que incluso ayuda a tener una sociedad más justa y mejor. Porque la idea no es que todos seamos propietarios, sino poder elegir alquilar sin asfixiarse.

Pero mientras la cultura del sálvese quien pueda siga imperando, mientras la cooperación y la comunidad quedan apartadas, mientras la vida asfixie, los sueldos sean bajos y ganar dinero sea un objetivo, estaremos en manos del “buen casero”. Son muchas las personas que, en la protesta del 26s previa a la acampada y en otros contextos, al preguntarles por si situación de vivienda responden: “Yo tengo suerte, porque...”, y, generalmente, después viene una explicación sobre un casero benévolo, que en muchas ocasiones es conocido o familiar, o simplemente buena gente.

Me gusta ver también ese otro lado: si no fuera por esos caseros empáticos, aún estaríamos peor, porque aún queda algo de sentimiento de comunidad y de camaradería. Pero vistos los precios, la buena fe tiene un peso muy pequeñito en el mercado, aunque la mayoría de caseros sean particulares y no fondos ni empresas. Por eso las leyes deben cambiar y garantizar la sensación de hogar a un inquilino y unos precios que no te conviertan en pobre de una tacada.

El dato

43,6%

De las personas que viven de alquiler a precio de mercado están en riesgo de pobreza o exclusión social, según un estudio de la European Anti Poverty Network (EAPN).

Poder público

Repito el resumen del decreto de vivienda que pasé en el anterior boletín, que debe ser convalidado pronto en la Diputación Permanente y estará en vigor, al menos, hasta que acabe la legislatura. Podéis leer sobre él aquí, pero os resumo algunas medidas por si aún no lo habéis podido mirar antes:

Ayudas a la compra de vivienda: Hasta 50.000 euros de ayuda para pagar la entrada de la primera vivienda. Se devuelve cuando se acaba de pagar la hipoteca, o sea que en vez de una entrada, es una salida, y además se paga sin intereses en un máximo de hasta 10 años. Sale a poco más de 400 euros al mes si pides el importe máximo y lo devuelves en 10 años.

Poder privado

Publicaba estos días Sandra Vicente, compañera de Barcelona, que una finca de Barcelona inicia una huelga de alquiler para evitar que la propiedad convierta sus casas en colivings. El bloc Papallona, con fachada modernista en el barrio del Eixample, se planta ante la empres New Amsterdam Developers, que quería vaciar la finca para convertir los pisos en alquiler de habitaciones. Los vecinos denunciaron “presión psicológica” para echar a los inquilinos que ya se fueron.

Por otro lado, Facua ha denunciado a Idealista, Pisos.com, Fotocasa, Yaencontre y Milanuncios por no cumplir con el nuevo decreto de vivienda y no publicitar en sus anuncios el límite de precios en las viviendas de alquiler en zonas tensionadas ni si el propietario es o no gran tenedor.

En las redes

El lector denuncia (o consulta)

Cuéntame tu movida con el alquiler o la compra en vivienda@eldiario.es

Buen fin de semana.

Llega un momento que uno no sabe qué más contar. Estas semanas, especialmente, le llevan a uno al borde del colapso informativo. Desahucio de Maricarmen en camilla, manifestación, acampadas, decreto de vivienda aprobado, decreto de vivienda tumbado, elecciones, decreto de vivienda aprobado otra vez, y la muerte de Maricarmen. Fue un silencio la muerte de Maricarmen. Ni siquiera pudo cruzar la puerta de su casa para descansar allí en paz. Un silencio ensordecedor con un mensaje claro: es insoportable. Es insoportable que te puedan echar así de tu casa, es insoportable que vivamos tan esclavos, o tan feudales sí se quiere, al servicio de los landlords, que en inglés la palabra tiene más evocación medieval.

Me interesa hacer una reflexión sobre la cultura que hemos construido entre todos, en la que prima siempre el individuo y el lucro, ante la falta de una estabilidad o un horizonte de estabilidad, ante la disolución del concepto de comunidad y el debilitamiento del estado del bienestar, y una vida marcada por el moverse de un lado a otro, sin echar raíces, sea por la vivienda, por buscar trabajo o a veces también por la aventura. Los fondos de inversión los forman personas y, de buitres, hay muchos que no son fondos. Porque lo que tenemos es una cultura buitre. O, al menos, en parte, porque hay quien se empeña en demostrar que no todo está perdido.

Recibí un correo hace poco de una mujer propietaria, con un piso alquilado a bajo precio, a quien algunos conocidos le decían que era “idiota” por no subirlo a precio de mercado. No es la primera vez que lo oigo. Se lo decían amigos, conocidos, seguramente algunos con piso y otros sin, porque la cultura de sacar el máximo rendimiento no es cosa de pocos, hoy día, sino de la mayoría, incluido de muchos que se dicen de izquierdas.

Decía Ayuso el otro día, en respuesta a la acampada de Sol, que representa a una España “de vagos, de mileuristas sin sueños, que quieren seguir siéndolo” y la contraponía a los “que tienen un taller, los curritos”. Pasó de parecer Trump a parecer el friki del Llados y le faltó hablar de las “fucking panzas” y de levantarse a las 5 y media de la mañana. Tira de cultura Llados, de referentes 'bros' porque sabe que la calle se está moviendo y, con Palestina y con la vivienda, el sentido común está arrastrando hacia el lado contrario a lo que representa la derecha, aunque es verdad que las encuestas de voto aún dicen lo contrario.

Según el INE, un 60% de los trabajadores en España ganan menos de 2.000 euros al mes y son, por tanto, mileuristas. Y, por cierto, cerca de la mitad de los autónomos declaran menos que el Salario Mínimo Interprofesional.

La cuestión es que la cultura del criptobro, del inmobro, del inversor, del ludópata, del que elogia como esfuerzo apostar su dinero al mayor rendimiento sin importarle lo que haya detrás (una industria de armas, unas viviendas alquiladas a precios inasumibles) se impone y parece que no hay otra visión.

Uno de los mayores paradigmas de esta cultura buitre es lo del “piso con bicho”. Así le llaman en el sector inmobiliario al piso que se compra con inquilino dentro. El problema fue el día que “el bicho” de Urbagestión pasó a tener nombre. Y menudo bicho, Maricarmen.

En la acampada de Sol, me impactó mucho la cara de rabia que se le puso a Tobías, un chaval de 19 años con la camisa de camarero que llegaba del trabajo, cuando le hablé de Maricarmen. No sabía ni lo que era el 15M, pero insistía e insistía en la empatía y en ver más allá del dinero y de cada uno. También estudiaba Formación Profesional.

No se me ocurre nada más opuesto a personas “sin sueños” o “vagos” a quienes son capaces de acampar en una plaza para cambiar el futuro político del país. Tampoco creo que investigadores universitarios, médicos o profesores, como los que había, merezcan ese calificativo. De hecho, no se me ocurre personas más “sin sueños” que quienes tienen como único objetivo hacer dinero en la vida a costa de quien sea.

Pero es que tampoco los mileuristas sin estudios (o con estudios en el extranjero y que no pueden convalidar) lo merecen. El día que las cuidadoras del hogar, los camareros, los albañiles o los jornaleros paren, lo notaremos. Si los periodistas, los project manager, los arquitectos, o los asesores financieros estamos un par de días sin trabajar, a lo mejor nadie lo sufre. Lo digo simplificando, porque sé que puede que no sea así, para venir a decir que el clasismo de Lladós y Ayuso me repugna y que nadie ejemplifica mejor la vida con sueños que Maricarmen, el de quedarse en casa y luchar por un derecho, o los acampados a los que ella odia.

Cuando pienso en alguien con sueños y ambiciones, no me viene a la cabeza un tipo que trocea pisos para sacar el máximo rendimiento de una vivienda, a los que Ayuso pone la alfombra roja.

Me viene a la cabeza una madre soltera, migrante, que trabaja muchísimo y se emociona al explicar que su hijo va a la universidad. Y tal vez ese hijo vive con ella en una habitación en un piso compartido con otra familia. O tal vez ese hijo no ha llegado a la universidad porque se cansó de vivir en un cuarto con su madre y se puso a trabajar antes. Como hijo de mileuristas que ha ido a la universidad (y que aun así ha seguido siendo mileurista hasta casi los 40 años) y no ha parado de currar, me repugna todo discurso que relacione el bien con el lucro, porque en la mayoría de casos he visto más bien lo contrario.

Nada da más asco que el clasismo que tilda a la clase trabajadora o a los activistas de vagos. Solo da más asco y rabia que, encima, no tengamos donde vivir.

El dato

1.248

Son las tiendas de acampada que llegó a haber en Sol el 30 de septiembre. Se organizaron con calles para abrir el paso a quienes allí dormían reivindicando un decreto de vivienda que acabó haciendo saltar por los aires la vida política del país.

Poder público

Ya tenemos el decreto de vivienda, que convalidará la Diputación Permanente y estará en vigor, al menos, hasta que el próximo Gobierno lo tumbe, si se atreve. Podéis leer sobre él aquí, pero os resumo algunas medidas:

Poder privado

Estamos viendo una campaña muy interesante en algunos medios, o de Junts con aquel ridículo correo de la casera indignada, para victimizar a quien está haciendo pasta con el alquiler y la pobreza de la gente.

Lo que más me ha llamado la atención de esa campaña es el artículo que firma en ABC Helena Beunza, presidenta de ASVAL, la patronal de propietarios de vivienda patrocinada por Blackstone.

Después de haber sido Secretaria de Vivienda en el Ministerio de Fomento del PSOE entre 2018 y de haberse dedicado a la investigación y a la asesoría, ha decidido representar a los propietarios de pisos.

El artículo en ABC se titulaba 'Su piso sigue a su nombre, pero ya no es suyo' y en El Mundo publicó otro que decía 'Quien alquila su piso no es su enemigo'.

El relato, en el artículo del ABC, era el de un casero ahogado a impuestos que seguirán subiendo mientras los precios quedarán congelados. Aseguraba que, encima, al que ponga el piso al precio de mercado se le penaliza, cuando es al contrario: se podrá desgravar impuestos de la renta el que lo ponga por debajo de mercado, y así, seguramente, podrá cubrir otros como el IBI o las reformas.

También narró en negativo otra medida que busca proteger al propietario: “Hasta 2030, si el inquilino deja de pagar pero es una persona vulnerable y no tiene otra vivienda, el juez suspenderá el desahucio hasta que la administración le ofrezca una alternativa, y esa suspensión puede durar hasta tres años. Mientras tanto, la administración le compensará, pero solo por la renta que ha dejado de cobrar, los suministros y las costas del juicio, y deja fuera otros daños que la legislación civil reconoce con carácter general. Solo el propietario de dos viviendas o menos tiene una protección adicional”.

O sea, que en caso de desahucios la administración garantiza cubrir la deuda por impagos al propietario y su narrativa es que “solo” le compensará por eso.

“Si su inquilino lo pide, tendrá que alargárselo hasta dos años más, con las mismas condiciones. Solo podrá negarse si necesita el piso para usted o su familia, o si firma un contrato nuevo con una rebaja de renta de al menos un 5 %. Nadie le compensa por ello”, dice. Lo que parece querer decir Beunza es que una persona que vive de alquiler no debe tener derecho a vivir en él una vez se le acabe el contrato, que cualquier motivo debería valer para echarlo a la calle. El texto elude la ansiedad, la angustia y la pobreza a la que son condenados miles de personas que viven de alquiler por depender de contratos tan abusivos.

También se le olvidó poner ejemplos concretos de esos precios de mercado, entre 1.500 y 2.000 euros cualquier piso mínimamente decente para una familia en Madrid. Y de ahí podría empezar a descontar todo lo que quiera.

Hoy no os voy a hablar de vivienda. Creo que ya hemos tenido todos suficiente. Solo haré un breve comentario. Resumiré los decretos en que el segundo, el de las prórrogas indefinidas para siempre, podría ser revolucionario. Y el primero estaba bien pero era más bien temporal y dejaba dudas en el aire: ¿Qué pasa con los precios de mercado en las zonas no topadas? ¿El precio de compra no se toca? ¿Seguirá habiendo desahucios a personas vulnerables? Lo demás lo podéis leer en textos como este que escribí ayer y que tuvimos que tocar con el 'no' de Junts a última hora, bien entrada la noche.

Hoy os voy a contar cómo ha sido la semana, una de las más locas que me ha tocado cubrir como periodista. O quizás me remonto a unos meses atrás. A las visitas a las casas de Maricarmen y Paquita, dos mujeres ancianas a quienes sus caseros pretendían desahuciar. Las dos transmitían fortaleza y paz a la vez y entrar en sus casas era entrar en túneles del tiempo de enciclopedias antiguas y fotos de bodas y milis en blanco y negro, una sensación de túnel del tiempo y regreso a la infancia que seguro que habéis sentido cuando habéis ido a casa de vuestras abuelas. Casa. Hogar. ¿Existe el hogar?

Qué diferente la Maricarmen avispada y cañera que conocí con esa mujer que sacaron en camilla de su casa, que hablaba desde la cama del hospital en el vídeo del Sindicato de Inquilinas. Qué diferente y apenas la separan tres meses. A Maricarmen sus caseros, los jueces y las leyes no solo la han echado de casa, también han destrozado su salud, la han torturado. Y sin embargo hay quien cree, PP, Junts, Vox, que no vale la pena poner sus votos en proteger a gente como Maricarmen o como sus sobrinos, primos segundos o conocidos (sabemos que los cercanos seguramente lo tengan todo resuelto) cuyo hogar depende de un contrato que expira y con el que el casero puede hacer lo que le salga de las narices.

Perdón, he dicho que no iba a hablar de vivienda. ¿Cómo no voy a hablar de vivienda? La cuestión es que para mí todo empezó el pasado martes, 22, camino a The District, adónde me dirigía para intentar detectar las tendencias de los fondos de inversión, para conocer mejor cómo funciona la especulación, y me encontré cosas como ofertas para invertir en vivienda con beneficios de hasta el 101%. La idea en estas ferias para un periodista es intentar ver hacia adónde van las inversiones y contarlo, en nuestro caso con el espíritu crítico que caracteriza a elDiario.es. Una bomba fétida de unos manifestantes que irrumpieron para afear a Ayuso que estuviera allí un día antes del desahucio de Maricarmen empezó a cambiarlo todo. Ella reaccionó con indiferencia y siguió paseando con los inversores, presuntamente especuladores.

Fue un compañero de Somos, Guillermo Hormigos, quien pasó la noche acampado ante la puerta de Maricarmen y fueron ellos quienes cubrieron un desahucio que pasará a la historia. No porque fuera el desahucio más cruel o más duro, ¿quién determina cuál lo es?, hay miles año a año y todos esconden algún drama, enfermedades, familias rotas.

Pero fue un desahucio en camilla, televisado, y que llevaba siendo avisado desde hacía meses, hasta la ONU había pedido al Estado que lo cancelara. Y Madrid convulsionó. Con el desahucio de Maricarmen todo Madrid, y seguramente toda España, o al menos yo y mucha gente, entramos en una especie de estado de delirio incrédulo, no podía ser que aquello que habíamos visto hubiera sucedido, desde aquel día los días, las horas, los pensamientos, los sentimientos, los primeros frescos de la mañana y el calor se entremezclan en la memoria como un jet-lag musgoso y tropical.

La manifestación del sábado desbordó todas las expectativas, el Sindicato de Inquilinas se hizo mayor como el mayor movimiento social de España, y sus jóvenes portavoces a quienes tantas veces se ha infravalorado se convirtieron en actores políticos cruciales para el devenir del mayor problema de la sociedad. Y no solo ellos. En cuanto propusieron acampar en Sol, los rostros de ira se tornaron en sonrisas, la gente recuperó la ilusión, se sintió protagonista, enseguida supieron que estar allí acampados les convertía en actores políticos. Una manifestación de un par de horas, en verdad, no supone ya un modo de presión. Pasa.

Pero estar allí, en pleno centro de Madrid, ante el vaivén de todo el mundo, incomoda. E incomodó más porque la cosa creció de las 90 tiendas de la primera noche a las 2.000 de las últimas. El efecto viralidad de Instagram sustituyó al de Twitter que operaba en el 15M.

De la acampada al Congreso

Pasé la noche en Sol la primera acampada, después me volví a centrar en el decreto, en el Ministerio, en la parte de seguimiento de las políticas públicas. Es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, y que no todos los periodistas, porque depende de lo que te toque cubrir, lo pueden vivir. El pasar del barro, de la calle, a los pasillos de un Ministerio en cuestión de días, a veces de minutos.

En la acampada te contaban historias no solo de alquileres locos, pisos muy compartidos, inmobiliarias que querían comprar la casa al casero, sino que también había un gran sentimiento de empatía. Fue la palabra que usó Tobías, un joven estudiante de FP y camarero de 18 años que hasta con la camisa blanca venía y que ni sabía que era 15M. Vivía con sus padres de un alquiler pagado con estrecheces en Carabanchel, pero se notaba que a él le quedaba lejos emanciparse y que realmente no estaba allí porque le resultara insoportable la idea de no encontrar piso cuando lo intente. Lo que le resultaba insoportable era haber visto a Maricarmen y la sensación de angustia y frustración que crece por todas partes en torno a la posibilidad de una casa, los precios disparados, las goteras sin reparar, las fianzas sin devolver, las hipotecas que nunca finalizan, ¿adónde van? Alguien saca tajada.

“Si los demás están bien, es mejor para ti también”, me decía una manifestante propietaria con una lógica aplastante y diametralmente opuesto al barroco “cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político”. ¿Cómo se puede hacer para que la clase política siga conectando con la realidad y la simpleza en su mejor sentido sin perderse en los laberintos de la burocracia y de la apatía que han hecho que este decreto haya tardado seguramente ocho años más de los que debería?

Fue la acampada de Sol la que les hizo a todos correr por un decreto que llegaba muy tarde, con la mayoría de pacientes en la UCI, algunos muertos, como Olga, que se suicidó un mes después de un desahucio.

El lunes me fui a una rueda de prensa en que el Sindicato de Inquilinas lanzó las propuestas de su decreto Maricarmen, que exigieron al Gobierno. Después, me fui a ver a Paquita, otra anciana amenazada de desahucio, que salió de la mano del ministro Bustinduy a pedir cambios en la vivienda y “que se vayan los buitres”. Tengo que decir que, aunque Bustinduy es uno de los políticos que más respeto, no me gustó que saliera a su lado. La foto te la haces cuando tienes la solución, no antes.

El Gobierno ya había dicho que el martes llevarían a Consejo de Ministros un nuevo decreto de vivienda y de allí me fui a la redacción para escribir mano a mano con Dani Ríos, compañero de política, la previa del día de la aprobación del decreto. Llevábamos todo el día esperando conseguir el borrador del decreto y nos llegó a las tantas de la noche, y flipamos con que se quedara tan solo en medidas antidesahucios hasta 2030 y prórrogas del alquiler hasta 2028. Nos dieron las tantas escribiendo, pero una de las cosas más bonitas de estos días en la redacción ha sido compartir momentos, trabajo y también muchas risas, porque pese a los dramas la vida sigue, con los compañeros de política, de Somos y del podcast Un tema al día. Es muy fácil trabajar con ellos y coordinarse, como con mi sección, en la que Álvaro Celorio siempre ha estado al quite y Serafí Del Arco me ha dado la confianza y la tranquilidad que necesitaba en los momentos de crisis.

Aquella noche vi también la imagen espectacular de Amaia dándole el 'decreto Maricarmen' a Pedro Sánchez. Al día siguiente, en las horas antes del Consejo de Ministros, se aceleró la negociación con la presión de Sumar, que consiguió introducir en el decreto las medidas del Sindicato y crear un segundo decreto que convirtiera en estructurales las renovaciones de contrato cada cinco años convirtiéndolos prácticamente en indefinidos. Mi teoría (no lo toméis en serio, por favor) es que Sánchez abrió el decreto de Amaia y le pareció que estaba bastante bien y llamó a la ministra para decirle que le parecía bien que fueran todas las medidas y que por tanto bien podría haber acabado siendo uno el decreto Maricarmen y otro el decreto Amaia.

Total, que al día siguiente me tocaba ir al Consejo de Ministros. Unas semanas antes había entrevistado a la Ministra Isabel Rodríguez y, aunque fue una entrevista muy amable en las formas, fue dura en el contenido. Creo que fui duro porque el Ministerio tiene una gran parte de responsabilidad de que estemos así y la prueba es que este decreto haya tardado tanto en salir. Con voluntad política, habría salido antes. Que es muy difícil con el Congreso como está, pero no es mi trabajo saber cómo sacarlo, es el de ellos.

Entonces estaba allí, sentado frente al Consejo de Ministros, y la ministra se acordó de mí y me sonrío, me saludó, yo todavía andaba con el sueño medio girado de la noche en Sol y el impacto de la acampada. Y de repente estaba en el otro lado de la historia, el que decide, y ya ni siquiera era un extraño o un recién llegado, que al final solo llevo seis meses en Madrid y en elDiario, los he tenido que contar porque llevaba como cuatro meses diciendo que he llegado hace tres meses. La rueda de prensa fue un tanto estrambótica y la ministra tuvo que revolver los papeles, “vaya cacao llevo”, porque el decreto claramente no es que estuviera “por maquetar”, como dijo ella, sino directamente por escribir, como explicó después José Enrique Monrosi.

Martes, miércoles y jueves han sido días de encuentros con la Secretaria de Estado de Vivienda diseccionando el decreto, llamadas a expertos, vueltas y más vueltas a uno y otro punto, horas y horas de trabajo, ríos y ríos no de tinta porque ya no se imprime, pero de bits y letras. ¿Se dice bits aún? Todo para que al final llegue Junts y diga que va a votar en contra. ¿Puedo desllamar a los expertos que me han dedicado su tiempo? ¿Y si un lector tuvo esta semana tiempo para informarse de vivienda y justo a partir de mañana se le complica y se cree que el decreto es válido? ¿Puedo hacer que lo deslean? ¿O lo vuelvo a publicar otra vez poniendo delante “ESTO YA NO VALE”?

Que tumben este decreto, del que uno ha escrito tanto, que le ha hecho a uno volver a creer en el poder de las calles y las plazas, es como para que te coja Christopher Nolan y te rebobine a lo Tenet, como para que coja Michel Gondry y borre la memoria a todo el mundo que lo haya seguido para deshacer el trauma que puede generar la posibilidad de que esta lucha no haya servido para nada. Sobre todo porque ya tenemos el precedente del 15M. Y porque hay, como Paquita, miles de Maricármenes pendientes de desahucio y miles de personas hablando a su psicólogo, si es que lo pueden pagar, de lo que les angustia llegar a final de mes y la posibilidad de llegar aún peor cuando se les acabe el contrato del alquiler.

Imagino que, como tanta gente, andas con el desahucio de Maricarmen revoloteando por la cabeza o saliendo a cada rato en tu pantalla de móvil (así es el algoritmo), e incluso generando algún que otro nudo en el estómago.

Por una parte, impacta la inhumanidad de la empresa, Urbagestión, de los jueces y de todas, repito todas las administraciones, tanto el Gobierno, como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, han llegado a cotas que no imaginábamos. También de la policía. Las imágenes del policía gritando al otro lado de la puerta “va, Maricarmen, abre”, ¿Quién será? Y las imágenes de Maricarmen saliendo en camilla son ya, sin duda, el símbolo y el resumen de un fracaso en toda regla del sistema de protección social.

Si eso puede pasar, ¿de qué sirve la Constitución que en teoría garantiza los derechos básicos y prevalece sobre el resto de leyes? Ahora, le entran al Gobierno las prisas para aprobar el decreto con el escudo antidesahucios (que debería ser permanente desde hace décadas) y Sumar propone expropiar la casa a Urbagestión. ¿Dónde han estado hasta hoy, cuando se ha ido contando el desahucio paso a paso y ha generado además gran revuelo e impacto ya desde antes que sucediera? En entrevista con elDiario.es, la ministra de Vivienda me dijo que haría “todo lo posible” por frenar el desahucio, pero al mismo tiempo no se atrevía a poner fecha a la votación de un nuevo decreto, cuando el ejecutivo no aceleró para nada los cambios para adaptarlo al Congreso tras los recelos de Junts y Podemos en julio. ¿Cómo pueden Ayuso y Almeida dormir tranquilos sin haber ofrecido siquiera un pequeño piso donde vivir a Maricarmen como alternativa habitacional y sin haber ejercido el tanteo y retracto para comprar la vivienda?

Pero por otra parte, la sensación de despertar cuando el despertador lleva horas, meses, años, décadas sonando. Hay miles de desahucios al mes, todavía, y los hemos visto de todos los colores: una vez llegué a entrevistar a una mujer a quien le pusieron el desahucio el mismo día que tenía la quimioterapia de su hijo, con leucemia.

Todos sabemos qué tiene Maricarmen. Es mayor, muy mayor. Lleva mucho tiempo viviendo en el piso. Sus caseros han sido el summum de la inhumanidad por el lucro. Y tiene un carisma y un discurso inquebrantables, con una capacidad de lucha y de resistencia que seguramente la mayoría de jóvenes a priori más fuertes no habríamos sostenido. Maricarmen se hizo enorme en la resistencia y la han hecho pequeña con la represión.

Me quedo con esta respuesta de la imperdible entrevista de la compañera Lourdes Barragán a la abogada de Maricarmen: “Es increíble ver cómo ha cambiado a nivel físico Maricarmen desde que vivimos el primer intento de desalojo, en octubre de 2025, y en este último. Ella era alguien que iba andando a todas partes, y que cuando venía a verme al despacho para revisar el caso hacía varios trasbordos y no le importaba. Ahora no puede moverse sin una silla de ruedas, todo en menos de un año de estrés y agotamiento”. Eso se lo han hecho Urbagestión y los gobiernos.

Pero por mucho que Maricarmen tuviera todo lo necesario para ser un símbolo, un icono, también te hace preguntar qué le faltaba a los más de 300.000 desahucios que se han ejecutado en los últimos diez años. ¿No ha habido ninguno a una persona suficientemente mayor, suficientemente vulnerable, suficientemente carismática como para despertar antes?

Mi humilde teoría es que hubo un momento, después de la crisis de 2008, en que llegamos a normalizar los desahucios porque no hemos nunca llegado a aceptar del todo que sean posibles en una democracia. Con la recuperación económica y la caída del número de ejecuciones hipotecarias (han sido sustituidas por desahucios por impago de alquiler), preferimos pensar: “ah, bueno, ha mejorado la cosa, el problema ahora son los precios, no los desahucios”. Pero no, los desahucios por impago de alquiler siguen siendo la cara más cruda y más visible de la cantidad de gente a la que echan de sus casas, no solo por impago, sino también por fin de contrato del alquiler. Y tal vez, la más valiente, porque la mayoría preferirán marcharse antes de ver a la policía en la puerta de casa. Pero creo que la época de los desahucios posburbuja ya empiezan a quedar lejos y que muchos jóvenes ni siquiera los vivieron. Tal vez muchos hayan descubierto por el desahucio de Maricarmen que esta realidad sigue siendo cotidiana. Y tal vez el despertar del movimiento de la vivienda sea ahora un rugido más global y persistente.

En el reparto de tareas, no me tocó ir al desahucio de Maricarmen, que lo cubrió sobre el terreno y con todo detalle el compañero Guillermo Hormigos, entre los periodistas a los que la policía quiso alejar de contar lo que estaba pasando allí. Pero lo hizo y muy bien.

Me tocó ir a The District, la mayor feria inmobiliaria de España, que ha sido expulsada por la hostilidad de Barcelona y donde se esperaban protestas. Tuvieron lugar algunas a las puertas del recinto de Ifema. Pero hubo otra dentro del recinto, en la que tres personas lanzaron octavillas y, por lo que pareció después, varias bombas fétidas. Olía fatal. Olía fatal en The District, la feria de los inversores que si hablamos de vivienda no es difícil que sea sinónimo de especulador.

Pero por muy mal que oliera, seguramente muchos escogerían sentir ese olor toda su vida en vez de dejar de enriquecerse. Por muy mal que oliera, ese malestar momentáneo no se compara con la pérdida del hogar, que es también la pérdida de identidad como decía la abogada de Maricarmen. Y tampoco creo que ese olor fétido les hiciera reflexionar sobre lo que están haciendo y la culpa que deberían sentir.

Pasaban las horas, pasaban las trabajadoras de la limpieza y todo tipo de productos y el olor no se iba. Maricarmen seguía en su casa, pero le quedaban horas. Y algo olía muy mal allí dentro. Un cartel ofrecía rentabilidades de hasta el 101% por invertir en nueva vivienda en un complejo de viviendas de Hortaleza, en Madrid. O sea, que si pones, supongamos, 1.000 euros en esa promoción, recuperas 2.000. ¿Quién pagará la diferencia? Seguramente el comprador y, si lo llega a haber, el inquilino. Algo olía muy mal. Sodacrowd se llamaba la empresa.

Atorado por la actualidad, no pude hacer lo que me hubiera gustado: preguntar a los inversores por Maricarmen. He visto en un vídeo en redes de Woke Up News que lo intentaban y en general miraban hacia otro lado y se iban. Porque saben que son cómplices. El otro día, Juan Velayos, presidente de The District, me dijo una frase que nunca olvidaré cuando le pregunté por la tensión de la vivienda y la responsabilidad de los fondos: “el capital es sensible”. Eso en una feria donde la gente va a hacer dinero y, si puede, a hacerse rico, gracias a los elevadísimos precios por los que se puede vender o alquilar una vivienda.

Los administradores de Urbagestión, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, son dos personas ahora mismo sin huella digital y con la suerte de tener nombres tan comunes que fácilmente puedes encontrar a otros que se llamen igual. Pero en la búsqueda de trabajadores de Urbagestión he encontrado a otro tal Alonso que al parecer trabajó en la misma empresa y que, en otra empresa en la cual trabaja ahora, se define como “experto en compra de vivienda con inquilino”.

¿Por qué compra alguien una vivienda con inquilino? Para obtener una renta fija y, si esta no te satisface, echarlo y cobrar más o echarlo y venderla más cara. Una oportunidad de mercado, una vez “liberado el activo”, que así se dice en idioma inversor especulador.

Aunque considero detestable la práctica de los fondos que especulan con vivienda y van inflando los precios de los pisos hasta la asfixia de los ciudadanos, les reconozco dos cosas. A la hora de construir o de rehabilitar vivienda, e incluso vivienda protegida, el Estado va a necesitar su dinero y ahora mismo su pasta puede tener una parte de la solución.

Y les reconozco otra cosa: los caseros particulares, aunque hay excepciones, replican muchísimas veces el egoísmo de esos fondos y buscan también el máximo lucro. Y son muchos más. Aunque pueda entender que los fondos e inmobiliarias marcan tendencias en el mercado y exprimen al ciudadano a gran escala, eso no exime de responsabilidad a la ingente cantidad de propietarios particulares que hacen exactamente lo mismo. Por eso, a veces rehúyo del discurso de los grandes fondos, tan cómodo para quien tiene un par de pisitos, nada, alquilados en la costa.

Maricamen nunca tuvo que ser denunciada, su vida nunca tuvo que depender de lo que quiera una empresa. Y en este caso, ni siquiera ha jugado el papel sorpresa o una viralidad sobrevenida porque llevábamos meses avisando. Meses en los que se podrían haber tomado muchas decisiones para cambiar el rumbo de las cosas y no se han tomado.

Pero para que Maricarmen haya sido desahuciada, y para que millones de personas vivan hoy en día con un nudo en el estómago por si van a poder pagar el alquiler, por si van a poder pagar la hipoteca, atrapados a una vida que no quieren por poder pagarse un techo, sin margen para tomar decisiones, para darse un respiro, para cambiar de trabajo, para arriesgar, para que todo eso exista, digo, tiene que existir una actividad económica que se lucre de ello. Y una actividad económica que consiste en que tu cliente tenga mala vida, tenga miedo al desahucio, no duerma bien por las noches, se parece mucho a una actividad delictiva, algo que no debe sorprendernos tantos cuando el artículo 47, ese mismo que desde el Gobierno utilizan para poner nombre a su empresa pública pero no para hacerlo cumplir, ya recoge que los poderes públicos han de garantizar el derecho a la vivienda y hace mención específica a “impedir la especulación”. Las administraciones incumplen la constitución.

Y cuanto mayor vaya siendo la bola, cuanto más impactantes sean las imágenes de Maricármenes que nos impactan y representan (y habrá más, habrá muchas más), más drásticas tendrán que ser las soluciones. Porque ya no empieza a sonar del todo descabellado expropiaciones masivas, contratos de alquiler indefinidos, prohibición de comprar segundas o terceras residencias o prohibición de comprar ya no a los fondos sino a las empresas, prohibir la inversión en vivienda, penalizar fiscalmente a las que estén vacías. Empieza a sonar más bien urgente.

Poder privado

El día después de que desahuciaran a Maricarmen, el presidente de The District, Juan Velayos, dijo que se había montado un “circo mediático” con Maricarmen. Y además, sacó pecho de que España fuera el primer destino europeo de inversión inmobiliaria extranjera, con 12.000 millones captados en el primer semestre, de los cuales 4.580 millones se fueron a vivienda o 'living', como le llaman ellos para que no le cojas cariño al hogar. Para que haya tanta inversión en vivienda, tiene que haber muchos retornos, comisiones, beneficios que se van más allá de lo esencial y que acaba pagando el comprador o inquilino. Living la vida loca, están los inversores.

El lector denuncia (o consulta)

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Esperemos, aunque lo dudamos mucho, que esta dura semana haya servido para que los poderes empiecen a tomarse en serio lo de garantizar una vivienda a la población y no el enriquecimiento de los especuladores.

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La semana pasada, tuve la oportunidad de entrevistar a la Ministra de Vivienda. Nombrada en 2023, a Isabel Rodríguez le ha tocado un papel muy difícil. En primer lugar, las competencias de vivienda están en manos de las comunidades autónomas, la mayoría del PP, que no han querido aplicar los topes al alquiler que ya tienen impacto en los precios, aunque no llegan a solucionar el problema de acceso a la vivienda ni de lejos. En segundo, navega en un Congreso sin mayoría del PSOE donde aprobar cualquier decreto requiere juegos malabares.

Con todo y con eso, hay dos afirmaciones contrapuestas sobre el Ministerio de Vivienda que se oyen habitualmente y que son igualmente falsas por motivos opuestos: que no puede hacer nada por las competencias y que no ha hecho nada. De hecho, lo que han conseguido en los últimos meses es una muestra de que se podría haber hecho mucho más o de que, seguramente, se podría haber hecho antes.

El nuevo decreto de vivienda, que pone coto al alquiler de temporada y de habitaciones y facilita la construcción de vivienda pública, es una muestra de que se pueden cambiar leyes a nivel estatal que tengan cierto impacto, tal vez no definitivo, en el territorio. Pero aunque los principales culpables de que no salga adelante son los partidos de oposición, las demoras en los nuevos redactados del texto y en conseguir uno que satisfaga a los partidos necesarios (a no ser que estos simplemente estén jugando a la política) son responsabilidad del Gobierno.

La propia ministra, que reconocía en la entrevista que harán “todo lo posible” para frenar el desahucio de Maricarmen previsto para el próximo miércoles, explicaba que con este decreto y su medida antidesahucios, no echarían a la anciana que se ha convertido en un símbolo del movimiento por la vivienda en Madrid y en España y que ha perdido por el camino parte de la salud. Como no está aprobado, no podemos poner este decreto en la lista de cosas que sí se ham hecho, por lo menos hasta la fecha. Pero si hay alguien que se no ha movido un dedo por Maricarmen son el Ayuntamiento de Almeida y la Comunidad de Madrid, tal y como le recordaba el Sindicato de Inquilinas en una pancarta esta semana frente al pisazo de lujo comprado con dinero público: “Ático para Ayuso, desahucio para Maricarmen”.

Pero hay medidas que sí se han llevado a cabo y tendrán un impacto significativo en España, que necesita urgentemente más vivienda pública. La creación de Casa 47, por mucho que le critiquen que arranque con pocos pisos y en lugares poco relevantes (el ritmo irá creciendo a medida que se adecuen las viviendas de la Sareb), es un hito muy importante. Prevé nuevos barrios repletos de vivienda pública en Madrid, desde Campamento hasta Valdecarros, y sienta las bases para que el estado inyecte hasta 100.000 viviendas al sistema. Tarde, eso sí, porque estas son cifras parecidas a las que Pedro Sánchez prometió cuando ganó las últimas elecciones.

Hay otra medida muy importante llevada a cabo por este ministerio y que ha pasado bastante desapercibida: el hecho de blindar para siempre la vivienda protegida para que no pase al mercado libre, salto que ha significado la pérdida de centenares de miles de viviendas públicas. Dentro del Plan estatal, se han condicionado las transferencias de fondos a que la vivienda que se haga con ellos sea pública para siempre.

Mientras estas medidas fundamentales arrancan, el acceso a la vivienda sigue complicándose, la moderación de las subidas de precios no es alivio para quien tiene que desembolsar media vida de ahorros en una entrada o más de medio sueldo en un piso o incluso en una habitación. No hay que eludir las responsabilidades de cada Comunidad Autónoma o Ayuntamiento en esta situación de emergencia que hace que dos millones de personas sean pobres, pero tampoco se puede no mirar hacia el ministerio de Vivienda.

A punto de que acabe la legislatura y con bastantes opciones de que la próxima presidencia del Gobierno esté en manos del PP con algún tipo de apoyo de Vox, el ritmo al que se irán desplegando estas medidas dibujan una posibilidad en el horizonte: que sea el gobierno de derechas quien recoja el legado de este Ministerio y entregue las llaves de decenas de miles de viviendas públicas y encima se cuelgue la medalla de Casa 47, obviando que el traspaso, la construcción y la adecuación de viviendas es la fase que más tiempo lleva y que está siendo posible por los esfuerzos del ministerio actual.

El dato

2.315 €

Es lo que cuesta de media el metro cuadrado de una vivienda libre en España, récord absoluto. O sea, que por un piso de 100 metros cuadrado se paga de media 231.500 euros, con gran diferencia entre los 404.000 euros de la Comunidad de Madrid y los 85.400 en Cuenca, provincia más barata con un precio casi cinco veces menos que el de Madrid.

En las comunidades con el alquiler topado, los precios de compraventa suben menos que en el resto: es el caso de Pamplona (5,2%), Vitoria (6,5%), Girona (6,4%), Barcelona (6,9%), A Coruña (7,6%), Bilbao (7,9%), San Sebastián/Donostia (8,5%), y Lleida (9,9%). En todas ellas, la subida es menor que el 12,5% de subida anual media en España, que supone una moderación respecto al primer trimestre, cuando la subida era del 13,9%. La mayor subida, del 15,9%, se ha dado en Huelva.

Poder privado

El próximo martes empieza The District, la gran feria inmobiliaria de quienes se lucran con las altas rentabilidades de la vivienda mientras la mayoría hacemos malabares por pagarnos algo que se le parezca. Mientras se celebra, se espera que tenga lugar el desahucio de Maricarmen, tercer intento, el próximo miércoles. La paradoja de los que más ganan y los que más pierden en la lucha por la vivienda en pocos kilómetros de diferencia. Se pueden imaginar dónde se espera que esté Ayuso.

Esta semana, elDiario.es ha mostrado dos prácticas abusivas del sector privado con la vivienda. En Madrid, Nerea Díaz ha contado que irá a juicio una inquilina que recibió las presiones de un fondo opaco, Gaiprop, por negarse a abandonar la vivienda. Y tras ella, pueden ir otras familias que están siendo coaccionadas.

Desde Barcelona, Pol Pareja ha contado la historia de Housers, una startup de inversión inmobiliaria que ha hecho perder a varios inversores miles de euros que no han visto retorno.

El lector denuncia (o consulta)

¿Qué comisiones cobran las inmobiliarias por vender un piso? Cuéntamelo en vivienda@eldiario.es

Buen fin de semana.

Este jueves, el equipo de datos de elDiario.es publicó una completa investigación sobre la oferta de vivienda de temporada en los portales, que se dispara y se acerca peligrosamente a la mitad: un 45% de los anuncios de pisos de alquiler son de temporada.

Es evidente que no hay un 45% de habitantes que buscan este tipo de vivienda, por lo que el desajuste es desastroso para cualquiera que quiera un sitio donde dormir, descansar y con un poco de suerte cocinar durante más de un año.

El caso llega a ser escandaloso en casos como Bilbao o Donosti, donde más del 80% de pisos de alquiler son temporales. También en Barcelona, donde llegan al 77%.

Comparten estas ciudades que en ellas se aplica el tope a los alquileres, con lo cual la modalidad de temporada les permite poner el precio que quieran y saltarse así la ley.

No en Barcelona, donde desde enero se aplica una regulación que obliga a justificar documentalmente la temporalidad del inquilino y además el casero también debe aplicar los topes de precios a los alquileres temporales.

Esto es así por el mismo motivo que en Santander, donde no se aplica el tope, el alquiler de temporada se lleva casi el 75% de los anuncios o en Cádiz el 88%. Porque el alquiler de temporada no solo burla los topes, sino otras limitaciones. La rotación facilita pedir fianzas o comisiones legales o no, evitar prórrogas que impidan subidas de precios al cambiar de inquilinos y, en general, resta poder al inquilino que refuerza aún más al casero. Por eso el casero que quiere lucro prefiere el alquiler temporal.

Además, en la medida que todo piso de alquiler tiene a decenas de conocidos interesados cuando te marchas, los pisos no llegan al mercado. Seguro que lo habéis vivido: algún conocido o vosotros mismos habéis anunciado que os vais de un piso de alquiler y os salen amigos por todas partes, como en su día con los Donettes, para cambiar tus fotos de familia por las suyas en el mueble del comedor.

El aumento del porcentaje de pisos de temporada no es solo porque crezcan estos, sino porque cada vez llegan menos indefinidos al mercado. Prueba de ello es que, de hecho, el total de alquileres temporales en Barcelona ha caído, pero como lo ha hecho más aún la oferta total, el porcentaje crece.

Esta caída, de 5.000 en diciembre de 2025 a 3.200 el último mes, demuestra que la regulación ha funcionado para quitar peso al alquiler de temporada. Pero el hecho de que sigan siendo más de tres cuartas partes de la oferta publicada demuestra que no es suficiente.

Los contratos de alquiler temporal firmados en el primer trimestre de 2026 en Catalunya cayeron un 32% en comparación con el primer trimestre del año anterior por esta norma.

Esto es un aviso para el decreto de vivienda que negocia el Gobierno, que incluye regulaciones sobre el alquiler temporal como las que aprobó Catalunya. Es una medida buena, pero insuficiente. Y, además, bastante tardía. Se me ocurre que la única forma de frenar la especulación mediante el alquiler de temporada, de habitaciones o turístico sería prohibirlos en suelo residencial. Son negocios comerciales, más bien, aunque tal vez deberían de tener una figura urbanística propia y limitada para que haya una cantidad de pisos de este tipo muy reducida.

Pero claro, para eso, primero se tiene que aprobar un decreto de vivienda.

Recuerdo que la primera vez que escribí sobre el alquiler de temporada como medida para burlar la ley es del año 2020. Seis años después, el Gobierno sigue sin haberle metido mano legalmente. Culpa a las comunidades autónomas y a los partidos que no lo han aprobado, pero no haberlos convencido y arrastrar este tema hasta la recta final de su segunda legislatura tiene como responsables al presidente y la ministra de Vivienda.

El dato

350€

Es lo que cuestan las viviendas más baratas de entre las 638 que se han anunciado en el nuevo portal de Casa 47, la empresa pública estatal recién creada. Aquí puedes ver dónde están y cómo son los pisos anunciados. Eso sí, las más caras se elevan hasta los 1.000 euros en pueblos no necesariamente céntricos, aunque se trata de viviendas de más de 100 metros cuadrados. La escasa oferta inicial y la falta de pisos en las capitales ha suscitado críticas, pero antes de que acabe el año entrarán 1.500 pisos más, ha prometido el Ministerio de Vivienda.

Poder público

Además de la presentación de Casa 47, destaca en el apartado de los poderes públicos la propuesta de la Comisión Europea de restringir las segundas viviendas en zonas tensionadas y castigar fiscalmente las casas vacías. Esto último ya está recogido en el decreto de vivienda que está pendiente de aprobarse.

Poder privado

Si hace unos días Neinor Homes se compraba Aedas por 923 millones, esta semana el accionista de referencia de la propia Neinor, Stoneshield, ha vendido el 75% de sus acciones a la firma estadounidense Franklin Templeton, por unos 600 millones de euros, que habrían ido a parar a Juan Pepa y Felipe Morenés, principales accionistas y fundadores de esta compañía.

El lector denuncia (o consulta)

Si quieres denunciar alguna situación injusta relacionada con la vivienda o tienes alguna consulta, escribe a vivienda@eldiario.es

Que vaya muy bien el fin de semana y empezad a llevar chaqueta o rebequita encima por si acaso.

Espero que hayáis tenido un muy buen verano. Veréis que los primeros días sentís que la vida con obligaciones no tiene sentido, pero no os preocupéis, el tiempo arrastrará esa sensación como las olas hacen con las huellas y convertirá el dolor en bonitos recuerdos. En mi caso, tengo la suerte de regresar a un trabajo que me gusta y me permite aprender cada día y abordar uno de los principales problemas sociales y económicos: la vivienda. Entender cuáles son las causas, quiénes son los responsables de este problema y señalarlos es estimulante y te hace sentir útil, pero no negaré que es también frustrante la sensación de que, por más que se denuncie, el problema persiste.

La izquierda y lleva un tiempo señalando sobre todo a los grandes fondos y empresas como responsables por las desbocadas subidas de precio, sobre todo del alquiler. Siempre he tenido reservas con respecto a esta lectura: si bien está claro que en el alquiler de temporada y de habitaciones para saltarse la ley ellos lo hacen a escala y exprimen los precios al alza en general, no cuesta nada encontrar a pequeños caseros o dueños de inmobiliarias medianas que prefieren poner al límite a sus inquilinos o echarlos para ganar más que hacer primar la estabilidad o, si me apuras, los derechos humanos. De hecho, lo que cuesta es encontrar a quien apueste por este último.

Para mí, fue importante publicar hace unas semanas, con nombres y apellidos, cifras, el rostro de uno de los responsables e historias humanas, el caso del Paseo Chopera, 29, en Madrid. Allí, el dueño de todo el bloque ha ido echando a inquilinos e inquilinas para alquilar los pisos por habitaciones, incluido uno nuevo que elimina el comedor, y llega a duplicar o triplicar los precios que superan los 2.500 euros por piso donde antes eran poco más de 800. Lo hace no con expats o ricos, sino con personas para las que puede ser difícil acceder a una vivienda entera, por precio o por condiciones, y que no tienen los mejores contactos o condiciones (parejas, por ejemplo) para entrar en pisos compartidos del mercado normal, por decirlo de algún modo.

Esta investigación no llevará a un cierre de los pisos o a una detención porque este realquiler de pisos y habitaciones es totalmente legal. Por tanto, las administraciones son cómplices de esta situación. En Catalunya y en Navarra, además de aplicarse la ley de vivienda con los topes al alquiler, se limita que la suma de las habitaciones no pueda superar el precio total de una vivienda. Allí, al menos, esta práctica sería ilegal y se podría denunciar. En España, el fraude y la especulación con pisos por habitaciones y de temporada está totalmente normalizado y amparado por la ley.

Es por eso, entre otras cosas, que el decreto de vivienda que volvió en julio a quedar en un cajón ante las oposiciones de Junts y Podemos, es tan importante. Lo que no será es suficiente. Porque el nuevo texto pone coto al alquiler de temporada y de habitaciones, que quedan al amparo de la LAU y considerados como vivienda habitual, de forma que los derechos de los ciudadanos quedan más protegidos. Pero en lo que respecta al precio, por mucho que determine, como en Catalunya, que la suma de habitaciones no debe superar el precio total de la vivienda, ¿Cómo se puede eso calcular si el precio no está topado? Es decir, si las habitaciones de 500 euros sumadas llegan a 2.000 euros, ese es el precio del piso, que no responde al índice de precios en las comunidades donde se aplica la ley de vivienda. Por tanto, esta práctica especulativa extrema seguirá siendo posible incluso si se aprueba el decreto de vivienda, que debe ir a Consejo de Ministros este mes de septiembre.

El dato

41%

Es lo que ha subido el precio de la vivienda en el primer semestre en Cantabria, la comunidad donde más lo ha hecho, cuatro veces más que la media española, que ha sido de un 8,8%.

Poder público

La trágica muerte del secretario de estado de vivienda, David Lucas, ha forzado cambios entre los cargos del ministerio. Su puesto lo ocupará Leire Iglesias, hasta ahora presidenta de Casa 47, cargo que ostentará a partir de ahora Maribel Ramos. En el primer acto al que asistieron tras el nombramiento, en Navarra, la ministra Isabel Rodríguez anunció una transferencia extra de 90 millones a los territorios que apliquen la ley del alquiler, con los 59 millones de Catalunya y los 15 de Euskadi a la cabeza, por los 6,6 para Navarra, 5,1 a Galicia y 2,9 millones para Asturias.

Poder privado

Neinor Homes se ha convertido, con la compra de Aedas por 923 millones, en una de las mayores inmobiliarias de España. Sumando la capacidad de ambas empresas, que mantendrán identidades separadas, alcanzan las 7.500 viviendas entregadas al año, de las 100.000 censadas en toda España anualmente. Aedas entrega estos meses sus primeras viviendas del polémico Plan Vive en Navalcarnero, Villalbilla y Aranjuez y cabrá ver si comete los mismos abusos que Avalon y otras empresas: cobros excesivos por el trastero y el garaje, cargar el IBI y los gastos de comunidad mal justificados a los inquilinos y una serie de irregularidades en las obras y los mantenimientos. Neinor, por su parte, se deshizo de la cartera de alquiler y vende obra nueva por precios que oscilan entre los 300.000 y los 500.000 euros, mayoritariamente.

El lector denuncia (o consulta)

Contaba el pasado fin de semana en Canarias Ahora Jennifer Jiménez el caso de Vivian Suárez, con fibromialgia, que camina con andador y vive en un trastero prestado en un quinto sin ascensor ante la falta de soluciones. Lo explicó gracias a un correo de denuncia a vivienda@eldiario.es. Si quieres denunciar este tipo de situaciones u otros como comisiones excesivas de inmobiliarias, etc, no dudes en escribir.

Me despido deseándoos una cuesta de septiembre lo más ligera posible. Dormid mucho y bebed mucha agua para recargar las pilas.

Resulta difícil esquivar el Mundial y toda su onda expansiva de ruido tóxico en redes que acaba por distorsionar esos 90 minutos de entretenimiento y, para muchos, horas de alegría que en principio eran.

Este ruido ha alcanzado también a la vivienda, porque un diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, ha señalado a Ferran Torres por “especular” con la vivienda porque tiene una promotora inmobiliaria. La actividad inmobiliaria incluye más negocios que los de la vivienda, puesto que también los comercios, las oficinas o las naves industriales forman parte de este negocio. Y no queda claro que Ferran especule con pisos.

A mí tampoco me gustó que Ferran Torres llevara una gorra trumpista y una pulsera de la Guardia Civil, pero ha sido por esto seguramente por lo que Ibáñez ha escogido a Ferran como blanco de sus ataques, porque sabía que su público de izquierdas ya estaba sumando antipatía hacia él.

Y cuando digo “escogido” lo digo porque, tal y como indica Forbes en un artículo, no solo Ferran, sino que también David Raya, Pedro Porro, Martín Zubimendi, Pedri e incluso Borja Iglesias tienen negocios inmobiliarios. También Rosalía tiene empresas inmobiliarias y muchos más millonarios porque es una inversión segura y rentable. A veces, también inhumana. Pero era mucho más fácil atacar al que ya estaba siendo atacado por la izquierda.

La vigilancia a la vida de los famosos, sobre todo cuando se trata de delitos o acoso, es un rol importante de los medios de comunicación que con las redes ha adquirido mayor dimensión.

El futbol es política y en principio está bien apuntar a sus simbolismos, pero llega un punto en que empieza parecer nocivo, sobre todo porque se nos ha olvidado que el Mundial se jugaba en los Estados Unidos de Trump al calor de una FIFA que de limpia tiene poquito.

Al final, la hipervigilancia arrolladora que se lleva toda la atención sobre si este es de izquierdas o de derechas, si aquella hizo o no tal comentario, es totalmente tóxica. Tóxica para quien sufre el linchamiento, que seguramente reflexionaría más si le llegan uno o dos textos o reels que si de repente ve las redes inundadas de críticas que luego se mezclan con odio, insultos, etc.

Y tóxica sobre todo para una audiencia que, montada en la ola de la viralidad, deja de ver muchas otras cosas que suceden a su alrededor.

Como por ejemplo el desahucio por ahora aplazado de Paquita, una mujer de 82 años y con párkinson, para poner pisos turísticos en la casa donde vive desde hace 28 años. Su casero es una empresa desconocida y española, Tolesanta, y no un gran fondo inversor internacional ni un futbolista.

Hace un tiempo, un conocido mío resumió con contundencia el motivo por el que lleva un buen tren de vida. “Porque puedo”, dijo.

Ese es exactamente el mismo motivo por el que algunos futbolistas, cantantes, grandes fondos de inversión, mi prima segunda o los caseros de Paquita especulan con vivienda. Porque pueden.

Y pueden porque hay unos gobiernos, municipales, autonómicos y estatales, que lo permiten. ¿Sabéis qué partido también está en el Gobierno? Sumar.

Pocas horas después de que el diputado de Sumar apuntara a Ferran, el mismo partido sacaba pecho de haber conseguido colar la prórroga extraordinaria de los alquileres en el nuevo decreto de vivienda.

Lo que no contaban es que minutos después, en ráfaga, PNV, Junts e incluso Podemos se iban a oponer a ese decreto. En el caso de Junts, se oponía por motivos que ya se veían venir y que parecía que esta vez se iban a evitar: el Gobierno no incluyó sus demandas fiscales ni sus planes antiokupación. En lo que respecta a las medidas fiscales, hay dos de ellas, para desgravar el alquiler a inquilinos y a hipotecados (se podría precisar que fuesen para primera vivienda) que no son tan descabelladas.

Pero el Gobierno, que arrastra desde enero de este año su promesa de regular los alquileres de habitaciones y de temporada (entonces Sánchez prometió que lo harían “en las próximas semanas”), ha preferido presentar, de nuevo, un borrador que no convence a quienes tienen que votar para aprobarlo en el Congreso.

El decreto por lo demás contiene medidas positivas que ayudarán a mejorar la situación actual de la vivienda, tal vez no a corto plazo, pero que no acabarán con la especulación. Y Sumar no debe olvidar que, aunque suele remar en defensa de los inquilinos y de los más desfavorecidos (como ha hecho con las prórrogas) y aunque su poder en la coalición es limitada, al formar parte del Gobierno tiene bastante más responsabilidad que Ferran Torres en la crisis que vivimos. Y eso sin entrar en el error estratégico que es aprovechar la ola de atención para atacar a quienes millones de personas consideran un héroe. Al menos, por unos días.

El dato

1.130

Son las licitaciones de obra pública desiertas en 2026 por la subida de costes provocada por la guerra en Oriente Medio y los precios que ofrece la administración, que las constructoras consideran insuficiente, según un informe de la Confederación Nacional de Constructores.

Poder privado

De los creadores de living, coliving, flex living, senior living y otros tantos anglicismos que sirven para encarecer la vivienda, llega también brand residences. Se trata de residencias de lujo asociadas a marcas hoteleras y Madrid es la líder de atractivo en este sector en el mundo según el índice Barnes. Lo es gracias a su “seguridad jurídica, conectividad global y excepcional estilo de vida”, dice el índice, que apunta a Salamanca, Chamberí, Chamartín y Retiro como los barrios preferidos. En 2025, se invirtieron 3.460 millones en 32 proyectos de este tipo.

Lo que viene a significar es que mientras madres solteras que cuidan a abuelos se ven incapaces de pagar una vivienda y acaban viviendo en una habitación, que arquitectos y abogados de más de 40 comparten piso y mientras se desahucian a abuelos y familias, Madrid sigue teniendo suelo para construir edificios de lujo donde poder vivir como en un hotel pero durante más tiempo.

El lector denuncia (o consulta)

Si tienes alguna situación con tu vivienda que quieras denunciar, lo investigamos. Si tienes alguna consulta, hablamos con un experto o experta e intentamos resolverla. Escríbeme sobre todo ello a vivienda@eldiario.es

Me despido ya con ganas de vacaciones, supongo que como todos los que no habéis hecho todavía. Que tengáis un buen mes de agosto, consigáis desconectar, no os queméis al sol y no arriesguéis a menearos mucho en las horas de más calor.

Ante la crisis de la vivienda, la patronal inmobiliaria siempre dice que los fondos son parte de la solución y no el problema y que todo es una cuestión de falta de oferta.

Pero la verdad es que cuando uno se pone manos a la obra a investigar sobre un conflicto entre caseros e inquilinos, siempre es mucho más fácil contar con el nombre, el apellido, la documentación, la historia y la foto del inquilino que del propietario, del casero. Y los grandes fondos además se caracterizan por su opacidad. Solo buscan rentabilidad y, para ello, la vida del inquilino es un episodio mientras dura su negocio de alquiler y hasta que se convierta en compraventa.

Ejemplo de ello es Blackstone, que después de comprar más de 5.000 viviendas protegidas de Madrid y ponerlas en el mercado subiendo los precios al ritmo del mercado hasta duplicarlos en algunas ocasiones, se las vendió a Brookfield. Intenté hablar con ellos y me encontré a una gran profesional de la comunicación de una agencia que no me pudo contar nada.

Luego abordé a Brookfield, que había comprado esas viviendas, y me sorprendió que uno de los directores de comunicación me prometiera una respuesta a mis preguntas en un plazo de una semana. Cuando se apuró el plazo que me había dicho, la respuesta era “una negativa” a responder, lo cual me llevó a preguntarme filosóficamente si podía decir que no me ha respondido alguien que dice que su respuesta es “una negativa” a responder.

Los inquilinos, que sufrieron la falta de transparencia de Blackstone, ahora también sufren la de Brookfield, y se ven en una de las situaciones más atravesadas por las diferentes capas de la crisis de vivienda que existen: perdieron pisos públicos sin haber hecho nada, por la venta de la Comunidad, y se aferran a sus contratos y prórrogas sin que nadie al otro lado se siente para explicarles qué pretenden hacer con los pisos donde viven.

También me sorprendió que hace unas semanas, la misma agencia de comunicación que lleva a Blackstone me escribiera para decirme que llevan a Avalon y que cualquier cosa, oye, allí están. Agradecí mucho el gesto y, como coincidió con que acababa de publicar la bochornosa situación de los inquilinos del Plan Vive que lleva justamente esta socimi que depende de un gran fondo, aproveché para preguntarles. Que cómo es que hay problemas con el agua caliente, que por qué no se cuida la jardinería si pagan un pastón de comunidad, que por qué se les hace pagar el IBI y garajes al doble que el precio del mercado, en fin, todo lo que hemos ido contando. Por supuesto, un mes después, no tengo respuesta.

El último episodio de opacidad que tengo es el de una importante empresa del sector inmobiliario que después de meses persiguiéndolo me permitió una videollamada con una directiva, pero fue tan off the record que ni siquiera me dejaron citar lo que me contaba como fuentes del sector. Me sirvió para confirmar que no esconden que la crisis les ayuda a enriquecerse, pero la verdad es que resulta complicado tener las dos visiones del problema cuando cuesta tanto hablar con una. Por mucho que lo revistan todo de profesionalidad y pulcritud, no son capaces de justificar bien lo que hacen cuando se aterriza al terreno de la expulsión y las subidas de precios. Ojo, eso no quiere decir que los caseros particulares, que son mayoría, actúen siempre con más buena fe que los fondos.

La Sareb, conocido como banco malo de titularidad pública que absorbió los activos tóxicos de los bancos e intentó depurar parte de la deuda heredada con los pisos y suelos que se quedó, siempre ha sido diferente en mi experiencia como periodista. Después de visitar a unas familias de Fuenlabrada que viven en el limbo de no saber si se les va a ofrecer un contrato o no, la empresa cuenta que sí, que tendrá propuestas para las personas que viven allí y que estén dispuestas a colaborar. Me reconocían que puede haber habido problemas de comunicación con los inquilinos, pero al menos tenían una explicación que, si a la larga es verdad, es bastante satisfactoria. Sería ideal que para los vecinos también hubiera sido tan sencillo tener una explicación... y de paso, un contrato de alquiler, que además les hubiera garantizado ingresos a ellos durante los años que se han quedado sin pagar y amenazados de expulsión.

Pero no solo los grandes fondos son, además de opacos, crueles. La Comunidad de Madrid, tal y como contaba esta semana la compañera Lourdes Barragán en Somos, desahució esta semana a una familia con tres menores, uno de ellos con síndrome de down, en Moratalaz. No pagaban, pero habían pedido negociar un alquiler social. La comunidad decía que se les había ofrecido alternativa, pero la familia, cinco personas, asegura que se trata de una habitación.

Y mientras Dulce y centenares de desahuciados en España andan buscándose la vida entre sofás de familiares, pensiones o tiendas de campaña en parques, algunos porteros de Madrid se hacen de oro con las comisiones que los agentes inmobiliarios les dan por dar la voz cuando un piso queda vacío. Lo contaba esta semana la periodista Lucía Franco en El País en la otra cara de la moneda: como una crisis social y económica hace que unos pocos se forren.

El dato

1.154 €

Es el precio del alquiler medio en Canarias, según un informe del Observatorio del Alquiler reflejado por los compañeros de Canarias Ahora. Lo llamativo de la cifra es que se da en una de las comunidades con los sueldos más bajos de España. El sueldo medio es de unos 25.000 euros brutos, que se queda en unos 1.400 euros netos mensuales, pero si tenemos en cuenta que el promedio se saca contando los sueldos más altos también, es más afinado mirar cuál es el sueldo más habitual y este se sitúa cerca del SMI, que es de 1.200 euros.

Canarias es la cuarta región con mayor presión turística de Europa. En un espacio de apenas 7.447 kilómetros cuadrados, repartidos entre sus ocho islas habitadas, se registraron alrededor de 13.000 noches reservadas en viviendas turísticas por cada 1.000 habitantes, casi el doble que en comunidades como Andalucía o la Comunitat Valenciana, lo que refleja la elevada intensidad del uso turístico del territorio en relación con su población residente.

Poder privado

El sector inmobiliario se pasa media vida denunciando que les espanta “la inseguridad jurídica”, especialmente en Catalunya, donde al parecer el tope de precios (que permite alquilar pisos a 1.000 o 1.500 euros, no te vayas a creer) les expulsa y les asfixia. Pues bien, leemos en Ejeprime que la inversión inmobiliaria en Catalunya ha sido de 1.500 millones entre enero y junio de este año. Es verdad que la mayoría es en oficinas y que entre el living, como han rebautizado a la vivienda para fingir que no se lucran con la crisis, destacan las residencias de estudiantes, otra forma de esquivar la ley de vivienda sin ni siquiera tener que utilizar los feos eufemismos de flex living o coliving.

Poder público

Siguen las negociaciones entre el Gobierno y los partidos para aprobar un nuevo decreto que modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos. Debe blindar una nueva prórroga de alquileres y acabar con la trampa de los alquileres de temporada y de habitaciones para burlarse la ley, a cambio de ventajas fiscales exigidas por Junts. Lo contaba en entrevista con Daniel Ríos en elDiario.es el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

El ruido de la calle

Si la semana pasada una buena amiga me contaba, confusa y llorando, que gracias a la herencia de su padre se podría comprar un piso, esta semana otra conocida me explicaba que ella ya lo había hecho. Cuando le expliqué el caso anterior y la contradicción que suponía para mi amiga, me respondió con una sonrisa un tanto cínica: “Se le pasará”.

Por otra parte, se habla mucho de vivienda en la hora de la comida en elDiario.es. El otro día, una compañera explicaba, a raíz del reportaje antes citado que ha publicado El País, que algunos porteros y conserjes usan directamente chalecos de las inmobiliarias. Son sus grandes dealers.

El lector denuncia (o consulta)

Un lector pregunta si una comunidad de vecinos está obligada a instalar un ascensor si lo solicita un solo vecino. Y la respuesta es que sí si este tiene problemas de movilidad o más de 70 años, pero si nadie más lo acepta, la comunidad no está obligada a pagarlo. De hecho, me contaban esta misma semana de un bloque de pisos donde solo tenían llave del ascensor quienes lo pagaron, hasta el punto de que le negaron a un enfermo de ELA la llave porque, años atrás, su familia no había pagado por él.

Si tienes alguna situación con tu vivienda que quieras denunciar, lo investigamos. Si tienes alguna consulta, hablamos con un experto o experta e intentamos resolverla. Escríbeme sobre todo ello a vivienda@eldiario.es

Me despido entre calores y sofocos cordobeses, encaramado al ventilador. Aunque debo decir que las casas antiguas, donde pasos estos días es del siglo XVIII, aíslan mucho mejor del calor de la calle. No hay quien salga al exterior.

Esta semana, el debate público sobre la vivienda no lo marcó una noticia, sino una información publicada por el fabuloso equipo de datos de elDiario.es. Mostraba el recorrido desde quién paga hasta quién cobra los 28.000 millones de euros que se pagan en alquileres cada año, ojo, el doble que hace una década.

Mientras algunos pronostican la muerte del periodismo, Twitter se convirtió una vez más en una barra de bar donde la gente casi llegaba a las manos virtuales por la interpretación de unos gráficos. Un sueño o una pesadilla según cómo se mire. Como las mejores discusiones de si Messi o Cristiano, unos destacaban que lo importante es la diferencia de renta porque el 10% más rico de la población cobra casi la mitad de los alquileres. Y otros apuntaban a la cosa generacional, porque el 53% de los caseros tiene más de 55 años y solo un 11% menos de 44, al revés que lo que sucede con los inquilinos, mucho más jóvenes.

Creo que negar la brecha generacional entre inquilinos y caseros, pero sobre todo entre inquilinos y propietarios, es negar una evidencia demasiado clara. Solo hace falta que mires a tu alrededor y cuentes cuántos menores de 40 han comprado un piso y cuántos de sus padres lo han hecho. Pero creo que quienes inciden en el asunto de la riqueza no lo hacen porque nieguen esta realidad, sino por la sospecha de que hay quien usa la cosa generacional para rehuir los argumentos de clase.

Algunos motivos hay. Hubo quien dijo que ser del 10% más rico, o sea cobrar más de 60.000 euros netos al año, es “fácil” (que alguien me cuente cómo). ¿Es eso un poco de sentimiento de culpa de rico? Y también quien dijo que, claro, es evidente que los más ricos son los que cobran más alquileres. El “ya lo sabía” es un mal común en los foros que cuestionan al periodismo, es esa gente que ve la noticia en que el dueño muerda al perro y nunca en que el perro muerda al dueño. Y es un buen antídoto a la acción transformadora.

Pero no, poner cifras a una realidad nunca está de más, por obvia que pueda parecer. Y la muestra es el revuelo que generó.

De la misma forma que tiene poco sentido avalar a los jóvenes que van a comprar su primera vivienda independientemente de las ayudas familiares que pueda tener y no a alguien de 55 que no ha podido ahorrar hasta ahora, no es justo culpar a las generaciones anteriores a la nuestra de haber podido comprar una vivienda.

No tendría sentido cogerle manía a mi padre porque pudo comprar un piso digno en una ciudad periférica a un precio que su bajo sueldo le permitió sin grandes filigranas. Cualquiera de nosotros haría lo mismo, el problema es que sea imposible hoy comprar o alquilar.

Entiendo que a quienes se indignan con aquellos que destacan la brecha de edad por encima de la de riqueza les preocupa que se desvíe la agenda económica hacia una identitaria. Como hay quien culpa a los inmigrantes y los quiere echar, a quien culpa a los mayores podría ocurrírsele rebajarles las pensiones.

Lo mismo sucede cuando se señala el poder de los fondos y socimis, el peso de los pisos turísticos o los de temporada. Las patronales y los políticos y economistas que defienden sus intereses dirán: son pocos. Y no mienten del todo. Son pocos por separado, pero vas sumando una y otra práctica del sector inmobiliario, y las comisiones de las agencias, y la revalorización de los inmuebles y la tajada que van sacando unos y otros y no, no son tan pocos.

Y es verdad que existen muchos caseros particulares que acaban especulando como un fondo internacional, no acabo de compartir la opinión de aquellos que defienden al idílico Paco o María José, que tiene solo un piso y lo pone a un precio asequible porque ni siquiera sabe cómo está el mercado y prefiere al inquilino de confianza de toda la vida que ganarse un pastón. Existe, pero es una especie en peligro de extinción.

“Es normal”, “son pocos”, “la mayoría son caseros particulares y no grandes tenedores”, “hay que construir más” o “el problema es generacional” son frases aparentemente inocuas que ni siquiera son mentira. Pero distraen la atención de aquello que está asfixiando la vida en las ciudades: que la vivienda se pueda poner al precio que uno quiera y especular con ella como si fuera una criptomoneda. Y esto es algo que los fondos de inversión y multipropietarios hacen de maravilla.

Con los multipropietarios, por cierto, se abre otro debate infinito. ¿Dónde empieza el gran tenedor? ¿Dónde empieza la especulación? Mientras que las voces más ortodoxas señalan que el gran tenedor debe de tener poder sobre el mercado y por tanto como muy poco contarse a partir de las diez viviendas, hay quien pone el foco en el hecho de que quien tiene una vivienda propia y dos alquiladas ya puede cobrar bastante más de las rentas de otros que de su propio trabajo.

Pocos días después de que se publicara este reportaje de datos, el Ministerio de Consumo y el CSIC publicaron un informe que sitúa la renta anual mediana de los inquilinos en 21.335 euros, la de los caseros más del doble, 50.000 euros de media, y la de quienes tienen dos o más viviendas casi cuatro veces más, 80.0000 euros anuales de mediana. Los que alquilan 4 pisos o más llegan a cobrar más de 200.000 euros al año.

Las diferencias son todavía más acusadas cuando se analiza la riqueza acumulada. Los hogares que viven de alquiler cuentan con un patrimonio neto mediano de apenas 2.217 euros. Entre quienes son propietarios de su vivienda habitual la cifra asciende a 193.919 euros, lo que supone una riqueza casi 90 veces superior. Los multiarrendadores acumulan de media 996.826 euros de patrimonio, 450 veces más que los inquilinos. No hay brecha de edad que pueda siquiera acercársele a esta.

Dejo la pregunta abierta y también me dejo por escrito para que no se me olvide un tema para el futuro: el de las rentas del capital y las rentas del trabajo y sus respectivos tributos.

El dato

258

Es lo que han crecido las pernoctaciones en pisos turísticos en la Comunidad Autónoma donde más ha aumentado, Galicia. La descentralización y desestacionalización del turismo en España hacia lugares y momentos más frescos no implica un reparto mejor, porque incluso allí donde menos crecen las pernoctaciones lo hacen un 40%. Y han tocado récord, en España y Europa, pese a los intentos de regulación y un cambio climático que exige reducir vuelos, según las cifras de Eurostat publicadas por elDiario.es ayer.

Poder privado

Un informe de Savills cifraba este jueves en 3.800 millones la inversión inmobiliaria dedicada al alquiler del año pasado, con el flex living, como llaman al alquiler de temporada gourmetizado que se salta la ley de vivienda a precios por encima de mercado, ganando protagonismo.

Gran parte de la inversión, 1.600 millones, uno de cada tres euros, va destinada a la privatización, o sea, a compra de pisos de alquiler para venderlos unitariamente. La “rotación de activos” es una de las claves de estas elevadas cifras. O sea, fondos que entran con dinero, a veces alquilan, y después venden a precios mayores. Especulación pura para asfixiar aun más al ciudadano. La rotación forma parte también de la estrategia de Avalon, que la aplica incluso en los pisos del Plan Vive que gestiona y que tiene a los inquilinos indignados. Los inquilinos no podrán participar de esta venta. La semana pasada explicamos quién hay detrás de Avalon y las gestoras del Plan Vive, mientras que el consejero de Vivienda de la Comunidad respondía hace unos días a las quejas que “nadie está obligado a permanecer en sus casas”.

Poder público

Del Ministerio de Vivienda no se puede decir que haya conseguido revertir la crisis de la vivienda. Al contrario, tres años después de su creación, los precios de alquiler y de compra están en máximos históricos, no se ha construido demasiada vivienda pública (aunque todo apunta a que empezará a hacerse en los próximos años) ni se ha comprado vivienda usada para poner a precios asequibles.

Pero si los intentos del equipo de Isabel Rodríguez por escapar de esta crisis han sido hasta ahora del todo insuficientes, los esfuerzos del PP han ido destinados básicamente a torpedear cualquier mejora. En las Comunidades Autónomas donde gobierna, que son mayoría y tienen las competencias en vivienda, los precios han subido más que donde se han topado los precios. Los que sí lo han hecho, Navarra y Catalunya, que anunció en un acto de elDiario.es que prorrogará las zonas tensionadas, han conseguido contener más las subidas de los alquileres y los de compra han subido mucho, pero menos que en Madrid, por ejemplo. Desde Valencia, se puso un recurso al registro único de pisos turísticos y de temporada que el Supremo aceptó y que reduce el combate a los pisos ilegales. El BOE publicó el jueves 40 resoluciones contra apartamentos que no cumplen la ley pero que no tendrán efecto por esta sentencia.

Tampoco le pareció bien al PP el Plan Estatal de Vivienda, que prevé destinar 9.000 millones hasta 2030 para vivienda pública y otras ayudas. Bueno, aceptó el dinero y, enseguida, Extremadura y Madrid pusieron recursos al Supremo en contra de las condiciones impuestas: una cofinanciación al 60-40%, la vivienda protegida indefinida y compartir datos fiables de precios del alquiler. El miércoles, el Ministerio anunciaba que ha enviado la documentación a las Comunidades para que dejen por escrito que aceptan estas condiciones. Habrá que ver cómo prosigue su política de “a Dios rogando y con el mazo dando” del PP cuando acepte las mismas condiciones que ha recurrido a los tribunales.

El ruido de la calle

Una buena amiga me contaba hace unos días, con lágrimas en los ojos, que con la repentina muerte de su padre recibiría una herencia que no esperaba y que le permitirá comprarse un piso este año, algo para lo que se estaba empezando a plantear ahorrar a unos cinco o diez años vista. Lo contaba con un claro hastío y sentimiento de culpa, con el luto todavía en sus primeros días y cierta incomprensión sobre cómo algo tan desagradable y traumático podía a la vez solucionarle una de las mayores preocupaciones que tenemos: la vivienda. Albert Pla contaba en una entrevista reciente, también, que la mayoría de sus amigos han dado recientemente un salto en calidad de vida al morirse sus respectivos padres.

El lector denuncia (o consulta)

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Me despido de nuevo: buenas vacaciones a quienes se vayan y buen aire acondicionado a los que sigan trabajando en la oficina. Si trabajas en exterior, recuerda que tienes derecho a parar con temperaturas extremas.

Un buen día, Fanny llegó al psicólogo con la camiseta del Sindicato de Inquilinas y la terapeuta le preguntó qué pasaba. Llevaba años visitándola y, con problemas con su hijo adolescente y un cáncer de mama, ni siquiera se había preguntado si su situación con la vivienda le afectaba a la salud mental. Bastante tenía con lo otro.

Fanny, enfermera, es inquilina de un piso que fue público y por el que pagaba con su exmarido 590 euros, con dos habitaciones. Luego en 2013 Ana Botella vendió estos bloques y pasaron a manos de Blackstone. “Ya no sabíamos qué iba a pasar”, relataba. Y les subió el precio del alquiler cada vez más hasta casi duplicar y pagar a día de hoy 987, ya sin el exmarido porque se han separado, con dos hijos y con el cáncer.

En marzo de este año, Brookfield compró a Blackstone estas viviendas y ella se aferra a la prórroga extraordinaria de alquileres, porque su contrato vence en junio, pero sabe que su nuevo casero quiere vender todos los pisos y vive con la incertidumbre de no saber cuándo tendrá que abandonar su vivienda ni adónde irse, porque sus hijos no quieren irse de Carabanchel.

Fanny llegó a medicarse por la ansiedad, “estaba con muchas cosas, no podía dormir”, entre la tensión con el hijo, el cáncer, los apuros económicos y el problema de la vivienda. “Yo iba por mi problema con el cáncer y por la tensión con mis hijos, pero la psicóloga me dijo que la vivienda también afectaba”.

La venta de vivienda pública y la forma de exprimir los precios de un fondo internacional impactó directamente en la salud mental de Fanny. Y también de Cristina, cuya historia pudimos contar junto a Marcos García Santonja y Juan Luis Sánchez en un podcast sobre vivienda en directo en el FLIC del pasado sábado.

Cristina, vecina de Fanny, añadía que no tenía dinero para pagar un psicólogo y que los de la sanidad pública están saturados por la falta de personal. El precio del alquiler también impide a muchos optar por la terapia.

El pasado 19 de junio, Guillermo Martínez contaba en un reportaje cómo los problemas de vivienda generan ansiedad, estrés e irritabilidad y te llevaban al psicólogo. En él, la psicóloga Irene Moulas contaba que los desahucios se viven “como un duelo” y que “es de las realidades más estresantes que alguien puede experimentar”. También contaba la angustia de un joven de 32 años que vivía en casa de sus padres porque los pisos que podía pagar volaban y no podía llegar a verlos.

Los espacios de unión como puede ser un sindicato de inquilinas pueden ayudar a aliviar los sentimientos de estrés y soledad. La terapia también puede ayudar, pero como es lógico la terapeuta Purificació Párrago decía que los psicólogos no van a solucionar el problema de la vivienda.

Los alquileres han duplicado su precio en muchas localidades en la última década y la compraventa ha subido un 81% en estos años. Un estudio reciente de Oxfam vinculaba directamente el sobreesfuerzo en vivienda a los problemas de salud mental. Así que la falta de acción de las Comunidades Autónomas, sobre todo, que son quienes tienen las competencias, pero también del Ministerio de Vivienda, pueden llevarte al psicólogo junto a la voluntad de lucro de caseros, inmobiliarias, fondos y vendedores de pisos. Mientras tanto, España recauda un 6,9% de sus impuestos con la vivienda, a la que tan solo dedica un 1% del gasto público.

El dato

52.000 millones

Es lo que recauda España en impuestos con la compraventa de viviendas, cifra que contrasta con los 7.000 millones de gasto público que le dedica a la vivienda pública, siete veces menos.

Poder público

La ministra de Vivienda anunció el lunes que aprobará un nuevo paquete de medidas para paliar los problemas de vivienda. Regulará pisos de temporada y de habitaciones para evitar los fraudes de los caseros, subirá el IVA a los pisos turísticos y bajará el IRPF a quienes pongan la vivienda a precios asequibles. Falta ver si tendrá el apoyo de Junts, siempre duro de roer y al que quiere convencer incluyendo algunas de sus peticiones fiscales.

También incluirá nuevas prórrogas para los contratos de alquiler, con lo cual puede dar un poco de calma a los miles de ciudadanos que pidieron la anterior mientras estuvo en vigor y que, según contó recientemente una magistrada del Supremo, no las tienen todas consigo.

Lejos de España, pero con influencia mundial, el alcalde Mamdani limitó los precios del alquiler en Nueva York: podéis escuchar los detalles en uno de los últimos podcasts de 'Un tema al día'.

Poder privado

En un encuentro de la patronal inmobiliaria, dos asociados se congratulaban de que Madrid “está muy bien” y “es un oasis” porque no se aplican las regulaciones al alquiler de temporada y de habitaciones ni los topes a los precios que aplica Catalunya. Queda claro que no es un oasis para sus vecinos, que ven cómo no solo es uno de los puntos de España donde más cara es la vivienda, sinó también donde más suben los precios tanto de alquiler como de venta.

Mientras tanto, las empresas siguen apostando en Madrid por el flex living, vivienda de temporada con tintes de lujo y precios por encima de mercado. Leemos en Ejeprime que Gmp abrirá con la ayuda de la constructora San José 195 habitaciones y estudios en 20.000 metros cuadrados en Sanchinarro. Sumando esa promoción a Valdebebas aspira a tener 724 unidades. A ello sumará 270 en Alcobendas. Miles de metros cuadrados de suelo que podrían servir a familias con problemas para acceder a la vivienda irán destinados a expats o personas con una necesidad temporal, tensionando aún más el mercado. Y sin pagar impuesto de sociedades porque Gmp es una socimi.

En las redes

Esto me ha hecho gracia

El lector denuncia (o consulta)

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Me despido por esta semana.

Estos días hablar de hogar es hablar de cómo se pasa el calor extremo en tu casa. Gente sin aire, gente con aire, ventiladores de techo, ventanas abiertas o cerradas copan la conversación. Si el concepto hogar va asociado generalmente a calidez, ahora queremos lo contrario: fresquito.

Llevo pocos meses en Madrid y decidí buscar piso compartido, para ver si ahorro y un día me cuelo en la estadística de las compraventas inmobiliarias, 50.000 al mes se cierran aunque han caído. Por ahora aparezco en las cifras de las personas que alargan lo de compartir piso más allá de los 40. Ya somos el 20%, según un estudio de pisos.com.

Y cuando uno se pone a buscar, sea piso o sea habitación, la competencia es tan voraz que, si te urge encontrar casa, tu filtro para elegir no es muy alto: que tus compis sean majos, que haya luz natural, que el piso no se caiga a cachos. La cuestión es que con este mercado salvaje, uno no tiene como ponerse exigente y condicionar su nuevo hogar a que tenga aire acondicionado y piscina.

Pues bien, ahí me tengo que considerar afortunado. Porque yo no lo sabía, pero al llegar a mi piso compartido comprobé que tiene aire acondicionado (bueno, y piscina, esto sí que lo sabía y la verdad es que es un lujo, lo menciono casi cada día porque nunca antes). Pasé una noche de martes horrible porque no lo pusimos, pero me recuperé bajo su brisa mientras escribía este post. No como el 33% de la población, que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en verano, según Greenpeace. Más que en invierno, aunque la pobreza energética sigamos viéndola asociada a los días de frío. Entre los más vulnerables, ese porcentaje se dispara al 53%. Madrid, Extremadura o Murcia superan el 60% de familias vulnerables que no pueden.

Pienso en las personas con problemas cardiovasculares y económicos. Solo se me ocurre que brigadas de instaladores de aires acondicionados se desplieguen para poner allí aires acondicionados. ¿Cuántas personas mayores morirán este verano por no contar con un aire?

Y pienso en las personas que buscan piso ahora. Con lo difícil que es encontrar cuatro paredes y un techo, estás para exigir aire acondicionado. Pero llegar a un hogar y pasar calor en las primeras noches te puede llegar a poner de muy mal humor. Y si tienes la suerte de tener aire, por si no fuera poco el precio del alquiler o de la hipoteca, lo difícil que es dejar de pensar en cómo vendrá la factura de la luz. Y ahí vive atrapada gran parte de la población, entre la pobreza energética y la emergencia de la vivienda.

Hay otras fórmulas, pero creo que menos eficaces que el aire acondicionado, durante las olas de calor. A mí el ventilador de columna siempre me ha ido de maravilla y voy a ver si me hago con uno para poder dormir sin aire. Pero tendrán que quedar disponibles en las tiendas, que viven verdaderos vendavales de compra de estos electrodomésticos.

Y luego está el aislamiento de las ventanas y una cosa muy española que consigue protegernos del impacto del sol para calentar las casas: las persianas. De esto me advierte la periodista Andrea Arnal, experta en cambio climático, que me da una idea que me guardo para hacer durante el verano sobre la importancia de este invento.

Los relatos de pobreza suelen tener momentos de pasar frío en la vivienda. Pero pasar calor en tu propia casa es una normalidad que va más allá incluso de las familias vulnerables y la protección a estas personas es lento e insuficiente.

El dato

7.726.708 son las viviendas no principales que hay en España. Cuando hablamos del déficit de 750.000 viviendas con respecto a la creación de hogares, una parte bien podría saldarse movilizando alguna de estas, que incluyen turísticas, segundas residencias y vacías, según el Observatorio del Ministerio de Vivienda. Son el 28,6% del total de viviendas en España y aunque se han reducido en los últimos años, desde 2002 oscilan en un porcentaje cercano al 30%. Entre ellas hay 341.000 viviendas turísticas en España, donde caben 1,7 millones de personas, un 10% menos que el año pasado.

Poder público

El PP sigue apretando a la Ministra de Vivienda en el Congreso y en el Senado mientras mantiene una política cuanto menos errática de vivienda en las Comunidades que gobierna, que son mayoría y es donde están la mayor parte de las competencias. Los precios no bajan más en estos territorios donde no aplica los topes al alquiler de la Ley de Vivienda y además, en Madrid, la vivienda asequible deja de serlo cuando se suman gastos inflados de comunidad, IBI, garaje obligatorio (a veces dos plazas para una persona) por encima del mercado y trastero. Es una realidad que atraviesa todos los bloques del Plan Vive.

No es que el Ministerio de Vivienda, que cumple 3 años en noviembre, haya mejorado la situación de la problemática que le da nombre. Al contrario, está peor que nunca y los precios no han parado de subir, si bien es cierto que se han contenido donde se ha aplicado el tope al alquiler. Pero en cualquier caso, la estrategia del PP de aceptar el dinero del Plan Estatal de Vivienda, aplaudido por el Banco de España aunque insuficiente para la mayoría de expertos con los que he hablado, y luego recurrir al Supremo las condiciones que no le gustan sigue siendo una estrategia del ruido por encima de los ciudadanos. Esta semana Extremadura, Andalucía y Madrid han registrado sendos recursos al Supremo porque, denuncian, el plan de cofinanciación vulnera competencias autonómicas.

Se cumplen también dos años desde que se registró en el Congreso la propuesta para regular el alquiler de habitaciones y de temporada, una vía de escape para esquivar las leyes de alquiler de la LAU y poner la vivienda a precios por encima de mercado y sin protección para los inquilinos. El propio Pedro Sánchez reconoció la urgencia de aprobar esta ley el pasado mes de enero, pero ahí sigue, paralizada.

Poder privado

¿Quién quiere centros de datos? El último boom tecnológico e inmobiliario, que crece al calor de una Inteligencia Artificial que flirtea con hacer estallar una burbuja, hace subir los precios de la luz y de la vivienda. Lo explica Antonio M.Vélez en esta noticia a partir de una investigación de Yale y Chicago. Lo que nos falta.

Booms como este responden a la innovación tecnológica. Otros, como el de vivienda, se aferran al desequilibrio entre la oferta y la demanda. O sea, una crisis, un momento de tensión, es una oportunidad para lucrarse. En su tendencia por contarlo todo en inglés, el sector inmobiliario ha invertido 471 millones en healthcare en el primer trimestre en Esapaña, cuarto mercado europeo. No es que sea negativo que vaya a haber más residencias de ancianos o hospitales privados, pero sí que habrá que estar atento a cómo avanza la privatización de la salud y a si la inversión pública en sanidad (con un modelo de control de calidad mejor que el de las residencias concertadas) también se pone las pilas.

De inversión inmobiliaria se habló también en una jornada de Culmia que me dejó bastante sorprendido. A la empresa inmobiliaria de promociones de obra nueva, que factura 480 millones al año, no se le ocurrió otra cosa que convocar la presentación de un informe sobre vivienda en una iglesia. Era todo muy extraño, entre luces doradas y con el título 'Golden years'. Lo son, de hecho, para estas empresas, pero no para quienes sufren la asfixia del alquiler o la presión de la hipoteca.

En las redes

Hay gente que no tiene vergüenza. Y en otro nivel están algunos promotores inmobiliarios como Julio Alcalde, CEO de Élite Inmobiliaria, vendiéndote esta azotea donde hay que vivir agachado como si fuera una ganga. Y por 259.000 euros. He tenido que regalarle una visualización al TikTok original para comprobar si era una broma o era real.

El lector denuncia (o consulta)

Si tienes alguna situación con tu vivienda que quieras denunciar, lo investigamos. Si tienes alguna consulta, hablamos con un experto o experta e intentamos resolverla. Escríbeme sobre todo ello a vivienda@eldiario.es

Me despido por esta semana con el deseo de que bajen algo las temperaturas y podamos vivir sin estar pendientes de si podemos sobrevivir a salir a comprar el pan.

Soy Germán Aranda, redactor de Economía de elDiario.es. A partir de ahora, cada viernes publico 'Una casa para vivir', un nuevo boletín pensado para entender quién y cómo se enriquece y quién y cómo se empobrece con la vivienda, una preocupación o un negocio que se cuela cada día en nuestras conversaciones.

Subidas de precios, claves del mercado de compra, del alquiler, conflictos entre caseros e inquilinas, reivindicaciones, políticas públicas y abusos de empresas y fondos se asomarán por este boletín.

Un caso del que seguramente hayas oído hablar es el de Maricarmen, convertida en un símbolo de la resistencia frente a los abusos en la vivienda. Afronta con 87 años, pero fuerte y acompañada por el Sindicato de Inquilinas, el tercer intento de desahucio de la Policía Nacional por obra y gracia de la inmobiliaria Urbagestión, su casera, que le quería triplicar el alquiler hasta que quedara por encima de su pensión de 1.400 euros.

Estaba previsto para el próximo día 23 de junio, pero lo han aplazado por segunda vez, esta vez al mes de septiembre. Con su enérgica voz combativa en un cuerpo agotado por la misma lucha (se ha quedado sin poder caminar mientras combatía con la empresa), Maricarmen se ha convertido en el mayor símbolo de la absurda crisis de vivienda de este país, que afecta a la salud mental de jóvenes y mayores, y también de la lucha contra los especuladores y caseros abusivos que se lucran ante la permisiva mirada de todos los gobiernos. Para parar el desahucio, estaban incluso previstos conciertos en la calle de Rodrigo Cuevas y de Ana Belén, entre otros, con el fin de movilizar el máximo de gente.

Mientras, por otra parte, los diferentes gobiernos, autonómicos, central y municipales, avanzan a trancas y barrancas (y como pueden) en la construcción de vivienda pública, que ha registrado su mejor primer trimestre desde 2012, con 5.000 viviendas públicas finalizadas, la mayoría en Catalunya. Puede que tu soñada vivienda pública de alquiler asequible esté más cerca. La cifra no es para lanzar las campanas al vuelo porque los datos previos son muy bajos, pero hay que agarrarse a algo de esperanza en un país asfixiado por el precio del alquiler que imponen muchos caseros.

Parecieran el desahucio de Maricarmen y la vivienda pública dos realidades que no tienen nada que ver. Y de hecho nada las une directamente, porque el piso de Maricarmen, de renta antigua, es privado. Y siempre pudo pagar religiosamente. Pero una de las ideas que me defendían en la entrevista militantes del Sindicato de Inquilinas y la propia Maricarmen es que el Estado podría comprar esa vivienda, mantenerle un alquiler social y pasarlo al parque asequible cuando ella fallezca.

Que el Estado compre vivienda privada usada es algo que une a voces muy dispares. Lo ha defendido el Sindicato de Inquilinas, lo ha hecho el Govern con pisos de CriteriaCaixa en Catalunya y, en una conversación con él, incluso el presidente de la patronal FADEI, la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, me lo defendió como solución necesaria. Ellos ganan porque encuentran comprador y el inquilino gana porque recupera cierta seguridad en su hogar.

El Gobierno también está por la labor y adquirirá las casas de la Sareb para ponerlas en alquiler social a través de Casa 47. Además, busca pisos usados con una oferta pública de 100 millones de euros. Esta oferta la lanzó unos días después de que Brookfield comprara a Blackstone por 1.000 millones las 5.000 viviendas que en su día fueron de la Comunidad de Madrid y que dejaron de ser públicas en 2013. Ni Casa 47 ni el resto de administraciones pujaron por estas viviendas y las familias que viven en ellas están ahora amenazadas por un “desahucio invisible” cuando se les termine el contrato actual.

Si todo el mundo está de acuerdo en que es una buena opción, ¿por qué el Gobierno ha perdido la ocasión de salvar a estas 5.000 familias y está a punto de dejar caer a Maricarmen al no plantearse comprar su vivienda? O la de Mariano, que fue desahuciado por una orden religiosa después de que la ministra lo defendiera públicamente. Precisamente por lo que considera “inacción” ante el desahucio de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas le hizo un escrache a la ministra hace unos días.

Existen argumentos válidos en contra de estas compras. Los precios pueden estar por encima de mercado y, de alguna forma, se premia a quien lleva al inquilino al extremo y fuerza el conflicto.

Pero si los fondos quieren vender y el Estado quiere comprar, el derecho a la vivienda de esos inquilinos atormentados parece un argumento mayor. Tiene sentido que la vivienda pública sirva para proteger a personas amenazadas de expulsión. Sobre todo si utilizas el artículo 47 de la Constitución, ese que dice que la vivienda digna es un derecho, como nombre para la empresa pública.

Que ese artículo sigue sin respetarse lo demuestra también este reportaje de la periodista Raquel Lavara en la edición en la Comunitat Valenciana de elDiario.es, que cuenta el caso de una familia, formada por una pareja y un hijo con discapacidad de 18 años, empujada a vivir en una habitación para poder comer.

Menos cuidado con ese derecho aún tiene la Comunidad de Madrid, que directamente se ríe del concepto de vivienda pública. Otro día podemos hablar de cómo tiene que ser una vivienda pública. Pero sí sabemos cómo no tiene que ser: como el Plan Vive de Ayuso, gestionado por grandes fondos que cargan gastos a los inquilinos hasta que les toca pagar el doble de alquiler. Casa 47 ha anunciado que lo hará de forma diferente y los alquileres costarán como mucho un tercio del sueldo medio.

En contra del ánimo de lucro de los fondos, la vivienda cooperativa y las fundaciones sociales han alzado la voz para tener preferencia y facilidades en la construcción y gestión de estos pisos. Es una de las claves del éxito del trillado pero exitoso ejemplo de la gestión de la vivienda en Viena. El Gobierno quiere darles peso. Veremos cómo va, pero hace tiempo que es urgente.

El dato

394.827

son las viviendas públicas que han perdido su protección porque era temporal desde el año 1991, sobre un total de 1,5 millones construidas. En 2030, las antiguas viviendas públicas que habrán pasado al mercado privado serán más de 700.000, según una investigación de Civio. El objetivo de España es construir más de 15.000 viviendas al año, más las que sume de Sareb o pueda comprar de manos privadas para hacerlas de protección, por lo que difícilmente será suficiente para recuperar esas 700.000.

Poder público

El buen avance en 2026 de la construcción y la licitación de vivienda pública dan motivos para el optimismo, aunque se pueda perder más de lo que se construya en los próximos años con la protección que vence. Entre las buenas noticias a celebrar, esto dejará de pasar con las casas que construirán las comunidades autónomas con los 2.800 millones destinados a construcción hasta 2030 del Plan Estatal de Vivienda. La condición que ha puesto el Ejecutivo para entregar estos fondos es que la protección sea para siempre. Eso sí, esos 2.800 millones, pese a triplicar inversiones anteriores, se quedan lejos de resolver un problema del tamaño del de la vivienda.

Mientras tanto, quien sí que ha entregado vivienda pública es la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Y lo pongo en cursiva porque lo de pública es por llamarla de alguna manera. Tal y como publicó Diego Casado hace unas semanas en elDiario.es, unas parcelas para alquiler asequible entregadas por el Ayuntamiento de Almeida fueron usadas para que una cooperativa las revendiera explicando a los compradores que debían realquilarse la vivienda a sí mismos para que no perdieran su condición de alquiler asequible. A este caso municipal se suma que, como te contaba antes, los vecinos del Plan Vive del gobierno regional no ven nada de asequible en unas viviendas que duplican su valor con los gastos de comunidad, trastero, garaje e IBI con que les cargan las gestoras.

Poder privado

Hace un tiempo que se habla de que los grandes fondos de inversión internacionales están de salida en España. Ares Management, que controla Avalon, puso en venta sus viviendas del Plan Vive, pero lo hace en bloque, según publicó en mayo Cinco Días. En bloque compró también Brookfield a Blackstone las 5.000 que dejaron de ser públicas cuando las vendió Ana Botella (y algunos alcaldes de la región) en 2013.

Hasta que empresas como Brookfield no vendan, como pretenden, piso a piso los bloques que han adquirido, lo que habrá no será una salida de los fondos, sino un cambio de manos. Por otra parte, la consultora JLL avanzaba esta semana que España batirá su récord de inversión inmobiliaria, con 10.000 millones de euros. Hace un tiempo la ministra decía que empezaba a estar mal visto invertir en vivienda. Las cifras parece que no le dan la razón. De esos 10.000 millones, 4.375 irán destinados a 'living', como le llaman a la vivienda, en parte porque hay inversiones que no consideran vivienda, como el flex living o el coliving, habitaciones y pisos de temporada maquillados a precios muy por encima del resto. 176 millones han ido estos meses del año al flex living y 200 a residencias.

No solo los grandes fondos y los caseros se lucran con la vivienda. También inmobiliarias como Tecnocasa, que, como contamos en elDiario.es hace unos días, obliga a algunos clientes a contratar con su financiera la hipoteca si quieren comprar los pisos anunciados por la empresa, práctica ilícita según las asociaciones de consumo.

El ruido de la calle

Estos días, vengo hablando con gente que ha conseguido comprar piso en los últimos meses. En la mirada y el tono de voz se les intuye un alivio, un “objetivo cumplido”. Y eso que en muchos casos la han comprado lejos de donde viven y siguen viviendo de alquiler mientras alquilan la casa que han comprado. Me falta confianza para preguntar a cuánto la alquilan, pregunta que puede servir como termómetro ético de las personas. ¿Y tú, tienes un piso en propiedad alquilado? ¿Cuánto cobras a tus inquilinos? Te leo en vivienda@eldiario.es

En las redes

Dos cosas sobre vivienda me han llamado la atención estos días en las redes.

La primera es esta divertida propuesta con estética retrofuturista para que bajen los precios del alquiler: llenar Idealista de anuncios falsos a precios tirados.

La segunda: este tipo publicando su aportación sobre la vivienda aunque queda totalmente en evidencia al querer mandar a los trabajadores de Madrid a Extremadura si no pueden pagar su vivienda. De locos.

El lector denuncia (o consulta)

Si tienes alguna situación con tu vivienda que quieras denunciar, lo investigamos. Si tienes alguna consulta, hablamos con un experto o experta e intentamos resolverla. Escríbeme sobre todo ello a vivienda@eldiario.es

Me despido con el objetivo de hacer un boletín más corto y conciso la próxima semana. Espero que al menos el estreno te haya resultado interesante. Ya me dices cómo lo has visto. Buen fin de semana y muchos ánimos si estás buscando hogar.